Saúl Sánchez Vargas
Expediente 335/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Saúl Sánchez Vargas
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por ---------- y ----------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, son susceptibles de destrucción. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio por medio del cual la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informa que otorgó la representación jurídica del Presidente a la Secretaría de Salud. Agréguese sin mayor proveído el oficio de cuenta, toda vez que en auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el informe justificado de esa autoridad y se acordó lo conducente; máxime que el catorce de octubre del presente año, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia definitiva en el presente juicio.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 335/2020-VI, promovido por ------y ------, por propio derecho, contra actos de Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito judicial de Cuautitlán, Estado de México y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito recibido el ocho de junio de dos mil veinte, por el Secretario adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, autorizado para recibir demandas de amparo por incomunicación, las relativas a los artículos 15, 17 y 20 de la Ley de Amparo, y todas aquellas promociones que requieran diligenciarían urgente, así como aquellas que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General 8/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ------ y ------, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Los solicitantes del amparo estimaron que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos que consagran los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante proveído de ocho de junio dos mil veinte, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 335/2020-VI; solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y con fundamento en el Acuerdo General 4/2020 del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto fueran reanudadas las labores de este recinto judicial. Posteriormente, por auto de tres de agosto de dos mil veinte, se ordenó la reanudación del trámite en el presente sumario constitucional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que los actos reclamados carecen de ejecución material, aunado a que la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda de amparo y de las demás constancias del expediente,1 se advierte que los que los quejosos reclaman de cada autoridad son los siguientes: 1. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Secretario de Salud del Gobierno Federal Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." La expedición del decreto de veintisiete de marzo de dos mil veinte, por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2, COVID19; con motivo de la suspensión en la tramitación del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán. 2. Secretario de salud del Gobierno Federal. La expedición de los acuerdos de veintitrés, treinta, y treinta y uno de marzo, y veintiuno de abril, todos de dos mil veinte, por medio de los cuales se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, entre ellas, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales. Los cuales se reclaman, con motivo de la suspensión en la tramitación del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán. 3. Del Gobernador del Estado de México: La expedición de los acuerdos por los cuales que se determinan acciones preventivas con motivo de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para el Gobierno del Estado de México, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, así como los acuerdos posteriores que han ampliado y prorrogado la suspensión de actividades; ello con motivo de la suspensión del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán. 4. Del Secretario de Salud del Estado de México. La expedición de los acuerdos de dos y veintiocho de abril de dos mil veinte, por los que se establecen las medidas preventivas y de seguridad que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID-29, en el Estado de México, ello con motivo de la suspensión del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán. 5. Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y de los Integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México: La emisión de los Acuerdos de diecisiete, treinta y uno de marzo, veintinueve de abril y veintisiete de mayo, todos de dos mil veinte, a través de los cuales se determinó y prorrogó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, del Estado de México, del veinte de marzo hasta el treinta de junio de dos mil veinte; ello con motivo de la suspensión del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán. 6. Del Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. La suspensión en la tramitación del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, en cumplimiento a los acuerdos generales referidos en los puntos 1 a 5 del presente considerando. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, ya que todas las autoridades responsables: (i) Juez Sexto Familiar de Cuautitlán, Estado de México; (ii) Secretario de Salud del Gobierno Federal; (iii) Gobernador del Estado de México; (iv) Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por sí y en representación de los Integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México; (v) Secretario de Salud del Estado de México; y (vi) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Secretario de Salud del Gobierno Federal; al momento de rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron su existencia. Informes que, dado su carácter de documento público por haber sido emitido por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2.2 Además los acuerdos generales reclamados no son objeto de prueba; ya que su existencia es un hecho notorio que se desprende de su publicación tanto el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México, así como en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de México.3 2Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, Novena Época, con número de registro 917812 del título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 3Es aplicable la tesis V.2o.214 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 1995, Pág. 205, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas.", así como la diversa, I.3o.C.26 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Página: 1996, de rubro y texto: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese sentido, este juzgador en relación con el acto reclamado, consistente en la suspensión o paralización