Saul Zamora Mora
Expediente 314/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Saul Zamora Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de junio de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 66 a 69), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta con anexo signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializado en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas 57 y 58). Por lo que, téngase a la citada autoridad, remitiendo copia autentificada de la notificación por estrados de doce de septiembre de dos mil dieciocho, respecto a su escrito recibido el once de septiembre del año próximo pasado, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de los informes que rindieron las autoridades responsables 1) Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, 2) Titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 3) Procurador General de Justicia del Estado, así como del contenido de las constancias que remitieron las mismas, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados el no dar contestación a sus solicitudes de fechas: a). - La primera petición hecha por el quejoso dentro de la Averiguación Previa C. I. U. I. TLAX/85/T5/2016 con fecha once de septiembre del dos mil dieciocho y recibida en la oficialía de partes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala el día once de septiembre del dos mil dieciocho dirigida la petición al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA MESA DE HOMICIDIOS ADSCRITO A de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. b). - La segunda petición hecha por el quejoso dentro de la Averiguación Previa C. I. U. I. TLAX/85/T5/2016 con fecha veintidós de enero del dos mil diecinueve y recibida en el Departamento de Servicios Periciales adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala el día veintitrés de enero del dos mil diecinueve y dirigido el escrito del quejoso al Director y/o Encargado y/o Representante de Servicios Periciales adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala." Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa consiste en la falta de dar contestación a sus escritos de once de septiembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero de dos mil diecinueve, presentado ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Homicidios y Departamento de Servicios Periciales, ambos adscritos a la Procuraduría General de Justicia en el Estado; respectivamente, ello, al tomar en cuenta que dichas autoridades deben delimitarse en función de las omisiones reclamadas. El Titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que la contestación dada al aquí quejoso fue notificada el veinticinco de enero del año que transcurre en el domicilio del aquí quejoso, tal y como lo acreditó con las placas fotográficas que anexó a su informe justificado (fojas 49 a 52). Por su parte el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, señaló que dio contestación a la petición del quejoso y remitió copia autentificada del acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho y de la notificación realizada en los estrados de dicha unidad tal y como lo acredita con la constancia que anexó al oficio que se provee, documentales a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, cuyo contenido establece lo siguiente: Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que las omisiones reclamadas por la parte quejosa dejaron de existir, pues las autoridades responsables emitieron la contestación correspondiente a lo peticionado por el quejoso en sus escritos de once de septiembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero de dos mil diecinueve, los cuales se notificaron el doce de septiembre de dos mil dieciocho y veinticinco de enero del año que transcurre (fojas 52 y 60). En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una omisión, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y seis minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve) -foja 57-, por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Parte quejosa solicita. Finalmente, glósese a los autos los escritos signados por el quejoso Saúl Zamora Mora, a través de los cuales, con el primero, solicita se deseche el juicio de amparo en el que se actúa, pues señala que las autoridades responsables han dado cumplimiento al acto reclamado; sin que haya lugar a proveer de conformidad, sin embargo, deberá estar a lo acordado en párrafos que preceden. Ahora por cuanto al contenido del segundo de sus escritos, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, expídase a su costa copia certificada que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de mayo de dos mil diecinueve. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que por auto de siete de mayo de dos mil diecinueve (foja 55), se solicitó al Procurador General de Justicia del Estado, su respectivo informe justificado, por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el término otorgado, para tal efecto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para celebrarse el día de hoy, para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Quejoso solicita. Por otra parte, agréguese el escrito del quejoso Saúl Zamora Mora; por el cual solicita se requiera al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación y/o averiguación previa C.I.U.I.TLAX/85/T5/2016. En tales condiciones, dígasele que, no ha lugar solicitar el total de la carpeta de investigación y/o averiguación previa C.I.U.I.TLAX/85/T5/2016, debido a que el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante escritos de once de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Mesa de Homicidios adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el diverso de veintidós de enero del año en curso, remitido al Titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Así, las autoridades responsables al rendir su informe justificado, anexaron constancias relativas al acto que a ellas se les reclama; sin embargo, se advierte que la representación social, remitió como anexo el acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho, que dice corresponde a la respuesta que recayó a la solicitud del quejoso, manifestando que la misma fue notificada a través de estrados; empero, dicha autoridad omitió remitir la constancia de notificación por estrados a que hace referencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación por estrados realizada al quejoso, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho, apercibida que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto".
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de mayo de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Procurador General de Justicia del Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Se da vista con informe. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.
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