Saúl Sayd Herbert del Ángel
Expediente 289/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Saúl Sayd Herbert del Ángel
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. SE RECIBE TESTIMONIO. Téngase recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual remite copia autorizada de la resolución de cuatro de octubre actual, pronunciada en el recurso de queja administrativo 231/2021, hecha valer por el impetrante de amparo en contra del auto de veinticuatro de junio del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y estése a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en la que se declaró infundado el recurso de queja. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DOCUMENTO. Se advierte que obran unos documentos originales ofrecidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, los citados documentos correrán la misma suerte que este expediente. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. Se precisa que el horario de atención para diligencias que ameritan ingreso al juzgado comprende de las ocho horas con treinta minutos a las trece horas con treinta minutos. Por ello, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario ya precisado. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintiuno. Téngase recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el cual acusa recibo del diverso 9488/2021 del índice de este Juzgado, por el cual se remitió el escrito de agravios con firma autógrafa del quejoso e informa que se admitió el recurso de queja hecho valer por el mismo, y se registró con el número de expediente 231/2021; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el escrito signado por...mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, toda vez que el recurso de que se trata versa sobre el auto que desechó la demanda de amparo, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por...al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Finalmente, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, que corresponda conocer del medio de impugnación hecho valer, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, a fin de que resuelva lo que estime pertinente sobre el recurso de revisión planteado, para lo cual se instruye a la analista jurídico sise. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por... Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 289/2021-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se aprecia que el quejoso señala como autoridades responsables a CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Golfo Centro zona comercial Valles, a quienes les reclama: Asimismo, de los antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, señala que es titular del servicio de energía eléctrica con número 942171200127, equipo de medición J887DA ubicado en Allende número 418, esquina con Bravo, de la colonia Víctor Manuel M. Santos, en Tamuín, San Luis Potosí. Que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, le fue notificado el aviso de cobro por ajuste a la facturación 1034/2021 de catorce de junio del año en curso mediante el cual se determina el pago de la cantidad de $135,957.95 (ciento treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 95/100 moneda nacional) por ajuste a la facturación, por lo que se le requirió para que realizara el pago dentro de los tres días siguientes. Bien, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bien, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Art. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, porque no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El criterio en cita es consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Expuesto lo anterior, conviene citar los siguientes criterios sustentados también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a los actos de la Comisión Federal de Electricidad. Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, tomo I, página 532, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, tomo I, página 336, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." De las jurisprudencias invocadas, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a los particulares, por parte de la empresa productiva del Estado o sus subsidiarias, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, en el que los contratantes no se someten arbitraria y unilateralmente a las condiciones de la empresa, lo que se traduce en que el suministro de energía eléctrica no se ejerce en un plano de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, por lo que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se advierte también que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emanó la citada jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), expuso no se debía descartar la eventualidad de que la Comisión Federal de Electricidad llevara a cabo actos no pactados o que excedieran el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, que ello debía ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio emitido por esa superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Así, de manera ejemplificativa, citó como tales: 1. Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). 2. Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). 3. Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. En la especie, la quejosa reclama el aviso de cobro por ajuste a la facturación 1034/2021 de catorce de junio del año en curso, mediante el cual se determina el pago de la cantidad de $135,957.95 (ciento treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 95/100 moneda nacional) por ajuste a la facturación, para lo cual se le requirió de pago dentro de los tres días siguientes, ello respecto del servicio de energía eléctrica 942171200127 suministrado en el domicilio ubicado en calle Allende número 418 esquina con Bravo de la colonia Víctor Manuel M. Santos en Tamuín, San Luis Potosí. En esa medida, si derivado de las obligaciones de pago del suministro básico de energía eléctrica que se tiene contratado en el domicilio que la quejosa dice le dejaron el aviso, es claro que tales actos no son impugnables a través del juicio constitucional, en términos de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Alto Tribunal, pues no pueden considerarse como actos de autoridad, al emanar de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. En efecto, al dejarle el aviso de que se trata, la subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad Distribución, no actuó como autoridad, ni como particular en funciones de autoridad, pues no determinó por sí, la situación jurídica del quejoso en ejercicio de alguna atribución establecida en la ley, sino que actuó como particular, en tanto mantiene una relación comercial con el quejoso Saúl Sayd Herbert del Ángel, con motivo del servicio de suministro de energía eléctrica que le proporciona en el domicilio ubicado en calle Allende número 418 esquina con Bravo de la colonia Víctor Manuel M. Santos en Tamuín, San Luis Potosí, donde dice habitar, la cual a su vez se encuentra sujeta a la observancia de las disposiciones regulatorias expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. De ahí que, dicha entidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, porque el acto que se les atribuye resulta ser una controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica. Sin que, por otra parte, se advierta que con los actos que por esta vía se impugnan pongan en riesgo la salud y la vida de la disidente. No es óbice que el disidente haya manifestado bajo protesta de decir verdad que las responsables nunca le entregaron ni firmó contrato alguno de suministro de energía eléctrica, lo cierto es que de las documentales que anexa a su demanda de amparo, se advierte que el recibo de luz con número de servicio 942171200127, se encuentra a nombre del quejoso Saúl Sayd Herbert del Ángel. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que se impone desechar la demanda de amparo promovida por Saúl Sayd Herbert del Ángel, en términos del artículo 113 de la invocada ley. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de febrero de dos mil diecinueve, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." AUTORIZADOS DE LAS PARTES. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones a Héctor Miguel Medina Ocejo y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Jesús Alejandro Guevara Nava, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la autorice a ejercer la profesión de abogado. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa al usuario "Hectorm", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el directamente quejoso se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que puedan consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Asimismo, se tiene al peticionario del amparo, señalando dirección electrónica y número telefónico para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Sin que haya lugar a tener a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, toda vez que se autorizó al usuario "Hectorm", para recibirlas de forma electrónica, de conformidad con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
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