Sebastián Gómez Pérez

Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
624/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Sebastián Gómez Pérez
  • SEBASTIÁN GÓMEZ PÉREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. En tal virtud, comuníquese mediante oficio el presente proveído a las autoridades responsables, por las que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto; así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió suspensión de plano, por tanto, encuadra en la hipótesis del punto 7.4 del citado manual. En atención a lo anterior, al no encuadrar en los supuestos del artículo 15 del mencionado Acuerdo General y a consideración de este juzgador, el presente juicio carece de relevancia documental; por lo cual, en términos de lo establecido en el mencionado artículo 18, tercer y cuarto párrafos, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las constancias que ahí se instituyen, hecho lo anterior, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, siguiendo los lineamientos que expone el Capítulo Décimo del Acuerdo General en comento, previa anotaciones correspondientes en los sistemas o libros de control correspondientes y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Asimismo, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, a más tardar en el término de cinco días hábiles, al en que se encuentre integrado el presente juicio. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a la Secretaria y/o Actuario para que, de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la autoridad federal de cuenta; en atención a su contenido, remítanse al juzgado oficiante las copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención efectuada en auto de dos de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por ratificada la demanda de amparo promovida por Nicolaza Pérez Gómez, en favor del quejoso Sebastián Gómez Pérez, y se formuló una prevención al quejoso, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la misma, se tendría únicamente como acto reclamado la privación de la libertad que señaló en el apartado de actos reclamados del escrito de demanda. En virtud de lo anterior, tomando en consideración que el quejoso no dio cumplimiento a la prevención formulada, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de noviembre del año en curso, y se tiene únicamente como acto reclamado la privación de la libertad que señalo en el apartado de actos reclamados del escrito de demanda, por tanto se provee; ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativo a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo e informes del fiscal responsable, se advierte que el quejoso Sebastián Gómez Pérez, se duele esencialmente de la privación de la libertad que ordenó en su contra la responsable Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Máxime que, en párrafos anteriores así se determinó. No se soslaya que en auto de uno de noviembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en incomunicación, tortura, o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues ello solamente se realizó en aras de maximizar la protección del quejoso en el hipotético caso de que se encontraran bajo ese supuesto. Sin embargo, del contenido integral de la demanda, se observa que la promovente únicamente manifestó el temor de que el directo quejoso fue objeto de incomunicación, pero no reclamó de manera destacada dicho acto ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, sino que lo refirió sólo como una posibilidad de que ocurriera dado que no conocía su paradero, tanto es así que, señaló a diversas autoridades responsables, ya que no sabía si alguna de ellas los tenía a su disposición. Aunado a que de la documental que remitió el Fiscal de Distrito Metropolitano, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante acuerdo de retención de treinta y uno de octubre del año en curso, emitido por el Fiscal del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno de la Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente, dependiente de la Fiscalía de Distrito Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en la carpeta de investigación 0266-101- 0201-2020, ordenó la retención del aquí quejoso por el término de cuarenta y ocho horas, que inició a las 22:05 horas del treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y feneció a las 22:05 horas del dos de noviembre del presente año. Posteriormente, el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente, con sede en esta ciudad, informó entre otras cosas que mediante oficio 00723/0991/2020, de dos de noviembre del año en curso, le informó al Director General de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad, que decretó la libertad del quejoso Sebastián Gómez Pérez, por lo que solicitó se le permitiera retirase de las instalaciones de donde se encontraba detenido., documentales a las cuales se les da valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. De ahí que, es obvio que el quejoso no se encontraba incomunicado a la presentación de la demanda, por lo que, como se dijo, se advierte que la intención de la promovente era reclamar únicamente la privación de la libertad del peticionario del amparo y no la incomunicación ni algún otro de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por tanto, a criterio de este juzgado respecto al acto reclamado por el quejoso consistente en la privación de la libertad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la