Seao Grady Procopio Garcia
Expediente 374/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Seao Grady Procopio Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de ****** tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el doce de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código****. En consecuencia, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. De igual forma, toda vez que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en caso de que las autoridades a las que se giran los oficios en vía de notificación, se encuentren gozando del segundo período vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanuden labores, proceda a notificarles el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese período vacacional. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 374/2020-II, promovido por SEAO GRADY PROCOPIO GARCIA, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, SEAO GRADY PROCOPIO GARCIA, por propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Seguida la secuela procesal, la aquí parte tercera interesada Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, interpuso recurso de queja en contra del proveído en el que se admitió la demanda de amparo, recurso al cual le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, quien, lo registró bajo el número de recurso de queja 84/2020, que por ejecutoria de diecinueve de noviembre del año próximo pasado, concluyó en su punto resolutivo declarar infundado el mismo. Posteriormente, previo diferimiento realizado en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, y una vez que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus COVID19, se levantó la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, por lo que se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, atento a los conceptos de violación formulados, así como a las constancias que integran este asunto, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte impetrante, accediendo al acto de autoridad que efectivamente le agravia y no a lo que aparentemente le duele, se concluye que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por la Presidenta Ejecutora del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro de los autos del expediente 01/831/16 de su estadística. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado ya que así lo manifestó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, toda vez que aceptó la existencia del acto reclamado y exhibió entre otras copia certificada del auto de uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio burocrático 01/831/16 de su índice; constancia que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado sometió a consideración de éste juzgador que se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de amparo, que establecen lo siguiente; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:." ".XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley." La causal invocada es infundada, dado que las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, y como en el presente asunto si se hace valer una en la que se involucre, una argumentación en torno a la afectación personal y directa de la parte quejosa, íntimamente relacionada con el fondo del asunto, no debe resultar atendible, siendo motivo para desestimarla. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro 187973, Instancia Pleno, Tipo de Tesis Jurisprudencia, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(S): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5, con el rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Al no actualizarse diversa causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son infundados y no se advierte queja deficiente que deba suplirse en términos del artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones jurídicas: En primer término, se estima necesario citar de manera breve los antecedentes del acto reclamado: 1. El quince de noviembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, emitió laudo en el juicio expediente 01/831/16, en el que determinó que SEAO GRADY PROCOPIO GARCIA y otros, habían acreditado la acción ejercida y condenó al Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, al pago de diversas prestaciones reclamadas. 2. El veinte de junio de dos mil diecinueve, se inició la ejecución de la citada resolución en forma de laudo a petición de la ahí parte actora; sin embargo, en diligencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve, el demandado no dio cumplimiento a las prestaciones reclamadas por la parte actora. 3. El uno de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable dictó auto de requerimiento de pago con apercibimiento a la demandada que en caso de incumplimiento se haría efectiva una multa de quince Unidades de Medida y Actualización, reiterando la misma conducta omisiva en diligencia de veintitrés de ese mes y año, al constituirse el Actuario adscrito al Tribunal responsable en las instalaciones del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, a quien se le requirió de pago a través de su Presidente Municipal en términos del acuerdo de uno de agosto citado. 4. En acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista al Pleno de ese Tribunal para que resolviera respecto de la aplicación de la multa establecida. 5. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, decretó aplicar una multa de hasta quince unidades de Medida y Actualización en comento, al Presidente del Ayuntamiento señalado en el párrafo que antecede, esto, en términos del numeral 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, haciendo efectivo el apercibimiento, ante la negativa reiterada de cumplir con el pago del laudo. 6. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa por conducto de su apoderado legal exhibió una promoción a efecto de continuar con la ejecución del laudo, registrado bajo el folio 014828 de la estadística del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, esto es, para que la responsable dictara auto de requerimiento de pago en contra de la parte demandada por el crédito laboral obtenido, vinculando su cumplimiento bajo la aplicación de la segunda medida de apremio que establece el artículo 124 fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y así proceder enviar copia de los autos del juicio al Congreso del Estado de Morelos para proceder al trámite y estudio, para que en su caso apruebe la destitución y/o suspensión definitiva y/o revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 7. Ocurso que fue acordado el uno de diciembre de dos mil diecinueve, el cual constituye el aquí acto reclamado. Ahora bien, los conceptos de violación devienen infundados; en ellos se argumenta lo siguiente. La parte quejosa sostiene que el auto combatido es regresivo, porque vuelve a requerir el cumplimiento del laudo bajo apercibimiento de aplicar la multa prevista en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos; y que se torna ilegal porque es el mismo apercibimiento empleado en el anterior requerimiento de pago de uno de agosto de dos mil diecinueve y que se materializó en la imposición de esa multa a través de resolución de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve y que con ese proceder, la responsable hace que se prolongue indefinidamente la etapa de ejecución al pretender aplicar cíclicamente la misma sanción. Alega la parte quejosa que la responsable fue omisa respecto a emitir un auto de requerimiento de pago en contra del ayuntamiento demandado y condenado, con la medida de apremio de destitución vinculado al artículo 124 fracción II de la Ley del servicio Civil del Estado de Morelos, en el sentido de que si se llega a incumplir el pago de mi crédito laboral apercibirá la responsable a la demandada resolviendo procedente enviar copia certificada de los autos del juicio de origen al Congreso del Estado de Morelos para que proceda al trámite y estudio, pala que en su caso apruebe la destitución y/o suspensión definitiva y/o revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Agrega que si bien la responsable invocó que la Ley del Servicio Civil para el Estado que en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado faculta dictar todas aquellas medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes; lo cierto es que, en opinión de la quejosa, se aparta de acatar dicha disposición. Refiere que la citada disposición de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado impone al tribunal la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, lo cual no ha acatado la responsable. Además, que al señalar esa disposición que para hacer cumplir las determinaciones el Tribunal laboral está facultado para dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio san procedentes, esto significa que si bien hay discrecionalidad de la autoridad para aplicar la que estime procedente, ni dicha norma ni la Carta Magna facultan a que se aplique la misma medida dos veces como lo pretende el tribunal responsable en el acto que combate. Aunado a ello, refieren que si la responsable pretende agilizar la etapa de ejecución debe emitir un requerimiento apercibiendo con la sanción prevista en el artículo II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos -y con la aplicación de la misma sanción de multa ya aplicada - por ser la fase que continúa en la ejecución, es decir, que debe aplicar medidas diferentes y cada vez con más fuerza para lograr el cumplimiento del laudo. En ese sentido, sostienen que el acuerdo reclamado al apercibir con la misma medida de apremio de multa, trasgrede el principio de progresividad de los derechos humanos previsto por los artículos 1 de la Carta Magna; así como el derecho a que se garantice por parte del Estado el pronto y efectivo cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, como se prevé en el artículo 25, numeral 2 inciso c de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En el mismo sentido, refiere que de ninguna manera se puede retroceder en la etapa de ejecución, salvo recurso declarado procedente, porque de lo contrario se viola el principio de progresividad de los derechos humanos; de ahí que la responsable debía apercibir con la aplicación de la medida de apremio de destitución del cargo porque nada se lo impedía, dado que el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil no establece un orden estricto para aplicar primero una sanción de multa o bien la destitución o viceversa, ni tampoco la aplicación de un mismo medio de apremio dos veces o repetidamente. Es por ello, dado que ya se había apercibido y