Saul Rosales Salazar

Expediente 1166/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1166/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • Saul Rosales Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a veinte de enero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se estableció -entre otras situaciones-, que en el periodo comprendido del catorce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional regresó al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del mencionado acuerdo general; por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Oficio. Por recibido el oficio remitido por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa a este juzgado de Distrito la imposibilidad de notificar a la perito en materia de contabilidad, Norma Verónica Rosales Gutiérrez, por los motivos que expone. Acuerdo. En tales condiciones, gírese oficio a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, a efecto de que en auxilio de la administración de justicia, una vez que concluya el periodo vacacional de la perito Norma Verónica Rosales Gutiérrez le haga saber a dicha experta que deberá emitir su dictamen dentro del término de diez días hábiles, contado a partir de la presente diligencia, en el entendido que se otorga el acceso al juicio de amparo en que se actúa, a fin de que tenga conocimiento de los términos en que se deberá desahogar la pericial y cuente con los elementos necesarios para ello. Apercibimiento. Subsiste el apercibimiento decretado en autos. Oficio. Por otra parte, agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que realiza con relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, el emplazamiento del tercero interesado y demás constancias de autos. Asimismo se da cuenta con la reserva testimonial efectuada el cinco de octubre de dos mil veintiuno. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata y se desecha la testimonial ofrecida, pues con ella, no demostrará la propiedad del inmueble. En ese mismo orden de ideas, sobre la posesión, a pesar que con la testimonial que en su caso se desahogue e incluso llegase a probarse la posesión del quejoso en el inmueble, debe verificarse que el mismo no sea en mero detentador, sino el interés jurídico o derecho real que tiene con el inmueble, por lo que, del mismo modo, es innecesario su desahogo por las razones que se apuntarán dentro del cuerpo de esta sentencia. Sirve en sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Tesis: II.2o.C. J/10, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1341, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Sin que la misma sea factible concatenar con los recibos de luz y agua exhibidos, pues están a salvo los derechos del quejoso, para que en la vía ordinaria correcta, pueda hacer valer su derecho ante la autoridad del fuero común. De tal suerte, que aún y cuando se desahogara la misma y le fuera favorable, esto es, que se acreditara la posesión del quejoso sobre el inmueble, ahora, tendría que acreditar el derecho real que le asiste con el mismo o el interés jurídico en el juicio de amparo, lo cual será motivo de análisis con el material probatorio. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia pública.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, Saúl Rosales Salazar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Ramo Civil con residencia en la ciudad de San Pedro, Coahuila Con domicilio en avenida Juárez 193 centro CP27800. Notario Público número 4 de la ciudad de San Pedro, Coahuila, del Distrito Notarial del mismo nombre, licenciado Librado Liabas Juárez, con domicilio en avenida acuña número 147 centro de la ciudad de San Pedro, Coahuila. Director del Registro Público de la Propiedad de San Pedro, Coahuila, con domicilio en avenida Lerdo número 149 centro de la ciudad de San Pedro, Coahuila. ACTOS RECLAMADOS I. - Del Juez de Primera Instancia en materia Civil de la ciudad de San Pedro, Coahuila, reclamo como violatorio a mi derecho fundamental el procedimiento judicial radicado ante la autoridad responsable en mención, bajo el expediente 1118/2015, formado con motivo de la demanda civil interpuesta en ejercicio de la acción de Usucapión y presentada, por el C. Esteban Rosales Velázquez en contra de Cruz Hernández Hernández y de la Directora Registradora del Registro Público de la ciudad de San Pedro, Coahuila, y como consecuencia de lo anterior, señalo como acto reclamado la sentencia definitiva 176/2017, dictada dentro del juicio mencionado en líneas precedentes y tomando en cuenta que dicha resolución, declaró justificados por parte del accionante Esteban Rosales Velázquez, los elementos constitutivos de la acción de usucapión y declaró a favor de Esteban Rosales Velázquez, la adquisición del bien inmueble ubicado en avenida Chihuahua número 22, antes número 13 de la colonia Zaragoza de la ciudad de Francisco I. Madero, Coahuila; inmueble que cuenta con las siguientes medidas y colindancias; al norte mide diez metro y colinda con avenida Chihuahua; al sus mide 10 metros y colinda con lote 4; al oriente mide 29 metros y colinda con lote 15; al poniente mide 29 metros y colinda con lote 17, inmueble que antes de esta resolución y de su inscripción ante Registro Público, se encontraba inscrita en dicha dependencia a nombre de Cruz Hernández Hernández, bajo la partida 1442, libro 