Saúl Torres Rivero

Expediente 1038/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1038/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Saúl Torres Rivero

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el cual inserta el contenido del auto de siete de noviembre del año en curso, donde se advierte que el asunto que le fue remitido, quedó registrado con el expediente de amparo directo ****, y que aceptó la competencia declinada en su favor, por este juzgado Federal. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, sin que del oficio de cuenta se advierta algún requerimiento a este juzgado de distrito. Ahora bien, cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. En consecuencia, se ordena archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual en los autos del amparo directo 270/2023 de su estadística, acusa de recibo del original del juicio de amparo 1038/2023-VI, del índice de este órgano Jurisdiccional. De igual manera, se advierte que se reservó a proveer en relación a la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, respecto a la demanda de amparo promovida por ****, hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rinda el informe correspondiente. Téngase por acusada la recepción de las constancias remitidas, y se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se destaca que del oficio de cuenta no se advierte algún requerimiento a este juzgado de distrito. Notifíquese: por lista a las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve *****, por propio derecho, en contra del Segundo Tribunal de Alzada del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que contienen los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 11 , 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 1038/2023-VI. INCOMPETENCIA Atento al análisis de la demanda de amparo presentada, se advierte que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se plantea, en razón de lo que se expone a continuación. El artículo 170, de la Ley de Amparo en su fracción I, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Del precepto antes transcrito se advierte que en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, procede el amparo directo. En ese orden de ideas, la parte quejosa en el presente juicio de amparo reclama la sentencia dictada en treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, por el Segundo Tribunal de Alzada del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, dentro del toca 315/2023, de su índice, en la que aduce que en sus puntos resolutivos, aprecia de manera errónea el procedimiento del juicio penal seguido en su contra, considerándolo responsable de la comisión del delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia. Por tal motivo, se estima que respecto de lo que pretende reclamar el quejoso procede amparo directo, al tratarse de una sentencia definitiva dictada por tribunales judiciales. Ciertamente, de acuerdo con la interpretación auténtica contenida en el segundo párrafo, fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal. En consecuencia, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis IV.2o.A.77 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. En términos de los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito es el órgano competente para conocer de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, tiene facultades para analizar las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer en dicha demanda, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trasciendan al resultado del fallo; con excepción de los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por ello, dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para estudiar, entre otras violaciones procesales, las previstas en las fracciones I y VI del artículo 172 del ordenamiento mencionado, que se refieren a cuando no se emplaza a juicio al quejoso o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley, y en el caso de que no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Lo anterior es así, pues respecto a la violación procesal prevista en la fracción I de este último precepto, su reclamación supone necesariamente que el quejoso tuvo conocimiento, por cualquier medio, del juicio seguido en su contra y que, en consecuencia, se apersonó o compareció a éste, aun cuando no haya sido emplazado o el emplazamiento haya sido ilegal, dado que quien puede reclamarla es aquel que fue parte en el juicio y obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses, máxime que la violación indicada no constituye un acto de imposible reparación contra el que proceda el amparo indirecto, al haber tenido el particular la oportunidad de comparecer a juicio porque, en ese supuesto, aún podrá ofrecer pruebas para desvirtuar la acción intentada en su contra, promover incidentes e interponer los recursos previstos por la ley que rige el acto, de manera que esa violación debe impugnarla en amparo directo. Por lo que respecta al plazo para promover la demanda de amparo, el artículo 17 de la propia ley prevé que contra las determinaciones inicialmente señaladas será de 15 días, el cual, acorde con el artículo 18 de la misma normativa, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, si se promueve amparo indirecto, pero del análisis de la demanda se advierte que se reclaman una sentencia definitiva, así como las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172, fracciones I y VI, aludido; aquélla se presentó dentro del plazo de 15 días y el quejoso fue parte en el procedimiento de origen, debe considerarse que hubo un error en la vía, por lo cual, en aras de agilizar el trámite respectivo y, por ende, de una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ordenarse que se tramite como juicio de amparo directo y llevarse a cabo las prevenciones que se estimen oportunas en términos de los artículos 177, 178 y demás relativos de la citada ley de la materia." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que de la presente demanda de amparo corresponde conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno. Por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para que tenga bien determinar lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el Magistrado Instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será el Tribunal Colegiado en Pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto. En ese tenor, fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al Tribunal Colegiado que tenga a bien conocer, el acuse de recibo correspondiente y en su oportunidad informe lo que haya tenido a bien acordar respecto a lo planteado. JUICIO EN LÍNEA En términos de lo que establece el artículo 263, tercer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba hacerse alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para efectuarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizados para los efectos que indica. Lo anterior, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa, por oficio vía ordinaría al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno.

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