Saulo Alejandro Rocha García
Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Saulo Alejandro Rocha García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de diciembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE REVISIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 7462/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al cual adjunta los autos del juicio de amparo 141/2022, un tomo de pruebas y testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 294/2022, en la que se resolvió confirmar la sentencia dictada en este asunto, en la cual se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, acúsese recibo; agréguense al expediente el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales ya que las demás resultan innecesarias; realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Hágase esa circunstancia del conocimiento de las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE PROCEDE A REALIZAR VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en el capítulo octavo, artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente del presente proveído, pues no contiene información reservada ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Así, una vez transcurrido el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso c) normativa invocada, procede su destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Devuélvase a la autoridad responsable JUEZA PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADA EN EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, un tomo de pruebas consistentes en los autos originales del expediente único 1375/2019-B SIPE 492/2019, de su índice. Lo anterior, al resultar innecesaria su conversación. Notificación al quejoso. Tomando en consideración que los quejoso Saulo Alejandro Rocha García se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y le notifique el contenido de la presente resolución, para lo cual se instruye al Actuario judicial para que al momento de la diligencia le corra traslado con copia simple de la misma. En el entendido que la salida y regreso del Actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al secretario ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia. Notifíquese; personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. OFICIO SIN MAYOR TRÁMITE. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, por lo que atento a su contenido, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido dicho comunicado acordándose lo conducente. NOTIFÍQUESE.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. RECURSO DE REVISIÓN. Vista la constancia de notificación levantada por el licenciado ********************, Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, de la que se advierte que el doce de agosto de dos mil veintidós, al momento de la práctica de la citada diligencia la parte quejosa ********************, en la parte que interesa manifestó interponer recurso de revisión, en contra de la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN, aludido en contra la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo. DISTRIBUCIÓN DE COPIAS. Córrase traslado con una copia del escrito de expresión de agravios al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a las autoridades responsables. ENVÍO A LA SUPERIORIDAD. Se instruye al Secretario, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, se remita al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. CONSTANCIAS A ENVIAR. Acontecido lo anterior, deberán remitirse las constancias necesarias para la substanciación del medio defensivo hecho valer, a saber: Expediente original 141/2022. El original y copia de la constancia de notificación practicada al recurrente. Un tomo de pruebas. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Se ordena dejar copias autorizadas de las principales actuaciones del juicio de amparo en que se actúa. REQUERIMIENTO. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables foráneas, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS hábiles contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive del presente proveído, informen a esta autoridad federal vía telegrama y/o fax al número telefónico 452 52 8 01 58, de este Juzgado y/o correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificadas del presente acuerdo (Revisión), así como de la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá, a la omisa, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, la tesis 111.4°. (111 Región) 6 K (10a) del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1481 del libro VI, Marzo de 2012, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2000479, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, recibió vía postal el escrito de demanda signado por el quejoso Saulo Alejandro Rocha García, cuyo titular lo turnó a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa ciudad, donde se recibió el veintiocho de ese mes y año, la que a su vez el uno de marzo de dos mil veintidós, la turnó a la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito de dicha localidad; demanda en la que dicho quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades responsables siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADA EN EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ,." "ACTO RECLAMADO EL DESACATO DEL TRECE DE MARZO DE 2019, DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL CUAL CONCEDIÓ LA SIMULTANEIDAD DE LAS PENAS DENTRO DEL TOCA PENAL 42/2019, DONDE FUE FUNDADO EL RECURSO Y CONCEDIÓ A FAVOR DEL QUEJOSO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ DENTRO DE LA CAUSA PENAL 98/2011." El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y precisó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 4, 18, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 263/2022, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a quien por cuestión de turno le correspondió conocer de la demanda, determinó que es legalmente incompetente para conocer del asunto, por cuestión de territorio, en razón de que el quejoso se encuentra privado de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS 17 Michoacán", con residencia en Buena Vista Tomatlán, y declinó el conocimiento de la demanda, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; escrito inicial que fue turnado a este Juzgado el quince de marzo del año que transcurre. