Saúl Vázquez Hernández

Expediente 946/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
946/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
18/10/2017

Partes del expediente

  • Saúl Vázquez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al haberse sobreseído en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el presente expediente, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, licenciado Arturo Gómez Castro, a quien faculta a firmar los oficios que se expiden, además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los informes justificados rendidos por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Actuario adscrito a dicha junta, domiciliados en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las notificaciones realizadas a la parte actora y demandada del laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral ****************. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la H. Junta Especial Número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje: La omisión o abstención de dar cumplimiento al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, violando el artículo 17 de Nuestra cada Magna, en su modalidad de impartición de justicia pronta y expedita; Del Actuario adscrito a la H. Junta Especial Número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje: La omisión o abstención de dar cumplimiento al artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo". Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa manifestó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "4. En consecuencia la Junta Especial número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje, dictó laudo con fecha 29 de junio de 2017, sin embargo a la presente fecha, las señaladas como terceros interesados no han sido notificados del mismo, no obstante que ha transcurrido tiempo en exceso, situación que va en contra de lo expuesto en el artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo, con relación a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Con lo anterior es indiscutible la diferencia entre el término que expresa la ley laboral, y las omisiones que han tenido las responsables en llevar a cabo las notificaciones correspondientes para poder llevar a cabo las demás etapas del juicio, lo cual se traduce en una irregularidad en la administración de justicia, en virtud de que no se llevan a cabo las notificaciones correspondientes, cayendo en un círculo vicioso violatorio de mis derechos fundamentales". De donde se puede concluir, que el acto reclamado en este juicio de amparo, es la omisión de notificarle a la parte demandada el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral ************. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: **** II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, de notificar a la parte demandada el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral ***********, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el treinta de agosto del año que transcurre, el actuario judicial adscrito a la junta responsable, notificó a la parte demandada, **************************, el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos juicio laboral **************, por lo cual la Junta y Actuario adscrito señalados como responsables subsanaron la dilación procesal que se reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, de notificar a la parte demandada el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral ***********, de su índice, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se estén teniendo por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de los mismos, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el treinta de agosto del año que transcurre, el actuario judicial adscrito a la junta responsable, notificó a la parte demandada, *******************, el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos juicio laboral ************, por lo cual la Junta y Actuario adscrito señalados como responsables subsanaron la dilación procesal que se reclamaba. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los informes justificados rendidos por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Actuario adscrito a dicha junta, domiciliados en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las notificaciones realizadas a la parte actora y demandada del laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral ****************. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la H. Junta Especial Número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje: La omisión o abstención de dar cumplimiento al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, violando el artículo 17 de Nuestra cada Magna, en su modalidad de impartición de justicia pronta y expedita; Del Actuario adscrito a la H. Junta Especial Número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje: La omisión o abstención de dar cumplimiento al artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo". Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa manifestó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "4. En consecuencia la Junta Especial número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje, dictó laudo con fecha 29 de junio de 2017, sin embargo a la presente fecha, las señaladas como terceros interesados no han sido notificados del mismo, no obstante que ha transcurrido tiempo en exceso, situación que va en contra de lo expuesto en el artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo, con relación a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Con lo anterior es indiscutible la diferencia entre el término que expresa la ley laboral, y las omisiones que han tenido las responsables en llevar a cabo las notificaciones correspondientes para poder llevar a cabo las demás etapas del juicio, lo cual se traduce en una irregularidad en la administración de justicia, en virtud de que no se llevan a cabo las notificaciones correspondientes, cayendo en un círculo vicioso violatorio de mis derechos fundamentales". De donde se puede concluir, que el acto reclamado en este juicio de amparo, es la omisión de notificarle a la parte demandada el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral ************. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: **** II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, de notificar a la parte demandada el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral ***********, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el treinta de agosto del año que transcurre, el actuario judicial adscrito a la junta responsable, notificó a la parte demandada, **************************, el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos juicio laboral **************, por lo cual la Junta y Actuario adscrito señalados como responsables subsanaron la dilación procesal que se reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, de notificar a la parte demandada el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral ***********, de su índice, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se estén teniendo por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de los mismos, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el treinta de agosto del año que transcurre, el actuario judicial adscrito a la junta responsable, notificó a la parte demandada, *******************, el laudo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos juicio laboral ************, por lo cual la Junta y Actuario adscrito señalados como responsables subsanaron la dilación procesal que se reclamaba. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y tomando en consideración que se encuentra transcurriendo el término de quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y 2. Actuario adscrito a dicha junta, residentes en esta ciudad, rindan su respectivo informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Tiene aplicación la Jurisprudencia 21/2008 , del texto y rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese.

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