Sebastian Cano Botia

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Sebastian Cano Botia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Por tanto, deberá de procederse a su depuración una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintidós. Imposibilidad. Vistas las constancias actuariales de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción notificar personalmente el contenido de los proveídos de dieciocho y veinte de octubre del año en curso, a los quejosos Wilmar Alzate Ortíz y Rubén Alfonso Moya Cruz, la que hizo consistir en que una persona que dijo ser Agente Federal de Migración "B" de la Estación Migratoria le informó que los quejosos antes aludidos no se encontraban en dicho lugar. Estado de autos. Asimismo, visto el estado de autos de los que se advierte que en la constancia actuarial de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el fedatario de la adscripción no pudo de notificar el proveído de esa misma fecha a los quejosos Sebastián Cano Botia, Fabio Andrés Martínez Botia, Jonathan Mauricio Lara Gil y Samuel Lázaro Remache, dado que ya no se encontraban en la estación migratoria en esta ciudad. No presentada. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar a los quejosos Sebastián Cano Botia, Fabio Andrés Martínez Botia, Jonathan Mauricio Lara Gil, Wilmar Alzate Ortíz, Samuel Lázaro Remache y Rubén Alfonso Moya Cruz los autos de diecisiete, dieciocho y veinte de octubre de dos mil veintidós, respectivamente, y precisamente porque no se encuentran ni alojados ni detenidos en la Estancia Migratoria de esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo citado en primer término y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y quedan sin efectos las providencias decretadas. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Ratificación. Agréguese a los autos el escrito de cuenta y previo a proveer lo que corresponda respecto a su contenido, dado que se advierte que la firma que calza el mismo difiere sustancialmente con la diversa que fue estampada en la constancia de notificación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós; por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el lugar donde se encuentra alojado y ante la presencia judicial ratifique el contenido del ocurso de cuenta. Informes sobre suspensión de plano. Por otra parte, ténganse a las autoridades responsables dando cumplimiento al requerimiento de diecisiete de octubre de dos mil veintidós y, al efecto, informando que acataron la suspensión de plano concedida a los quejosos, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Delegados y domicilio. Se tiene a las autoridades responsables, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, designando como delegados a las personas que mencionan en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Notifíquese y personalmente al quejoso Rubén Alfonso Moya Cruz en el lugar donde se encuenta alojado.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió al fedatario de la adscripción notificar personalmente el contenido del proveído de diecisiete de octubre del año en curso, a los quejosos Sebastián Cano Botia, Fabio Andrés Martínez Botia, Jonathan Mauricio Lara Gil y Samuel Lázaro Remache, la que hizo consistir en que una persona que dijo ser Agente Federal de Migración de la Estación Migratoria, le informó que los quejosos antes aludidos no se encontraban en dicho lugar. En virtud de lo anterior, requiérase al promovente Sandro Alberto García Lara, para que al momento de la notificación o dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la misma, manifieste a esta juzgadora si tiene conocimiento dónde se encuentran detenidos los agraviados Sebastián Cano Botia, Fabio Andrés Martínez Botia, Jonathan Mauricio Lara Gil y Samuel Lázaro Remache, o bien, los presenten ante este juzgado a efecto de que manifiesten ante la presencia judicial si es su deseo ratificar la demanda presentada a su favor. Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en razón de que se inferirá que no tiene interés en que continúe el trámite del presente asunto. Ratificación de demanda. Por otro lado, vistas las constancias actuariales de diecisiete de octubre del año en curso, se advierte que Wilmar Alzate Ortíz y Rubén Alfonso Moya Cruz, manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida en su nombre; asimismo, se toma nota para los efectos legales conducentes, de lo asentado por el fedatario judicial, en el sentido de no haber advertido lesiones en la integridad física de los quejosos. Prevención. Por tanto, en atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos Wilmar Alzate Ortíz y Rubén Alfonso Moya Cruz, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: Informen qué actos les reclama a cada autoridad responsable; lo anterior, ya que fueron omisos en establecer un capítulo de actos reclamados. Señalen los antecedentes del acto reclamado, dado que en su escrito inicial de demanda fueron omisos en señalar el capítulo respectivo; para lo cual, deberán preciar la fecha en que ingresaron al país, así como la fecha en que fueron retenidos por la autoridad migratoria y si cuentan con algún expediente administrativo ante la responsable, así como aquellos antecedentes que estimen relevantes a los actos reclamados. Manifiesten bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado; dado que es un requerimiento de la demanda de amparo. Lo anterior, a fin de fijar la litis, la parte quejosa debe ser clara en sus peticiones, con el objeto de que esta juzgadora las analice en su momento procesal oportuno y sobre todo para que las autoridades a las que atribuya los actos de que se queja, cuenten con suficientes elementos para rendir sus informes en relación a los mismos y defender su constitucionalidad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Los requerimientos señalados deberán ser aclarados directamente por los promoventes, por ser un acto personalísimo y que sólo a ellos le corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, por lo que hace a los quejosos Wilmar Alzate Ortíz y Rubén Alfonso Moya Cruz, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de autorizados. Por otra parte, dado que los quejosos Wilmar Alzate Ortíz y Rubén Alfonso Moya Cruz ratificaron su escrito inicial de demanda, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sandro Alberto García Lara y Jonathan Tadeo Josue Moya Ortíz, dado que se obtiene que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a María de Jesús García Hernández, por no contar con dicho registro. Notifíquese personalmente al promovente Sandro Alberto García Lara y a los quejosos Wilmar Alzate Ortíz y Rubén Alfonso Moya Cruz.

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