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, se aceptó el conocimiento del asunto planteado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, el cual se registró bajo el número 141/2022; en ese proveído se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se verificó conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó, el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; porque el quejoso reclama actos de naturaleza penal, se aducen violaciones al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, causa una ejecución de imposible reparación, porque afecta la libertad personal del impetrante de la acción constitucional, amén de que se trata de un acto pronunciado por una autoridad judicial con ejecución dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado (Buenavista, Tomatlán, Michoacán). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Saulo Alejandro Rocha García, reclama: De la Jueza Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; y, Del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Veracruz con sede en Villa Aldama (denominación correcta). El desacato o inobservancia de la resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fecha correcta), por el Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Rio, en el toca penal 42/2019, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve, en el proceso penal 98/2011, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama; al considerar el quejoso que no se aplica en su favor la simultaneidad de las penas, como se determinó en dicha resolución de alzada. . TERCERO. Negativa del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto reclamado, sin que el quejoso haya aportado medio de convicción alguno para desvirtuar tal negativa, la que así deberá tenerse, considerando además, que de acuerdo a sus facultades competenciales, a tal autoridad le compete únicamente el trámite del proceso penal de origen, no así la ejecución de la respectiva sentencia, respecto de la cual, se encuentra vinculado el acto en reclamo por el peticionario del amparo. Por su parte, la diversa responsable Jueza Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado también negó la existencia del acto reclamado, lo que se traduce en que no ha desacatado o inobservado la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que dictó el Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Rio, en el toca penal 42/2019. Ahora, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, la carga de la prueba recae directamente en la autoridad responsable, a quien le corresponde demostrar que no incurrió en tal desacato o inobservancia que le reclama el quejoso. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Por lo que, la referida autoridad responsable para demostrar su afirmación, remitió en apoyo a su informe de ley, el original del expediente único 1375/2019-B SIPE 492/2019, relativo a la ejecución de las penas impuestas al quejoso dentro de la causa penal 98/2011-III-A. Constancias a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria como lo establece el diverso 2° de la Ley de Amparo. Documentales de las que se advierte que le asiste razón a la responsable puesto que de ellas se desprenden los siguientes antecedentes vinculados con el acto reclamado: 1. Ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en la Congregación de Cerro de León, Municipio de Villaldama, se instruyó al quejoso Saulo Alejandro Rocha García, entre otros, el proceso penal 98/2011-III-A, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada; Privación Ilegal de la Libertad, en la Modalidad de Secuestro y Portación de Arma de Fuego del Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 2. El trece de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la referida causa penal, donde se declaró penalmente responsable al quejoso en la comisión de los delitos de: DELINCUENCIA ORGANIZADA en la hipótesis del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 2, fracciones I y V, en relación con el 4, fracción II, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal. PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso c), en relación con el 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diez, en relación con el 13, fracción III, del Código Penal en cita, cometido en agravio de Roberto "N"; y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, relacionado con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del citado artículo 83, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. 3. Al estar Inconforme con tal resolución, el quejoso interpuso recurso de apelación, del que correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Rio, donde se registró bajo el número de toca 42/2019, el que fue resuelto el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en cuyos puntos resolutivos se declaró: "PRIMERO. SE MODIFICA la sentencia impugnada. SEGUNDO. SE DECLARA que el grado de culpabilidad de los sentenciados Saulo Alejandro Rocha García y Edgar Iván Romo Trujillo alias "El Puper", en la comisión de los delitos a que este asunto se refiere es MÍNIMA. TERCERO. Se dan por compurgadas las penas de prisión impuestas a los acusados Saulo Alejandro Rocha García y Edgar Iván Romo Trujillo de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por su responsabilidad penal en la comisión del ilícito de DELINCUENCIA ORGANIZADA en las hipótesis del delito de secuestro y contra la salud, previsto en el artículo 2, fracciones I y V y sancionado en el 4, fracción II, del inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y al nombrado Saulo Alejandro Rocha García, de TRES AÑOS DE PRISIÓN, por su plena responsabilidad en la ejecución del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, que prevé y castiga el numeral 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como se dejó establecido en el considerando QUINTO in fine de esta resolución. CUARTO. Queda firme la condena al pago de la reparación del daño impuesta a los sentenciados, como se dijo en el SEXTO considerando de esta resolución. QUINTO. Queda firme en sus demás aspectos la sentencia de condena recurrida. (.)" 