Saul Urcid Velarde

Expediente 1190/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1190/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Saul Urcid Velarde

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa, en atención al proveído de dos de septiembre del año en curso.

  2. Principal

    Mesa IV RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa los autos de tres y de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por los motivos que expone; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes. Asimismo, se tienen por hechas tales aseveraciones para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dichas diligencias tienen valor probatorio, al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, visible en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como los de tres y de dieciséis de agosto del año en curso, y las subsecuentes notificaciones, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de agosto del año en curso, se desechó la demanda promovida por Saúl Urcid Velarde por propio derecho; sin embargo, de una revisión minuciosa, se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa de dicho proveído; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, comisiónese al actuario de esta adscripción para notificar el auto de referencia al quejoso Saúl Urcid Velarde, aún en días y horas inhábiles tal como lo establece la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa el presente proveído, así como el diverso de tres de agosto de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por Saúl Urcid Velarde por propio derecho, contra actos de la Directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1190/2022-IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: "El oficio número 709/2022 del 14 de julio de 2022 emitido por la autoridad responsable en respuesta a la petición realizada por el quejoso en fecha 4 de julio del año en curso, donde refiere se advierten actos omisivos como lo es la autorización o bien, negativa a la instalación de dicho tendedero, la aplicación de los lineamientos para el Uso de Mamparas en el espacio académico, la omisión de retiro del mismo, por no estar debidamente autorizado, omitir o evitar y permitir que se cause perjuicio a mobiliario e infraestructura de la propia Facultad de Ciencias de la Conducta al dañar la pintura con la colocación de la cinta canela y demás pegotes, así mismo omisión de evitar daño personal de los supuestos denunciados, igualmente la omisión de regular su instalación, de fijar término de prevalencia o vigencia pues contiene anuncios caducos, igualmente contiene groserías de manera directa a su persona" DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Expuesto lo anterior, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el 5°, fracción II, de la ley de la materia, que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "5o. Son partes en el juicio de amparo: (. ) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de alguna dependencia que no tenga el carácter de autoridad. En efecto, el artículo 5º de la ley de la materia prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. Con relación a la figura de autoridad responsable, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese sentido, resulta importante subrayar cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta, para saber cuándo los particulares tendrán el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad la Ley de Amparo que rige en la especie, a saber: 1. Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: a. Dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u; b. Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. 2. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora bien, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el Estado existen tres tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual, supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Pues bien, si las relaciones de coordinación se caracterizan porque los sujetos actúan en un plano de igualdad, entonces, en la relación existente entre la institución universitaria y el profesor contratado para impartir la cátedra, debe permear esa calidad. En ese contexto, la Directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, no puede ser considerada como autoridad responsable en términos de la fracción II, segundo párrafo, del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, ya que el oficio número 709/2022 de catorce de julio de dos mil veintidós, es un acto referido sólo al personal de dicha institución, emitido de acuerdo con el régimen estatutario y normativo de la escuela, es decir, no bajo una relación de supra a subordinación, pues el maestro en cuestión, aquí quejoso, al momento de ser parte de la plantilla del personal, aceptó ceñirse a los lineamientos dispuestos por ella y no puede ser motivo de estudio del presente asunto si dichos lineamientos se están cumpliendo o no, en razón de que forman parte de una relación de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen conforme a una relación laboral, sujeta a las disposiciones contenidas en el reglamento de dicha institución. El acto imputado al funcionario universitario, tampoco puede ser considerado como emitido de acuerdo con las facultades que una norma general le otorgue, bajo una relación de supra a subordinación, ya que la fuente de esa determinación se encuentra precisamente en la voluntad de las partes y el régimen estatutario y normativo de la institución con que lo contrató, existiendo entre las partes (institución educativa y profesor) una relación de coordinación atento al sometimiento voluntario respecto de las condiciones en que la institución educativa presta el servicio. Asimismo, aun cuando el instituto educativo público realiza funciones educativas que en principio deberían corresponderle al Estado, ello es insuficiente para estimar que la aplicación de las normas aceptadas voluntariamente por las partes, puedan ser consideradas como emitidas con unilateralidad y obligatoriedad, pues se insiste, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados no es factible concluir que la Directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, al emitirlo ejerció un poder público frente al profesor, sino que actuó conforme a la regulación de la Universidad y el acuerdo de voluntades aceptado por las partes. En ese tenor, la Directora mencionada, no actúo en ejercicio de una potestad administrativa, que le otorguen atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación, sino que sus actuaciones derivan de una relación contractual entre escuela-profesor, razón por la que, no existe unilateralidad ni imperio, que son la principal característica de los actos de particulares "equivalentes" a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, motu proprio, en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, derivada de una relación laboral, regulada por el apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenamientos, asimismo dicho personal que integra estará sujeto a los planes establecidos por la institución académica, debiendo cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por la normatividad que regule su ingreso, permanencia y promoción de la institución tal y como lo prevé el Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, es claro que en este caso no puede tenerse como autoridad responsable a la citado funcionario universitario, para efectos del amparo, ya que no ejerce un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, sino que en realidad se trata de relación de coordinación, derivada de las actividades que realiza este último como profesor. Además, si bien es cierto que la Ley de Amparo en vigor contempla la posibilidad de que se ataquen actos de particulares, ello sólo acontece cuando actúan en un ámbito del derecho público, es decir, ejerciendo facultades que las leyes les otorguen, como si fueran autoridades. A mayor abundamiento, la fracción VII, del artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;". En tanto que, los preceptos 1° y 3°, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, en sus respectivos párrafos primero, declaran: "1°.