Sebastián Alejandro Licona Aguilar
Expediente 658/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/09/2019
Partes del expediente
- Sebastián Alejandro Licona Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el proveído por el que se sobreseyó fiera de audiencia ha causado estado, en consecuencia, archívese; haciendo del conocimiento de las partes que es susceptible de depuración.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta se advierte que en el juicio principal del cual deriva el presente expediente, por auto de esta data, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, con motivo de la actualización de la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del numeral 61, en relación con la diversa V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se DECLARA SIN MATERIA ESTE INCIDENTE; en consecuencia, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia incidental.
- Incidental
Agréguense los informes previos remitidos por la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Juez Trigésimo Quinto Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, y Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Número Cuatro de la Ciudad de México; en consecuencia, de conformidad con los ordinales 140 y 144 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de ser relacionados el día de la audiencia respectiva.
- Principal
Agréguense los oficios de cuenta remitidos por la Juez Trigésimo Quinto Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Cuatro, la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Cuatro, ambas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México; por medio de los cuales rinden su informe justificado; sin que haya lugar a dar vista a las partes con los mismos, por las consideraciones que a continuación se expondrán. Con sustento en el numeral 119 del citado ordenamiento, se tiene como prueba de la responsable Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Cuatro, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el disco compacto en formato DVD, con registro de audio y video que acompaña, mismo que se desahoga en virtud de su propia y especial naturaleza. Al respecto es ilustrativa la tesis, I.1o.P.33 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2381, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE PUEDEN REMITIRSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, LOS CUALES TENDRÁN VALOR PROBATORIO, SIEMPRE QUE ESTÉN CERTIFICADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por lo que respecta al disco compacto de referencia deberá conservarse en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, bajo resguardo del funcionario encargado. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se desprende que en el presente expediente, la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: "Reclamo de las Autoridades señaladas como Ordenadoras y Ejecutoras, la orden girada por las ordenadoras a la ejecutora para que me priven de mi libertad personal, toda vez que las ordenadoras fundamentan su orden de aprehensión en términos del artículo 16 párrafo tercero de la Constitución Federal, en relación con los artículos 141 fracción III, 142, 143 y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales concedió la orden de aprehensión como forma de reconducción al proceso del acusado hoy quejoso." Juez Trigésimo Quinto de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Blanca García Sánchez, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial 4, en la Ciudad de México. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, ************, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial 4, en la Ciudad de México.Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. En este orden de ideas, de los informes de ley remitidos por las autoridades responsables, se aprecian los antecedentes siguientes: El catorce de julio de dos mil diecisiete, se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. En continuación de audiencia intermedia de nueve de julio de dos mil diecinueve, ante la inasistencia del promovente, a petición del representante social, se declaró sustraído de la acción de la justicia a este último al haber incumplido con una citación judicial sin causa justificada, suspendiéndose el procedimiento. Derivado de lo anterior, el Agente del Ministerio Público solicitó audiencia privada y en ella solicitó orden de aprehensión en contra del citado quejoso, misma que fue obsequiada mediante oficio UGJ4/1934/2019, dirigido a la Procuradora General de Justicia en esta ciudad, para la ejecución de dicho mandamiento. El treinta de julio del año que transcurre, se tuvo a la parte quejosa solicitado se fijara fecha de audiencia de puesta a disposición voluntaria, por lo que se señalaron las once horas con treinta minutos del ocho de agosto del año en curso, para la celebración de la audiencia solicitada. En esa fecha, se dejó sin efectos la orden de aprehensión librada contra el citado quejoso, girándose el oficio **** para su cancelación. En esa propia data, la querellante otorgó el perdón al acusado, el cual fue procedente y se suspendió el dictado de la extinción de la acción penal. Puntualizado lo anterior, este órgano de control constitucional, advierte que con relación a los actos reclamados en estudio, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, la cual dispone:"ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la porción normativa en comento, se advierte que dicha causal se materializa cuando las consecuencias del acto reclamado, causantes de un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, han desparecido, es decir, que se haya extinguido el motivo que originó la transgresión a los derechos de una persona, en virtud de que la autoridad responsable revocó o derogó aquél. En consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto impugnado es requisito indispensable que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si este último jamás hubiera nacido; es decir, éste quede insubsistente. Desde esa línea de pensamiento, puede considerarse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca aquél, lo que da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto; o, también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, emite una nueva determinación que incide directamente respecto al punto controvertido, que trasciende en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior actuación por el cual fue sustituido, con lo que reestablece a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estima vulnerado.Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las cuales destaca la emitida por la Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIX, página 2443, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De igual forma, es aplicable la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731, que señala: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos.". Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al concluir su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, al ser patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad al dejar de surtir efectos. Por lo que, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia; esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la ésta exija. En el caso, la parte quejosa se duele de la orden de búsqueda, localización y aprehensión, así como su ejecución, emitida por las autoridades que señaló como responsables; no obstante, de los informes justificados rendidos, así como del disco compacto que en esta data se remite, se advierte que el ocho de agosto de dos mil diecinueve, se dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en audiencia privada de nueve de julio de dos mil diecinueve. Lo cual se acredita con el disco compacto que remite la responsable, que contiene la audiencia de puesta a disposición voluntaria y reapertura del proceso, de ocho de agosto de dos mil diecinueve, del que se aprecia esa circunstancia, por tanto, es inconcuso que el acto reclamado ha cesado en sus efectos. Probanza que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Situación por la cual, resulta incuestionable que el motivo que concreta y específicamente dio génisis a la demanda de amparo, dejó de incidir en la esfera jurídica de la parte promovente, de modo tal que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos. En consecuencia, al actualizarse la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento, puesto que la misma es manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtuaría. Cabe destacar que, conforme al criterio del suscrito, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en virtud de que existen motivos manifiestos e indudables para ello, como se previene en la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya epígrafe dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."(Visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época). Por las consideraciones precisadas, comuníquese a las partes que se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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