del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, precisado en el numeral 6 del considerando SEGUNDO, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA. Los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general; los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la autoridad judicial, no puede justificar un desconocimiento del acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.];" De lo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En esos términos la causal de improcedencia en comento se actualiza cuando, con posterioridad al acto reclamado, en el propio procedimiento del cual deriva se dicta una determinación que incide en ese acto e imposibilita el análisis de su constitucionalidad, ya que de realizarlo, se afectaría la nueva situación procesal. Así, esta causal se refiere a una irreparabilidad jurídico-procesal, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban antes de la consumación del acto reclamado. Ahora, conforme al numeral y fracción citada, los elementos que deben actualizarse para estimar que en un caso concreto ocurrió un cambio de situación jurídica por el que deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) La emisión de un acto dentro de ese procedimiento, que se tilde de inconstitucional y se combata a través del juicio de amparo; c) Un cambio de situación jurídica en ese procedimiento, derivado de un acto posterior, que consume irreparablemente las violaciones reclamadas, porque no pueda decidirse en el mismo sin afectar la nueva situación; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que esta pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no constitucional. Al respecto resulta ilustrativa y aplicable al no contravenir las disposiciones de la Nueva Ley de Amparo, la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página 219, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Sobre esas bases, se estima que en el presente caso se actualizan todos los elementos referidos, por las siguientes razones. Es conveniente referir, en primer lugar, que los quejosos refieren ser parte (actor y abogado patrono) en el juicio especial de divorcio incausado 125/2020 que se ventila ante el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, y se duelen de manera esencial que con motivo de los diversos acuerdos emitidos para atender la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) el trámite de ese juicio fue suspendido a partir del veinte de marzo de dos mil vente, lo cual tuvo como efecto restringir el acceso a la administración de justicia de los quejosos, pues se dejó de resolver sobre las pretensiones sobre el estado civil y derecho familiar que se reclamaron en ese procedimiento. Sin embargo, el Juez responsable, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre de dos mil vente, informó que ya se había ordenado reanudar el juicio de origen, en el cual, el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se dictó la sentencia interlocutoria que declaró la disolución del vínculo matrimonial; además de que remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veinte, así como de las actas de la primer y segunda audiencia de avenencia, de trece y treinta y uno de agosto de dos mil veinte, así como de la sentencia interlocutoria a la que hace referencia el juez responsable. De las referidas constancias, se advierte que en el auto de veintisiete de julio de dos mil veinte, al tomar en consideración que el pazo de suspensión de las actividades de los órganos jurisdiccionales, establecidas en los diversos acuerdos generales había culminado, ordenó citar a las partes a la Primera Audiencia de Avenencia y señaló para su celebración el día trece de agosto de dos mil veinte. Asimismo se advierte la celebración de la audiencia referida, a la cual comparecieron los aquí quejosos Saúl Sánchez Vargas y Alfredo Alejandro Flores Bernardo, así como la celebración de la Seguda Audiencia de Avenencia en el procedimiento especial de divorcio incausado 125/2020, el día treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la cual únicamente estuvo presente Saúl Sánchez Vargas, misma que culminó con el dictado de la sentencia interlocutoria, cuyos puntos resolutivos son los siguietes: "PRIMERO. Ha sido procedente en esta instancia la vía ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, elegida por SAÚL SÁNCHEZ VARGAS, con vista a SAMANTHA RUIZ VEGA. SEGUNDO. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que una a SAÚL SÁNCHEZ VARGAS y SAMANTHA RUIZ VEGA celebrado el treinta de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía 01 del Registro Civil de Tepotzotlán, Estado de México, dejando a salvo las consecuencias inherentes al matrimonio. TERCERO. Dado que el matrimonio se contrajo bajo el régimen de Sociedad Conyugal legal, se declara su terminación, cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia, una vez que se den las bases para ello. CUARTO. Con fundamento en el artículo 2.379 con relación al 1.210 fracción I del Código Adjetivo de la materia, atendiendo al sentido de esta resolución la misma causa ejecutoria por ministerio de Ley. QUINTO. Gírese el oficio de estilo por los conductos legales a la Oficialía 01 del Registro Civil de Tepotzotlán, Estado de México, ante el cual contrajeron matrimonio, adjuntándole para ello copias certificadas de esta sentencia y de acta de matrimonio, a fin de que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4.10 del código civil vigente en el Estado de México. SEXTO. En términos del numeral 2.377 del código Adjetivo al no existir consenso en el convenio, se otorgan cinco días comunes a las partes, para que formulen pretensiones, hechos y pruebas. SÉPTIMO El solicitante quedo debidamente notificado de la presente resolución en la audiencia y se ordena publicar la misma a efecto de notificar a SAMANTHA RUIZ VEGA." Ahora bien, de los antecedentes antes expuestos se advierte que se encuentran colmados todos los elementos del cambio de situación jurídica. a) En primer términos, se advierte la existencia del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, del cual deriva el acto reclamado; b) El acto que se tilda de inconstitucional en el presente juicio, es la paralización de ese procedimiento a partir del veinte de mayo de dos mil veinte, con motivo de las medidas para atender la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); c) Con posterioridad, se dictó el auto de veintisiete de junio de dos mil veinte, con el cual se reanudó el trámite del juicio de origen, mismo que concluyó con el dictado de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil vente; lo cual se estima consumó irreparablemente las violaciones reclamadas, pues no