Saulo Santos Ochoa

Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
363/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Saulo Santos Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria del recurso de queja 97/2023 interpuesto por el quejoso Saulo Santos Ochoa, en contra del proveído de dieciseis de marzo de dos mil veintitrés (foja 26-43), así como las copias certificadas del expediente en que se actúa. Acúsese recibo vía interconexión; para lo cual se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, firmar electrónicamente el mismo e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. Ahora bien, el Tribunal de Alzada en ejecutoria de treinta y uno de agosto del año en curso, resolvió: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *** contra la autoridad y acto precisado en el resultado primero de esta ejecutoria." Se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, a fin de que realice las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de control electrónico respectivo. Luego, tomando en consideración que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró infundado el recurso de queja contra el auto de dieciseis de marzo de dos mil veintitrés (foja 26-43),, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda se garantías; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I , y 9 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 23 , del acuerdo multicitado. 3. Se ordena estampar el sello de DESTRUIBLE en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 34 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del que se advierte que mediante proveído de diez de abril del año en curso, el Magistrado Presidente de ese órgano colegiado, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el peticionario de amparo ***, contra el acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, emitido en el juicio de amparo en que se actúa; el cual quedó registrado bajo el número 97/2023. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa ***, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 26 a 43), por el que se desechó la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 26 a 43), por el que se desechó la demanda de amparo. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda de amparo. INFORME DE QUEJA. De conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. REMISIÓN DE CONSTANCIAS. Atento a lo anterior, envíense de inmediato el original del presente juicio de amparo, así como el escrito de agravios signado por la parte quejosa ***, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común de dichos órganos colegiados, para la substanciación del medio de impugnación referido, previo cuaderno de antecedentes que se forme al respecto. VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE. La Oficial Judicial "A" deberá proceder a la vinculación del expediente electrónico del presente expediente a través de la opción "Relacionar Expediente de Origen", con el fin de que esté disponible para consulta del Tribunal Colegiado. Asimismo, hágase la anotación correspondiente en el libro de Control Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente al quejoso a través de su autorizado.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de Huixtla, Chiapas y otras autoridades, la cual obra en copia simple con la firma del promovente y con la firma electrónica de ***. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de control electrónico y registrar bajo el número de juicio de amparo 363/2023-I-A. CONSIDERACIONES PREVIAS En principio, es necesario señalar que Ley de Amparo, en sus numerales 3 y 15, en relación con el 109, faculta a cualquier persona a promover demanda de amparo en nombre de otra que, por sus condiciones, está imposibilitada para suscribir una demanda de amparo; incluso, para el caso de que la demanda se presente vía electrónica, es factible tramitarla a pesar de que no esté firmada por su remitente. Sin embargo, dichos supuestos de representación extraordinaria, están limitados a que los actos reclamados en la demanda estén dentro de aquellos catalogados como urgentes por el propio artículo 15 de la Ley de Amparo, o bien, dentro de los contemplados y prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, en el caso concreto, a criterio de la suscrita juzgadora, no se verifica esa última condición, dado que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el directo quejoso ***, son los siguientes: *** DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular, se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, en primer lugar es preciso señalar que la demanda de amparo de que se trata, fue enviada a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo que en relación a dicho procedimiento, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Conforme a la reglamentación señalada, es claro que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, es menester destacar que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señala que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En el caso que nos ocupa, tomando en consideración las razones expuestas con anterioridad donde se explicó que los actos reclamados no son de los que se requiera la suspensión material y urgente y que la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo; por ende, debe decirse que acorde a la firma que aparece en la última foja del escrito de demanda y conforme a la evidencia criptográfica que se encuentra anexa a la demanda y en cada una de las fojas que la compone, se tiene que la misma fue firmada electrónicamente por ***, y no por el directo quejoso ***. Consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercer un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien reciente el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito, si con facilidad se vislumbra que persona distinta al agraviado firmó la demanda presentada vía electrónica. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo electrónico correspondiente al directamente agraviado, que equivale a la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa promovido por ***, de conformidad con lo dispuesto por los numerales señalados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo I, página 5, Materia(s): Común, Undécima Época, registro digital 2025488, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre la falta de la firma electrónica en la demanda de amparo indirecto presentada durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y arribaron a posturas contrarias, pues para un Tribunal debía desecharse de plano, en virtud de que existían otros medios para instar el juicio constitucional, esto es, por escrito, mientras que el diverso Tribunal estimó que era dable su admisión porque la vía electrónica constituía la única opción para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico: Aun en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que carezca de la firma electrónica del promovente, salvo que se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el juicio se promueva con fundamento en el diverso 15 del mismo ordenamiento legal. Justificación: Durante la pandemia por el virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la normativa para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales para la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, procurando la atención de casos urgentes bajo el estricto distanciamiento social y el trabajo a distancia. Por tal razón, a fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos como a las personas justiciables, se emitió un catálogo enunciativo y no limitativo de los asuntos considerados como urgentes, respecto de los cuales podría promoverse indistintamente el juicio constitucional por medios impresos o electrónicos, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En ese tenor, no se advierte una razón suficiente para que, en la contingencia sanitaria, se dispensara de la firma electrónica para presentar la demanda de amparo mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al juicio constitucional, ya que la forma impresa también se garantizó para presentar demandas de amparo. No se desconoce, como hecho notorio, que en la crisis sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran ante las autoridades competentes a realizar los trámites respectivos para obtener su firma electrónica y promover el juicio de amparo por esa vía; sin embargo, tal requisito no puede considerarse como una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, en la medida en que la presentación por medios electrónicos de la demanda integraba una de las opciones para instar el juicio constitucional, ya que los justiciables estuvieron en aptitud de presentar el escrito inicial por cualquiera de las vías disponibles (electrónica o por escrito), de tal manera que el requisito de firmar electrónicamente la demanda en el esquema de contingencia para evitar la concentración de personas y la propagación del virus en los órganos jurisdiccionales, no puede catalogarse como una exigencia que imposibilitara la promoción del juicio de amparo en detrimento del derecho de acceso a la justicia." En ese sentido, con fundamento en el artículo 113, con relación al numeral 61, fracción XXIII, y éste en relación con los diversos 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por los actos de autoridad. Siendo pertinente aclarar que en la especie no resulta procedente requerir al directamente agraviado para que corrija tal circunstancia, en virtud de que la firma electrónica que aparece en el documento pertenece a persona diversa al impetrante, quien comparece, al parecer como su autorizada legal; por ende, dicho requisito no es de aquellos de los que prevé el artículo 108 de la Ley de la Materia, que pueda subsanarse a través de un requerimiento, sino como ya se dijo, es la voluntad del que acude ante el órgano de control constitucional a promover en su nombre juicio de amparo; por lo tanto, dicho caso no queda comprendido dentro de las prevenciones subsanables por el primero de los numerales citados. Aunado a lo anterior, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte del promovente no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que dé lugar a su aclaración pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. De ahí que si el directo quejoso Saulo Santos Ochoa, eleva el reclamo respectivo, y no se cuenta con la firma electrónica necesaria para validar la voluntad de instar el presente juicio, al haber presentado su demanda en la vía electrónica, en equivalencia de la firma autógrafa respectiva, sino que quien firmó la demanda es diversa persona; es evidente que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada para proceder al trámite de su demanda. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que de la demanda en cuestión, se advierta que se encuentre signada al parecer por el directo quejoso, ya que ésta al ser una copia simple, carece por sí misma, de valor probatorio pleno, por lo que, resulta insuficiente para satisfacer el requisito de instancia de parte agraviada, ya que no debemos de perder de vista que la firma electrónica con la que fue promovida la demanda, no tiene el efecto de certificar documentos, sino únicamente la de autentificar los escritos que promueva el titular de la evidencia criptográfica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 214 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Quinta Parte, página 71, registro 242775, que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así como la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Compilada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, octubre de 1992, página 315, registro 21842, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad para tal efecto. Como lo solicita el quejoso, téngase como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Alberto Nagaya Villatoro; y con apoyo en el diverso 24 de la misma Ley, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Pedro Humberto Martínez Esquinka, Teresa de Lourdes Moreno Soto y Raúl Martínez Esquinca. Ahora, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso ***, quien se encuentra recluido en el ***, con sede en Huixtla, Chiapas, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda y se constituya a las instalaciones de dicho centro penitenciario, y notifique personalmente al inconforme el presente auto. Se hace del conocimiento del referido Juez que deberá remitir a este órgano jurisdiccional en el término de cuarenta y ocho horas, que se contará a partir de la notificación de este auto, las constancias relativas al cumplimiento de la notificación encomendada, o en su caso, informar el impedimento legal que para ello tenga; apercibido que de no acatar lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en la parte in fine del artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado, se solicita habilite horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.h tm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies1 y 263,2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al defensor, y por despacho a la parte quejosa.

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