Saúl Vázquez Tovar

Expediente 401/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
401/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Saúl Vázquez Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintisiete de noviembre al diez de diciembre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil veinte, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de depuración, dado que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente la circunstancia de que es susceptible de depuración. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el numeral 18 del Acuerdo en comento, dentro de los noventa días siguientes, se ordena llevar a cabo la depuración de este expediente, y solicitar la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 401/2020-5, promovido por Saúl Vázquez Tovar, contra actos del Hospital de Especialidades Médicas de la Salud y/o Investigaciones Médicas del Potosí, sociedad anónima de capital variable. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de julio del dos mil veinte, Saúl Vázquez Tovar, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que a continuación se transcriben: "III. Autoridad responsable. Hospital de Especialidades Médicas de la Salud y/o Investigaciones Médicas del Potosí, S.A. de C.V., ubicado en." "IV. Acto reclamado. A la autoridad responsable se le reclama la orden verbal de negativa de atención médica en el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, al negarme el ingreso para que me fueran realizados los estudios correspondientes y darme la debida atención médica respecto a mi estado de salud, pues según la primera prueba de laboratorio el suscrito soy portador del virus SARS-CoV2, lo que implica la enfermedad COVID-19, además de que tengo comorbilidad al padecer diabetes y debido al o anterior se dispararon los niveles de azúcar en la sangre, lo que evidencia que esas circunstancias particulares se traduzcan en actos que importan el peligro de privación de la vida y que por su naturaleza hacen imposible la reparación del daño, debido a que ello pone en peligro mi salud, pues derivado de las omisiones de la autoridad responsable se ha afectado este derecho que incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud ya que se me niega mi derecho al acceso a la atención médica y, por tal motivo, se está afectando mi salud, en clara violación al cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuación se transcribe.". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los inmersos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. El veintidós de julio de dos mil veinte, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados por el quejoso; se pidió informe justificado a la autoridad responsable y dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, misma que se ordenó tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. De igual modo, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, siendo que la autoridad responsable fue la única en señalar correo electrónico a efecto de comparecer a la misma. Así, en la propia data tuvo verificativo la audiencia, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo, al igual que el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; el número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como de los Juzgados de Distrito; porque el acto reclamado, se trata de una omisión en la prestación del servicio de salud, cuyos efectos se materializan dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La promoción de la demanda de amparo es oportuna, pues en el caso, se estima que no existe término específico para promoverla, ya que el acto reclamado por el quejoso, relativo a la omisión de proporcionarle el servicio médico, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo es oportuna.... TERCERO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este expediente.... En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con la totalidad de constancias que conforman el juicio, se obtiene que el quejoso reclama: La negativa por parte de la autoridad responsable de brindarle atención médica al negarle el ingreso a ese hospital, ordenar que le fueran realizados los estudios correspondientes y darle la debida atención médica respecto a su estado de salud, con motivo de que en la prueba de laboratorio respectiva se determinó que es portador del virus SARS-CoV2, lo que implica la enfermedad COVID-19, además de que cuenta con comorbilidad al padecer diabetes. CUARTO. Certeza de actos. Se considera cierto el acto reclamado al Hospital de Especialidades Médicas de Salud y/o Investigaciones Médicas del Potosí, sociedad anónima de capital variable, con independencia de lo expresado por su apoderado legal en el informe justificado rendido en autos, con respecto a la atención médica brindada al quejoso, pues es indudable que de acuerdo con las funciones que realiza, su actuar tiene repercusión y guarda relación con el derecho a la salud de éste; siendo que lo relativo a si se le prestó la atención médica adecuada será analizado en considerando posterior. QUINTO. Causas de improcedencia. Conforme lo ordena el precepto 62 de la Ley de Amparo, constituye obligación analizar la procedencia del juicio de amparo. Causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable (infundada). En ese sentido, se atienden los motivos de improcedencia propuestos, en el sentido de que el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud y/o Investigaciones Médicas del Potosí, sociedad anónima de capital variable, no tiene el carácter de autoridad, pues se trata de una persona moral privada, y que por ello sus actos no pueden ser considerados como de autoridad. La precitada causa de improcedencia resulta infundada, por las siguientes consideraciones. Para dar claridad a lo anterior, es pertinente tener en consideración lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismos que disponen: .... I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.... En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.... Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin soslayar que un particular puede figurar como autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinados por una norma general. Con respecto al tema, de si a un hospital privado le resulta el carácter de autoridad responsable, es importante tener en consideración lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día cinco de noviembre de dos mil catorce, al resolver el amparo en revisión 584/2013 de su índice: ... En relación con el tema que nos ocupa, la Organización Mundial de la Salud, en su carácter de autoridad directiva y coordinadora de las acciones sanitarias en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, ha establecido que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, implica el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria y que son los Estados los encargados de crear las condiciones para ello, entre las que se encuentra la disponibilidad garantizada de servicios de salud, lo cual es una pauta interpretativa de ineludible observación que orienta a los Estados parte a la más alta satisfacción de las condiciones de salud por conducto de los mismos, pero a cargo tanto de ellos como de los particulares, es decir, de modo integral en todos los ámbitos de la materia. Así, respecto a las obligaciones de los Estados en relación con las normas de derechos humanos como lo es el derecho a la salud, el artículo 26, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece lo siguiente:... Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados." En ese mismo sentido, el artículo primero, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:... Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.... El Estado Mexicano en cumplimiento a las obligaciones de garantizar el ejercicio del derecho a la salud y de adoptar medidas para la plena realización y progresividad del derecho a la salud, ha emitido legislación específica al respecto.... AMPARO EN REVISIÓN 315/2010. 28 de marzo de 2011. Mayoría de seis votos. Disidentes. Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: Francisca María Pou Giménez, Fabiana Estrada Tena y Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Así, la ley que reglamenta las directrices esenciales del artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución General de la República y define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud es la Ley General de Salud, cuyas disposiciones son de orden público e interés social. El artículo 1º Bis, de dicha legislación define la salud en los siguientes términos:... Por su parte, el artículo 5º, de la referida Ley General de Salud, dispone que el Sistema Nacional de Salud, está integrado de la siguiente manera: "Artículo 5º.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud." De modo similar, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que el sistema de salud está constituido por todas las organizaciones, instituciones, recursos, infraestructura y personas cuyo propósito primario es mejorar la salud de las personas. En ese sentido, el artículo 6, fracción I, de la Ley General de Salud, establece que todas las dependencias, entidades o personas que formen parte del Sistema Nacional de Salud, tienen entre sus objetivos los siguientes: "Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: I.Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;... Esos servicios de salud a que se refiere el artículo anterior están definidos y clasificados en los artículos 23 y 24, de la Ley General de Salud, que se transcriben a continuación:... Ahora bien, los artículos 32 y 33, de la multicitada ley establecen qué se debe entender por atención médica, así como la manera en que se clasifican sus actividades, artículos que a la letra establecen lo siguiente:... "Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud. Artículo 33. Las actividades de atención médica son: I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica; II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario." Por otro lado, el artículo 34, de la Ley General de Salud clasifica los servicios de salud dependiendo del sector que los provea; en lo que interesa, el artículo 38 dispone cuáles son los servicios de salud privados, artículos que a continuación se transcriben:... Por lo que hace a los usuarios de servicios de salud, estos están definidos en los artículos 50, 51 y 51 Bis, de la multicitada Ley General de Salud, que establecen lo siguiente: .... Además, el capítulo V, de la Ley General de Salud, que se integra por los artículos 61 a 66, prevé disposiciones especiales para la protección de los casos materno-infantil, dándoles un carácter prioritario en razón de la condición de vulnerabilidad de la mujer y del producto o recién nacido, derechos que