Sebastián Lira Pérez
Expediente 977/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/12/2016
Partes del expediente
- Sebastián Lira Pérez
Actuaciones
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- Principal
II.-Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio sin numeró signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el cual solicita se tenga por no presentada la demanda que dio origen al presente sumario dada la imposibilidad de obtener dato objetivo y cierto que identifique a la persona y domicilio del quejoso, máxime que en la institución a la que pertenece no existe denuncia por el delito de desaparición forzada en la persona del quejoso. En primer lugar cabe precisar que en observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmado por México el seis de febrero de dos mil siete y ratificado el dieciocho de marzo de dos mil ocho) y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (firmado por México el cuatro de mayo de dos mil uno y ratificada el veintiocho de febrero de dos mil dos), que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también rigen el orden jurídico de nuestro país conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano de control constitucional, oficiosamente ordenó tanto a las autoridades señaladas como responsables como a diversas practicaran las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del quejoso y les requirió toda la información para ello, de igual forma se solicitó a diversas dependencias, las cuales tienen cuentan con facultades para tener en su poder los domicilios de los gobernados, proporcionaran datos sobre el lugar en que se pudiera localizar tanto al quejoso como los promoventes, tal como se advierte de las actuaciones que integran el presente sumario, obteniendo un resultado negativo, pues dichas responsables adujeron: 1. No tener privado de la libertad al quejoso. 2. No contar con facultades para retener o privar de la libertad a persona alguna. 3. Que en su base de datos no contaban con domicilio de las personas. También cabe precisar que algunas autoridades si proporcionaron datos del lugar en que se podía encontrar tanto al promovente como al quejoso, pero al acudir a los mismos se obtuvo como respuesta el que no se conocía a los buscados. Lo anterior evidencia como ya se dijo que este juzgador efectuó todas las diligencias necesarias a fin de dar con el paradero del quejoso. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, la citada Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido; en este contexto, el derecho a conocer la verdad en casos de desaparición forzada de personas, implica el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos; el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento. Bajo lo cual, los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses; dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. Para lo cual, el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la víctima u ofendido de un delito, tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Así, el requisito de la ratificación de la demanda en estos casos no es una formalidad que impida ejercer el derecho humano a la verdad, pues se insiste los familiares o personas que resientan perjuicio con los actos precisados en el ocurso derechos humanos tienen expedito su derecho para realizar las denuncias correspondientes. En ese orden, en el caso no obstante la investigación emprendida por este juzgador no se logró localizar a los quejosos, a las personas que promovieron a su favor ni se tiene dato alguno de familiar que pudiera dar noticia del promovente, además de que, según informe de la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no existe denuncia en cuanto a los hechos materia del presente juicio de amparo. De lo anterior, se concluye que en el caso no se actualiza la figura desaparición forzada, pues como ya se expuso no existe dato de la existencia del quejoso, del promovente ni de algún familiar, pues lo lógico es que, ante los hechos que se precisaron en la demanda, los familiares del quejoso estuvieran al pendiente de la misma o en su defecto hubiesen realizado la denuncia respectiva y hasta la fecha de la emisión de la presente determinación ninguna persona ha comparecido para aportar datos ni para preguntar por el trámite del presente sumario. En ese orden, se estima que en el caso no se está en la hipótesis establecida en los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es suspender el procedimiento y esperar a que transcurra un año para tener por no interpuesta la demanda, pues como ya se precisó no existe dato real que conduzca a evidenciar que en la especie se trata de una desaparición forzada. En razón de lo anterior, como lo peticiona la representación social se ordenada levantar la suspensión del procedimiento decretada y se tiene por no interpuesta la demanda de amparo.
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II.-Se tienen por recibidos los telegramas enviados por el Director de Amparos, en suplencia por ausencia de la Procuradora General de la República, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, por ausencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, mediante los cuales informan que después de realizar una búsqueda en su respectivas áreas, no se localizó antecedente o dato alguno del quejoso. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, téngase por cumplido el requerimiento de que se trata y se deja sin efectos el apercibimiento con el que fueron conminadas las autoridades de referencia. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que se han agotado los medios de localización del quejoso, sin que se obtuviera dato alguno de su paradero y lograr la ratificación de la demanda promovida a su favor por ********************, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafos cuarto y quinto de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento del presente asunto y se da vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, para que exponga lo que a esa representación social competente.
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I.-Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por la Administradora Postal del Módulo de Servicios Postales del Palacio de Justicia Federal en Toluca, Estado de México, por medio del cual informa que la pieza postal que le fue requerida, relativa al oficio 732, ya fue entregada a este juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito queda enterado de dicha circunstancia teniéndose por cumplimentado dicho requerimiento, por lo que se deja sin efectos el aparcamiento con que se le conminó a la oficiante. Por otra parte, en atención a la pieza postal devuelta por la referida administradora que contiene el oficio 732-I, dirigido al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la DGIM, con la leyenda "NO INDICA LA UNIDAD A LA QUE PERTNECE EL AMPF", atento a ello, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y en obvio de mayores dilaciones procesales reenvíese dicho oficio, a efecto de que la precitada autoridad se imponga de su contenido. Atento a lo anterior, comisiónese al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que lo remita a la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Veracruz a efecto de que investigue el domicilio actual y correcto de la autoridad en cita y notifique el oficio 732-I.
- Principal
II.-Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, mediante el cual el Jefe de Departamento Jurídico de la Superintendencia de Zona Toluca, dependiente de la División de Distribución Valle de México Sur, de la Comisión Federal de Electricidad, rinde su informe justificado; por tanto, con lo anterior dese cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con apoyo en los numerales 9° y 28, fracción II de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que designa la responsable, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona. Asimismo, como lo peticiona se autoriza el uso de aparatos electrónicos para imponerse de los autos, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que permite la utilización de aparatos como son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Ahora, del informe justificado de cuenta, se advierte que la autoridad oficiante manifestó que es la Superintendencia Zona Tenango dependiente de la División de Distribución Valle de México Sur, de la Comisión Federal de Electricidad, quien tiene jurisdicción respecto de los números de servicio de las morales quejosas; en consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación legal de la presente determinación, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la autoridad en mención. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa al respecto, se resolverá lo conducente conforme a lo planteado inicialmente en el presente juicio constitucional.
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