4. Una vez recibido el testimonio de apelación en el Juzgado de origen, el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró que la resolución de alzada ha causado ejecutoria, y que a partir de ese momento el asunto se encontraba en ejecución de sentencia, procediendo a dar el respectivo cumplimiento, para lo cual, el Juzgador natural, en lo que aquí interesa, determinó: "TERCERO. En términos del resolutivo PRIMERO de la resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada por este órgano jurisdiccional y con motivo de los términos de la resolución de apelación señalada, ha quedado firme que: Saulo Alejandro Rocha García es penalmente responsable en la comisión de los delitos de: DELINCUENCIA ORGANIZADA en las hipótesis del delito de secuestro agravado y contra la salud, previsto y sancionado., por el que se le impuso la pena de cuatro años de prisión y multa de doscientos cincuenta días de salario. PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, previsto y sancionado., por el que se le impuso la pena de veinticinco años de prisión y multa de dos mil días de salario. PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, previsto y sancionado., por el que se le impuso la pena de tres años de prisión y cincuenta días multa. Por lo que hace a las penas establecidas respecto a Saulo Alejandro Rocha García, arroja una pena total por concurso real de delitos de TREINTA Y DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de dos mil trescientos días de salario mínimo. Con la precisión realizada por la superioridad de tenerle por compurgadas las penas de prisión impuestas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por su responsabilidad penal en la comisión del ilícito de DELINCUENCIA ORGANIZADA en la hipótesis del delito de secuestro y contra la salud, previsto y sancionado.; y de TRES AÑOS DE PRISIÓN, por su responsabilidad en la ejecución del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, que prevé y castiga el numeral. CUARTO. Respecto de la multa impuesta en la sentencia. QUINTO. Como lo ordena el resolutivo TERCERO del fallo de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado por este órgano jurisdiccional, ha quedado firme la negativa de otorgar a Saulo Alejandro Rocha García y Edgar Iván Romo Trujillo los sustitutivos de la pena de prisión de trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, tratamiento en libertad y multa; así también sin derecho a gozar del beneficio de condena condicional. SEXTO. .se solicita al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en turno con sede en el Distrito Federal, realice la declaración de inicio del procedimiento de ejecución de la pena; para lo cual envíese el expediente respectivo, . (.)" 5. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, radicó el expediente de ejecución de Penas bajo el número E.P. 1375/2019-B y SIPE 492/2019, declarando el inicio del procedimiento de ejecución de las penas impuestas al aquí quejoso, de TREINTA Y DOS AÑOS de prisión, ".en la inteligencia que la pena de prisión que le fue impuesta deberá contarse a partir del dos de junio de dos mil diez (en que fue detenido)..." 6. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, tuvo por recibido el escrito del sentenciado, aquí quejoso, en lo que aquí interesa, en los siguientes términos: "(.) 3. Escrito del sentenciado. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito del sentenciado SAULO ALEJANDRO ROCHA GARCÍA, a través del cual en lo sustancial solicita ".el abono de la pena, la reducción para la prisión preventiva hasta segunda instancia y el quantum respectivo de todas las penas impuestas." 3.1. Admisión y resolución de plano de solicitud de simultaneidad de penas. (.) PRIMERO. Es infundado el incidente de simultaneidad de penas y prisión preventiva solicitado. (.) En ese sentido, si bien el tribunal de alzada -el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve- dio por compurgadas las penas de cuatro y tres años, impuestas al implicado por los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis del delito de secuestro y, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, respectivamente, por haber excedido esos términos; no menos cierto es, que dicho tribunal no realizó un pronunciamiento puntual al respecto. En consecuencia, este juzgado determina lo siguiente: Al sentenciado SAULO ALEJANDRO ROCHA GARCÍA, le fue impuesta la pena de TREINTA Y DOS AÑOS de prisión, por los delitos precisados, encontrándose privado de la libertad por esos hechos desde el dos de junio de dos mil diez; por lo que a la fecha del dictado de la sentencia de segundo grado -veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve- habían transcurrido nueve años tres meses veintidós días, en ese sentido, sin que esta precisión revele un desacato a lo resuelto por el Ad Quem, éste no señaló la fecha en que debían tenerse por cumplidas esas penas que al transcurrir de manera sucesiva corresponden a SIETE AÑOS DE PRISIÓN, por ello, deben tenerse por cumplidas el dos de junio de dos mil diecisiete. En consecuencia, el implicado actualmente cumple la pena de VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN, la que debe cumplirse de manera sucesiva a las reseñadas; por lo que se tiene como fecha probable de compurga el dos de junio de dos mil cuarenta y dos. (.) IV. Precisión de la prisión preventiva tratándose de varios delitos, juzgados en una sola causa penal. Destacado lo anterior, debe decirse que no es procedente el descuento de la prisión preventiva a cada uno de los delitos por los que fue sentenciado SAULO ALEJANDRO ROCHA GARCÍA, en el proceso penal 98/2011-III-A, porque no se puede jurídicamente abonar la prisión preventiva para cada uno de los delitos en lo individual, juzgados en una sola causa, debido a que en realidad se trata de una sola pena impuesta a través de la acumulación de sanciones bajo algún tipo de concurso de delitos (ideal o real), pero es una sola sentencia. (.) RESUELVE UNICO. Es infundado el incidente de simultaneidad de penas y abono de la prisión preventiva, promovido por el sentenciado SAULO ALEJANDRO ROCHA GARCÍA. (.)" 