Sebastian Flores Menendez

Expediente 1602/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1602/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Sebastian Flores Menendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, fue puesto a la vista de la tercera interesada ********************, por conducto de su representante ********************, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y sus respectivos anexos, el cual le fue notificado el diez de noviembre del año en curso, por lo que aún no se cumplen con los ocho días de anticipación a que contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración a las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios remitidos por la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y por el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, con anexo que adjunta, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, con los que atienden el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional y se advierte que la ejecutoria dictada en este asunto se encuentra en vías de cumplimiento. Ahora, de la revisión de las constancias remitidas por la Jueza responsable se advierte que se fijó las catorce horas del trece de diciembre del año en curso, a fin de que se celebre la audiencia de escucha de la menor de edad quejosa, señalando la juzgadora que sería hasta que dicha diligencia se desahogue, que se procedería a resolver lo que corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que los efectos de la ejecutoria de amparo a los que se encuentra sujeta la autoridad responsable consisten en dictar la totalidad de medidas necesarias a efecto de lograr el desahogo de las pruebas relativas a la evaluación psicológica de habilidades parentales de Aracely Puc Rosado, así como el estudio social y de campo a su cargo; posterior a lo cual, en términos del artículo 501 del código adjetivo familiar de la entidad, debe continuar con la celebración de la audiencia principal y proceder al dictado de la sentencia definitiva en el juicio ordinario oral familiar de pérdida de patria potestad 145/2019, es claro que la fecha señalada por la Jueza responsable para la audiencia de escucha de la menor, excede de cualquier término prudente para efectos de lograr el debido cumplimiento al fallo constitucional el término expreso para el cual se otorgó la protección constitucional. Recalcándose que dentro de las consideraciones que motivaron el sentido del falo constitucional se señaló expresamente que la Jueza responsable había excedido en demasía el término a que se refieren los artículos 469, 474, 475, 482, 486, 487, 489, 498, 500 y 501 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, por lo que su actuar incumplía con su obligación de vigilar que el procedimiento de origen se lleve a cabo conforme a los plazos y términos que marca la ley. De ahí que permitir que el procedimiento de origen se rija nuevamente bajo las mismas omisiones que dieron pauta al otorgamiento de la protección constitucional, infringiría lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo que dispone que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, regularice la fecha para la diligencia de escucha de la menor y disponga efectivamente de las medidas a su disposición para acatar en sus términos la ejecutoria de amparo. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual acusa de recibo del oficio con el que se le comunicó el proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, dictado en este incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    La Jueza declara abierta la audiencia y el Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el informe previo rendido por la Magistrada de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado en autos. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe previo de la autoridad responsable de que se trata, para que sea tomado en consideración al momento de resolver el presente incidente de suspensión. Abierto el período de pruebas y alegatos, no se dan cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran dichas etapas. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: Vistos, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo VI-1602/2023, promovido por ********************contra el acto que reclama de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por violación a los artículos 14 y 16, Constitucionales, y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar por duplicado el presente incidente de suspensión, se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe previo, en este día, se verificó la audiencia incidental, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO: FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y su ampliación, así como de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre ellas, los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa reclama, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria de amparo reclamó en su demanda de amparo: La resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, en el toca ********************, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en fecha treinta y uno de julio del año en curso, por el Juez Especializado en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, por el hecho que la ley señala como el delito de ********************. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Magistrada de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su respectivo informe previo manifestó que es cierto el acto que se le atribuyó. CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora, en relación al acto reclamado por la parte quejosa, debe decirse que tal determinación tiene la calidad de consumada, debido a que ya fue emitida por la responsable; por lo que, en su contra, resulta improcedente conceder la suspensión, pues dada su naturaleza, la restitución de sus efectos son propios de la sentencia de fondo que se emita en el cuaderno de amparo del que deriva este incidente; en tales condiciones, con apoyo además en el numeral 128 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, SE IMPONE NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que de este órgano de control constitucional se solicita, respecto del precitado acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 223,638, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." QUINTO. CONCESIÒN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Por otro lado, previo a pronunciarse en relación a los efectos y consecuencias del citado acto reclamado, resulta necesario precisar que la Primera Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 302/2021, emitió la jurisprudencia 25/2023, determinó que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada, pues ni del Código Nacional de Procedimientos Penales ni de la Ley de Amparo se desprende incidencia alguna de dicha resolución sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada, pues su objetivo se constriñe a definir su situación jurídica, en tanto que sus efectos se limitan a establecer los hechos sobre los que continuará el proceso, o bien, en su caso, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, pero no privarle de la libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, como serían diversas medida legales. Acorde a lo anterior, puntualizó que dicho auto de vinculación a proceso no se encuentra contemplado en la parte especial de la Ley de Amparo, dedicada a la procedencia y efectos de la medida cautelar de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 del propio ordenamiento en cita. Por lo que para tales efectos cautelares, debía atenderse a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, esto es, a la satisfacción de los requisitos establecidos en los dispositivos 128 y 138 de ese ordenamiento, y una vez colmados, procederá la medida en términos y para los efectos previstos en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la invocada legislación. Lo anterior, fue dispuesto en la jurisprudencia 25/2023, de texto y rubro siguientes: SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. HECHOS: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. JUSTIFICACIÓN: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Debiéndose puntualizar que la indicada jurisprudencia por contradicción de tesis es de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En ese contexto, para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, es necesario atender a la naturaleza del acto a fin de apreciar si es o no susceptible de suspensión, la violación alegada y que se satisfagan los requisitos que establece el invocado numeral 128, que consisten en: a) Que lo solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por otra parte, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. A su vez el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que promovida la suspensión el acto reclamado deberá efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, y en su caso acordará lo conducente respecto de tal medida cautelar. En el caso, las consecuencias del acto reclamado, consistente en la resolución que confirma el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso, es susceptible de suspensión, pues se traduce en la continuación del proceso por el hecho delictivo antes ponderado. Así, en criterio de esta Juzgadora Federal, se satisfacen también los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Lo que se estima así, porque la medida suspensional fue solicitada por la persona imputada, en cuya contra se decretó auto de vinculación por su probable participación en el hecho que la ley señala como constitutivo del delito de ********************. Además, el segundo requisito previsto en la Ley de Amparo también se ve satisfecho, porque no se advierte que con su concesión se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, pues con la medida cautelar no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgaran las leyes o se infiriera un daño que de otra manera no resentiría; por el contrario, la sociedad tiene especial interés en que los hechos que la ley enmarca como delictivos, sean investigados y que sean observados los principios del debido proceso y en caso de no otorgarse la medida suspensional, la quejosa sí resentiría una afectación en su esfera de derechos, pues de llegar a concluirse el eventual juicio oral, se haría nugatorio el amparo solicitado contra el acto reclamado en esta instancia constitucional. Por tanto, respecto a los efectos y consecuencias del auto de vinculación a proceso impugnado, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SE SOLICITA. La medida cautelar se concede, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Especializado en Justicia para Adolescentes continúe con el procedimiento seguido al quejoso y una vez concluida la etapa intermedia, se abstenga de dictar el auto de apertura a juicio; circunstancia que deberá permanecer hasta que se le notifique la resolución que resuelva sobre la sentencia constitucional del cual deriva el presente incidente de suspensión. Por otra parte, con fundamento en el último párrafo del artículo 168 de la Ley de Amparo, no se fija garantía para que surta efectos la medida suspensional, toda vez que la suspensión únicamente tiene los efectos a que se refiere el citado numeral 163 de la ley de la materia. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a ********************la suspensión definitiva respecto del acto reclamado a la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de la presente interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE a ********************la suspensión definitiva respecto del acto reclamado a la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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