Saúl Rodríguez Loya

Expediente 632/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
632/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Saúl Rodríguez Loya
  • Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.********************Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, de las que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de nueve de octubre del año en curso, del cual quedó notificada el trece de octubre del presente año, surtiendo sus efectos el dieciséis de octubre siguiente, por lo que dicho término empezó a contar del diecisiete al treinta de octubre de dos mil veintitrés, siendo inhábiles los días, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve del presente mes y año, sin que hubiere hecho manifestación de inconformidad alguna.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 y en apego al criterio jurisprudencial 26/2000, aprobado por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia".********************Mediante resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, se pronunció sentencia por este Juzgado, en contra de los actos reclamados al MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA PENAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, residente en la localidad, misma que se concedió para los siguientes efectos:********************".En ese contexto, para restituir al quejoso en el goce de los derechos constitucionales conculcados, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad señalada como responsable MAGISTRADO DE LA QUINTA SALA PENAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, residente en la localidad, realice lo siguiente: ********************1. Deje insubsistente la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. ********************2. En su lugar, con libertad de jurisdicción dicte otra determinación, tomando en consideración la derogación del artículo 204 bis, del Código Penal del Estado, realizado por el Congreso del Estado, mediante decreto LXVII/RFCOD/0572/2023 II.P.O., publicado en el Periódico Oficial del estado de chihuahua el catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023), debiendo adecuar la pena aplicable a la nuevas disposiciones que establece el citado decreto, siempre y cuando sean más benéficas para el sentenciado. Ya que, por la naturaleza del acto reclamado, el asunto no puede dejar de resolverse y por tanto, necesariamente la autoridad debe emitir una nueva determinación, a fin de ponderar la nueva normatividad o lo que estime apegado a derecho, con libertad de jurisdicción, y así, no vulnerar los derechos fundamentales del debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia en favor del sentenciado aquí quejoso. La protección constitucional concedida se hace extensiva respecto de los actos que se reclaman a las autoridades ejecutoras, al no atribuirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia.".********************Así con fecha nueve de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se notificó a las partes, y con esa misma fecha se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el oficio 55PR 638/2023, signado por la autoridad responsable, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, presentado ante este juzgado el veinticinco de septiembre del año en curso, a través del cual informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitiendo las documentales públicas en copias certificada, de la resolución de veintidós de septiembre del año en curso, y deja insubsistente los actos reclamados y resuelve:********************".PRIMERO. En atención a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y por revisión de oficio, procede la Anulación parcial de la sentencia condenatoria dictada por la Sala Unitaria de Casación, integrada por el Licenciado César Fernando Ramírez Franco, Magistrado de la Segunda Penal Regional, en el Toca (C-32/2017), y en su lugar se dicta sentencia reemplazo de traslación de tipo y adecuación de pena por el delito de extorsión agravada, conforme al artículo 375 fracción II, del Código Penal, cometido en perjuicio de la victimas 1 y 2 por hechos ocurridos el veintiuno y veintiocho de abril y doce de mayo del dos mil doce y que iniciaron al final del dos mil diez en lugar 1.********************SEGUNDO. El sentenciado es penalmente responsable del delito de extorsión agravada de conformidad con el artículo 375, fracción II, del Código Penal en perjuicio de las víctimas 1 y 2.********************TERCERO. Se impone al sentenciado diez años de prisión los que deberán computarse desde el veintiocho e mayo de dos mil quince, Por lo que, el sentenciado deberá permanecer recluido en el lugar en el que actualmente se encuentra, a disposición jurídica del Juez de Ejecución de Penas.********************CUARTO. Se le niega el beneficio de la condena condicional.********************QUINTO. Queda Intocada la pena a la preparación del daño Por ******************** a favor de las victimas 1 y 2.********************NOTIFIQUESE..".********************Así pues, a la parte quejosa, mediante proveído de nueve de octubre del presente año, se le concedió el término de tres días para que dentro de ese lapso, manifestara lo que a su interés conviniera, de lo cual quedó notificada el trece de octubre del año en curso, surtiendo sus efectos el dieciséis de octubre de este año, por lo que empezó a contar del diecisiete al treinta de octubre de dos mil veintitrés, siendo inhábiles los días, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve del presente mes y año, sin que hubiere hecho manifestación de inconformidad alguna********************Corolario a lo expuesto, lo procedente, con base a lo informado por la responsable, es declarar cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable ordenadora. ********************Lo antes expuesto es en acatamiento, a lo establecido en el artículo 192, de la Ley de Amparo, a la Jurisprudencia 2a. CXIV/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, página 414, de rubro y texto dice: ********************"EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ********************Lo anterior, sin que se soslaye, el derecho que tiene la parte quejosa, de promover en contra de esta resolución, la inconformidad prevista en los artículos 201 y 202, de la Ley de Amparo, razón por la cual se ordena darle vista