Scherezada Grajales Salvador
Expediente 597/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2023
Partes del expediente
- Scherezada Grajales Salvador
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto de siete de junio de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, ya que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse desechado la demanda relativa, es susceptible de conservarse, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b) en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "..Tijuana, Baja California, siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Ingrid Laura Avalos Flores, quien se ostenta como apoderada legal de la parte quejosa, a quien le reviste el carácter de autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa. En el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción II -interpretado a contrario sensu ambos de la Ley de Amparo, que literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De conformidad con los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es necesario destacar, que en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De dicho criterio jurisprudencia se desprende que, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. En esas condiciones, se concluye que los "actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo", son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y, que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, bien, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y sus diversas áreas administrativas, no pueden tener el carácter de responsables para los efectos de la demanda de amparo promovida, ello por la naturaleza de los actos que se le atribuyen, ya que sus resoluciones no son vinculantes para las autoridades fiscales federales ni para los particulares, por lo que no crean, modifican o extinguen alguna situación jurídica, pues la resolución primigenia subsiste en cuanto a las afirmaciones en ellas contenidas. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo vigente. Luego, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Ahora bien en el caso concreto los actos que por esta vía se reclaman derivan de un procedimiento alternativo, esto es, la queja en contra de la negativa de ofrecer medios de prueba - comprobante fiscal digital por internet (CFDI)-, que acreditaran la retención sobre el pago del laudo condenatorio. El cual, de llegar a darse, deriva de la voluntad consensuada de las partes manifestada ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la que, a su vez, suscribirá el acuerdo en los términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 69-E del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, como se trata de un procedimiento potestativo, se rige, entre otros principios bajo el de voluntariedad, de acuerdo con el dispositivo mencionado en el párrafo anterior del propio ordenamiento, pues únicamente prospera si ambas partes estuvieren de acuerdo. De lo contrario, si existe oposición expresa de alguna de ellas de acogerse a este medio alternativo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra entonces impedida de emitir un acuerdo conclusivo que resulte vinculante, puesto que nunca nació la voluntad de una de ellas, en este caso de la autoridad fiscal. Lo que implica una negación expresa a continuar con dicho medio alternativo y seguir con el procedimiento administrativo del que emana el aludido acuerdo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º, 5º, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, los alcances de los acuerdos y recomendaciones que emite esa procuraduría, con motivo de las quejas interpuestas por los contribuyentes, aun cuando culminen en una recomendación pública, no vinculan a la autoridad a cumplir con esa determinación. De ahí que jurídicamente no crean ni extinguen derechos ni obligaciones de los contribuyentes, así como tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos. Por tanto, la autoridad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente -Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Delegación Mexicali-, que emitió el acuerdo reclamado, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así tenemos que, de la lectura de los indicados preceptos se puede advertir, en lo que interesa, que las determinaciones que emita la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en atención a las quejas, reclamaciones y sugerencias que sean de su conocimiento, no crean ni extinguen derechos ni obligaciones de los contribuyentes. Tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos, por tanto, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que no son vinculatorias. Sustenta lo anterior la siguiente tesis aislada, cuyo criterio resulta orientador al caso y es compartido por el suscrito: "PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. AL NO EMITIR RESOLUCIONES VINCULANTES, NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se obtiene que las resoluciones dictadas por este organismo, al conocer de las quejas interpuestas por los contribuyentes en contra de autoridades fiscales federales, no vinculan a éstas ni al particular, ya que aun si se emite alguna recomendación a la autoridad, ésta no está obligada a acatarla, además de que lo resuelto en dicha queja no crea, modifica o extingue alguna situación jurídica, pues la resolución primigenia (que motivara la queja), subsiste en cuanto a las afirmaciones en ella contenidas. Por tanto, dicha procuraduría no es autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. (Época: Decima Época. Registro: 2005088. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 2013. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.A.61 A (10a.) Página: 1212)." Máxime que el propio acuerdo conclusivo a que se pudiese llegar con determinada autoridad fiscal carece de fuerza vinculatoria, por lo que lo acordado en éste no podría ser impugnado como un acto que afecte al esfera jurídica de la parte quejosa. Pues como ya se expuso reiteradamente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, aparte de actuar como mediadora en dichos procedimientos, carece de atribuciones para hacer cumplir sus acuerdos y determinaciones. Por lo que si la conclusión de éste no puede ser controvertida vía juicio de amparo, por ende, tampoco lo son los actos emitidos durante su substanciación al no irrogarle perjuicio alguno a los particulares. Ello en razón de que no les reviste la característica de ser actos de autoridad, dada su naturaleza como medio alternativo de solución de controversias De conformidad con los razonamientos antes apuntados resulta notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción II -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermo Peñuñuri Yepiz, Juan Pablo Martín Ornelas y Pedro Jesús Torres Salazar; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Fredy Miguel Rentería Bojorquez y Mayerling Rochin Soto, toda vez que no cuentan con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, en relación con la solicitud de acceso electrónico dígasele que, por el momento, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no corresponde el usuario al nombre de la persona señalado en el escrito que se atiende, lo que en términos de los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, resulta indispensable para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar si los titulares de dichos "nombres de usuarios", en efecto, cuentan con facultades suficientes para obtener los permisos para la consulta del expediente y, en su caso, conceder la autorización respectiva. Por tanto, una vez que proporcione esa información y previa insistencia de su parte, se acordará lo conducente. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. En otro tenor, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.."
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, se giró el exhorto electrónico 212/2023, número de orden 215/2023 al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a fin de que en auxilio de este Juzgado haga entrega de los oficios 2316 y 7041 a la autoridad Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que se encuentre en aptitud de cumplir con el requerimiento realizado en autos, el cual se encuentra pendiente de diligenciar. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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