Sebastian Landero Landero

Expediente 1636/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1636/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Sebastian Landero Landero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 3.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese sin mayor proveer el oficio y anexo de cuenta, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del acuerdo de veintidós de octubre del presente año, y diversas constancias, relativos al expediente laboral 192/2011, de su índice, del que se advierte otorgó término de diez días a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, a través del Síndico de Hacienda, para efecto de que haga las gestiones necesarias en relación al cumplimiento al fallo. Lo anterior, en virtud, de que+ el apoderado legal de la parte quejosa, interpuso recurso de inconformidad en contra del proveído de quince de marzo del presente año, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo concedida al quejoso Félix Gilberto Silveira, recurso que tocó conocer y admitió el veinte de septiembre del presente año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el número 21/2019.

  2. Principal

    MESA 6.Villahermosa, Tabasco, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto; la certificación de cuenta, es conveniente citar el contenido del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de catorce de marzo de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el diverso de veintiuno de mayo de dos mil quince; y, que en lo que interesa establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: ".II. El juicio de amparo directo o indirecto promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas." Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, se radicó el juicio de amparo 856/2017, promovido por Sebastián Landero Landero, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, el cual mediante sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete, concedió el amparo al citado quejoso, para efectos que la autoridad responsable señalara fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de cotejo o compulsa que se encontraba pendiente de desahogar dentro del expediente laboral 116/1998, y su acumulado 1687/1998. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgado de distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que el quejoso Sebastián Landero Landero, reclama la dilación procesal de no emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 1687/1998, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Bajo ese contexto, en atención a lo establecido en la parte in fine de la fracción IV del artículo 46 del Acuerdo referido, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, fue el último quien tuvo conocimiento previo de actos derivados del expediente laboral de origen. Por lo que para quien aquí provee, estima que es en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en donde debe tramitarse y resolverse el presente asunto, dado que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo de que se trata, hubo pronunciamiento respecto de diverso acto derivado de la misma controversia laboral 1687/1998, ello al resolver el juicio de amparo 856/2017, de aquél índice. En consecuencia, previa integración del cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, en términos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común envíese al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el juicio de amparo 1636/2019-6, de este índice, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo (referencia: juicio de amparo 856/2017), realice la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito), y así el prenombrado Órgano Jurisdiccional decida si se avoca o no al conocimiento del mismo, solicitando atentamente informar la determinación que adopte. Apoya lo anterior, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2010 (9a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Diciembre de dos mil diez, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR TURNO. CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RESPECTO DE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE RESOLVIERON PREVIAMENTE, DEBE DETERMINARSE EN FAVOR DEL QUE RESOLVIÓ EN ÚLTIMO LUGAR. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque las hayan promovido diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, cuando se actualizan estos supuestos en relación con dos órganos jurisdiccionales que resolvieron previamente, la competencia debe determinarse en favor del que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto." Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 129/2010 (9a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Septiembre de dos mil diez, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    MESA 6.Villahermosa, Tabasco, once de octubre de dos mil diecinueve. Visto; se agrega a los autos el informe justificado que rinde la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al cual anexa copia certificada del proveído de once de agosto del año en curso dictado en el sumario 116/1998 y acumulado 1687/1998, de su índice, por lo que con su contenido se da vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de cuatro de octubre del año en curso, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones, hasta en tanto el informe justificado obrara en autos y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Selene Romero Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA 6.Villahermosa, Tabasco, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Sebastián Landero Landero, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1636/2019-6. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las doce horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, en el caso no se ordena emplazar a la persona moral, que señala como tercero interesada, dada la naturaleza de los actos que reclama la parte quejosa, esto es, una dilación procesal. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso ofreciendo como prueba la presuncional legal y humana, probanza que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para ello, sin perjuicio que se haga nueva relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto de la instrumental de actuaciones consistente en el expediente laboral 1687/1998 se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a para tales efectos a las personas que señala en la misma, por así haberlo solicitado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

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