Sayuri Mildreth Martínez García

Expediente 881/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
881/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
06/08/2018

Partes del expediente

  • Sayuri Mildreth Martínez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 881/2018-VIII, promovido por +++por su propio derecho. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estime pertinente sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, con el apercibimiento que de no rendir el informe solicitado, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, de artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FIJACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. ACTO RECLAMADO El embargo, su inscripción, así como la orden de trance y remate del bien inmueble respectivo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 275/2016, del índice del Juzgado Mixto de Yajalón, Chiapas. Y solicitó la medida cautelar para los siguientes efectos: ".procede la suspensión del acto reclamado con la finalidad de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, y no se saque a remate en publica almoneda mi propiedad. (sic)" Por tanto, se procederá al pronunciamiento de la medida solicitada con base en sus propias manifestaciones y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 147, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a petición de parte, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita y las razones por las cuales debe proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no especifica los términos para los cuales debe concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador determina que procede conceder la suspensión del acto reclamado, puede hacerlo para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal. En efecto, los jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla. Así también, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 128, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa acreditó su interés suspensional con el original del certificado de libertad o gravamen con número de registro 1221, 1222 y 1223, todos de dos de marzo de dos mil quince, constancias que se encuentran agregadas al juicio principal y cuya copia certificada obra en el presente cuaderno incidental; además que se reúnen los requisitos que se señalan en dicho numeral; aunado a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de ejecutarse el acto reclamado se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, con el fundamento legal antes invocado además de los artículos 139, 147, 150, y 163, de la Ley de la materia, se concede la suspensión provisional a la quejosa Sayuri Mildreth Martínez García, para que, no obstante el procedimiento de remate siga su curso, las autoridades responsables deberán abstenerse de ordenar la escrituración del bien inmueble sujeto a remate ubicado en avenida Miguel Hidalgo, número 82, en Chilón, Chiapas, así como su entrega a cualquier adjudicatario; hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva que se emita en el presente incidente, siempre y cuando no se haya llevado a cabo. Resulta aplicable en la parte que interesa, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 4/2009, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Así también, la Jurisprudencia, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECRETARLA A FAVOR DE UN TERCERO EXTRAÑO DEBE PROBAR SU INTERES JURIDICO.- Cuando el quejoso se ostente como tercero extraño al procedimiento del juicio generador, es necesario, que acredite aunque sea presuntivamente, su interés jurídico para que se le conceda la suspensión del acto reclamado, sin que pueda considerarse demostrado con la simple manifestación de la parte que no tuvo en el juicio respectivo, en el sentido de que el inmueble disputado se encuentra en posesión de dicho tercero extraño". Además, en lo conducente, el criterio, del rubro y texto siguiente: "REMATE. LA ESCRITURACIÓN, LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYEN UN ACTO CONSUMADO, SINO QUE SON EFECTOS DIRECTOS E INMEDIATOS, DE SU RESOLUCIÓN APROBATORIA, Y, PREVIA FIANZA CABE CONCEDER EN SU CONTRA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Cuando de la demanda de garantías aparece que se reclama una resolución, mediante la cual se aprobó el remate correspondiente, resulta que la misma, en cuanto a sus efectos y consecuencias, no puede ser un acto consumado, debido a que la materia de la suspensión no es el acto reclamado en sí mismo, sino los efectos que produce, o sea, la ejecución; y por lo que respecta a la escritura de traslación de dominio, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y la posesión, no son actos inciertos o improbables, sino consecuencia inmediata y directa de la resolución aprobatoria del remate, impugnada en el juicio constitucional. Por lo tanto, en términos del artículo 125 de la Ley reglamentaria aplicable, y previo el otorgamiento de una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el amparo, procede conceder la suspensión definitiva solicitada, en contra de la escrituración, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad a nombre del adjudicatario y la posesión, máxime si de toma en cuenta que para la procedencia de tal medida cautelar, no es indispensable pedir amparo contra la autoridad ejecutora, que no se haya señalado a alguna autoridad como ejecutora, o que no se mencione como acto reclamado la ejecución, debido a que, esta última, deriva necesariamente de la resolución de segunda instancia que se combate en el juicio de amparo. FIJACIÓN DE LA GARANTÍA. Con fundamento en el artículo 136, de la Ley de Amparo, dicha medida cautelar decretada con anterioridad surtirá sus efectos de inmediato pero dejará de surtirlo, si la quejosa no exhibe dentro de un término de cinco días, contados a partir de la legal notificación, garantía en cualquiera de las formas establecidas en Ley, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que se fija a discreción de este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 132, de la Ley de la Materia, que se considera suficiente para responder de los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados con la suspensión del acto reclamado. Es aplicable al caso, la Tesis, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta." En caso de que exhiba la garantía señalada mediante póliza expedida por Compañía Afianzadora, el documento en que conste deberá precisar, el nombre y domicilio de la persona autorizada para que sea requerida de pago en esta ciudad y/o agente autorizado, así como domicilio para oír y recibir notificaciones; al igual que la vigencia de la póliza deberá de ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo; en la inteligencia que tal medida suspensional que se otorga, no tendrá efectos restitutorios de haberse llevado ya a cabo la ejecución del acto reclamado o alguno otro diverso, tendiente a la desposesión del bien inmueble que dice ser propietario. NOTIFICACIÓN A LOS TERCEROS INTERESADOS. Ahora bien, toda vez que los terceros interesados: Carlos Rubén Cañas Parada, con domicilio en callejón innominado localizado en calle tercera poniente sin número, entre segunda y tercera norte, segunda planta, del barrio de Jonuta, en Yajalón, Chiapas. Pedro Joel Merlín Constantino, con domicilio en calle Zaragoza número 28, barrio Guadalupe en Chilón, Chiapas. María Enedina Guiaro Domínguez, con domicilio en calle Zaragoza número 28, barrio Guadalupe en Chilón, Chiapas. Pueden resultar afectados con la concesión de la medida cautelar en cita; en consecuencia, notifíquese este auto suspensorio para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." Para ello, tomando en consideración que el domicilio de los terceros interesados antes descritos, se encuentran distantes a la residencia de éste Órgano jurisdiccional; por conducto de la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, con sede en Yajalón, Chiapas, y para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto del Actuario Judicial de su adscripción, notifiquen a los terceros interesados en cita, en los domicilios antes señalados. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término antes señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hecho que sea devolverlo a la brevedad posible. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda, y como lo solicitó, ténganse como autorizados en términos de la parte in fine del referido artículo 12, con relación al numeral 24, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indicó. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68, y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente cuaderno incidental, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    El escrito de cuenta, signado por +++ mediante el cual, desahoga la prevención realizada en proveído de diez de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. De la demanda de garantías se advierte que se reclama: El embargo, su inscripción, así como la orden de trance y remate del bien inmueble respectivo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 275/2016, del índice del Juzgado Mixto de Yajalón, Chiapas. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la ley normativa del juicio de garantías, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibidas que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se les impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1, de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a: Carlos Rubén Cañas Parada, con domicilio en callejón innominado localizado en calle tercera poniente sin número, entre segunda y tercera norte, segunda planta, del barrio de Jonuta, en Yajalón, Chiapas. Pedro Joel Merlín Constantino, con domicilio en calle Zaragoza número 28, barrio Guadalupe en Chilón, Chiapas. María Enedina Guiaro Domínguez, con domicilio en calle Zaragoza número 28, barrio Guadalupe en Chilón, Chiapas. Ahora bien, tomando en consideración que el domicilio de los terceros interesados antes descritos, se encuentran distantes a la residencia de éste Órgano jurisdiccional; por conducto de la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, con sede en Yajalón, Chiapas, y para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto del Actuario Judicial de su adscripción, emplace a juicio con copia simple del escrito de demanda a los antes señalados, en los domicilios antes descritos; asimismo, al momento de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción II, de la ley de la Materia. Se hace saber a la autoridad oficiada que corresponda diligenciar el oficio que al efecto se le envié, que para la realización de la diligencia que se solicita deberá observar los lineamientos establecidos en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, para el emplazamiento; esto es, que el funcionario que se encargue de la presente diligencia deberá cerciorarse que el lugar en el que se encuentre es el domicilio donde viven las personas a notificar, luego si encuentra a las persona buscadas, deberá emplazarlos a juicio con copia de la demanda, pero para el caso de que a la primera búsqueda no la encuentre en su respectivo domicilio, deberá dejar citatorio para que dentro de dos días hábiles siguientes, acudan a ese Juzgado, especificando el número de expediente, dicho citatorio deberá dejarlo con la persona que encuentre en el domicilio; ahora bien si aún cuando deje citatorio para que acuda al Juzgado de su adscripción, y si las personas buscadas no acuden a la cita, deberá hacer el emplazamiento que se ordena, mediante lista que se publica en el local de dicho juzgado. Asimismo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, deberá habilitar días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término antes señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos Sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hecho que sea devolverlo a la brevedad posible. Por otra parte, tocante, a la certificación que antecede de los juicios de amparo 881/2018 y 817/2018, del índice de este juzgado. Atento a su contenido, se acuerda: ACUMULACIÓN Ahora, como se advierte que en este órgano de control constitucional, se tramita el diverso juicio de amparo 817/2018, promovido por María Enedina Guirao Domínguez, contra actos del Juzgado Mixto de Yajalón, Chiapas y otras autoridades, de quienes reclama el emplazamiento y embargo efectuado a la parte quejosa dentro del juicio ejecutivo mercantil 275/2016, del índice del Juzgado Mixto de Yajalón, Chiapas; y en vía de consecuencia, todo lo actuado dentro del mismo; lo que se corrobora con los autos del juicio de amparo referido, mismos que se traen a la vista como un hecho notorio. Tiene aplicación la tesis de la literalidad siguiente: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. En este contexto, y toda vez que en el presente juicio de amparo 881/2018, promovido por Sayuri Mildreth Martínez García, contra actos del Juzgado Mixto de Yajalón, Chiapas y otras autoridades, también se les reclama el embargo, su inscripción, así como la orden de remate del bien respectivo, practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil 275/2016, del índice del Juzgado Mixto de Yajalón, Chiapas; a fin de evitar resoluciones que pudieran ser contradictorias entre sí; en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en los artículos 66 y 67, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°, procede decretar de plano la acumulación de este juicio de amparo al 817/2018, del índice de este juzgado, pues del sello de recepción de las demandas de amparo en mención, se advierte que esta última es la más antigua, por haber sido registrada a las diecinueve horas con quince minutos del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mientras que el presente juicio fue registrado a las veintidós horas con tres minutos del seis de julio de este mismo año. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia que dice: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. En esa tesitura, glósese este expediente al juicio de amparo 817/2018, para los efectos legales a que haya lugar. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se reitera la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 817/2018, la cual tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, a fin de decidir en una sola audiencia los amparos acumulados. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Acuérdese lo conducente en los cuadernos respectivos.

