Sebastian Hernandez Aguirre

Expediente 1447/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1447/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Sebastian Hernandez Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como las constancias que integran el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 686/2022, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se desprende que el cinco de septiembre de dos mil veintidós el directamente agraviado ... ratificó la demanda promovida a su favor por Roberto Méndez Torres en y, posteriormente, se le permitió salir de la estación migratoria en la que se encontraba alojado. En ese sentido, al tener conocimiento del paradero del aquí quejoso, se estima que no se justifica que el presente juicio continúe suspendido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo y, por tanto, se levanta la suspensión del procedimiento decretada el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, a fin de proveer lo conducente. Ahora bien, del contenido de las constancias que integran el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 686/2022, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77 (aplicado en sentido contrario) ambos de la Ley de Amparo, ya que ningún efecto jurídico tendría una eventual sentencia concesoria, al no poderse concretar sus efectos. Para avalar la postura que antecede, en principio, es pertinente destacar que en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que se actualiza la causal de improcedencia aludida, cuando se advierta que en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado. O bien, cuando ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Hipótesis que se actualiza en el caso concreto, como a continuación se verá. Del escrito inicial de demanda se advierte que los actos reclamados consisten en la detención, alojamiento en una estación migratoria, incomunicación y orden de deportación, retorno asistido o repatriación del directamente agraviado Sebastián Hernández Aguirre y su ejecución. Al respecto, se destaca que dicha demanda fue promovida en su nombre por Roberto Méndez Torres, con motivo de que el quejoso se encontraba alojado en una estación migratoria. Luego, de las documentales aludidas, se advierte que Roberto Méndez Torres promovió una diversa demanda en favor de Sebastián Hernández Aguirre, en la que señaló como actos reclamados de las autoridades migratorias con sede en Tijuana, en la detención, alojamiento en una estación migratoria, incomunicación y orden de deportación, retorno asistido o repatriación del directamente agraviado y dicha demanda quedó registrada bajo el expediente 686/2022, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Luego, de ese juicio de amparo, se desprende que el cinco de septiembre de dos mil veintidós el directamente agraviado Sebastián Hernández Aguirre, estando alojado en la estación migratoria de Tijuana, ratificó la diversa demanda promovida a su favor por Roberto Méndez Torres y, posteriormente, se le permitió salir de la estación migratoria en la que se encontraba alojado, sin que tuviera noticia de él con posterioridad. En tales condiciones, se estima que ningún efecto jurídico tendría la eventual sentencia concesoria, que se emitiera en el juicio de que se actúa, pues con motivo del diverso juicio de amparo 686/2022, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, promovido en su favor, el quejoso fue restituido en sus derechos y no existe dato objetivo que permita establecer, en forma razonable, que los actos impugnados podrían continuar ejecutándose, pues -como se indicó- no se tiene noticia del lugar en el que actualmente se encuentra el quejoso, por lo que no podrían concretarse los efectos de una eventual concesión de la protección constitucional. Consecuentemente, al haberse demostrado la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77 (aplicado en sentido contrario) ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal se desecha la demanda relativa. Notifíquese personalmente al promovente Roberto Méndez Torres.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el contenido del oficio que envía el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por medio de cual informa que desconoce por completo quien es el impetrante de la presente demanda, ya que en la base de datos de dicha dependencia no cuentan con registro de alguno de él; por lo tanto, agréguese la comunicación recibida para constancia, toda vez que en proveído precedente se acordó respecto lo que informa la oficiante en el comunicado de cuenta.

  4. Principal

    Agréguese el oficio remitido por la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Lo anterior, toda vez que remite copia del oficio DPJ/1211/2022 de veinticinco de agosto de la anualidad, dirigido a la quejosa Gabriela Alvarado Álvarez, a través del cual se le notifica respuesta a su solicitud de pensión por jubilación, en el que obra firma de recibo. Visto lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. En ese sentido, intégrese el escrito que remite ..., autorizada de la parte quejosa y, en atención a su contenido, se le tiene realizando manifestaciones en relación con el cumplimiento del fallo protector, las cuales se tomarán en cuenta al momento de calificar dicho cumplimiento.

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