anterior transcripción, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos el acto reclamado; esto es, que hayan sido destruidos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, del informe de suspensión de plano, así como de las constancias remitidas por el Fiscal de Distrito Metropolitano, con sede en esta ciudad, se advierte que en el examen de retención el quejoso fue detenido al momento de estar cometiendo un delito, toda vez que cuando los agentes policiacos a bordo de la unidad PC-571 de la Policía Municipal, realizaban acciones de prevención del delito en materia de seguridad en colaboración interinstitucional, y al ir circulando en esos momentos de sur a norte sobre la calle Arroyo Cañada el Aguaje entre calle 6 y calle 4 de la colonia Casitas 2º Sección de esta ciudad capital, tuvieron a la vista a cinco metros aproximadamente frente a ellos a cuatro personas del sexo masculino, a quienes se les indicó que se les realizaría una inspección a su persona, y tras realizar dicha revisión encontraron hierba con las características propias de la marihuana por lo que al estar en presencia de un delito flagrante fue detenido el aquí quejoso, por la posible comisión del hecho delictivo señalado como el ilícito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variable de posesión simple del narcótico conocido como CANNABIS SATIVA I (marihuana). Posteriormente, mediante oficio 00723/0991/2020, de dos de noviembre del año en curso, el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente, con sede en esta ciudad, le informó al Director General de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad, que decretó la libertad del quejoso Sebastián Gómez Pérez, bajo reservas de ley, por lo que solicitó se le permitiera retirarse de las instalaciones donde se encontraba detenido. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá en virtud de que, el dos de noviembre de dos mil veinte, siendo las siete horas con veinticinco minutos, la autoridad responsable dejó en libertad al peticionario del amparo; por lo que, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la privación de su libertad dejó de existir, esto es, cesó en sus efectos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, es evidente que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Bajo esas consideraciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR EL ASUNTO EN LÍNEA. De igual manera, toda vez que, la parte quejosa presentó la demanda relativa al presente asunto de forma física, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintisiete de abril del año en curso, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En consecuencia, se instruye al fedatario judicial a fin de que realice la notificación personal del presente proveído, diligencia que deberá llevar a cabo en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, tal como lo establece el artículo 11, fracción I, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio. Asimismo, se instruye al actuario judicial adscrito, que en caso de que no se encuentren laborando las autoridades locales por continuar con alguna medida de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, quedará pendiente la entrega de oficios, la que deberá llevarse a cabo tan pronto reanuden labores, sin necesidad de posterior acuerdo. Finalmente, con copia certificada del presente auto, de ser el caso, provéase por cuerda separada.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA QUEJOSO.- Visto el estado de autos, y la certificación de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención efectuada en auto de dos de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por ratificada la demanda de amparo promovida por Nicolaza Pérez Gómez, en favor del quejoso Sebastián Gómez Pérez, y se formuló una prevención al quejoso, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la misma, se tendría únicamente como acto reclamado la privación de la libertad que señaló en el apartado de actos reclamados del escrito de demanda. En virtud de lo anterior, tomando en consideración que el quejoso no dio cumplimiento a la prevención formulada, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de noviembre del año en curso, y se tiene únicamente como acto reclamado la privación de la libertad que señalo en el apartado de actos reclamados del escrito de demanda, por tanto se provee; ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativo a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo e informes del fiscal responsable, se advierte que el quejoso Sebastián Gómez Pérez, se duele esencialmente de la privación de la libertad que ordenó en su contra la responsable Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Máxime que, en párrafos anteriores así se determinó. No se soslaya que en auto de uno de noviembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en incomunicación, tortura, o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues ello solamente se realizó en aras de maximizar la protección del quejoso en el hipotético caso de que se encontraran bajo ese supuesto. Sin embargo, del contenido integral de la demanda, se observa que la promovente únicamente manifestó el temor de que el directo quejoso fue objeto de incomunicación, pero no reclamó de manera destacada dicho acto ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, sino que lo refirió sólo como una posibilidad de que ocurriera dado que