  3. Principal

    I. La ratificación de firma que antecede. II. El escrito de dieciocho de julio del presente año, signado por Sayuri Mildreth Martínez García, mediante el cual, pretende desahogar la prevención realizada en proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que se le requirió: "PRIMERO. Acto reclamado. Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que inmediatamente le causa perjuicio, toda vez que del análisis íntegro de la demanda, se advierte que señaló: la diligencia de embargo ordenada en auto de exequendo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis y practicada el siete de noviembre de dos mil dieciséis; la inscripción del propio embargo; así como el remate ordenado en proveído de treinta de mayo del año dos mil dieciocho, sobre un inmueble de su propiedad. Lo que hace impreciso el acto que en concreto le causa agravio, aspecto que debe aclarar para establecer la relación procesal en el juicio de amparo. . SEGUNDO. Autoridad responsable. Deberá precisar qué acto le reclama a cada autoridad señalada como responsable, y en ese sentido, señalar la fecha del acto, si está contenido en algún oficio, acuerdo, auto, proveído, resolución u otro tipo de acto, y de ser así, identificarlo por número de juicio o expediente; lo anterior, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación jurídico procesal en el juicio de garantías. TERCERO. Antecedentes. Señale completa y pormenorizadamente los antecedentes del acto reclamado; esto es, precise cómo y cuándo tuvo acceso a las actuaciones del juicio de origen que citó en su escrito de demanda; o bien, cómo y cuándo tuvo conocimiento de los hechos que relacionó en el mismo; y en general, relacione en orden cronológico los antecedentes del acto reclamado que servirán de fundamento a los conceptos de violación." Al efecto, se acuerda: Del libelo que se provee, se advierte que la ocursante en el escrito aclaratorio no desahoga la prevención referida. Se dice lo anterior, pues de las manifestaciones que realiza, no se advierte que haya expresado de manera clara y precisa lo requerido. Lo anterior, es necesario que la parte quejosa justifique con datos suficientes y objetivos la proximidad de los efectos del acto que reclama, antecedentes del mismo y las autoridades responsables; máxime que lo anterior, tiene como propósito que este juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de los únicos elementos con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la ampliación de demanda, por lo que los mismos deben crear certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En consecuencia, mediante notificación personal que se realice en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; requiérasele de nueva cuenta, en términos del artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, manifieste de manera clara y precisa lo requerido. En ese tenor, hágase del conocimiento de la promovente, que debido a que el memorial de cuenta, fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Tuxtla Gutiérrez, el dieciocho del presente mes y año, interrumpe el plazo otorgado y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; por tanto, aún cuenta con dos días para que cumpla con el referido requerimiento. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 400, del siguiente rubro y texto: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En la inteligencia, de que deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para emplazar a juicio a las partes.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por ***, por medio del cual pretende dar cumplimiento al acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, en el cual se mandó a prevenir para que aclarara la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: Atento a lo anterior, a efecto de acordar lo que conforme a derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado en día y hora hábil a efecto de ratificar y manifestar bajo protesta de decir verdad si la firma del escrito de cuenta fue puesta con su puño y letra, toda vez que a simple vista se aprecia que la firma de quien hoy promueve, no concuerda con el plasmado en el ocurso de la demanda; apercibida que de no hacerlo dentro del término requerido, se tendrá por no presentado dicho escrito. Sirve de apoyo por analogía la siguiente tesis. "RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO.- Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado" En el entendido de que si la promovente comparece a ratificar la firma, y si se aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada en la diligencia de ratificación, el suscrito Juzgador ordenará oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad. Es aplicable a lo anterior la siguiente Jurisprudencia: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Con la salvedad que si con motivo del resultado de la pericial, se llegare a demostrar que la primera firma resultare falsa, se dará vista al Ministerio Público, para que se investigue el delito de falsedad de declaraciones judiciales.

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