Saúl Valencia Guerrero
Expediente 563/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/06/2018
Partes del expediente
- Saúl Valencia Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso (foja 59), con las documentales aportadas por la responsable, las cuales remitió en cumplimiento al fallo protector, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el uno de junio de dos mil dieciocho, lo cual se advierte de la constancia de notificación correspondiente (foja 60), sin que desahogara la vista contenida en ese proveído. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de cuatro de abril de dos mil dieciocho (folios 36 a 38), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".la autoridad responsable Delegado del Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, efectúe lo siguiente: Atienda de inmediato la solicitud que fue presentada por la parte quejosa el diez de noviembre de dos mil diecisiete; lo que deberá realizar con plenitud de jurisdicción; de manera congruente, completa, fundada y motivada; asimismo, deberá notificar la respuesta a la parte quejosa, de manera fehaciente." Por acuerdo de cuatro de mayo del año en curso (folio 44 y 45), causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a la responsable por su cumplimiento. Luego, en proveído de treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho (folio 59), se recibió acuse original del escrito dirigido al quejoso, mediante el cual la responsable dio contestación a la petición del quejoso de diez de noviembre del dos mil diecisiete y diversas impresiones de pantalla la base de datos de dicha institución. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente juicio constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable mediante oficio emitido en el mes de mayo de dos mil dieciocho dio contestación a la solicitud planteada por el quejoso de diez de noviembre de dos mil diecisiete. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el Secretario Judicial Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/RGM/mrvl
- Principal
Téngase por recibido el oficio firmado por el Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la Delegación Jalisco, mediante el cual remite un escrito con acuse recibo del treinta de mayo del año en curso dirigido al aquí quejoso y diversas impresiones de pantalla de la base de datos de dicha institución respecto de la devolución de fondos de la Subcuenta de Vivienda a nombre del quejoso, constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el oficio y anexo que se señalan en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifiesten lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. LAPT/RMG/mrvl
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que remite el Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores delegación Jalisco, a través del cual solicita una ampliación del plazo para cumplir con la sentencia emitida en autos, por la razón que manifiesta. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable para que dentro del término de diez días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, así como el diverso 26 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos. Por último, se le tiene reiterando su domicilio para oír y recibir notificaciones y como su delegado a la persona que indica. Notifíquese. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido una licencia médica al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, por el día catorce de mayo del presente año, según información contenida en el oficio 2870/2018 de diez de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa y firma ante el secretario Roberto Martínez Gutiérrez y certificó: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. GAG/RMG/IIEJ
- Principal
Se tiene por recibida la razón actuarial levantada por el Actuario y Jefe de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativas y de Trabajo en el Estados de Jalisco; a través del cual asienta la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 19062/2018 a la autoridad responsable denominada Residente General de Carreteras del Centro SCT de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En consecuencia, reexpídase el mismo con la denominación correcta Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, téngase por recibido el ocurso que firma Delia Guadalupe Zepeda Hernández, autorizada de la parte quejosa, atento a su solicitud de copias, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídasele copias fotostáticas simples de las constancias que solicita, previo recibo y razón que de ello se otorgue en autos; lo anterior en la inteligencia que es a su cargo el costo que dichas copias generen. Por otra parte, se recibe el comunicado suscrito por el Director General Adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras Federales en ausencia Director General de Carreteras, dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual cumple con los requerimientos de diecinueve de febrero y veintisiete de abril ambos dos mil dieciocho (fojas 3157 a 3159 y 3316 a 3318) e informa que fue notificado del oficio 6084 el veintitrés de abril del año en curso y remite copias certificadas del diversos oficios de veintiuno de febrero, veinte de marzo y diez de abril, todos de dos mil dieciocho en los que se les comunico al Director General del Centro SCT, Jalisco, que no cuenta con recursos para dar cumplimiento al fallo protector; agréguese a los autos el oficio y anexo en comento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se tienen por recibidos los oficios que suscribe el Director General y el Residente General de Carreteras Federales ambos del Centro SCT, Jalisco, en los cuales pretenden cumplir con el requerimiento del proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 3316 a la 3318); al efecto, remiten copias certificadas de diversos oficios de fechas doce, dieciséis y diecinueve de febrero todos de dos mil dieciocho; sin embargo, el primero de ellos ya fue obra en autos (foja 3154), y el ultimo está incompleto. Además no se advierte que desde el mes de febrero de esta anualidad, realizaran, gestiones a fin de cumplir con el fallo protector, esto es, han sido omisas en dar continuidad al procedimiento de ejecución. En consecuencia, se requiere al Director del Centro SCT Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como al Residente General de Carreteras Federales del aludido Centro, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes al en que sean notificados del presente proveído, informen y acrediten a este órgano de control constitucional, las acciones realizadas con la finalidad de cumplir con la sentencia de amparo. Apercibidas que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, el próximo requerimiento se efectuará por conducto de su superior inmediato, conforme lo establece el artículo 105 del ordenamiento en cita, asimismo, una vez que sea declarado por autoridad competente el incumplimiento de la interlocutoria protectora, se iniciará el procedimiento de separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. Como el efecto de la concesión del amparo es restituir al quejoso en el pleno goce de las garantías violadas, si un acto se declara violatorio de garantías, queda destruido, y, por lo mismo, no puede ser fuente de derecho alguno, que reclamen u opongan los terceros perjudicados, pues las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tienen que ser cumplidas inmediatamente, como lo ordenan los artículos 80, 104 y siguientes de la Ley de Amparo, dejando, desde luego, sin efecto, cualquier acto o contrato que estorben su pronto y debido acatamiento. Por tanto, si la sentencia de la Corte concedió el amparo respecto de la posesión que se había arrebatado al quejoso, en cumplimiento del fallo, debe restablecérsele en la posesión, y si no consta que se haya hecho así, es evidente que no está cumplida la ejecutoria del Alto Tribunal, y por todos los medios debe procurarse que se cumpla, en acatamiento de la jurisprudencia y de los artículos 80 y 113 de la Ley de Amparo, evitando que las autoridades responsables retarden su cumplimiento con evasivas o procedimientos ilegales. En suma debe reponerse al quejoso en la posesión sin que para ello sea obstáculo que el quejoso haya celebrado contratos respecto de los bienes cuya posesión le fue arrebatada, porque dichos contratos quedaron nulificados por virtud del amparo y la autoridad responsable tiene la obligación de adoptar medidas para que, en el más breve plazo, se consiga por el afectado la restitución material, sin que puedan aceptarse como legales los argumentos basados en que los terceros perjudicados han adquirido derechos en virtud de los contratos que celebraron con las autoridades y que por lo mismo, el quejoso tenga necesidad de deducir ante los tribunales las acciones correspondientes, ya que esos supuestos derechos no tienen base, toda vez que se derivan de un acto contrario a la Constitución General de la República y ningún derecho que se crea amparado por una ley secundaria, puede enfrentarse a los preceptos de la Carta Fundamental."
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