Saula Quintero Abundez

Expediente 1448/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1448/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Saula Quintero Abundez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad suscrita por la actuaria adscrito, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento a lo ordenado en proveído treinta de octubre del año que transcurre, en consecuencia, se ordena notificar a la quejosa Saula Quintero Abúndez, la determinación antes referida, así como los subsecuentes proveídos, incluso los de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA SAULA QUINTERO ABÚNDEZ, POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, por Saula Quintero Abúndez, contra actos del Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, con número de registro 180663, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La quejosa combate la falta de notificación de la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio 154/2019-2. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. El procedimiento de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Es decir, para que se actualice la causal en estudio deben presentarse los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio, la resolución reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente. En ese sentido, si el justiciable pretende controvertir la falta de notificación de la resolución antes referida, al Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, debe agotar el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 141 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que dice: "ARTICULO 141.- Nulidad de notificaciones. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos serán anulables cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique; II.- La notificación o citación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente efectuada, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado sabedora de la resolución notificada; III.- La nulidad de la notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada, en el primer escrito o actuación subsiguiente en que intervenga, a partir de cuando hubiere manifestado conocer la resolución o se infiera que está informado de ella, en caso contrario, se considerará convalidada de pleno derecho; IV.- La nulidad de una notificación establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra; V.- Los Jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes y asentando el fundamento de la repetición ordenada; y, [.]" Del precepto anterior se desprende que el incidente de nulidad de notificaciones procede, contra las notificaciones que no se hayan hecho de conformidad a lo que establece el Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. En ese sentido, si se combate la falta de notificación de la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio 154/2019-2, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo mencionado. Así, este juzgador considera que la quejosa no agotó el principio de definitividad que se comenta, ya que no acudió al medio de defensa previsto en la ley, por virtud del cual puede nulificarse, revocarse o modificarse el acto reclamado; ya que como lo refirió la parte quejosa en su escrito de demanda, es parte demandada dentro del juicio de origen, por lo que tiene medios y recursos ordinarios de defensa a su alcance, como sería, el incidente de nulidad de notificaciones, ya que el mismo es procedente en contra de la notificación de la sentencia; y en el supuesto de que aquél resultara fundado, nulificaría, revocaría o modificaría el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad; por lo que se reitera, dicho medio de defensa es el apto para impugnar la omisión o indebida notificación de la sentencia reclamada, aun cuando se hubiere declarado firme la misma. De ahí que este órgano de control constitucional se encuentre impedido, hasta este momento, para entrar al estudio del acto señalado como reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia a lo anterior la Jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Registro digital: 181523 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 20/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Mayo de 2004, página 5 Tipo: Jurisprudencia "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada." Así como la jurisprudencia que reza: Registro digital: 173621 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 77/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 111 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." Registro digital: 167485 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/309 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1775 Tipo: Jurisprudencia "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." Registro digital: 180569 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: III.5o.C.73 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1816 Tipo: Aislada "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. ES IMPROCEDENTE EN JUICIOS CIVILES CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 20/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", es factible la interposición de un incidente de nulidad para atacar la notificación de la sentencia de amparo aun cuando ésta hubiera alcanzado la firmeza de la cosa juzgada, ello obedece a que, aparte de que dicho Alto Tribunal en la contradicción de tesis respectiva sólo interpretó el artículo 32 de la Ley de Amparo, aludió al caso en que el tercero perjudicado no emplazado puede interponer la revisión (dentro de término) contra la sentencia definitiva del Juez de Distrito, aun cuando ya hubiere sido declarada firme. De no ser así, el afectado quedaría indefenso puesto que no podría promover el juicio de garantías, dado que éste no procede contra lo actuado en otro proceso de la misma naturaleza, lo que sí es factible hacer tratándose de un juicio del orden común, habida cuenta que el perjudicado tiene la posibilidad de intentar el juicio constitucional por ser un medio extraordinario de defensa; por tanto, cuando en un juicio civil ya se dictó el auto que declara ejecutoriada la sentencia, no es admisible la incidencia señalada para impugnar alguna actuación practicada entre el fallo definitivo y dicho acuerdo, toda vez que de aceptarse aquél se destruiría la autoridad de la cosa juzgada que ha adquirido la sentencia." Así, de lo expuesto es de concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte se indica no se tendrá como acto destacado la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, ya que no se emitió planteamiento específico al respecto a través de concepto de violación. Ahora, por cuanto al acto reclamado consistente en la formación y notificación del incidente de ejecución forzosa de dicha sentencia, así como su posible