5A, tomo 2 de la sección I, folio 125 de fecha 16 de diciembre de 1981. - De igual forma, la diversa autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Pedro, Coahuila, del Distrito Judicial de San Pedro, Coahuila, dentro del Juicio del Juicio Ordinario Civil sobre Usucapión promovido por Esteban Rosales Velázquez en contra de Cruz Hernández Hernández y de la Directora Registradora del Registro Público de la ciudad de San Pedro, Coahuila, que fue radicado bajo el expediente 1118/2015 dentro del cual se dictó la sentencia definitiva 176/2017, procedimiento judicial en el que se omitió llamar a juicio al suscrito SAUL ROSALES SALAZAR. III. - Del licenciado Librado Llenes Gómez, Notario Público número 4 del Distrito Notarial de San Pedro, Coahuila, con residencia en esa misma ciudad, señalo como acto reclamado la protocolización mediante escritura pública número 70, tirada en dieciséis de abril de dos mil dieciocho, Protocolo que contiene tanto el juicio sucesorio intestamentario expediente 317/2017, como la sentencia definitiva 176/2017 dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de la ciudad de San Pedro, Coahuila dentro del expediente 1118/2015 del juicio ordinario civil de usucapión, protocolo que según el certificado de gravámenes que anexo, contiene el protocolo de los procedimientos judiciales citados; instrumento público que quedo inscrito ante el Registro Público de la propiedad bajo la partida 27534, libro 276, sección I, en fecha 28 de octubre de 2019, registrando la propiedad señalada en acto reclamado que precede a nombre de Esteban Rosales Velázquez. IV.- La inscripción por parte del Director Registrador del Registro Público de ciudad de San Pedro, Coahuila, de la escritura pública número 70 de fecha dieciséis de abril de 2018, tirada ante la fe del Notario Público número 4 de la ciudad de San Pedro, Coahuila, instrumento público que contiene el protocolo de los juicios sucesorio intestamentario expediente 317/2017, como la sentencia definitiva 176/2017 dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de la ciudad de San Pedro, Coahuila dentro del expediente 1118/2015, formado con motivo de la demanda presentada por ESTEBAN ROSALES VELAZQUEZ, en contra de CRUZ HERNANDEZ HERNÁNDEZ y Director Registrado del Registro. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Aclaración. La demanda se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda 1166/2021-VIII, misma que se mandó aclarar, la cual se realizó en los siguientes términos: Admisión. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente y se dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero interesado. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado. Seguido que fue el juicio por sus etapas procesales, se levantó la audiencia constitucional que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en este caso se reclaman actos dictados por autoridades residentes en esta localidad, lugar donde este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa en su carácter de tercero extraño en estricto sentido, consisten en: i. La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 1118/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en San Pedro, Coahuila, promovido por ESTEBAN ROSALES VELAZQUEZ en contra de CRUZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en el que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Este juzgado resultó competente para conocer y fallar en la presente causa. SEGUNDO. Fue procedente la vía propuesta y tramitada. TERCERO. La parte actora ESTEBAN ROSALES ROSALES (sic), justificó los elementos constitutivos de su acción de usucapión, conforme a las consideraciones expuestas en el cuerpo de esta resolución, mientras que la demandada CRUZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, no comparecieron a juicio, en consecuencia: CUARTO. Se declara que la parte actora ESTEBAN ROSALES VELAZQUEZ, ha adquirido mediante la usucapión y, por ende, se han convertido en propietario respecto al siguiente bien: Finca urbana ubicada por la Avenida Chihuahua número 22 de la colonia Zaragoza de Francisco I. Madero Coahuila con las siguientes medidas y colindancias; al norte mide 10 metros y colinda avenida Chihuahua, al sur mide 10 metros y colinda con lote 4; al Oriente mide 29 metros y colinda con lote 15; al Poniente mide 29 metros y colinda con lote 17, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de La propiedad de esta ciudad bajo la partida 1442, libro 5A, tomo 2 de la sección II folio 125 de fecha 16 de diciembre de 1981. QUINTO. Una vez que cause ejecutoria ésta sentencia, inscríbase en el Registro Público de esta ciudad y la misma sírvale de título de propiedad a la parte actora, debiendo expedirse a la misma las copias certificadas que sean necesarias para que se de cumplimiento a lo anterior. SEXTO. No se hace especial condenación en costas en esta instancia. SÉPTIMO.