igualmente se encuentran protegidos constitucionalmente a través del artículo 4º, de la Constitución General de la República. Los artículos 61, 61 Bis y 62, de la citada ley se transcriben a continuación:.... Por lo que hace a los establecimientos para la atención médica, dentro de los que se incluyen los hospitales, sin importar que sean públicos, sociales o privados, estos deben cumplir con ciertas obligaciones al interior de sus instituciones. En ese sentido el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, cuyas disposiciones también son de orden público e interés social y que tienen por objeto proveer en la esfera administrativa, en lo que se refiere a la prestación de servicios de atención médica el cumplimiento de la Ley General de Salud, en sus artículos 18 y 19, disponen que en los establecimientos en los que se presten servicios de atención médica se deberá contar con lo siguiente:... En ese tenor, se puede establecer que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos, y que debe ser entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud, por lo que el Estado Mexicano tiene la obligación de respetar ese derecho y dar una efectividad real, garantizando servicios médicos en condiciones de: disponibilidad y accesibilidad, física y económica; así como el acceso a la información, aceptabilidad y calidad. Esta protección, abarca incluso la obligación del Estado de velar para que terceros, -es decir actores no estatales-, de ningún modo interfieran en el disfrute del derecho a la salud. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, por lo que éstos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, que son particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud.Es por esto que el Estado debe regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado. Por lo que la obligación de los Estados de regular cuestiones de salud no se agota en los hospitales que prestan servicios públicos, sino que abarca toda y cualquier institución de salud.... Amparo en revisión 117/2012. ********* y otros. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Asimismo, las autoridades mexicanas en el ámbito de sus competencias están obligadas a proteger de manera progresiva el derecho a la salud, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 1º, de la Constitución Federal, así como con el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen la obligatoriedad de buscar el cumplimiento progresivo de los derechos humanos, entre los que se estima está incluido el derecho a la salud. En esa misma línea, la Ley General de Salud, en aras de proteger el derecho a la salud consagrado en el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Federal y de conformidad con el artículo 2º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, -que dispone la obligación de los Estados de crear un marco normativo adecuado para consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea cumplido y puesto en práctica, así como que tal legislación tenga una efectividad real en la práctica-, prevé disposiciones que son de orden público e interés social, de las que se advierte lo siguiente: Que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Asimismo, que el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades que las personas puedan disfrutar de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente sus necesidades. Que el Sistema Nacional de Salud es el encargado de prestar los servicios de salud, y está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, así como por las personas físicas o morales de los sectores social y privado, las que tienen entre sus objetivos el proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos. Que los servicios de salud son todas aquellas acciones realizadas en beneficio de las personas, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud, entre las que se encuentra la atención médica, que es el conjunto de servicios que se proporcionan a las personas, y que puede ser preventiva, curativa, de rehabilitación y paliativa. En lo que interesa, las actividades curativas como clasificación de la atención médica, tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar un tratamiento oportuno. Estos servicios de salud, se clasifican dependiendo del sector que los provea, así, pueden ser públicos, a derechohabientes, sociales, privados, y otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria. Sin embargo, cabe mencionar que si bien la prestación de servicios de salud puede ser pública o privada, en este último caso, el Estado conserva su potestad de supervisarlas. Así, son servicios de salud privados los que presten personas físicas o morales y bajo las condiciones que convengan con los usuarios, mismos que están sujetos a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles, por lo que las modalidades de acceso a los servicios de salud privados se regirán por lo que convengan prestadores y usuarios, pero sin perjuicio de los requisitos y obligaciones que establezca la propia Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables de orden público e interés social. Lo anterior, en razón de que la prestación de servicios públicos como el de salud, implica la protección de intereses públicos, que es una de las finalidades de los Estados y si bien éstos pueden delegar su prestación, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo; por ende la delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin discriminación, con la más alta calidad y de la forma más efectiva posible. Por loque hace a los usuarios de servicios de salud, éstos son todos aquellos que requieran y obtengan servicios de salud que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables. Estos usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como un trato respetuoso y digno por parte de todo el personal involucrado. También, tienen derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como a una orientación adecuada respecto de su salud. Además, esta protección de los usuarios de servicios de salud tiene una atención especial tratándose de casos materno-infantil, que abarca desde el embarazo hasta la etapa de puerperio, otorgándoles un carácter prioritario atendiendo a la condición de vulnerabilidad del niño y de la madre. Para reforzar el cumplimiento de estas obligaciones conjuntas y coordinadas de los prestadores de servicios de salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, dispone que estos establecimientos deben contar con un responsable que establezca y vigile el desarrollo de los procedimientos para asegurar la prestación oportuna y eficiente de los servicios que el establecimiento ofrezca, así como para el cabal cumplimiento de la Ley General de Salud y de las demás disposiciones que resulten aplicables.... De lo anterior se desprende, que el Estado Mexicano en cumplimiento a las obligaciones de garantizar el ejercicio del derecho a la salud y de adoptar medidas para la plena realización y progresividad del derecho a la salud, ha emitido legislación específica al respecto, siendo ésta la Ley General de Salud, cuyas disposiciones son de orden público e interés social. Para tal efecto, el artículo 34, de la Ley General de Salud clasifica los servicios de salud dependiendo del sector que los provea; en lo que interesa, el artículo 38 dispone cuáles son los servicios de salud privados, que son los que prestan las personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado Mexicano tiene la obligación de respetar el derecho a la salud y dar una efectividad real, garantizando servicios médicos en condiciones de: disponibilidad y accesibilidad, física y económica; así como el acceso a la información, aceptabilidad y calidad. Dicha protección, abarca incluso la obligación del Estado de velar para que terceros, -es decir actores no estatales-, de ningún modo interfieran en el disfrute del derecho a la salud. Con respecto al tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, por lo que éstos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, que son particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. Es por esto que el Estado debe regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado. Por lo que la obligación de los Estados de regular cuestiones de salud no se agota en los hospitales que prestan servicios públicos, sino que abarca toda y cualquier institución de salud. Así, el Sistema Nacional de Salud es el encargado de prestar los servicios de salud, y está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, así como por las personas físicas o morales de los sectores social y privado, las que tienen entre sus objetivos el proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos. Dichos servicios de salud, se clasifican dependiendo del sector que los provea, así, pueden ser públicos, a derechohabientes, sociales, privados, y otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria. Sin embargo, cabe mencionar que si bien la prestación de servicios de salud puede ser pública o privada, en este último caso, el Estado conserva su potestad de supervisarlas. Así, son servicios de salud privados los que presten personas físicas o morales y bajo las condiciones que convengan con los usuarios, mismos que están sujetos a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles, por lo que las modalidades de acceso a los servicios de salud privados se regirán por lo que convengan prestadores y usuarios, pero sin perjuicio de los requisitos y obligaciones que establezca la propia Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables de orden público e interés social. Lo anterior, en razón de que la prestación de servicios públicos como el de salud, implica la protección de intereses públicos, que es una de las finalidades de los Estados y si bien éstos pueden delegar su prestación, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo; por ende la delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin discriminación, con la más alta calidad y de la forma más efectiva posible. Las anteriores consideraciones, ponen en evidencia que en el caso sí es autoridad responsable el Hospital señalado con tal carácter, ya que se trata de una institución a la cual el Estado delega la prestación de los servicios de salud, y por tal motivo, debe cumplir con la Ley General de Salud. Es decir, los servicios de salud privados que prestan personas físicas o morales, si bien se rigen bajo las condiciones que convengan con los usuarios, mismos que están sujetos a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles, también deben cumplir con los requisitos y obligaciones que establezca la propia Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables de orden público e interés social. Luego entonces al tener el Hospital responsable encomendada una tarea relacionada