aplicado la multa, en el acto reclamado la responsable debió apercibir con la destitución en caso de incumplimiento del laudo. En efecto, los conceptos de violación que se analizan de manera conjunta, dado que se encuentran íntimamente relacionados, resultan infundados. Esto es así, porque del contenido del acuerdo reclamado se advierte que la Presidenta ejecutora emitió auto de requerimiento de pago en contra del Ayuntamiento demandado y si bien no acordó favorablemente la petición de la parte actora en el sentido de apercibir a la demandada con la aplicación de la medida prevista en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (destitución del cargo) y por tanto, que si se llega a incumplir el pago de mi crédito laboral apercibirá la responsable a la demandada resolviendo procedente enviar copia certificada de los autos del juicio de origen al Congreso del Estado de Morelos para que proceda al trámite y estudio, pala que en su caso apruebe la destitución y/o suspensión definitiva y/o revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; no vulnera los derechos humanos de la parte quejosa. En efecto, en primer término, debe precisarse que el artículo 124 de la referida ley, no otorga derechos a la parte vencedora en un juicio burocrático, ni establece fases en el procedimiento de ejecución del laudo, sino prevé las sanciones que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje puede imponer a quienes cometan infracciones o desobedezcan sus resoluciones. Por tanto, el hecho de que el referido Tribunal con anterioridad al acto reclamado haya apercibido e incluso aplicado al Presidente Municipal del Ayuntamiento multa en términos del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no engendra o constituye a favor de la parte actora algún derecho a partir del cual puedan exigir que el nuevo apercibimiento se formule con base en la fracción II del numeral citado (destitución del cargo), y por consiguiente en el sentido de que si se llega a incumplir el pago de mi crédito laboral apercibirá la responsable a la demandada resolviendo procedente enviar copia certificada de los autos del juicio de origen al Congreso del Estado de Morelos para que proceda al trámite y estudio, pala que en su caso apruebe la destitución y/o suspensión definitiva y/o revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Ello es así, pues el Tribunal emplea los apercibimientos de las sanciones contenidas en dicha norma para vencer la contumacia de la autoridad condenada a efecto de que cumpla con la condena del laudo, pero de ninguna manera la previsión consagrada de los apercibimientos posibles constituye un derecho a favor de la parte vencedora en el juicio. Por ende, la circunstancia de que requiera el cumplimiento del laudo en los términos combatidos, es decir, apercibiendo de aplicar de nueva cuenta una multa en caso de que se incumpla con el laudo, no viola derechos humanos de la aquí parte quejosa; observando que en dicho precepto de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, no se estableció un orden, prelación o preferencia para tales efectos, al estar consagrados los ahí previstos con el conjuntivo "y" que permite a la autoridad responsable acudir a cualquiera de ellos, quedando a su libre arbitrio su aplicación. Lo que no constituye un derecho en sí mismo considerado a favor de la aquí parte quejosa y, por lo tanto, no se trasgrede el derecho de acceso a la jurisdicción en particular en relación la ejecución del fallo definitivo y por ende, no asiste razón en cuanto a la trasgresión del artículo 17 de la Carta Magna, ni tampoco el derecho a que se garantice por parte del Estado el pronto y efectivo cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, como se prevé en el artículo 25, numeral 2 inciso c de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 21/96, estableció que de la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 21/96, de la Novena Época, con número de registro: 200117, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Materias Constitucional, y Común página 31 del rubro: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR." Por tanto, contrariamente a lo alegado no existe impedimento legal para que la Presidenta ejecutora utilice por segunda ocasión el apercibimiento de multa para conminar a la dependencia condenada a pagar la condena fijada en el laudo, ya que como se indicó el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no prevé un orden ni prelación ni preferencia para su aplicación ya que como se dijo anteriormente prevé la multa y la destitución lo cual permite a la autoridad responsable aplicar indistintamente cualquiera de ellos, pues el texto legal establece el conjuntivo "y", por lo queda a su voluntad el apercibir con cualquiera las sanciones allí establecidas atendiendo a las particularidades de caso. Así en el caso concreto se advierte aunque ya se había apercibido y aplicado multa al Ayuntamiento demandado sin que este hubiese dado cumplimiento al laudo, por ende, resulta congruente que se pueda volver a en una nueva ocasión a apercibirlo con multa, sin que ello menoscabe el derecho humano de la aquí parte quejosa a la ejecución del laudo emitida en su favor, porque la propia autoridad responsable hizo el respectivo requerimiento de pago a la autoridad