7. El quejoso apeló la anterior resolución, en el momento en que se le notificó, por lo que, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, se tuvo por admitido tal medio de defensa, originándose el toca de apelación 243/2021, en el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, donde mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se resolvió confirmar la determinación apelada. De los antecedentes relatados y de las constancias de donde éstos derivan, se advierte que, la Jueza Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, demostró que no desacató la resolución pronunciada el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación 42/2019, contrario a lo que refiere el quejoso en la demanda, al argumentar que no se aplica en su favor la simultaneidad de las penas, como ahí se determinó. Ello es así, dado que la referida Juzgadora de Ejecución, al radicar el expediente de ejecución de penas E.P. 1375/2019-B y SIPE 492/2019, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, declaró el inicio del procedimiento de ejecución de las penas impuestas al aquí quejoso, de TREINTA Y DOS AÑOS de prisión, precisando que la pena de prisión que le fue impuesta deberá contarse a partir del dos de junio de dos mil diez, fecha en que fue detenido. Luego, como se dijo, en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la Juzgadora en cita tuvo por recibido el escrito del quejoso en que promovió incidente de simultaneidad de penas y prisión preventiva, solicitando ".el abono de la pena, la reducción para la prisión preventiva hasta segunda instancia y el quantum respectivo de todas las penas impuestas." asimismo, solicitó la ".Admisión y resolución de plano de solicitud de simultaneidad de penas." Incidente de simultaneidad de penas que fue resuelto en la propia fecha en que se recibió el respectivo escrito (veintiséis de abril de dos mil veintiuno), declarándose infundado, precisando la Jueza responsable que a la fecha de la emisión de la sentencia dictada en el toca de apelación 42/2019 (veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve), habían transcurrido nueve años tres meses veintidós días, sin que en esa resolución de alzada se señalara la fecha en que debían tenerse por cumplidas las penas de cuatro y tres años impuestas al quejoso, por los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis de secuestro y, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, respectivamente, y que la sumatoria de ambas penas arroja siete años de prisión, las que deben tenerse por cumplidas, el dos de junio de dos mil diecisiete. Asimismo, en esa resolución incidental, la Juzgadora puntualizó que el quejoso actualmente cumple la pena de veinticinco años de prisión, la que debe cumplirse de manera sucesiva a las reseñadas, por lo que se tiene como fecha probable de compurga el dos de junio de dos mil cuarenta y dos. También destacó la responsable en cuestión, que no es procedente el descuento de la prisión preventiva a cada uno de los delitos por los que fue sentenciado Saulo Alejandro Rocha García, en el proceso penal 98/2019-III-A, como él pretende, porque no se puede jurídicamente abonar la prisión preventiva para cada uno de los ilícitos en lo individual, juzgados en una sola causa, debido a que en realidad se trata de una sola pena impuesta a través de la acumulación de sanciones bajo algún tipo de concurso de delitos (ideal o real) pero es una sola sentencia. Como se ve, la responsable Jueza de Ejecución de Sentencias, es acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisada en párrafos precedentes, al demostrar que no es cierto el acto que le atribuye el peticionario del amparo, en el sentido de desacatar o inobservar la resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 42/2019, porque a su parecer no se le aplica la simultaneidad de las penas que en esa resolución se determinó. Inclusive, lo resuelto por la Jueza en cita fue confirmado en la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del toca 243/2021, del índice del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, originado con motivo del recurso de apelación que el propio quejoso hizo valer en contra de lo resuelto por dicha Juzgadora el veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Bajo ese contexto, es indudable que le asiste la razón a la Jueza responsable al afirmar en su informe de ley que no es cierto el acto que le reclama el quejoso. A más de que, de las constancias de autos no existe alguna que haya aportado el quejoso de la que se desprenda la existencia del acto que le reclama a las autoridades responsables, considerando que se encontraba constreñido a explicar las razones y fundamentos legales que estimara pertinentes para sostener la inconstitucionalidad del acto reclamado, esto es, aportar al presente juicio los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto reclamado, así como la inconstitucionalidad del mismo, lo que en el caso no aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2º.A.4 K, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, Registro digital 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2°.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". CUARTO. Notificación al quejoso. Tomando en consideración que los quejoso Saulo Alejandro Rocha García se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y le notifique el contenido de la presente resolución, para lo cual se instruye al Actuario judicial para que al momento de la diligencia le corra traslado con copia simple de la misma. En el entendido que la salida y regreso del Actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al secretario ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia. QUINTO. Se solicitan acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificadas de esta sentencia. SEXTO. Publicidad de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Saulo Alejandro Rocha García, por su propio derecho, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Notifíquese al quejoso en términos del considerando cuarto de esta sentencia. TERCERO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.
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