Saul Sayd Herbert Del Ángel
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- CFE Suministrador de Servicios Básicos
- Saul Sayd Herbert Del Ángel
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la queja administrativa 246/2021 de su índice, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En tales condiciones, acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, por el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió vía electrónica las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por la parte solicitante de protección constitucional, en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y quedó registrado con el número de queja administrativa 246/2021. En otro aspecto, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse gozando de su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021, quien actúa ante Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.LIAV/chf
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por ..., por medio del cual presenta recurso de queja en contra del proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En ese contexto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe sobre la materia de la queja que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, y atento a lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase vía electrónica el presente cuaderno, además del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, en turno, para la tramitación del recurso que se hace valer. De ahí que, conforme al principio de economía procesal y de pronta impartición de justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal resulta innecesario requerir al promovente para que dentro del término de tres días señale las constancias que en copia certificada deberá remitirse a la superioridad de instancia a fin de que resuelva el recurso que se hace valer conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo; ello en virtud, de que aquéllas no podrían ser diversas a la demanda, así como el acuerdo que desechó la misma. Atento a lo anterior, en el caso se estima innecesario formar un cuaderno de antecedentes respecto del presente asunto, ello sin perjuicio de que en caso de que el órgano destinatario, estime necesario para resolver las constancias físicas, se provea lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve .en contra de actos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 321/2021. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. CFE DISTRIBUCIÓN. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO ZONA COMERCIAL VALLES. CFE TAMUIN (AGENCIA DE COBRO SUCURSAL TAMUIN)" "IV.- ACTO RECLAMADO.- a).- El ilegal, arbitrario e injustificado corte de servicio de suministro de energía eléctrica número 94171200127 con equipo de medición J887DA en mi domicilio particular ubicado en Allende 418 esquina Bravo de la Colonia Víctor Manuel M. Santos de Tamuín, S.L.P., el cual vulnera mis derechos humanos colocándome en un estado de vulnerabilidad como gobernado, ya que pone en riesgo la vida, la salud u la seguridad del suscrito y mi familia." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que es indispensable que los actos reclamados, para efectos del juicio de amparo, se atribuyan a una autoridad, teniendo tal carácter las que, por disposición legal, se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con el gobernado, y que al emitir un acto de forma unilateral, es decir, sin la voluntad del particular, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de éste. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, con número de registro 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso el quejoso señaló como autoridades responsables a Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, Comisión Federal de Electricidad Distribución, Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Golfo Centro Zona Comercial Valles y Comisión Federal de Electricidad Tamuín (Agencia de Cobro Sucursal Tamuín); personas morales que no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en la que sostuvo, en lo medular, lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: `Art. 75. La ley reputa actos de comercio: (...) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (...) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. ´ `Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. ´ Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." De la contradicción de tesis citada, emanó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 336, registro 2015944, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, registro: 2016656, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." De las jurisprudencias invocadas, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a los particulares, por parte de la empresa productiva del Estado o sus subsidiarias, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, en el que los contratantes no se someten arbitraria y unilateralmente a las condiciones de la empresa, lo que se traduce en que el suministro de energía eléctrica no se ejerce en un plano de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, por lo que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto de comercio, que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que la contratación de dicho servicio participa de dicha naturaleza jurídica. En consecuencia, si el acto reclamado se relaciona con la prestación de dicho servicio de suministro de energía eléctrica, proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del Estado, dicho acto no puede considerarse proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. Asimismo, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis I.1o.A.132 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2522, con número de registro 2012333, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS, Al resolver los precedentes de que derivaron dichos criterios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en cuenta que de las disposiciones constitucionales y legales que regulaban a la Comisión Federal de Electricidad se advertía lo siguiente: 1. Es un organismo público descentralizado; 2. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva, por lo que ninguna persona privada puede prestar esos servicios; 3. Los contratos que celebra para cumplir el mandato constitucional de brindar el servicio de energía eléctrica son administrativos; y, 4. En consecuencia, los actos que emita derivados del contrato también son administrativos y pueden ser impugnados a través del recurso de revisión, del juicio de nulidad, o bien, del juicio de amparo cuando proceda. Sin embargo, a raíz de la reforma a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014, respectivamente, dicha entidad se transformó, por ministerio de ley, en empresa productiva del Estado y se estableció la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución de energía eléctrica. Así, de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor se advierte que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza y que, excepcionalmente, aquellos que dicte en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, y serán los únicos que podrán ser impugnados a través del juicio de nulidad y, en su caso, del amparo, pues el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en esas materias, o bien, a través de los mecanismos de solución que pacten las partes. Por tanto, las tesis aisladas mencionadas, que establecían que los actos de la Comisión Federal de Electricidad eran impugnables mediante los juicios de nulidad y de amparo, quedaron sin sustento jurídico, razón por la cual no es factible tomarlas en cuenta como criterios orientadores." En ese orden de ideas, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos o incurre en omisiones, con motivo de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio, imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; en consecuencia, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. La determinación anterior se realiza sin que pase inadvertida la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, con número de registro 2001071, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; esto es así, toda vez que de conformidad con la diversa jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, con número registro 2007580, excepcionalmente es posible analizar, a través del auto inicial de trámite, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; dicho criterio es de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Al respecto cabe precisar que con apoyo en las jurisprudencias de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", previamente citadas, se atiende al criterio de excepción antes señalado, motivo por el cual, al existir jurisprudencia temática emanada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe impedimento legal o jurisprudencial alguno para desechar la presente demanda de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1008, registro 2019230, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Se advierte también que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emanó la citada jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), expuso no se debía descartar la eventualidad de que la Comisión Federal de Electricidad llevara a cabo actos no pactados o que excedieran el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, que ello debía ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio emitido por esa superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Así, de manera ejemplificativa, citó como tales: 1. Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). 2. Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). 3. Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. En esa medida, si derivado de las obligaciones de pago del suministro básico de energía eléctrica que se tiene contratado en el domicilio del quejoso, es claro que tales actos no son impugnables a través del juicio constitucional, en términos de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Alto Tribunal, pues no pueden considerarse como actos de autoridad, al emanar de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. En efecto, la subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad Distribución, no actuó como autoridad, ni como particular en funciones de autoridad, pues no determinó por sí, la situación jurídica del quejoso en ejercicio de alguna atribución establecida en la ley, sino que actuó como particular, en tanto que mantiene una relación comercial con el quejoso Saúl Sayd Herbert del Ángel, con motivo del servicio de suministro de energía eléctrica que le proporciona en el domicilio ubicado en calle Allende número 418 esquina con Bravo de la colonia Víctor Manuel M. Santos en Tamuín, San Luis Potosí, donde dice habitar, la cual a su vez se encuentra sujeta a la observancia de las disposiciones regulatorias expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. De ahí que, dicha entidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, porque el acto que se les atribuye resulta ser una controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica. Máxime que el promovente no señala en forma concreta la vulneración de algún derecho sustantivo, aunado a que del contenido de su demanda de amparo no se desprende que se ponga en riesgo la vida, la salud y/o la seguridad del quejoso y de su familia. No es óbice que el promovente haya manifestado bajo protesta de decir verdad que las responsables nunca le entregaron ni firmó contrato alguno de suministro de energía eléctrica, lo cierto es que de las documentales que anexa a su demanda de amparo, se advierte que el recibo de luz con número de servicio 942171200127, se encuentra a nombre del quejoso Saúl Sayd Herbert del Ángel. Aunado a lo anterior, resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí con residencia en esta ciudad, se encuentra registrado el juicio de amparo 289/2021, promovido por Saul Sayd Herbert del Ángel, contra las mismas autoridades responsables, en el esencialmente señala como acto reclamado el aviso de cobro por ajuste de facturación, el requerimiento de pago y corte de servicio de suministro de energía eléctrica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 257, Tomo XI, Abril de 1993, Octava Época, publicada el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son como siguen: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Bajo ese contexto, en primer lugar conviene precisar que en la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, la parte quejosa señaló como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. CFE DISTRIBUCIÓN. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO ZONA COMERCIAL VALLES. CFE TAMUIN (AGENCIA DE COBRO SUCURSAL TAMUIN)" "IV.- ACTO RECLAMADO.- a).