ejecución (embargo); se indica lo siguiente: De los antecedentes narrados, se advierte que el juicio 154/2019-2, se encuentra en ejecución de sentencia, por lo cual este juzgado de distrito considera que en el caso se actualiza también la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." -Lo resaltado es propio- Del primero de los preceptos mencionados se desprende que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en que esa improcedencia resulte, entre otros, de lo dispuesto en la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los preceptos en estudio, prevé que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, realizados fuera de juicio o después de concluido. Tratándose de los actos de ejecución de sentencia, se establece que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida esta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Definición de "última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia" Se tiene que el artículo 107, en la primera parte de su segundo párrafo, contiene una regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos de ejecución de sentencia, consistente en que dicho juicio sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Conforme a dicha regla, la Ley de Amparo prevé que la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia es; ? aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ? aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a lo sentenciado; ? aquella que ordena el archivo definitivo del expediente; y ? en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Antecedentes que dieron origen al acto reclamado en este juicio. Bajo ese contexto, para justificar las razones por las cuales se considera que este juicio de amparo es improcedente, es necesario señalar algunos antecedentes en la etapa de ejecución como se advierte a continuación: 1.- El acto reclamado se originó en el juicio 154/2019-2, del índice del Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el cual la aquí quejosa Saula Quintero Abúndez es parte demandada. 2.- Ahora bien Saula Quintero Abúndez -aduce- que dio contestación al escrito inicial de demanda, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 3.- El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés llegó a su domicilio: la demanda incidental promovida por Cristina Pedroza Cárdenas - aquí tercero interesada-, el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el escrito suscrito y firmado por Cristina Pedroza Cárdenas dando contestación al requerimiento de veintiuno de junio de dos mil veintitrés y el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés en el que se admite el incidente de ejecución forzosa en contra de la hoy quejosa, enterándose en ese momento que existe una sentencia definitiva. 4.- Así mismo Saula Quintero Abúndez -aduce- que se percata que están solicitando el embargo del domicilio ubicado en Calle Aldama, número 6, Colonia Centro de Tlaquitenango, Morelos. Se reproduce en lo que interesa el acto reclamado en estudio: ".la formación y notificación del incidente de ejecución forzosa de dicha sentencia, así como el posible embargo." En ese contexto, este juzgado considera que es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado antes referido; ello, con base en las consideraciones siguientes: ? No constituye la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia; ? Tampoco se trata de la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate; y ? Contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, en este momento no afecta derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado que sean ajenos a la cosa juzgada. ? No es un acto que revista autonomía respecto a la ejecución de la sentencia (pues su emisión tiene como presupuesto ejecutar la sentencia, mediante requerimiento de pago y, en caso de incumplir, embargar bienes suficientes para cubrir el adeudo). En ese sentido, y con la narrativa de hechos, se advierte claramente que la la formación y notificación del incidente de ejecución forzosa de dicha sentencia, así como su posible embargo, no es la última resolución en el proceso de ejecución. Por lo cual, de acuerdo a lo que se estableció en líneas anteriores, se prevé en relación a la última resolución en proceso de ejecución, como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De ahí que de conformidad con lo antes indicado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa; dado que el legislador pretendió que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada. Es ahí cuando, deberá combatirlo mediante el juicio de amparo indirecto, ya que será la última resolución que ponga fin al procedimiento respectivo. Apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, enero de 2022, tomo IV, página 2764, con número de registro digital 2024100, que literalmente dice: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Asimismo, cobra vigencia la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, con número de registro digital 163152, que literalmente dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Finalmente, se indica que por cuanto al auto de requerimiento de pago, y/o posible embargo, en este momento no constituye uno de aquellos que tenga una ejecución irreparable, al ser un acto futuro de realización incierta, toda vez que como lo señaló la parte quejosa en su demanda de amparo, consistente, en "el posible embargo", sin que se haya materializado el mismo; máxime, que si el obligado asume una conducta con la que acata la orden, el posible embargo no se efectuara y, por tanto, no se violentará derecho alguno de su esfera jurídica. Decisión: En consecuencia, al surtirse las causales de improcedencia de referencia, con apoyo en los artículos 61 fracción XVIII y fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, se desecha la demanda de amparo promovida por Saula Quintero Abúndez. Domicilio procesal y autorizados Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tiene por autorizadas a las personas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales Correo electrónico y número telefónico Se tienen por señalados el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa como medios extraordinarios de comunicación, sin que a través de ellos puedan realizarse notificaciones judiciales por no preverse dicha situación en la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).2 "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).3 Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio firmado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo Cofepris o Comisión Federal), en ejercicio de las facultades delegadas y en representación de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el oficio de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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