con lo aquí resuelto para que manifieste o promueva lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que se le hace que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por consintiendo la misma, y se procederá a ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. ********************En el entendido de que, en virtud de la declaración de días inhábiles del jueves diecinueve al martes veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, mediante circular 28/2023 de diecinueve de octubre del presente año, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, en atención a la circular complementaria 29/2023 de veinticinco de octubre del presente año, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como por el comunicado de aviso de suspensión de plazos y términos procesales de veinticinco de octubre de este año, emitido por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, en el que se declararon días inhábiles pero laborables el veintiséis y veintisiete de octubre del año en curso, e inhábiles, los días veintiocho y veintinueve de octubre de este año, por causas de fuerza mayor y con motivo de la prolongación de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente juicio de trece de septiembre de dos mil veintitrés, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Ahora bien, toda vez que mediante oficio 55PR 638/2023, signado por la autoridad responsable, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, presentado ante este juzgado el veinticinco de septiembre del año en curso, informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto exhibió la documental que lo acredita. En tales condiciones, dese vista con lo anterior al quejoso y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado por esta responsable, apercibiéndosele que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como con los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Así también, se considera aplicable al presente caso, la tesis número IX.1º.33 K, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página número 728, que a la letra dice: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe de dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo de la ley de la materia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio y anexo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. En relación a las manifestaciones que esgrime la autoridad responsable, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en la localidad, una vez que causa ejecutoria la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, se acordará lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, recibido al día siguiente en este juzgado por razón de turno, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades y actos citados en la demanda. SEGUNDO. Derechos constitucionales que en la demanda se estiman vulnerados. Los peticionarios del amparo señalan como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros de normas legales. TERCERO. Admisión de la demanda. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente ********************-III-A; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal que interviene en el toca penal; se emplazó a la parte tercera interesada; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: "IV.- ACTO RECLAMADO. De las autoridades ordenadoras señaladas como responsables reclamo el no aplicar en mi favor el acuerdo 204/2022, el cual se acordó el primero de junio de dos mil veintidós, resuelto por la primera sala de la suprema corte de justicia dela nación, la cual resolvió: Que la pena de treinta a setenta años de prisión prevista en el código penal del estado de chihuahua, para castigar el delito de extorsión agravada es inconstitucional, por ser desproporcional con respecto a la pena prevista por otros delitos que protegen el mismo bien jurídico. En este sentido, el alto tribunal advirtió que la penalidad prevista para sancionar el delito de extorsión en la agravante que implique que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero. O algún bien u objeto para evitar el daño con el que se amenaza, no es proporcional con respecto a las penas previstas para sancionar otras conductas cono las amenazas; la extorsión simple; el allanamiento de vivienda, despacho, oficina, o establecimiento mercantil; cobranza ilegítima, la usurpación de identidad; las cuales persiguen la protección la protección de bienes jurídicos iguales, como la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio, cuya penalidad mayor, la cual corresponde al delito de extorsión simple, ES DE CINCO A TREINTA AÑOS DE PRISIÓN.". TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Director del Centros de Reinserción Estatal para Adultos Número Tres, residentes en la localidad, al rendir su informe justificado correspondiente, aceptan la existencia del acto reclamado y en apoyo a su informe, envió las constancias que integran el toca penal ********************. Mientras que la segunda autoridad ejecutora expresa que es cierto el acto de ejecución que se le reclama. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no existir causa de improcedencia que deba examinarse, ya sea porque la hayan propuesto las partes o se advierta de oficio, lo que impone entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por el quejoso. QUINTO. Conceptos de violación. En este considerando, se tienen por reproducidos los conceptos de violación sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, atento a lo que dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis constitucional de la resolución reclamada. Son fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, suplidos en su deficiencia, por las razones siguientes. En las constancias remitidas en apoyo al informe justificado por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional, obran los siguientes datos, los cuales se estima necesario citar a fin de dilucidar con claridad la materia de la litis. --- El Juez de enjuiciamiento, el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante sentencia definitiva, impuso sentenciado treinta años de prisión y le negó el beneficio la condena condicional. --- Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintidós, el sentenciado interpuso la acción de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia contra dicho