- El ilegal, arbitrario e injustificado corte de servicio de suministro de energía eléctrica número 94171200127 con equipo de medición J887DA en mi domicilio particular ubicado en Allende 418 esquina Bravo de la Colonia Víctor Manuel M. Santos de Tamuín, S.L.P., el cual vulnera mis derechos humanos colocándome en un estado de vulnerabilidad como gobernado, ya que pone en riesgo la vida, la salud u la seguridad del suscrito y mi familia." Atento a lo anterior, se advierte de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción X, cuya hipótesis está condicionada a lo siguiente: a) Que exista juicio de amparo anterior. b) Que este haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. c) Que el juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. Supuestos que en el caso se actualizan, pues el juicio de amparo 289/2021, invocado como hecho notorio en párrafos que anteceden, fue promovido por Saul Sayd Herbert del Ángel, y en principio, reclama: Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, Comisión Federal de Electricidad Distribución, Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Golfo Centro Zona Comercial Valles lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- El ilegal y arbitrario aviso de cobro por ajuste de facturación 1034/2021 de fecha 14 de Junio de 2021 debidamente notificado el 17 de Junio del año en curso mediante el cual determina a que pague un importe por la cantidad de $135.957.95 (ciento treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 95/100 M.N) por ajuste a la facturación requiriéndoseme que dentro de los siguientes tres días acusa a realizar el pago y una vez realizado el pago se reanudará el servicio de suministro básico. El incumplimiento de la obligación de fundar su competencia para instaurar un procedimiento de verificación de los equipos o instrumentos de medición e instalación eléctrica. El indebido ajuste, requerimiento de pago y corte del servicio de suministro básico derivado de la supuesta práctica de una verificación efectuada por las responsables." Por lo que claramente, se advierte que son las mismas autoridades y el acto que reclama en la demanda de cuenta, se encuentra inmerso entre los señalados en el juicio de amparo 289/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en esta ciudad. Entonces, si en el presente juicio reclama precisamente los mismos actos contra las mismas autoridades, que ya precisó en el diverso juicio 289/2021 del índice del referido Juzgado Quinto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. No es óbice a lo anterior que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 289/2021 fue desechada; sin embargo, dicha determinación aún no se ha declarado firme. En ese contexto procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Saul Sayd Herbert del Ángel, contra actos que reclama de Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, Comisión Federal de Electricidad Distribución, Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Golfo Centro Zona Comercial Valles y Comisión Federal de Electricidad Tamuín (Agencia de Cobro Sucursal Tamuín); ello con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional; lo que incluso le permite acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracciones X y XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, en relación con lo establecido por el numeral 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Saúl Sayd Herbert del Ángel. Domicilio. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco I. Madero número 88, Altos, despacho 4, zona Centro, de esta ciudad. Autorizados. Se tiene como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Alejandro Guevara Nava, Héctor Miguel Medina Ocejo; toda vez que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Expediente electrónico. Del mismo modo, el promovente solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, en este sentido, toda vez que dicho profesionista en términos amplios tiene como nombre de usuario "Hectorm", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, así como la presentación de promociones vía electrónica en el presente juicio de amparo. En otro contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, todas las notificaciones que se realicen en el presente asunto, aún aquellas que sean de carácter personal, realícense por vía electrónica por así haberse solicitado expresamente. Resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2498, número de registro 2018958, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR. El artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo autoriza que las notificaciones en el juicio puedan hacerse vía electrónica a las partes, condicionado a que así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Por su parte, los numerales 77 a 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015, prevén la posibilidad de que las partes consulten el expediente electrónico respectivo, lo que se supedita a la previa solicitud expresa del interesado y a la autorización del juzgador ante quien se tramite el asunto, con la determinación de que dicha cuestión no implica, por sí misma, el permiso para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, pues para ello se exige, en primer término, la solicitud expresa mediante una promoción impresa o electrónica, cumpliendo los requisitos respectivos, aunado a que el Juez es el único facultado para autorizar o revocar los permisos necesarios para realizar notificaciones en esta forma. En esa tesitura, si se solicita la vinculación del juicio de amparo con un nombre de usuario, de concederse, únicamente tiene como consecuencia poder consultar el expediente electrónico; dicho en otras palabras, la circunstancia de que a solicitud expresa, el expediente electrónico se vincule a un determinado usuario, no implica que por ese hecho, las notificaciones se harán electrónicamente, pues para ello se requiere de una solicitud expresa del interesado, entre otros requisitos." De igual manera, hágase del conocimiento de la parte promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo, adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico. Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico señalados en la demanda de cuenta, que en caso de estimarse necesario, podrá tomarse en consideración para establecer contacto con dicha parte, ello en atención a lo establecido en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse; por lo que, previo a la captura de las imágenes se debe solicitar la autorización de la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su juicio de amparo, dejando en el expediente constancia legal de su recepción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se las haga entrega de la copia que soliciten deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las trece horas con treinta minutos a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del ordenamiento multicitado. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese personalmente al promovente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, Secretario que autoriza y da fe.
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