Sayra Leyva Hernández
Expediente 314/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sayra Leyva Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión provisional. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.*EWH
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 314/2019-III, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en este juzgado, *******************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, de quien reclama: *** LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DE LA SUSCRITA QUEJOSA. LA FALTA DE REQUERIMIENTO PREVIO DE PAGO A LA SUSCRITA. EL EMBARGO QUE PRETENDE REALIZAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONTRA DE LA SUSCRITA. *** SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo conviene en la existencia del acto que se le atribuye consistente en el embargo de bienes a nombre de Sayra Leyva Hernández. TERCERO. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa solicita la suspensión de la ejecución de la orden de embargo que señala como acto reclamado. Respecto a la medida cautelar que solicita la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, dado que la parte quejosa no acreditó, ni aun a nivel indiciario, la titularidad del derecho que aduce afectado. Para evidenciar el anterior aserto, es conveniente establecer que de conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: a) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; b) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; c) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, d) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. A partir de esa base jurídica, como se adelantó, en el presente caso resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados que formula la parte quejosa, al no encontrarse acreditado el interés jurídico necesario para su otorgamiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional. De esta manera, la sola manifestación de la parte quejosa en el sentido de que son de su propiedad los bienes respecto de los que realizó el embargo, por instrucciones de la autoridad responsable resulta insuficiente para demostrar el interés jurídico que aduce tener para obtener la suspensión de los actos reclamados, pues la sola manifestación: "los únicos bienes que poseo como patrimonio familiar", no se encuentra corroborada en autos con algún elemento de prueba que pudiera generar en este Juzgador convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues no exhibió documento alguno para acreditar la propiedad de los bienes que dice son de su propiedad, ni alguna otra de la que pudiera quedar evidenciado, a nivel presuntivo, la afectación a sus derechos. En efecto, dado que para la procedencia del otorgamiento de la suspensión se requiere, como presupuesto básico que la parte quejosa resienta una afectación a su interés jurídico o legítimo, lo cual debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional; por ende, si en el presente caso no se exhibieron pruebas que demuestren la titularidad del derecho afectado, es decir, que la quejosa es la titular de los bienes respecto de los que se realizó el embargo, tal omisión no permite decretar el otorgamiento de la medida cautelar solicitada. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, dado que no ofreció alguna prueba idónea para acreditar, al menos indiciariamente, su interés jurídico del que se pudiera advertir que le causan agravios los actos reclamados, se impone negar la suspensión definitiva. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial número III.2º. A.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la que puede ser consultada en la página 46, del tomo 52, del mes de abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es el siguiente: SUSPENSION. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa. Así como la diversa tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 309, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, Octava Época, del rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO PARA OTORGAR LA. La negativa de la suspensión definitiva se ajusta a derecho, cuando el quejoso no acredita su interés jurídico, aun cuando sea en forma presuntiva. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a **************, contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa ************** y su ratificación, por medio del cual, se desiste del presente juicio de amparo, el cual quedó ratificado en comparecencia de veintinueve de los actuales, en la que señaló lo siguiente: ".que comparece para ratificar el escrito de desistimiento presentado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el expediente 314/2019-III, y que reconoce la firma estampada en el mismo, como puesta de su puño y letra, para los efectos legales a que haya lugar, manifestando que por así convenir a sus intereses, se desiste del presente juicio de amparo.". Ahora, dado que de autos se advierte que la demanda la promovió ***************, por su propio derecho, es procedente tenerla por desistida de la demanda de amparo que originó este juicio de control constitucional. En las relacionadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, promovido ***************, contra actos del Servicio de Administración Tributaria. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, consultable en la página 240, del Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. Por lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, por su propio derecho, contra actos del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 314/2019-III. Tramítese el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las diez horas con veinte minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que en relación con este expediente se le dirija, en el entendido que de negarse a recibirlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a *******, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que no se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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