Sebastián Martínez Velázquez
Expediente 7/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/05/2019
Partes del expediente
- Sebastián Martínez Velázquez
- Agente del Ministerio Público de la Adscripción
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
? Admisión de recurso. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de inejecución de sentencia número T-6/2019, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Remisión de expediente a Tribunal Colegiado. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, en el que se determinó que hay imposibilidad jurídica para cumplir totalmente la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, a fin de que determine si efectivamente se actualiza imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 párrafos segundo y último de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. ...Finalmente, fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de abril de dos mil diecinueve. I. Imposibilidad jurídica Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. 46. En primer orden, tomando en consideración que resulta inexistente el acto que se atribuye a la Actuaria adscrita a la Junta Federal Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de emplazar a la parte demanda Instituto Mexicano del Seguro Social, procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 47. Por otro lado, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y su Actuaria adscrita, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dejen sin efectos la audiencia señala para el veintidós de abril de dos mil diecinueve relativa a la diligencia de conciliación, demanda y excepciones, y se señale otra fecha que sea acorde con los plazos previstos en la ley de la materia y además se dicten todas las medidas necesarias para emplazar a los demandados, para lo cual deberá tomar en consideración lo previsto en los artículos 685, 873 y demás preceptos que estime aplicables de la Ley Federal del Trabajo. 48. Cabe aclarar que tal determinación obedece al hecho de que la concesión del amparo se sustenta en la detección de una violación procesal cuya reparación se consuma en una sola diligencia, ponderando además la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento laboral." Mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. De los anexos remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio registrado con el número de folio 5166, se desprende que el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 1576/2018 de su índice, las partes celebraron convenio que se elevó a la categoría de laudo; por lo que la parte actora se desistió de su acción y en consecuencia ordenó el archivo definitivo del expediente por carecer de materia jurídica para su prosecución; tal como se desprende de las siguientes reproducciones. *** En esa tesitura, al haberse celebrado y ratificado un convenio entre las partes y ordenado el archivo del expediente, no es posible cumplir la ejecutoria de amparo, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que se desahogara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, de conformidad con las constancias de autos, en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se determina que hay imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de amparo, dado que las partes en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla celebraron un convenio el cuatro de marzo de este año, en el que la actora se desistió de todas y cada una de las acciones y prestaciones intentadas en el juicio laboral de origen. En efecto, de las constancias que obran en autos y de los actos examinados en este proveído emitidos por la autoridad responsable, se advierte que ésta realizó lo necesario para cumplir los efectos del fallo protector; sin embargo, se observa que con motivo de la celebración y ratificación del convenio de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, no es posible cumplir en su totalidad la ejecutoria de amparo, debido a que existe la imposibilidad jurídica para ello, lo cual no es resultado de una actitud contumaz por parte de la responsable, sino del acuerdo de voluntades de las partes en el juicio laboral de origen. Por tanto, se concluye que existe un impedimento jurídico para acatar el fallo protector. Es aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. "INEJECUCIÓN EN SENTENCIA DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITA DIRECTAMENTE ANTE LA SUPREMA CORTE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIRLA. Si la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la ejecutoria no puede cumplirse debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, pues a pesar de haber realizado todas las actuaciones a su alcance tendientes a su cumplimiento, ello no ha sido posible, lo que hace excusable el incumplimiento y, en consecuencia, no se aplicarán las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo declararse sin materia el incidente de inejecución relativo, al dejar de existir el presupuesto que lo originó". Por otra parte, en términos del artículo 196 párrafos segundo y último de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días que refiere el diverso 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, a fin de que determine si efectivamente se actualiza imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Sirve de apoyo el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 05 DE ABRIL DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): ... I. Imposibilidad jurídica Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. 46. En primer orden, tomando en consideración que resulta inexistente el acto que se atribuye a la Actuaria adscrita a la Junta Federal Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de emplazar a la parte demanda Instituto Mexicano del Seguro Social, procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 47. Por otro lado, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y su Actuaria adscrita, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dejen sin efectos la audiencia señala para el veintidós de abril de dos mil diecinueve relativa a la diligencia de conciliación, demanda y excepciones, y se señale otra fecha que sea acorde con los plazos previstos en la ley de la materia y además se dicten todas las medidas necesarias para emplazar a los demandados, para lo cual deberá tomar en consideración lo previsto en los artículos 685, 873 y demás preceptos que estime aplicables de la Ley Federal del Trabajo. 48. Cabe aclarar que tal determinación obedece al hecho de que la concesión del amparo se sustenta en la detección de una violación procesal cuya reparación se consuma en una sola diligencia, ponderando además la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento laboral." Mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. De los anexos remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio registrado con el número de folio 5166, se desprende que el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio laboral *** de su índice, las partes celebraron convenio que se elevó a la categoría de laudo; por lo que la parte actora se desistió de su acción y en consecuencia ordenó el archivo definitivo del expediente por carecer de materia jurídica para su prosecución; tal como se desprende de las siguientes reproducciones. *** En esa tesitura, al haberse celebrado y ratificado un convenio entre las partes y ordenado el archivo del expediente, no es posible cumplir la ejecutoria de amparo, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que se desahogara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, de conformidad con las constancias de autos, en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se determina que hay imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de amparo, dado que las partes en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla celebraron un convenio el cuatro de marzo de este año, en el que la actora se desistió de todas y cada una de las acciones y prestaciones intentadas en el juicio laboral de origen. En efecto, de las constancias que obran en autos y de los actos examinados en este proveído emitidos por la autoridad responsable, se advierte que ésta realizó lo necesario para cumplir los efectos del fallo protector; sin embargo, se observa que con motivo de la celebración y ratificación del convenio de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, no es posible cumplir en su totalidad la ejecutoria de amparo, debido a que existe la imposibilidad jurídica para ello, lo cual no es resultado de una actitud contumaz por parte de la responsable, sino del acuerdo de voluntades de las partes en el juicio laboral de origen. Por tanto, se concluye que existe un impedimento jurídico para acatar el fallo protector. Es aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. "INEJECUCIÓN EN SENTENCIA DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITA DIRECTAMENTE ANTE LA SUPREMA CORTE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIRLA. Si la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la ejecutoria no puede cumplirse debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, pues a pesar de haber realizado todas las actuaciones a su alcance tendientes a su cumplimiento, ello no ha sido posible, lo que hace excusable el incumplimiento y, en consecuencia, no se aplicarán las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo declararse sin materia el incidente de inejecución relativo, al dejar de existir el presupuesto que lo originó". Por otra parte, en términos del artículo 196 párrafos segundo y último de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días que refiere el diverso 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, a fin de que determine si efectivamente se actualiza imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Sirve de apoyo el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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