Sean Pat Patiño Garrido

Expediente 209/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
209/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Sean Pat Patiño Garrido

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de quince de marzo de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Sean Pat Patiño Garrido, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de donde se advierte que el término de cinco días concedido al quejoso Sean Pat Patiño Garrido, mediante proveído de veinticinco de febrero pasado, a efecto de que desahogara la prevención formulada en dicho auto, transcurrió en exceso y habiendo hecho una búsqueda en el libro de correspondencia de este juzgado no se encontró promoción alguna tendente al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, toda vez que el promovente del amparo, no desahogo el requerimiento formulado; téngase por no presentada la demanda de amparo promovida por Sean Pat Patiño Garrido, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en el juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por Sean Pat Patiño Garrido, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 209/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior, procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Prevención. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copia por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De la transcripción anterior se desprende que, el citado numeral no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda solo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Expuesto lo anterior, a efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracción VIII, en relación con el diverso 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, sabedor del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En principio, se destaca que del análisis del escrito de demanda de amparo se advierte que el acto reclamado que señala en el capítulo respectivo, es: a. De las autoridades ordenadoras.- Reclamo la orden de despojo, embargo y las posibles medidas de apremio, consistente en el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras que presumiblemente se haya dictado en mi contra, así como también todos los autos, decretos y resoluciones dictados dentro de cualquier juicio iniciados y seguidos ante las autoridades señaladas como ordenadoras, o cualquier otro trámite seguido ante la PRIMERA autoridad señalada como ordenadora, que tienen por objeto la privación que se pueda llegar a hacer en mi perjuicio, de la legitima posesión y uso de mi propiedades, papeles y posesiones, sin mediar mandato judicial debidamente fundado y motivado, el cual devenga de un juicio seguido en contra del suscrito, en el cual se me hayan respetado mis derechos humanos y en especial el debido proceso y mi remolque, sin haber orden expedida por autoridad competente, quien debió fundar y motivar su procedimiento y debiendo respetar mi derecho a la legitima defensa, y violando en mi perjuicio el principio de legalidad y debido proceso. b. Reclamo también de las mencionadas autoridades ordenadoras el gravamen que pretenden hacer a las propiedades del suscrito solicitando que en tanto se resuelve el presente juicio de garantías se ordene que todas las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto. c. De las autoridades ejecutoras, reclamado la ejecución de la orden de embargo mencionada, así como también el embargo y privación de la posesión y propiedad de mis propiedades y papeles, las cuales pretenden ejecutar, sin existir ningún derecho, sin ningún fundamento legal, ni motivación, así como sin ninguna orden de autoridad judicial que haya fundado y motivado la razón del actuar de las autoridades señaladas como ordenadoras, así como el posible embargo de mis propiedades, sin existir ningún mandato judicial del cual tenga conocimiento." De lo antes expuesto, se advierte que en el punto identificado con la letra a., indica reclamar a todas las autoridades que señala como responsables ordenadoras, la orden de despojo, embargo y las posibles medidas de apremio, consistente en el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras que presumiblemente se haya dictado en mi contra, como también todos los autos, decretos y resoluciones dictados dentro de cualquier juicio iniciados y seguidos ante las autoridades señaladas como ordenadoras; posteriormente indica que todos los actos que reclama los atribuye a "la PRIMERA autoridad señalada como ordenadora, que tienen por objeto la privación que se pueda llegar a hacer en mi perjuicio, de la legitima posesión y uso de mi propiedades, papeles y posesiones". Lo cual genera incertidumbre en el suscrito, ya que es impreciso en señalar si el acto que reclama lo atribuye a la totalidad de las autoridades responsables que indica en el capítulo respectivo, o bien, únicamente a la primer autoridad que ahí precisa. Asimismo, del citado apartado se puede advertir que también reclama la falta de emplazamiento al juicio del que refiere deriva el acto reclamado, al afirmar que se le pretende privar de sus propiedades, papeles y posesiones, sin mediar mandato judicial debidamente fundado y motivado, el cual devenga de un juicio seguido en su contra, pero omite en indicar los inherentes a estos actos destacados, como podrían ser el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra dicho procedimiento del que emana dicha orden y del que refiere no fue llamado a juicio. Luego entonces, en el punto 1 del capítulo de hechos, refiere que con fecha dieciocho de febrero del año en curso, siendo aproximadamente las nueve horas con cuarenta minutos, se presentaron en la empresa donde se encontraba en ese momento sita en Naranjos, manzana cuarenta y siete (47), lote (20), unas personas y le dijeron que si ahí se encontraba la señora Juana Garrido Sánchez o Pedro Patiño Naranjo, a lo que respondió que no se encontraban en ese momento y uno de ellos, le dijo que era actuario del juzgado, sin explicarle otra cosa , y le indicaron que iban a regresar con la fuerza pública y con la autorización para romper cerraduras. De lo antes expuesto, se advierte que el quejoso omite en señalar el domicilio completo en donde afirma se presentaron las personas que señala para los fines que precisa. Finalmente, el quejoso únicamente exhibe catorce copias del escrito de demanda, cuando las necesarias son dieciséis, para distribuirlas de la siguiente forma, trece para las autoridades que señala como responsables, una para el Ministerio Público Federal de la adscripción, y dos para el incidente de suspensión que solicita, el cual se tramita por cuerda separada. Por lo anterior, el quejoso deberá desahogar los siguientes requerimientos: Primero. Deberá precisar si el acto que reclama lo atribuye a la totalidad de las autoridades responsables que indica en el capítulo respectivo, o bien, únicamente a la primer autoridad que ahí señala. Segundo. Deberá especificar, si el acto que reclama es únicamente la orden de embargo o despojo, o también, la falta de emplazamiento al juicio, y para el caso de que señale como acto este último, deberá señalar los datos inherentes a estos actos destacados, como podrían ser el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra dicho procedimiento del que emana dicha orden y del que refiere no fue llamado a juicio. Tercero. Como complemento a los antecedentes, y bajo protesta de decir verdad, deberá indicar el domicilio completo en donde afirma se presentaron las personas que señala en el capítulo de hechos, en el que pretendieron ejecutar el acto que reclama. Cuarto. Deberá proporcionar dos ejemplares más del escrito de demanda, en virtud de que sólo exhibió catorce ejemplares, para distribuirlas en la forma anteriormente precisada. Asimismo, con independencia a las copias requeridas en el punto inmediato anterior, deberá exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio para el completo de los traslados a las partes que intervienen en el presente juicio, toda vez que forman parte integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Tiene sustento en la jurisprudencia a./J. 106/2005, de la Primera Sala, con número de registro 177046, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase al promovente Sean Pat Patiño Garrido, que de no cumplir a cabalidad con los presentes requerimientos en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Toda vez que la parte quejosa no señaló un domicilio particular o procesal; las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo; máxime así lo solicita en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo realizaron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.

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