Sebastian Katz Sanchez
Expediente 909/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Sebastian Katz Sanchez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación por la que se acusa recibo del oficio con el que se le remitió copia certificada del juicio de amparo 909/2023-V, promovido por *********, así como original y copia del escrito por medio del cual el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de queja y formuló agravios e informa que se admitió a trámite dicho recurso, registrándolo con el número de expediente Q. P. 260/2023. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa por el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; en tal virtud, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el recurso de mérito no las involucra; por tanto, envíese el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar, como lo ordena artículo 101 de la Ley de Amparo y remítase copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el la superioridad competente substancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado, que este órgano jurisdiccional rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACUERDO IMPUGNADO, ya que este Juzgado emitió el citado proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por conducto de quien se ostenta como su defensor privado **********, contra el acto del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 909/2023-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consiste en: La determinación de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable determinó lo siguiente: Desechó el incidente planteado por la defensa para decretar la nulidad de actos de investigación. Admisión del medio de prueba del cual se solicitó vía incidental su nulidad. Improcedencia Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así, respecto al acto reclamado se advierte que en concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones III, inciso b) y V, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De lo transcrito se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Al efecto, debe partirse de que en el primer párrafo del artículo 1º. de la Carta Magna, el Constituyente incorporó como materia de protección por parte del Estado, los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, pone de relieve que los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos. Así, las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen, los cuales pueden existir sin éstas pero no a la inversa; entonces, las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. En el entendido de que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". Estableció que la primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso a), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. De esta forma, estableció que podía afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Más Alto Tribunal, el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primer exigencia consiste en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Tal expresión es opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo que, en los juicios de amparo iniciados conforme a la actual Ley de Amparo, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Ahora bien, como se advierte, el acto reclamado consiste en la determinación del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que, por un lado, se resolvió desechar el incidente planteado por la defensa para decretar la nulidad de actos de investigación [a)] y, por otro, se admitió el medio de prueba respecto al cual se solicitó su nulidad vía instancial [b)]. En esa tesitura, en relación con el punto a), entendido como el acto en que se pretendió anular actos de investigación (exclusión de medio de prueba consistente en dictamen psicológico), no causa perjuicio alguno al promovente en sus derechos sustantivos, toda vez que sólo versa sobre el desahogo de una probanza, ya que, se itera, se trata de un acto de índole intraprocesal, el cual puede enmendarse con posterioridad, pudiendo ser este el caso ante el Tribunal de Enjuiciamiento que continúe conociendo de la causa en la etapa de juicio oral, a efecto de que conozca de tal petición en el momento procesal oportuno. Tiene aplicación al caso en concreto el criterio de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente.". Asimismo, respecto al punto b), éste constituye un acto intraprocesal que no causa un perjuicio irreparable al justiciable, lo que por sí solo hace improcedente el juicio de amparo, toda vez que la admisión de medios de prueba, es una cuestión que podrá impugnarse junto con la sentencia definitiva que, en su oportunidad, se dicte en el juicio de origen. No se inadvierte que la norma secundaria prevé expresamente la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en contra de actos de autoridad cuyos efectos sean de imposible reparación, se itera, en el caso no sucede, en los términos explicados en párrafos precedentes. Tiene aplicación la diversa tesis de rubro y texto siguiente: "ADMISIÓN DE PRUEBAS EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, EL ACUERDO RELATIVO NO CAUSA UN PERJUICIO IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Acorde con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 907/2016, la procedencia del amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, está supeditada a que el acto reclamado sea de imposible reparación, entendido como tal, el que genere una afectación material a un derecho sustantivo que de forma inmediata deba ser revisado. A partir de las anteriores premisas, se estima que el acuerdo de admisión de los medios de prueba que conforme al nuevo sistema penal tiene lugar en la etapa intermedia, constituye un acto intraprocesal que afecta derechos adjetivos que, por regla general, no causa un perjuicio irreparable, lo que por sí solo hace improcedente el juicio de amparo, sin que para ello deba ponderarse si es impugnable o no en el juicio de amparo directo que en su oportunidad se promueva contra la sentencia definitiva, porque esa hipótesis no comprende un parámetro que influya para desestimar dicha causal, según la actual Ley de Amparo. En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causal respecto al acto reclamado precisado en párrafos que anteceden. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copia simple o certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Acceso al expediente electrónico y notificaciones respecto al quejoso. Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico de la parte quejosa instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese a la parte quejosa, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica respecto del justiciable. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes
- Saul García García31/2023
- Saúl González Andrade849/2022
- Saúl Ramírez Aguilar600/2020
- Sebastián Alejandro Pérez Colín217/2021
- Sebastián Alejandro Pérez Colín216/2021
- Sebastian de la Cruz Téllez1035/2014
- Sebastián Luna Mendoza525/2021
- SEBASTIÁN MARTÍNEZ CARRILLO y Otros.1020/2021
- Sebastián Moreno López184/2023
- Sebastián Olivet Ruiz702/2015
- Sebastian Pinzon o Juan Sebastián Pinzón y Otros.616/2022
- Secretario de Gobernación808/2016