demandada, reconociendo y garantizando el derecho de acceso a la justicia con que cuenta la parte quejosa al haber obtenido un laudo favorable; razones por las que resultan infundados los argumentos analizados. Siendo pertinente señalar que el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos en modo alguno refiere que únicamente pueda imponerse multa en una sola ocasión y enseguida deba proceder el apercibimiento en el sentido de que si se llega a incumplir el pago de mi crédito laboral se envíe copia certificada de los autos del juicio de origen al Congreso del Estado de Morelos para que proceda al trámite, estudio y en su caso apruebe la destitución y/o suspensión definitiva y/o revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Motivo por el cual no asiste razón a la parte quejosa al sostener que la responsable obró ilegalmente al repetir el apercibimiento de multa antes empleado, ya que precisamente conforme a dicha norma el Tribunal responsable cuenta con la facultad de imponer de entre las que se prevén, la que estime necesaria y en el número que considere conveniente para vencer la contumacia que llegara a presentarse. En ese sentido, es infundado igualmente que la responsable haya obrado ilegalmente al reiterar el apercibimiento de multa, puesto que no es acertado que la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, deba prever expresamente la facultad para utilizar dos veces el mismo apercibimiento legal; sino que al amparo del propio numeral 124 se prevé la multa y la solicitud del trámite de destitución, lo cual permite a la autoridad responsable aplicar indistintamente cualquiera de ellos e inclusive reiterar su aplicación, si a criterio del Tribunal estima que ello es adecuado al caso concreto. Máxime que el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos en los términos del artículo 11 de esta última, señala que el Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Esta disposición como la responsable lo expuso en el acto reclamado, la faculta dictar la medida que estime necesaria en la forma y términos que a su juicio sea procedente; lo que apoya el criterio de que no existe orden de aplicación entre la multa y la solicitud de destitución previstas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos y por tanto, la reiteración de apercibimiento de aplicación de multa se enmarca en el uso de la facultad explicada con que cuenta el tribunal del trabajo para lograr la ejecución del laudo. En el entendido que si bien no podría de forma perene reiterar la aplicación de la multa, en el caso, como se indicó, en el juicio natural no ha sido reiterada la aplicación de multas a la demandada; y en tal virtud, al volverse a apercibir en el acto reclamado, con aplicación de multa no se considera fundado que ello paralice el procedimiento de ejecución, ni mucho menos que exista regresión del mismo; sino únicamente el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos y 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria, que autorizan a la responsable determinar la medida que estime necesaria y procedente. Aunado a lo anterior, no se comparte el argumento de que el acto reclamado origine una regresión en el procedimiento de ejecución, dado que si bien a través de éste la responsable vuelve a apercibir a la autoridad demanda en el juicio natural con aplicarle multa en caso de incumplir el pago de las prestaciones a que se le condenó en el laudo, dicha medida no es de menor envergadura a la aplicada con anterioridad en el procedimiento laboral; es decir, no se apercibe con imponer una sanción pecuniaria menor a la ya impuesta, sino de la misma cantidad de unidades de medidas de actualización. De ahí que no puede considerarse una medida regresiva en la ejecución, pues la reiteración del apercibimiento de imponer una nueva sanción económica, tiene la clara intención de anunciar la consecuencia del incumplimiento, esto es el impacto en el patrimonio personal del sujeto a quien va dirigido a efecto de vencer la resistencia en el cumplimiento del laudo. En ese sentido, al ser una medida de igual impacto que la impuesta con anterioridad, claramente no implica un retroceso en el procedimiento de ejecución, lo que ocurriría si la sanción anunciada fuera de menor importancia que la antes impuesta. Por ese motivo, es infundado que el acto reclamado trasgreda el principio de progresividad de los derechos humanos, pues en principio, se reitera que no se considera que el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos prevenga derecho subjetivo alguno a favor de la parte quejosa, sino que éste consagra facultades de la responsable para ordenar las medidas que considere adecuadas para lograr el cumplimiento de las determinaciones que emite; por lo demás, la medida de apercibimiento de multa, como se indicó, no es de menor impacto que la multa aplicada con anterioridad dentro del procedimiento de ejecución por lo que no se considera que exista regresión con el dictado del acuerdo combatido. Por consiguiente, no se considera aplicable la jurisprudencia invocada con registro digital: 2019325, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 35/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 980, con el rubro: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO.". Lo