Sebastián Córdova Gamas
Expediente 1856/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1856/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Sebastián Córdova Gamas
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 10.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso SEBASTIÁN CÓRDOVA GAMAS; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Dictar de inmediato el laudo que conforme a derecho corresponda en el juicio laboral 142/2013 de su índice, toda vez que se han consumado los plazos establecidos para ese efecto en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente de conformidad con el numeral 8 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la copia certificada del expediente laboral 142/2013, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo.
- Principal
MESA 10. RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Sebastián Córdova Gamas, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos del considerando quinto y para los efectos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las doce horas con cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Estela Angélica Mena Rosado, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referentes al juicio de amparo 1856/2019-10, promovido por Sebastián Córdova Gamas. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones y copia simple de la credencial para votar 0719054544634 e informe justificado rendido por la autoridad responsable, ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; así como la copia certificada diversas constancias que obran en el expediente laboral 142/2013, remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, mismas que obran por cuerda separada. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con el alegato ministerial 178/2019, signado por el Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, formulando sus alegatos en el presente juicio, sin que las demás partes hicieran uso de este derecho, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1856/2019-10, promovido por Sebastián Córdova Gamas contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Sebastián Córdova Gamas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La PARALIZACIÓN TOTAL de la autoridad responsable, en dictar Laudo en el expediente laboral 142/2013(.)." A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1856/2019-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco de emitir el laudo en el expediente laboral 142/2013. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La junta responsable aceptó la existencia del acto reclamado -concerniente a la omisión de dictar laudo- y remitió copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente laboral 142/2013, de su índice, las cuales obran por cuerda separada al presente juicio. Documento al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la junta responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En el presente juicio, como se dijo, es procedente suplir la deficiencia de los conceptos de violación, en virtud de que la parte quejosa tiene el carácter de trabajador y parte actora en el juicio natural; ello en virtud de que el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo, instituye ese beneficio a su favor: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo.". En términos generales, la parte quejosa aduce que la omisión reclamada a la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este juzgador considera que el argumento del quejoso es sustancialmente fundado, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El derecho fundamental contenido en el precepto constitucional precitado, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Así, el precepto constitucional en comento señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De ahí que la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. De igual forma, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Al respecto, el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; instituye que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será público, gratuito e inmediato; y se iniciará a instancia de parte, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso. Por su parte, los numerales 107, 108, 111, 112, 113 y 116 de ese mismo ordenamiento jurídico, disponen: "Artículo 107. Tan pronto se reciba la primera promoción relativa a un conflicto, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje citará a las partes a una audiencia de conciliación, que deberá llevarse a cabo dentro del término de diez días. En esta audiencia se procurará avenir a las partes y en caso de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo, que obligará a las partes como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Si las partes no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría General del Tribunal para que se proceda al arbitraje, de conformidad con el procedimiento que establece este Capítulo. Artículo 108. El procedimiento para resolver las controversias que se someten al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes; y se pronunciará resolución; salvo cuando, a juicio del propio Tribunal, se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo". "Artículo 111. La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación; deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la demanda y ofrecer pruebas, en los términos de la Fracción V del artículo anterior. Artículo 112. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Artículo 113. El día y hora de la audiencia, el Tribunal calificará las pruebas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando las que resulten notoriamente improcedentes o contrarias a la moral o al derecho, o que no tengan relación con la litis. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, primero las de actor y después las del demandado, en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento". "Artículo 116. Cuando el demandado no conteste la demanda dentro del término concedido o si resulta mal representado, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario". De lo anterior, se puede deducir que una vez que el tribunal reciba la demanda, el Presidente citará a una audiencia de conciliación que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes; para el caso que las partes lleguen a un acuerdo, éste se elevará a la categoría de laudo, caso contrario, se turnarán los autos a la Secretaría General para que proceda al arbitraje. También se advierte que el procedimiento se reduce a la presentación de la demanda, contestación y audiencia de pruebas y alegatos y resolución (laudo); de igual forma se señala que el término para contestar la demanda no excederá de diez días hábiles y para el caso de no contestarse o resultar mal presentada, se tendrá por contestada en sentido afirmativo. Finalmente, se establece que una vez recibida la contestación de demanda o transcurrido el plazo para ello, se ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los terceros para la audiencia de pruebas, alegatos y laudo, para lo cual en la audiencia respectiva se calificaran y admitirán las pruebas y se desahogaran primero las pruebas del actor. Sin embargo, el ordenamiento jurídico precitado no prevé plazo específico para el dictado del laudo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8, se aplicará supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. Sobre el particular, los ordinales 885, 886, 887, 888 y 889 de este último ordenamiento jurídico, disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". Como se puede apreciar, una vez cerrada la instrucción en el juicio laboral, la responsable tiene diez días para elaborar el proyecto de laudo y otro plazo igual para la discusión y votación del mismo (artículos 885 y 887 del ordenamiento jurídico precitado). En el caso, del oficio que remitió la autoridad responsable, se desprende que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el expediente 142/2013 de su índice, declaró cerrada la instrucción (fojas identificadas con folios 235 a 237 del tomo de prueba). Con base en lo anterior, es evidente que ya fenecieron los plazos otorgados en los numerales 885 y 887 de la ley en cita, esto con independencia que el segundo dispositivo en cuestión refiera que el término se computará a partir que haya concluido el término fijado o del desahogo de las diligencias respectivas, pues la intención del legislador es que los integrantes de la junta (en este caso, del tribunal burocrático) cuenten con un período para la discusión y votación del proyecto de laudo, aun cuando no se actualice la hipótesis establecida en el artículo 886 de la legislación laboral en cita. Consecuentemente, de la fecha que la responsable decretó el cierre de instrucción en el aludido sumario (veintitrés de abril de dos mil diecinueve), a la que se presentó la demanda de amparo (cinco de noviembre de dos mil diecinueve), han transcurrido en exceso los términos para la elaboración, discusión, aprobación y firma del proyecto de laudo correspondiente, lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental de la quejosa a que se le imparta justicia pronta y expedita, porque constituye una paralización del procedimiento que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, contraviniendo así lo establecido en los citados preceptos legales. Aunado a lo expuesto, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el presente asunto, el legislador a través de los numerales antes citados, estableció los plazos para que la responsable tramite y resuelva el juicio laboral. Plazos que, como se dijo, han sido rebasados si se toma en consideración que desde el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable decretó el cierre de instrucción, habiendo transcurrido más de siete meses desde entonces hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo; por tanto, ese tiempo que media entre ambas fechas de ninguna manera puede estimarse razonable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es; "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". De ahí, que asiste la razón a la parte quejosa, al exponer que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, al no resolver el expediente laboral 142/2013, dentro de los plazos legales previstos en la legislación laboral aplicable. Por las anteriores consideraciones, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, deberá: Dictar de inmediato el laudo que conforme a derecho corresponda en el juicio laboral 142/2013 de su índice, toda vez que se han consumado los plazos establecidos para ese efecto en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente de conformidad con el numeral 8 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, por auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Sebastián Córdova Gamas, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos del considerando quinto y para los efectos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 10. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 142/2013, de su índice; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de seis de noviembre del presente año, se reservó acordar en relación a las pruebas ofrecidas por el quejoso, en su libelo de amparo, consistentes en la instrumental de actuaciones y el informe justificado, hasta en tanto estos obraran en autos y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional.
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