con la prestación del servicio de salud, con motivo de que le fue delegada por parte del Estado, se considera que sí le resulta el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tiene la obligación de velar por el derecho a la salud contemplado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.... Por tal motivo se considera infundada la causal de improcedencia hecha valer. SEXTO. Estudio de fondo. Al no advertir diversa causa de improcedencia que amerite estudio oficioso, y tampoco que hagan valer las partes, procede analizar los conceptos de violación, los que no se trascriben por no ser una exigencia legal ni considerarlo necesario, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:... Conceptos de violación En sus motivos de inconformidad señala el quejoso que al haberle negado el tratamiento médico se le violó su derecho a la salud, que incluye el acceso a un atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Señala el quejoso que es asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública en San Luis Potosí, que padece diabetes desde hace varios años, y que derivado de la pandemia se considera dentro del grupo vulnerable, existiendo orden de parte de la Secretaría de Salud que ante cualquier síntoma se debe de acudir a recibir atención médica de inmediato. Que al presentar síntomas, el veinte de julio del dos mil veinte, acudió al laboratorio Téllez Girón, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde le fue diagnosticada la enfermedad COVID-19. A virtud de ello, acudió el veintiuno de julio del dos veinte, al Hospital de Especialidades Médicas de la Salud en esta ciudad, presentando como síntomas niveles elevados de glucosa, a casi 300 mg/dl, siendo que lo normal es menor a 100 mg/dl, e insuficiencia respiratoria, por lo que fue atendido y se le informó que al parecer sí tenía el virus SARS-CoV2, proporcionándole una receta en la que en el diagnóstico se establece: "SOSPECHOSO COVID-19", donde además le señalaron las recomendaciones a seguir, recetándole dos medicamentos, y le negaron la hospitalización que según indica se requiere ante el problema de insuficiencia respiratoria, cuestión que según refiere pone en riesgo su vida. Señala que se viola su derecho a la salud, ante la negativa por parte de la autoridad responsable de brindarle atención médica al negarle el ingreso a ese hospital, ordenar que le fueran realizados los estudios correspondientes y darle la debida atención médica respecto a su estado de salud, con motivo de que en la prueba de laboratorio respectiva se determinó que es portador del virus SARS-CoV2, lo que implica la enfermedad COVID-19. Agrega, que el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud en esta ciudad, se encuentra en la red de hospitales que pueden atender a los asegurados del Poder Judicial de la Federación, con motivo del seguro colectivo de gastos médicos mayores que se tiene con la aseguradora Seguros Banorte, Sociedad Anónima, indicando que cuenta con la póliza 100208, con certificado 39695, emitida por la citada aseguradora. Derecho a la Salud. Establecido lo anterior, previo a la calificativa de los conceptos de violación hechos valer, es menester citar algunas consideraciones en torno al derecho a la salud, que el quejoso asegura le fue vulnerado. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:... Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.... La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la salud tutelado por el artículo 4° constitucional, estableciendo, en lo que interesa lo siguiente: El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Del artículo 4º de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, lo cierto es que ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. De acuerdo con lo anterior, el derecho a la salud previsto en el artículo 4° de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Se trata de un derecho complejo que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado, en el entendido que la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del estado de bienestar. Así, la salud es una meta prioritaria en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, ya que las posibilidades de que sean capaces los individuos para desplegarlas como tales, dependen de los logros en salud, en tanto un estado de bienestar general resulta indispensable para poder ejercer el resto de los derechos humanos que tutela la Constitución Federal, y en consecuencia, para poder llevar una vida digna. La plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables, y sobre todo, evitar una mortalidad prematura. Ahora, es importante concretar el estudio al contenido y alcance jurídico del derecho humano al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, que consagra el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es del tenor literal siguiente:... Del precepto convencional en cita, se advierte que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, impone obligaciones positivas a los Estados parte, de las que se destacan, las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, el tratamiento de las enfermedades y, especialmente, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Respecto de la última obligación en comento, el precepto internacional no establece expresamente qué tipo de condiciones de asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad se encuentran