Sebastián Manuel Arellano Luna
Expediente 1732/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1732/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Sebastián Manuel Arellano Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta del Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual comunica el contenido del auto dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión ********, de su índice, en el que informa -entre otras cosas- que el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada en el presente incidente de suspensión. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito se da por enterado de la admisión a trámite del recurso de revisión referido por el Tribunal oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1732/2023; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, registrado en la misma fecha, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido al día hábil siguiente, por razón de turno a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ***********, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: Lo es el Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, quien ordenó del expediente ***********, el lanzamiento o entrega del bien adjudicado que se combate con el presente juicio. EJECUTORA: Lo es el Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, que en auxilio de las labores del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, es quien ejecutará la orden de lanzamiento de mi domicilio. ." SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito radicó la demanda en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 1732/2023; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; dio al Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito, la intervención legal que le compete; y, se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, en sus dos etapas previas, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal [relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito], pues se reclama un acto atribuido a una autoridad de carácter civil con residencia en la jurisdicción de este juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: Registro digital: 192097 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 32 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis aislada siguiente: Registro digital: 181810 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. VI/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 255 Tipo: Aislada "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis integral de la demanda, y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla: - La orden de poner en posesión física y material el inmueble embargado en autos en favor de la actora, dentro del juicio ejecutivo mercantil *************, del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla iniciado por ********* y continuado por ********* en contra de ***********. Del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla: - La ejecución de dicho auto de lanzamiento. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. El Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, no rindió informe justificado pese a estar debidamente notificado para tal efecto como se advierte del acuse de recibo del oficio 33787/2023; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado aunado a que la autoridad ordenadora aceptó el acto combatido. La certeza de los actos se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********, del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla -documentales que adquiere valor pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su arábigo 2º- de las que se advierte la determinación reclamada emitida por el Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, cuya ejecución fue ordenada a cargo del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, es pertinente analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, la improcedencia en los juicios de amparo es de orden público, lo que entraña que las causales de improcedencia establecidas en la Ley, en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, impiden que el juez de amparo estudie el asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad. Ello es así, pues se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en su caso, son operantes, implican la improcedencia del juicio. En la especie, tomando en cuenta que el promovente se ostenta como persona extraña, es necesario precisar si le asiste el carácter de "tercero extraña en sentido estricto" o "tercera extraña equiparada", pues en función de dicha distinción se analizará la procedencia del sumario en que se actúa; al respecto, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia, se ha considerado lo siguiente: 1) El tercero extraño en estricto sentido o natural, es quien sin ser parte formal ni material dentro de un procedimiento, sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de las resoluciones; en esta figura el quejoso hace valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado de la contienda por una determinación judicial o su ejecución; y 2) El tercero extraño por equiparación, se trata de aquél sujeto que, fungiendo como parte formal o material dentro de un procedimiento jurisdiccional, no fue emplazado, lo fue incorrectamente o de alguna u otra forma se transgrede su derecho de audiencia, por lo que se busca dejar sin efectos la fuerza legal con la que cuenta la sentencia y su cosa juzgada, sin que ello signifique el acto reclamado lo constituya este acto, sino la trasgresión a su derecho de audiencia, como puede ser por la falta de llamamiento o su incorrecto llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 196932 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En suma, la distinción entre las figuras en estudio [que interesa para la resolución del presente asunto], radica en que el tercero extraño en sentido estricto no es parte en el juicio del que deriva alguna resolución que afecta la esfera jurídica del quejoso -o su ejecución-; en cambio, el tercero extraño por equiparación, es parte formal o material en el controvertido, sin embargo, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, lo que transgrede su derecho de audiencia. Conforme a lo anterior, el procedimiento de origen versa sobre el juicio ejecutivo mercantil *******, iniciado por *********** y continuado por ********* en contra de *******, sin que se advierta que en dicho controvertido figure como parte o con algún otro carácter *******, aquí quejoso, por lo que es evidente que debe analizarse