no conocía su paradero, tanto es así que, señaló a diversas autoridades responsables, ya que no sabía si alguna de ellas los tenía a su disposición. Aunado a que de la documental que remitió el Fiscal de Distrito Metropolitano, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante acuerdo de retención de treinta y uno de octubre del año en curso, emitido por el Fiscal del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno de la Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente, dependiente de la Fiscalía de Distrito Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en la carpeta de investigación 0266-101- 0201-2020, ordenó la retención del aquí quejoso por el término de cuarenta y ocho horas, que inició a las 22:05 horas del treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y feneció a las 22:05 horas del dos de noviembre del presente año. Posteriormente, el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente, con sede en esta ciudad, informó entre otras cosas que mediante oficio 00723/0991/2020, de dos de noviembre del año en curso, le informó al Director General de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad, que decretó la libertad del quejoso Sebastián Gómez Pérez, por lo que solicitó se le permitiera retirase de las instalaciones de donde se encontraba detenido., documentales a las cuales se les da valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. De ahí que, es obvio que el quejoso no se encontraba incomunicado a la presentación de la demanda, por lo que, como se dijo, se advierte que la intención de la promovente era reclamar únicamente la privación de la libertad del peticionario del amparo y no la incomunicación ni algún otro de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por tanto, a criterio de este juzgado respecto al acto reclamado por el quejoso consistente en la privación de la libertad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la anterior transcripción, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos el acto reclamado; esto es, que hayan sido destruidos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, del informe de suspensión de plano, así como de las constancias remitidas por el Fiscal de Distrito Metropolitano, con sede en esta ciudad, se advierte que en el examen de retención el quejoso fue detenido al momento de estar cometiendo un delito, toda vez que cuando los agentes policiacos a bordo de la unidad PC-571 de la Policía Municipal, realizaban acciones de prevención del delito en materia de seguridad en colaboración interinstitucional, y al ir circulando en esos momentos de sur a norte sobre la calle Arroyo Cañada el Aguaje entre calle 6 y calle 4 de la colonia Casitas 2º Sección de esta ciudad capital, tuvieron a la vista a cinco metros aproximadamente frente a ellos a cuatro personas del sexo masculino, a quienes se les indicó que se les realizaría una inspección a su persona, y tras realizar dicha revisión encontraron hierba con las características propias de la marihuana por lo que al estar en presencia de un delito flagrante fue detenido el aquí quejoso, por la posible comisión del hecho delictivo señalado como el ilícito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variable de posesión simple del narcótico conocido como CANNABIS SATIVA I (marihuana). Posteriormente, mediante oficio 00723/0991/2020, de dos de noviembre del año en curso, el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente, con sede en esta ciudad, le informó al Director General de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad, que decretó la libertad del quejoso Sebastián Gómez Pérez, bajo reservas de ley, por lo que solicitó se le permitiera retirarse de las instalaciones donde se encontraba detenido. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá en virtud de que, el dos de noviembre de dos mil veinte, siendo las siete horas con veinticinco minutos, la autoridad responsable dejó en libertad al peticionario del amparo; por lo que, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la privación de su libertad dejó de existir, esto es, cesó en sus efectos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, es evidente que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Bajo esas consideraciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR EL ASUNTO EN LÍNEA. De igual manera, toda vez que, la parte quejosa presentó la demanda relativa al presente asunto de forma física, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintisiete de abril del año en curso, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En consecuencia, se instruye al fedatario judicial a fin de que realice la notificación personal del presente proveído, diligencia que deberá llevar a cabo en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, tal como lo establece el artículo 11, fracción I, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio. Asimismo, se instruye al actuario judicial adscrito, que en caso de que no se encuentren laborando las autoridades locales por continuar con alguna medida de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, quedará pendiente la entrega de oficios, la que deberá llevarse a cabo tan pronto reanuden labores, sin necesidad de posterior acuerdo. Finalmente, con copia certificada del presente auto, de ser el caso, provéase por cuerda separada.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
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