Saulo Serrano Malvaez

Expediente 1349/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1349/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Saulo Serrano Malvaez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente Saulo Serrano Malvaez interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar.En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 10 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciséis. Visto el escrito aclaratorio signado por Saúl Serrano Malvaez, con el que en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de septiembre de esta anualidad, manifiesta lo siguiente: ".El acto que reclamo consiste en la interlocutoria dictada el día veintidós de agosto del año actual de la cual emana del juicio de Ampao (sic) 137/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. La notificación que impugno de ilegal es la de la sentencia dictada en el juicio de Amparo 137/2016, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Ya que la notificación que refiero no se realizó correctamente por lo que interpuse el incidente de nulidad de notificaciones que contiene la resolución reclamada. Sin embargo el propio auto de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis el Órgano Jurisdiccional acordó que SE NOTIFICARA DE MANERA PERSONAL." Ahora bien, del análisis integral realizado a la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, consiste en: "La resolución interlocutoria dictada el veintidós de agosto del año en curso en autos del juicio de Amparo 137/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y; Por tanto, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de garantías que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que se reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...). IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De conformidad con el precepto mencionado, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. El precepto y fracción citados son claros al establecer la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas en otro juicio de garantías, lo que se traduce en el hecho que, no puede intentarse el juicio de garantías en contra de actos que se reclamen a un juzgador federal. Lo anterior obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado; por lo que, sus resoluciones o actos al respecto no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la interposición del juicio de amparo. De lo que se sigue que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de garantías que se analiza es improcedente, pues en ella el inconforme se duele de la resolución interlocutoria dictada el veintidós de agosto del año en curso en autos de incidente de nulidad de notificaciones relacionado al juicio de Amparo 137/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; lo que sin lugar a dudas trae como consecuencia la actualización del motivo de improcedencia citado, dado que el acto reclamado por la quejosa es atribuido a un juez de Distrito y dicho acto no se encuentra sujeto al control constitucional, debido a que precisamente fue dictado por un órgano que ejerce dicha función, como órgano de amparo. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo, contra las cuales éste es improcedente, son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía e identidad jurídica en lo sustancial el criterio que a continuación se transcribe. AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo , se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho. En consecuencia, es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en la presente instancia constitucional es atribuido a un órgano de control constitucional, Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia anotada..."

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Visto el oficio la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del cual remite el juicio de amparo 1335/2016 de su índice, con siete copias de un escrito de demanda, promovido por Saúl Serrano Malvaez; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1349/2016-III-A. Signifíquese que la demanda de cuenta se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece Ahora bien, de las mencionadas constancias se advierte que el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal En el Estado de Puebla, se abstuvo de conocer de la demanda de garantías promovida por Saúl Serrano Malvaez, contra de actos del Juez oficiante, que hizo consistir la interlocutoria dictada el veintidós de agosto de dos mil dieciséis en el incidente de nulidad de notificaciones promovida por el quejoso a partir del auto de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pues el demandante constitucional señaló como autoridad responsable al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y se declaró legalmente incompetente para conocer de este asunto. Por lo que la suscrita secretaria encargada del despacho se avoca al conocimiento del asunto, acúsese recibo correspondiente. Luego, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: Manifieste, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) Si el acto reclamado consistente en la interlocutoria dictada el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, emana del juicio de amparo 137/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. b) Si la notificación que impugna de ilegal es de la sentencia dictada en el juicio de amparo 137/2016; y, C) Si en contra de la notificación que refiere no se realizó correctamente se interpuso el incidente nulidad de notificaciones que contiene la resolución reclamada. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que a la autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo en vigor, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados, así como manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, en lo que aquí interesa, la tesis VI.1o.19 K sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto son: DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio. Luego, para fijar con exactitud la litis constitucional se realiza la prevención. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la manera siguiente: una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, cinco para la parte tercero interesada. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el propio quejoso y no por conducto de las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, no obstante que la parte quejosa manifestó que es su deseo autorizarlas en los términos amplios del citado precepto, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los profesionistas que indica cuentan con cédula de licenciado en derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública, pues el sólo hecho de indicar sus nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial"

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