la procedencia del juicio en que se actúa a partir de la figura jurídica de tercero extraño en sentido estricto. Sobre esa base, en el particular, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados por la parte quejosa no afectan su interés jurídico. Los artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Ley de Amparo "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Los preceptos jurídicos transcritos en los párrafos precedentes, disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquélla persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica de gobernado; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al implicado la facultad para acudir ante el órgano competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. De acuerdo al artículo 5°, fracción I, de la ley de la Materia, revela que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado no existe legitimación para entablar el juicio de amparo, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia: Registro digital: 224803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/87 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 364 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así, tenemos que el interés jurídico consiste en la facultad que le asiste a un gobernado para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de los derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llamados derechos humanos, referidos a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa en los derechos o intereses del sujeto que dada su condición de gobernado puede resentir esa afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: Registro digital: 220965 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 3o. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 117 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Asimismo, de los preceptos legales en cita, se aprecia que de manera general puede suceder: a) Que el quejoso carezca de interés jurídico, es decir, que no tenga incorporado en su patrimonio jurídico ningún derecho sustantivo que pueda verse afectado por el acto de autoridad. b) Que lo tenga, pero no lo acredite, esto es, que aunque pertenezca a su esfera de derechos algún interés jurídicamente tutelado por la norma, no demuestre tal circunstancia. c) Que acreditado tal interés, el acto reclamado no lo afecte o no le irrogue agravio alguno. Para demostrar lo anterior, se estima oportuno hacer una reseña de los antecedentes de donde derivan los actos reclamados, deducidas de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********* -ya valoradas-: 1. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el entonces Juez Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil ******, iniciado por *********** y continuado por *********** en contra de ********** y, entre otras cosas, ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 2. El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo dicha diligencia en la que se trabó formal embargo sobre el inmueble marcado con el número treinta y seis de la calle *********. 3. Seguidos los trámites de ley, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el juzgador emitió sentencia definitiva en la que declaró probada la acción de la parte actora y condenó parcialmente al demandado respecto de las prestaciones reclamadas. 4. Dicha sentencia fue confirmada vía apelación, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, por la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 5. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, hizo del conocimiento a las partes que debido a la extinción del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, le fue asignado el expediente de origen, el cual quedaba radicado bajo el número ******. 6. Posteriormente, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, tuvo a ********* apersonándose al juicio de origen como cesionaria; asimismo, previa solicitud, ordenó a la parte demandada que pusiera en posesión física y material del inmueble embargado en autos. Ahora bien, para acreditar el derecho de posesión que defiende sobre el inmueble objeto del acto reclamado, exhibió el original del contrato de arrendamiento celebrado el uno de febrero de dos mil veintitrés, entre ********** como arrendador y ********** como arrendatario, respecto del inmueble ubicado en ***********. Es preciso señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta ha ocasionado algún perjuicio; por lo que es menester, para la procedencia del juicio de amparo, que toda persona quien lo instaure acredite, fehacientemente, ser el titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. Tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubro y texto son: Registro digital: 161286 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. XIV/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 34 Tipo: Aislada INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". De este modo, es necesario precisar que un documento adquiere fecha cierta cuando se tiene la certeza de la data en que se llevó a cabo el acto jurídico traslativo de dominio, lo cual puede acontecer, entre otras, a partir de que se actualice alguno de los supuestos siguientes: 1. Que se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 2. Que haya sido presentado ante un fedatario público, o 3. Desde la muerte de cualquiera de los firmantes. Por ello, en caso de que no se dé alguno de estos supuestos, o bien algún otro establecido por la jurisprudencia en la que se establezca que determinado acto jurídico da fecha cierta al contrato, el documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si los actos de que se duele el peticionario de amparo, fueron actos anteriores o posteriores a la celebración del contrato. Se expone tal aserto, pues la fuerza convictiva de un título privado que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la celebración cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos, ya que si bien dicho acuerdo de voluntades es eficaz para obtener el uso y disfrute del inmueble en controversia, también lo es que debe cumplir los requisitos antes precisados, con el objeto de que adquiera eficacia jurídica frente a terceros, lo cual en el caso no se hizo patente. En esta tesitura, si en la especie el solicitante del amparo exhibe un contrato privado de arrendamiento que carece de fecha cierta, tal y como se advierte del propio contrato, dicho documento privado no acredita la afectación a su interés jurídico. Ello, pues del mismo no se advierte que esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, que uno de los firmantes haya fallecido o que haya sido presentado ante notario público. Por tanto, se concluye que el amparista no acreditó de manera fehaciente que tenga algún interés legítimo sobre el bien inmueble materia de la litis oponible ante terceros, que deba ser protegido por la Justicia de la Unión, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, que cuando un justiciable acude al juicio de amparo con motivo de defender sus derechos de propiedad o posesión respecto de un bien inmueble, debe acreditar de manera fehaciente la afectación a su interés jurídico, para lo cual no basta con que exhiba un contrato sino que éste debe ser de fecha cierta, para obtener la protección constitucional. Tiene aplicación, la jurisprudencia: Registro digital: 1002235 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 169 Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 188 Tipo: Jurisprudencia "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Además, no existe prueba alguna que demuestre que tiene la posesión del inmueble que defiende ni tampoco la causa generadora de ésta, para que -en su caso- fuera materia de protección en el presente juicio de amparo. Registro digital: 187733 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 5 Tipo: Jurisprudencia "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así como la diversa jurisprudencia: Registro digital: 190785 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.C. J/10 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1341 Tipo: Jurisprudencia "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." En el entendido de que los razonamientos que han quedado establecidos, en relación con el contrato aludido, en modo alguno prejuzgan sobre su existencia o nulidad que pudiera resultarle a dicho acuerdo de voluntades, ya que tales ponderaciones se hicieron con el exclusivo propósito de evidenciar lo improcedente que resulta el presente juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público como se precisó al inicio de este considerando. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada: Registro digital: 198744 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LII/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Mayo de 1997, página 333 Tipo: Aislada "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AÚN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público". En consecuencia, al no haberse demostrado la posesión y, por ende, su afectación a tal derecho, tampoco puede considerarse acreditado el interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. Luego, toda vez que de las constancias del juicio natural no se desprende ninguna actuación dirigida en contra de la parte quejosa, ni éste aportó el medio de prueba idóneo para acreditar el derecho que estima infringido, pese a que tenía obligación de hacerlo al ostentarse como tercera extraña, es inconcuso que en el caso concreto se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no debe perderse de vista que el interés jurídico debe acreditarse de manera fehaciente y no con base en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 206338 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional promovido por Sebastián Manuel Arellano Luna, respecto de los actos reclamados del Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. El sobreseimiento debe hacerse extensivo al acto atribuido al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, dado que éste fue reclamado en vía de consecuencia. En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1732/2023, promovido por ********* por propio derecho, en contra de los actos reclamados y por las autoridades precisados en el considerado segundo por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistida de Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De las constancias que integran el presente sumario, se advierte que mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés se ordenó remitir el escrito de expresión de agravios al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, hasta en tanto obraran las constancias de notificación a las partes de la resolución interlocutoria recurrida y del proveído referido en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión por parte de la tercera interesada y ordenó correr traslado de los mismos a las demás partes. Ahora bien, toda vez que dichas constancias de notificación ya obran, con apoyo en las atribuciones previstas en los artículos 164 bis y 164 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo y en la consulta CJF/CAP/DGGJ/STG/1300/2023 de tres de abril de dos mil veintitrés, se ordena remitir el escrito de expresión de agravios que cuentan con firma autógrafa al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, a fin de que los turne al Tribunal Colegiado que deba substanciar los recursos de revisión interpuestos en contra de la resolución interlocutoria dictada en el presente incidente de suspensión. Sin que haya lugar a mandar el original del incidente de suspensión, en virtud de lo estipulado en los dispositivos normativos antes citados. En el entendido que el expediente electrónico quedará a disposición en el momento que se haga saber el número de expediente relativo al recurso de mérito. En tal virtud, se comisiona a la analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este a fin de que sean consultadas por el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del citado recurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrense a los presentes autos la razón actuarial de cuenta, donde informa la imposibilidad de notificar a la tercera interesada. Ahora, se advierte que en el juicio principal del cual deriva esta incidencia, se ordenó emplazar en diverso domicilio; a saber en el domicilio ubicado en: 4º Retorno de Osa Menor número 2, interior 32-A, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla; en ese contexto, notifíquesele a dicho tercero interesado en este domicilio, el proveído de ocho del mes y año en curso, corriéndole traslado con los agravios de la parte quejosa. Lo anterior, a fin de integrar debidamente el recurso de revisión hecho valer en autos. Notifíquese; y, córrase traslado a la tercera interesada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC a través de su apoderado Juan Carlos Méndez Padilla Aguilar o de quien legalmente la represente, por conducto del actuario judicial. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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