- Considerando que el demandado CRUZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ fue emplazados al presente juicio mediante edictos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 781 del Código Procesal Civil del Estado, la presente resolución deberá ser notificada a CRUZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, mediante edictos por una sola vez de los puntos resolutivos en el Periódico Oficial del Estado y uno en el portal PODER JUDICIAL de Internet del Poder Judicial del Estado." ii. La referida sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil 1118/2015. iii. Protocolización de la escritura pública en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida en el juicio ordinario civil 1118/2015. iv. La inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de la escritura pública emitida con motivo de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil 1118/2015. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se tratan, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, dado que al rendir su informe justificado reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con la documental enviada por la referida autoridad, consistente en copia certificada de los autos juicio ordinario civil 1118/2015, del índice de la referida responsable, a la que por tener la calidad de documento público se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos reclamados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5o. y 6o. todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, es preciso puntualizar que la causa de improcedencia invocada establece las bases de la capacidad legal dentro del juicio de amparo, en relación con el quejoso o promovente de la acción constitucional; es decir, la parte a quien perjudique la ley o acto de autoridad reclamado. Los artículos 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Al respecto, las características que identifican al interés legítimo son: a) El éxito de la acción se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo que se le considera como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Esa afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o se llegue a dictar. En el caso, el quejoso es tercero extraño al juicio en estricto sentido, al reclamar todo lo actuado en el juicio sumario de usucapión 1118/2015, y de manera destacada la falta de emplazamiento a dicho procedimiento, para hacer valer su derecho respecto del inmueble en controversia. Ahora, se tiene que los que litigan en un juicio son partes de éste, que se les denomina actora y demandado, y son aquellos a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho, imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; dicho en otros términos, parte es todo aquél que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho; por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción, o para oponer sus excepciones, así como de impugnar todos los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, para acudir ante el órgano correspondiente, demandando el cese de violaciones cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos. Luego, como el quejoso acude ante esta instancia constitucional a reclamar actos emitidos por un órgano jurisdiccional dentro de un juicio de naturaleza civil, es necesario que acredite la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser violentado por la actuación de la autoridad, lo faculte para acudir ante el tribunal constitucional correspondiente, para demandar el cese de esa trasgresión. Lo que en la especie no aconteció, dado que como se desprende de los informes justificados remitidos por las autoridades responsables, el llamamiento a juicio y todos los actos llevados a cabo en el mismo fueron dictados contra Cruz Hernández Hernández, y no contra el aquí quejoso; es decir, no cuenta con legitimación pasiva o activa en el mismo, por no ser parte formal, aunado que no se demostró que las actuaciones de dicho juicio lo hayan afectado en su esfera de derechos, ya que no aportó medio de convicción alguno para tal efecto, por lo que, considerados en sí mismos, el llamamiento a juicio y lo actuado dentro del éste, no lesiona ni afecta sus intereses jurídicos y, por ende, se configura la causa de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicada en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 197739, de título: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO". No se soslaya que el quejoso haya manifestado que es poseedor del inmueble que en esta vía defiende, derivado de ser hijo de Abelardo Rosales Velazquez y María Salazar Campirano, quienes a su decir, adquirieron la posesión a través de la constancia expedida por la Asociación Civil denominada "Unión de Colonos Residentes de la Colonia Zaragoza", y que a su vez sus padres le cedieron al quejoso el inmueble en vida, lo que le da el carácter de simple ocupante, de ahí que carezca de legitimación para instar el juicio biinstancial, lo que tiene por consecuencia su falta de legitimación para promover un juicio de amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, P. R. SCJN, Materia Civil, página 175, número de registro 913870, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE". De igual forma, resulta aplicable la tesis del otrora Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Materia Civil, página 403, número de registro 230328, de rubro: "POSESION. LA QUE DEL INMUEBLE POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR LES DA EL CARACTER DE SIMPLES OCUPANTES, SIN DERECHO PARA DEFENDERLA EN EL JUICIO DE GARANTIAS". Sin que al efecto le beneficien las pruebas documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda consistentes en: 1. Diversos recibos de pagos de agua, luz y teléfono a nombre del quejoso. 