Saulo Amando Pineda Díaz

Expediente 2792/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2792/2015
Año
2015
Actuaciones
19
Última actuación
10/06/2016

Partes del expediente

  • Saulo Amando Pineda Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, mediante el cual emite la declaratoria correspondiente respecto de los artículos declarados inconstitucionales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, así como con el diverso proveído en que se tuvo por recibido el informe sobre el cumplimiento al fallo, rendido por la autoridad exactora, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio por ministerio de ley, sin que se ordenara vincular a la etapa de ejecución al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro; en consecuencia a lo anterior se provee: VINCULACIÓN DE AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, queda vinculado por razón de sus funciones a realizar todos los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que dicha autoridad tiene encomendado el desempeño de la función registral, esto es, proporciona el servicio de dar publicidad a los hechos y actos jurídicos que conforme a la Ley o en razón de la voluntad de las partes así lo requieran para surtir efectos ante terceros, cuya tasa se declaró inconstitucional en el presente asunto y que también es el encargado de aplicar los artículos declarados inconstitucionales; en el entendido que estará sujeto a las mismas responsabilidades a que alude la Ley de Amparo en caso de incumplimiento. Dicho lo anterior, se ordena remitirle testimonio autorizado de la sentencia en comento al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado a efecto que este en posibilidad de dar cumplimiento al anterior requerimiento. REQUERIMIENTO. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. CUMPLIMIENTO y OFICIO. Dicho lo anterior, en atención al oficio de cuenta, firmado por el delegado del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través del cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y en el de cuenta, la entrega del cheque materia de la concesión del amparo al autorizado de la parte quejosa; lo anterior tómese en cuenta al momento de resolver respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo Sin embargo, este juzgado se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto la diversa autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector emitido en el presente juicio de amparo haga el pronunciamiento respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por dicho tribunal; con motivo del recurso de revisión interpuesto contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Consecuentemente, acúsese recibo; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente; hágase las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior que mediante la ejecutoria de cuenta al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "(.) PRIMERO. Queda firme el aspecto no impugnado de la sentencia que se revisa que quedaron precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Saul Amando Pineda Díaz, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos octavo y décimo de la sentencia que se analiza.(.)" Hágase esta circunstancia del conocimiento a las partes para los efectos legales correspondientes y, siguiendo los lineamientos dictados por el superior, se acuerda lo siguiente: REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE días hábiles, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija de manera discrecional atendiendo la facultad que para ella otorga el último párrafo de tal artículo, pues se considera el suficiente para acreditar el cumplimiento. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.

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