- La Universidad Autónoma del Estado de México es un organismos público descentralizado del Estado de México, establecida por esta Ley con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico. [.]". "3°.- La Universidad ejercerá su autonomía en los términos de la fracción VIII del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.]". De conformidad con los preceptos anteriores, la Universidad Autónoma del Estado de México goza de una autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, la que a su vez le confieren competencia de supervisión y parajudicial, traducida en la facultad de realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, científico, técnico, operativo y académico y en la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la misma, siempre que su solución no esté reservado a un régimen jurídico específico. Al caso es invoca la jurisprudencia 1a./J. 20/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 877, que dice: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO.- Las competencias que derivan de la facultad de autogobierno de las universidades públicas son las siguientes: a) Normativas, que se traducen en la aptitud de expedir normas generales que permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo y la promoción de la investigación y la cultura; b) Ejecutivas, referidas al desarrollo y ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y las normas que las universidades emiten; c) Supervisión, que implican la facultad de inspección y control para supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios; y d) Parajudiciales, que se refieren a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario". De igual forma, tiene aplicación al caso la tesis 1a. XI/2003, Registro digital: 184349, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Mayo de 2003, página 239, que a la letra cita: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVIII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, determinó que conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. En congruencia con ese criterio, y en virtud de la autonomía que el dispositivo constitucional citado le concede a la Universidad Nacional Autónoma de México, ésta se encuentra facultada para gobernarse a sí misma, a través de sus propios órganos, así como para autonormarse o autoregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su interior, lo que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su propia legislación, así como en la creación de sus propios órganos de gobierno, entre ellos los encargados de resolver las controversias que se deriven del incumplimiento de su propia normativa." En ese orden de ideas, es claro que las determinaciones de las universidades autónomas, relativas a la supervisión, que implica implican la facultad de inspección y control para supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios; son decisiones que encuadran dentro de esas facultades de autogobernación y regulación, pues son en ejercicio de su competencia ejecutiva y de inspección. En tales condiciones, si el oficio que constituye el acto reclamado fue emitido en respuesta a diversos cuestionamientos que realizó el quejoso a la Directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, en relación a la autorización de la colocación de tendederos de denuncia colocados afuera de la dirección, los fines, objeto y efecto de la colocación de dichos tendederos, así como el retiro de los mismos, constituyen cuestiones relativas a la facultad de autogobernación y autoregulación de la Universidad Autónoma del Estado de México, y por tanto, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, y por ende, no puede tenérsele como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, dado que la respuesta dada al quejoso contenida en el oficio que ahora reclama, se trata de decisiones derivadas de la autonomía de la cual se encuentra investida la Universidad, y en consecuencia de su autoregulación y autogobierno. Al caso resulta aplicable la tesis aislada sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 119, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL.- Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter". Así como también es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis IX.1o.3 A (10a.), Registro digital: 2003899, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, página 1409, del rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO. De las consideraciones que sustentan la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.", se colige que de conformidad con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza. En virtud de la citada autonomía, las universidades públicas están facultadas para gobernarse a sí mismas y autorregularse, de lo que derivan las siguientes competencias: normativas, es decir, pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación; ejecutivas, inherentes al desarrollo y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artículo constitucional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, de supervisión, referentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad que desarrollan. Consecuentemente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, relativa a sus facultades de autonormación y autogobierno, porque al hacer uso de tales atribuciones no ejerce un poder público que afecte unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge del imperio que corresponde a la mencionada institución como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado y, por tanto, al no realizar esas actuaciones en carácter de autoridad, no está obligada a informar de ellas en términos del artículo 8o. constitucional." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el 5°, fracción II, de la ley de la materia, procede desechar la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento legal. DOMICILIO. Con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el citado por la quejosa en el proemio de su demanda. AUTORIZADO. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado a José Arturo Alcántara García en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia y a la persona restante únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV- 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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