Saulo Jiménez Zariñán
Expediente 926/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Saulo Jiménez Zariñán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
II... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior al quejoso y archívese el presente asunto. De conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión ...
- Principal
II... Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se requirió al promovente, entre otros, para que precisara la naturaleza, vía o tipo de juicio del que deriva el acuerdo de veintiuno de junio del año en curso; asimismo, exhibiera o transcribiera en su integridad dicho proveído. Luego, el ocho de octubre presentó un escrito tendente a desahogar la prevención ordenada en autos, al cual anexó copia simple de la resolución reclamada en esta vía constitucional; por tanto, aún y cuando dicho escrito se tuvo por no presentado, debe indicarse que al tener noticia completa del auto aquí combatido este juzgador se encuentra en condiciones de proveer la demanda y escrito de desahogo en los términos siguientes: Vista nuevamente la demanda de garantías promovida Saulo ..., por propio derecho y ostentándose como albacea y representante de la sucesión a bienes de Saulo Rubén Jiménez Leal, contra actos de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México y otra autoridad. Sin que hay lugar a tener como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Décimo de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero; toda vez que no reúne los requisitos establecidos en el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el citado numeral dispone que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, y tomando en consideración la naturaleza del acto que se le reclama a la citada autoridad, el cual no es realizado con imperio y facultad de decisión, por lo que aun cuando, pudiera depender jerárquicamente del titular del órgano al que se encuentra adscrita o mantenga relación con éste, ello no significa que deba tenerse como autoridad responsable para este juicio de amparo, pues su actuar sólo podrá llevarse a cabo de manera subordinada de aquél de quien depende, por tanto, no le asiste el carácter de autoridad responsable. Ahora, de la lectura de la demanda que se provee se advierte que se reclama: a. El resolutivo segundo de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México; en el toca 457/2021. b. El auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado en el Juicio Ordinario Civil de Petición de Herencia 865/2020 emitido por el Juez Décimo de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, en el cual, el juez responsable inadmitió las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandada. Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que en el presente asunto respecto al acto reclamado señalado en el inciso b), se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; bajo las siguientes consideraciones. El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Situación que se actualiza en la especie, pues el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado en el Juicio Ordinario Civil de Petición de Herencia 865/2020 emitido por el Juez Décimo de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, en el cual, el juez responsable inadmitió las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandada, fue sustituido procesalmente por la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, dictada en el toca 457/2021. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto al acto reclamado señalado con el inciso a), se advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, bajo las siguientes consideraciones: En principio, es menester señalar que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y no en los casos en que se refieran a adjetivos o procesales, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable; pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107 Constitucional. Ahora, el acto que se reclama es la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno dictada en el toca 457/2021 que modificó la parte conducente del proveído de veintiuno de junio del mismo año, únicamente en el aspecto del fundamento aplicable para la inadmisión de las pruebas documentales ofrecidas por la ahora parte quejosa. De lo anterior se advierte que dicho acto no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica del quejoso, esto es, no afecta directa e inmediatamente sus derechos fundamentales y, por ende, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues éste tiene efectos de carácter procesal. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues dicha actuación tiene el carácter de procesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud de que el auto por el que se inadmitieron las pruebas que ofreció, es un acto que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana, pues será en todo caso la valoración que la autoridad responsable le dé a dichas pruebas al momento en que dicte sentencia definitiva, la que podría causar un perjuicio al solicitante de amparo. De ahí que en el caso a estudio, el acto reclamado no deje sin defensa a la parte quejosa, ni afecte sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, si es adversa a sus intereses, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales Por tanto, será hasta que se dicte la sentencia definitiva, según sea el caso, y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de las violaciones al procedimiento, que hayan trascendido al resultado de dicha sentencia Lo anterior es así, ya que el artículo 172, fracción VII, de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último a contrario sensu, y la diversa invocada, se desecha la demanda de amparo.
- Principal
II... Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que la parte quejosa no se presentó el día y hora señalados en proveído de once de octubre del año en curso en las instalaciones de este juzgado para ratificar el contenido y firma del escrito registrado con folio 11761, fecha que fue programada de conformidad con la "Agenda OJ", así como en lo establecido en la fracción I del artículo 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pese a que se encontraba notificada como se advierte de la constancia que obra en autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de once de octubre de dos mil veintiuno y se tiene por no presentado el escrito de que se trata. Ahora, de las constancias se advierte que el auto que contiene la prevención (veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno), fue notificado al quejoso el cuatro de octubre siguiente, surtiendo efectos el cinco posterior, por lo que si presentó el escrito de desahogo el ocho de los cursantes, significa que cuenta con el término de dos días legalmente computados, para desahogar en forma la prevención formulada.
- Principal
II... Agréguese el escrito de quien se ostenta como Saulo...; ahora, toda vez que la firma difiere ostensiblemente con la que obra en la demanda, se le hace de su conocimiento que deberá presentarse en el local de este juzgado a ratificar el contenido del escrito que se acuerda y reconozca la firma que lo calza, debiendo portar documento oficial vigente, para tal efecto. En ese contexto, conforme lo establece la fracción I, del artículo 6, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase del conocimiento que la cita generada con el programa "Agenda OJ" quedó señalada para once horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se comisiona al actuario para que haga del conocimiento lo anterior al Administrador de este edificio y deje en el acceso respectivo copia del Código QR., de conformidad con la fracción I, inciso c), del acuerdo de referencia. Se apercibe que en caso de no comparecer en la fecha y hora indicadas, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta.
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