obligados a establecer los Estados contratantes. Sin embargo, un acercamiento a la extensión de la obligación de salvaguardar el derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud, en su vertiente de tratamiento de enfermedades y condiciones de asistencia y servicios médicos, puede colegirse del artículo 2° de la propia convención: 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos". Del precedente artículo se advierte que el Estado mexicano se encuentra obligado a: I. Adoptar medidas -tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente, económicas y técnicas-; II. Hasta el máximo de los recursos de que disponga; III. Para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la convención. En esa lógica, en virtud del derecho consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se impone al Estado mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. De lo anterior se advierte que existirá una violación al derecho humano a la salud cuando, entre otras cuestiones, el Estado no adopte las medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Bajo esa óptica, serán analizadas las constancias que obran en el presente sumario, a fin de determinar si en efecto, el actuar de la autoridad responsable implica o no transgresión al derecho fundamental a la salud de que goza el quejoso, que amerite ser reparado. Conceptos de violación infundados. En sus motivos de inconformidad señala el quejoso que al haberle negado el tratamiento médico se le violó su derecho a la salud, que incluye el acceso a un atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Señala el quejoso que es asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública en San Luis Potosí, que padece diabetes desde hace varios años, y que derivado de la pandemia se considera dentro del grupo vulnerable, existiendo orden de parte de la Secretaría de Salud que ante cualquier síntoma se debe de acudir a recibir atención médica de inmediato. Que al presentar síntomas, el veinte de julio del dos mil veinte, acudió al laboratorio Téllez Girón, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde le fue diagnosticada la enfermedad COVID-19. A virtud de ello, acudió el veintiuno de julio del dos veinte, al Hospital de Especialidades Médicas de la Salud en esta ciudad, presentando como síntomas niveles elevados de glucosa, a casi 300 mg/dl, siendo que lo normal es menor a 100 mg/dl, e insuficiencia respiratoria, por lo que fue atendido y se le informó que al parecer sí tenía el virus SARS-CoV2, proporcionándole una receta en la que en el diagnóstico se establece: "SOSPECHOSO COVID-19", donde además le señalaron las recomendaciones a seguir, recetándole dos medicamentos, y le negaron la hospitalización que según indica se requiere ante el problema de insuficiencia respiratoria, cuestión que según refiere pone en riesgo su vida. Señala que se viola su derecho a la salud, ante la negativa por parte de la autoridad responsable de brindarle atención médica al negarle el ingreso a ese hospital, ordenar que le fueran realizados los estudios correspondientes y darle la debida atención médica respecto a su estado de salud, con motivo de que en la prueba de laboratorio respectiva se determinó que es portador del virus SARS-CoV2, lo que implica la enfermedad COVID-19.Agrega, que el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud en esta ciudad, se encuentra en la red de hospitales que pueden atender a los asegurados del Poder Judicial de la Federación, con motivo del seguro colectivo de gastos médicos mayores que se tiene con la aseguradora Seguros Banorte, Sociedad Anónima, indicando que cuenta con la póliza 100208, con certificado 39695, emitida por la citada aseguradora. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el sumario, se advierte que en efecto el veintiuno de julio del año en curso, fue atendido en el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud en esta ciudad, por la Doctora Ma. Del Carmen Cervantes Becerra, siendo diagnosticado con insuficiencia respiratoria aguda a descartar COVID-19, enfermedad diarreica aguda; que atendiendo a sus signos vitales y exploración, no se estimó conveniente su traslado al área de urgencias y/o hospitalización, decidiéndose su egresó a domicilio, con aislamiento, llamado a la línea COVID para seguimiento por parte de la Secretaría de Salud, quien por protocolo en su caso decidiría si se tomaba o no la prueba COVID; y se le dejó cita abierta con datos de alarma para regresar a la institución.... Información que se obtiene, pues obran las documentales remitidas por los apoderados legales de la clínica responsable de nombres José Alfonso Castillo Cabral y Martha Anel Herrera Sierra, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las precisadas documentales, revelan que la aludida autoridad Hospital de Especialidades Médicas de la Salud y/o Investigaciones Médicas del Potosí, sociedad anónima de capital variable garantizó el derecho a la salud al quejoso, pues recibió la atención médica que le corresponde a su estado de salud (Covid19) ante esa institución. Aunado a lo anterior, el propio quejoso acompañó a su escrito de demanda y al diverso escrito registrado con el número de folio 7679, las recetas que le fueron expedidas por los médicos tratantes del Hospital responsable, los días veintiuno de julio y veintisiete de agosto, ambos del dos mil veinte -datas en las cuales acudió