2. Credenciales para votar. 3. Copia simple de la escritura pública número 70, pasada ante la fe del notario 4, con ejercicio en la ciudad de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, que contiene la protocolización de la sentencia definitiva 176/2017 (emitida en el juicio civil 1118/2015). 4. Facturas de compra de diversos bienes muebles. 5. Actas de nacimiento. Dado que con las documentales señaladas en los numerales únicamente se acredita el pago de servicios y el domicilio que ahí se contienen. Sin que ninguna de dichas documentales sean idóneas para acreditar algún derecho jurídico del quejoso sobre el bien inmueble en controversia. Lo anterior, según se desprende de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro 206338, del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". Así como la diversa tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Abril de 1992, página 571, Octava Época, registro 219820, del rubro: "POSESION DE UN INMUEBLE, RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).". Del mismo modo, es insuficiente la copia simple de la escritura número 51, de quince de mayo de mil novecientos ochenta y seis, donde hace referencia que sus padres adquirieron la posesión del inmueble que después se lo cedieron, derivado de la constancia expedida por la Unión de Colonos Residentes de la Colonia Zaragoza, pues las mismas fueron exhibidas en copia simple y a pesar de estar ilegibles, aún y cuando ello fuera cierto, no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad para que fuera oponible a terceros. En efecto, el motivo toral, por el cual el juez de primera instancia declaró procedente la prescripción adquisitiva del inmueble en favor del referido tercero intereado, fue el contrato celebrado el quince de enero de mil novecientos ochenta y tres, entre Esteban Rosales Velázquez y Jesús Barba Aguilar, esto es, en el historial registral no figura ni los padres del quejoso ni el propio quejoso, por lo cual, le asiste el carácter de simpe detentador, por lo que sin duda, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que el quejoso, no acreditó su interés jurídico, pues no quedó probado el carácter de parte o derecho alguno para ser emplazado al juicio sumario de usucapión del que se duele, por lo que los actos que reclama no le irrogan perjuicio de ninguna especie; de ahí que, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, éste en relación con el diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución, en virtud de que no fueron combatidos por vicios propios sino como consecuencia del acto primigenio, el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acreditó el interés jurídico necesario para acudir a la vía constitucional. Sin que se pase por inadvertido que no mediaron ocho días entre el informe recibido veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno y el dictado de esta sentencia, pues la constancia que ahí se anexa, fue la misma que se puso a la vista de las partes a través del acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno; además, que es la escritura que él acompañó a su demanda, y, finalmente se tiene a la vista el historial registral del inmueble en controversia, que reafirma de la decisión emitida. Dejando a salvo los derechos del quejoso para que en su caso, los haga valer en la vía ordinaria correcta. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable; y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la prueba documental que menciona en su informe justificado; la cual se admite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Juicio de Amparo 402/2020-VII En esta fecha, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede, el estado que guardan los presentes autos y el escrito registrado con el número de orden 20109. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, Durango, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para que el Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Deje insubsistentes los actos de aplicación contenidos en los recibos de pago con números de transacción 2020- 534173 y 2020-534168, expedidos en favor de la peticionaria de amparo Irma Lizete Arreola Galindo, por concepto de las contribuciones reclamadas; y, 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades pagadas en los mencionados recibos, si se tiene en cuenta de que fue objeto de subsidio. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Ejecutoria. El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, Durango, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción 2020-534173 y 2020-534168, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número 0023418, por la cantidad de $26,397.87 (veintiséis mil trescientos noventa y siete pesos 87/100 moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de veintiséis de octubre del dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción 2020-534173 y 2020-534168, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. En otro entorno, notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con el promovente, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Escrito. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y en cuanto a su solicitud, dése de baja el usuario "julio18", del expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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