anterior además que en dicha tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los efectos y alcances del principio que debe regir en la aplicación e interpretación de los derechos humanos, señalando que la autoridad salvo casos excepcionales no podrá en el ámbito que le corresponde adoptar una medida regresiva, empero en modo alguno como se indicó, en el caso se está desplegando acto alguno que implique una regresión al derecho humano de acceso a la justicia a favor de la quejosa ni mucho menos en relación al de impartición de justicia completa en su vertiente de ejecución de los fallos, pues no se está desconociendo el derecho expresamente reconocido en el laudo, ni disminuyendo la prestación a que fue condenada la demandada; en tanto que la imposición de la medida que refiere, como se dijo, no está amparada por derecho humano alguno. En este orden de ideas, no es acertado que el proceder de la responsable repercuta en la dilación del procedimiento y prive a los promoventes del amparo del derecho de lograr la plena ejecución del laudo, ni que se afecte el derecho de un acceso efectivo a la justicia, como tampoco el derecho a que se garantice por parte del Estado el pronto y efectivo cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, como se prevé en el artículo 25, numeral 2 inciso c de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; ya que como se ha indicado, no se trata de una reiteración interminable de apercibimiento de multas a la parte demandada del juicio de origen; razón por la que no hay elementos para considerar que la autoridad con su actuar paralice ni retrotraiga la ejecución del laudo, máxime que se trata de una medida que procura avanzar en el acatamiento del laudo, toda vez que se advierte que la autoridad responsable está requiriendo al Ayuntamiento demandado para que cumpla con el pago a que fue condenado y lo apercibe con multa en caso de incumplimiento; de ahí que, el acuerdo reclamado procura el cumplimiento del laudo y por ende no priva a la quejosa del derecho a la plena ejecución del laudo. A mayor abundamiento, la determinación combatida no tiene como finalidad o alcance quitar a la actora del juicio natural algún derecho o prerrogativa que hubiese alcanzado con el dictado del laudo respectivo que se encuentra en ejecución; pues por el contrario con el auto de ejecución despachado por la autoridad responsable se busca privilegiar el derecho que adquirió la quejosa a la luz del fallo, garantizando en ello su acceso a la justicia. Por último, es infundado que la responsable haya trasgredido el derecho de respuesta consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna, al no haberse acordado favorablemente la petición en el sentido de que se apercibiera a la demandada con la destitución del cargo en términos de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos; esto es así, al no ser impugnable de forma autónoma como violación al derecho de petición reconocido por el artículo 8o. constitucional, en razón de que el procedimiento se rige por las reglas fijadas en los diversos numerales 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, se aprecia que en el acto reclamado, la responsable otorgó una respuesta congruente a la solicitud planteada, en la que se pronunció en el sentido de ordenar el requerimiento de cumplimiento del laudo, apercibiendo con la medida de apremio que consideró adecuada, sin que necesariamente estuviera constreñida a conceder lo pedido, en la medida que el derecho humano de petición alegado, no impone la obligación de dar respuesta a lo peticionado, siempre e indefectiblemente de forma favorable a lo peticionado, como erróneamente lo alega la parte quejosa. Consecuentemente al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A SEAO GRADY PROCOPIO GARCIA, contra el acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por la Presidenta Ejecutora del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro de los autos del expediente 01/831/16 de su estadística. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe, hasta hoy doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 374/2020-II.Conste.
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Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43 párrafo primero de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CCJ/ST/1115/2021 de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. *Nmtg.
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Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/13/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el quince de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo a la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que en el caso que en el presente asunto se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, lo que significa que esté totalmente integrado y no exista determinación alguna diversa que dictar, la reanudación de plazos ordenada opera hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, caso contrario, esto se verifica en términos de lo ordenado en la Circular antes invocada; por lo que notifíquese el presente acuerdo a las partes, atendiendo a lo determinado en el auto admisorio de este asunto. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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