a solicitar atención médica-. Luego, con la finalidad de corroborar que la responsable sí garantizó el derecho a la salud del aquí quejoso, se insertan las imágenes correspondientes a los análisis de su expediente clínico, realizados el veinticinco de julio y veintiocho de septiembre del dos mil veinte, por el Director Médico de la clínica responsable Doctor José Félix Hernández Báez, quien concluyó que el quejoso no era candidato a hospitalización. IMÁGENES SUPRIMIDAS POR LEY DE TRANSPARENCIA.Siendo necesario precisar que de acuerdo al Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de Covid-19, acompañada por la autoridad responsable, en la página 19, se establece que no todos los casos sospechosos de Covid-19 deben ser hospitalizados, pues se indica el aislamiento para casos no graves, y sólo para casos graves referir a 2ndo o 3er Nivel. Aspecto que se considera lógico, pues de hospitalizar a todos los pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19, con independencia de la gravedad del caso concreto, llevaría necesariamente a la saturación del sistema de salud, tanto público como privado; de ahí, que dependiendo de la necesidad del caso en específico y de acuerdo a la valoración médica, se determine si procede o no llevar a cabo hospitalización o únicamente el aislamiento. En conclusión, del contenido de los documentos previamente referidos, se desprende que se ha respetado el derecho humano a la salud del quejoso, pues sí fue atendido en un primer momento por la Doctora Ma. Del Carmen Cervantes Becerra, quien después de diagnosticarlo con insuficiencia respiratoria aguda a descartar COVID-19, y enfermedad diarreica aguda; determinó que atendiendo a sus signos vitales y exploración, no se estimaba conveniente su traslado al área de urgencias y/o hospitalización; sin embargo, decidió su egresó a domicilio, con aislamiento, llamado a la línea COVID para seguimiento por parte de la Secretaría de Salud; y se le dejó cita abierta con datos de alarma para regresar a la institución.Es decir, si bien en ese momento no se consideró necesaria la hospitalización del quejoso, lo cierto es que se dejó cita abierta con datos de alarma para regresar a la Institución. Aspecto que fue corroborado por el Director Médico de la clínica responsable Doctor José Félix Hernández Báez, quien concluyó que el quejoso no era candidato a hospitalización, no obstante se encontraba con cita libre. Luego entonces, si entre la primera fecha en que acudió al Hospital -veintiuno de julio del dos mil veinte-, a la segunda -veintisiete de agosto siguiente-, el quejoso hubiere presentado síntomas de alarma, se encontraba con cita abierta para acudir en cualquier momento, y en caso de ser necesario se pudiera llevar a cabo su hospitalización. Por lo que, contrario a lo señalado por el quejoso, en el caso se considera que sí fue respetado su derecho humano a la salud, de ahí que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Solicitud de vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Finalmente, en cuanto a la petición efectuada por la parte quejosa y autoridad responsable, en cuanto a dar vista al Agente del Ministerio Público para los términos que indicaron, cuya determinación se reservó hasta el momento del dictado de la presente resolución; dígaseles que, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma que estimen ante la referida representación social. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Saúl Vázquez Tovar, contra los actos reclamados del Hospital de Especialidades Médicas de Salud y/o Investigaciones Médicas del Potosí, sociedad anónima de capital variable, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente....

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa *** la determinación de trece de noviembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *, contra los actos reclamados del *, sociedad anónima de capital variable, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente....

  4. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de seis de octubre del año en curso, se agregó oficio signado por la apoderada legal de la autoridad responsable Investigaciones Médicas del Potosí, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que proporcionó correo electrónico para el desahogo de la audiencia constitucional a través de videoconferencia. Ahora bien, toda vez que en el citado acuerdo no se proveyó lo conducente en cuanto al correo señalado por la autoridad responsable para efecto de comparecer al desahogo de la audiencia constitucional; en consecuencia, se provee: Visto el contenido del oficio recibido en este Juzgado el pasado cinco de octubre del año en curso, se tiene a Martha Anel Herrera Sierra, apoderada legal de la autoridad responsable Investigaciones Médicas del Potosí, Sociedad Anónima de Capital Variable, proporcionado el correo electrónico juridico@hems.com.mx, para efecto de comparecer al desahogo de la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento a la Coordinadora Técnica Administrativa de la adscripción, a fin de que implemente la logística para que se establezca la comunicación y audio correspondiente para el desahogo de la diligencia en mención. Diferimiento Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las TRECE HORAS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.Notifíquese.

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