podría entrar a analizarse ese acto, sin afectar la nueva situación derivada de la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte (que declaró disuelto el vínculo matrimonial, a petición del actor, aquí quejoso); y d) Existe autonomía entre la suspensión del procedimiento, por un lado, y el auto de veintisiete de junio y la sentencia de treinta y uno de agosto, ambos de dos mil veinte, por el otro; ya que las situaciones jurídicas generadas por estos últimos (reanudar el trámite del juicio y disolver el vínculo matrimonial), de ninguna manera dependen o derivan de la paralización del procedimiento, en consecuencia, estas situación pueden subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo pudiera resultar inconstitucional. En consecuencia, se debe concluir que la nueva situación jurídica imposibilita el estudio del acto reclamado, pues de efectuarse y en el caso de concederse el amparo se afectaría la nueva situación jurídica. Es aplicable a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3032, XCI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, es procedente SOBRESEER en el juicio por lo que respecta al acto señalado en el numeral 6 del considerando SEGUNDO, esto es, la suspensión en la tramitación del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, al haberse actualizado un cambiado la situación jurídica en virtud de que, durante el trámite del amparo, se reanudó la tramitación del juicio de origen, el cual, incluso, ya concluyó con la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en que se declaró la disolución del vínculo matrimonial, dictada por el Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Finalmente, ese sobreseimiento debe hacerse extensivo a todos los acuerdos generales reclamos, marcados con los numerales 1 a 5 del considerando SEGUNDO; ya que todos fueron impugnados a partir del acto de aplicación analizado en párrafos precedentes, es decir, con motivo de la suspensión en el trámite del juicio especial de divorcio incausado 125/2020, del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Al respecto debe decirse que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una (o varias) normas de carácter general, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador de amparo no puede desvincular el estudio de esa norma del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí sola la norma general considerada en abstracto. De esa manera, la vinculación entre las normas generales reclamadas en el presente juicio y el acto concreto de su aplicación (suspensión del procedimiento de divorcio 125/2020), impide examinar las primeras prescindiendo del segundo, por lo tanto, si el acto de aplicación reclamado quedó irremediablemente consumado, con motivo de un cambio de situación jurídica, y por lo tanto se desestimó el amparo promovido en su contra, ello impone al juez la necesidad de sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y las norma impugnadas, ya que, en palabras del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento".4 Bajo esas consideraciones, con fundamento también en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, es menester SOBRESEER en el presente juicio, relación con las normas generales impugnadas, precisadas en los numerales 1 a 5 del considerando segundo, ya que el estudio de los Acuerdos Generales recamados, no puede desvincularse del que en su caso correspondería al acto de aplicación por el cual fueron reclamados en el presente juicio de amparo.5 4 Jurisprudencia 346 visiblre en el Apéndice 2000, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Página: 400, de rubro y texto: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION.- Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Es aplicable la tesis XXI.2o.P.A.25 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto: TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. SI SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, RESULTA IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS LA DECLARACIÓN-RECIBO, CON LA QUE SE PRETENDE DEMOSTRAR DICHO ACTO DE APLICACIÓN. Las reglas para el estudio del juicio de amparo contra leyes cuando se promueve con motivo del primer acto concreto de aplicación establecidas en la jurisprudencia número 346, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", consisten en que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador no puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio a la promovente del juicio, y no por sí sola la ley considerada en abstracto; la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro, por lo cual debe analizarse, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, porque de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; en cambio, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; por tanto, resulta incorrecto el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios en Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo; lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley, en relación con la totalidad de los actos reclamados, relacionados en el considerando SEGUNDO. Sin que haya lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su escrito de demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo.6 Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por --------y ------, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, contra del acto de aplicación, antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. En esas condiciones, si en el juicio de amparo en el que además de reclamar la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para los años dos mil cuatro y dos mil cinco, con motivo de su primer acto concreto de aplicación (declaración-recibo), también se impugna éste, por vicios propios al estimarse que carece de los requisitos formales de fundamentación y motivación que en cumplimiento de la garantía de legalidad exige el artículo 16 constitucional, y al resolver se consideró la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, lo cual necesariamente comprende a la ley, y por tanto, no se realizó el estudio de la constitucionalidad de la norma general reclamada; esa circunstancia no sólo impide sino imposibilita al juzgador para abordar el análisis de los conceptos de violación expresados en contra de la legalidad de tal acto de aplicación, reclamado por vicios propios, porque además de que no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Séptima Época, página 335, cuya literalidad es: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."" y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 217 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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