fallo, --- Celebrada la audiencia y una vez escuchados los intervinientes, se declaró cerrado el debate la Sala advirtió que, en su acción impugnativa, el sentenciado y aquí quejoso expresó argumentos en cuanto a la inconstitucionalidad de la pena impuesta al delito de extorsión, porque, dijo, así lo determinó el más alto tribunal de nuestro país. Y dijo que, además, la traslación del tipo penal que solicita en su beneficio, no deviene atendible, pues ello ocurre cuando la descripción típica de la conducta -extorsión agravada- sufre una modificación a consecuencia de un acto legislativo y es necesario que el procedimiento penal o ejecución de la pena continúen conforme al nuevo tipo penal que surgió del proceso legislativo. Lo que en el particular no acontecía, a guisa ejemplo surge en la pena que, para ese ilícito estuvo vigente como prisión vitalicia y que se modificó a una pena temporal, bajo la cual se sentenció al impetrante. Y argumentó la Sala que el objeto de la acción intentada por el sentenciado radica en la posibilidad de anular una ejecutoriada, al aparecer por motivos que jurídico a extender su garantía de protección en contra de vulneraciones a Derechos Fundamentales del sentenciado, aun cuando su situación jurídica ya fue resuelta de manera definitiva y haya adquirido el carácter de cosa juzgada, resolviendo que no resultaba fundado ni procedente el reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia solicitado por el sentenciado, respecto a la sentencia condenatoria dictada el Tribunal de Enjuiciamiento el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por la Jueza del Tribunal Control licenciada ********************, por el delito de extorsión agravada, derivado del Juicio Oral 122/2016, siendo esta resolución de Alzada el acto reclamado. El peticionario del amparo, alude en esencia que la autoridad al no conceder la traslación del tipo y desecharle el recurso, sin anular su sentencia, pasa por alto lo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que la pena de treinta a sesenta años de prisión establecida en el Código Penal para el Estado de Chihuahua, para castigar el delito de extorsión agravada es inconstitucional. Dicho motivo como se dijo, resulta fundado. Es así, dado que este Órgano de Control Constitucional, estima que la determinación aquí reclamada, fue acertada, en el momento en que se dictó, como puede advertirse de los argumentos efectuados por la Sala responsable. Veamos: Así, tenemos que la Magistrada señalada como autoridad responsable, emitió la resolución que se reclama, argumentando en lo fundamental, lo siguiente: Señala que las afectaciones que deben motivar la revisión, no solamente se mantienen en el plano argumentativo, sino deben quedar acreditadas plenamente mediante la producción de pruebas sobre hechos supervinientes -según el caso- que permita demostrar con claridad que el delito no se cometió o que el sentenciado no participó en el mismo, o bien que, después de haberse dictado la sentencia, exista alguna tras formación en la apreciación legal o jurisprudencial de la conducta sancionada, que conlleve la modificación o revocación de la decisión (caso en el que se ubica la pretensión del sentenciado). Que en ese contexto, la Sala no desconoce que, en comunicado de prensa de fecha uno de junio del presente año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que al resolver el Amparo Directo en Revisión 6089/2021, emitió una resolución en la cual consideró que la penalidad contemplada en el artículo 204 Bis de Código Penal del Estado para sancionar el delito de Extorsión Agravada (treinta a setenta años de prisión) era desproporcional con respecto a las penas previstas otros delitos que protegen el mismo bien, sin embargo, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se trataba de un cambio en la jurisprudencia, dado que se aprobó por mayoría de tres votos; en consecuencia, el criterio invocado no cumple con el requisito establecido para considerarse como precedente obligatorio; lo que si ocurría en la jurisprudencia por contradicción referida anteriormente, de tal forma que resulta obligatoria para esa Sala y debe ser acatada, principalmente porque fue emitida por el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, en cuya circunscripción territorial ejerce competencia ese Tribunal de segunda instancia. En segundo término, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta este momento, no ha emitido una declaración general de inconstitucionalidad sobre la porción normativa prevista en el segundo párrafo del numeral 204 Bis del Código Penal del Estado. Asimismo, la Sala hizo alusión a que la admisión de ese mecanismo solicitado está reglamentado en el artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone: Artículo 487. Anulación de la sentencia La anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes: I. Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia, y II. Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado. La sola causación del resultado no podrá fundamentar, por sí sola, la responsabilidad penal. Por su parte los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social." Escenario en el cual la petición del sentenciado no era dable enlazarla con alguna de las hipótesis de la norma en cita, luego, con el fin de contestar de manera sencilla los agravios de la parte impugnante, su solicitud es infundada. Argumentaron que el numeral 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé dos fracciones, la primera se refiere al supuesto i). Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia, aspecto que no ha ocurrido en el particular. En cuanto a la segunda fracción, contiene tres supuestos: 1). Cuando una ley se derogue; 2). Se modifique el tipo penal; y, 3). Se modifique la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado. Estimó que esos tópicos no se actualizaban, y destacaron que en el caso, se apreciaba que los sentenciados se referían al recurso de revisión 6089/221 emitido en sesión del primero de junio de dos mil veintidós, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, no constituía un cambio en la ley o en la Jurisprudencia que favoreciera a los peticionarios, como se estableció en el recepto 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al mecanismo jurídico extraordinario de anulación de sentencia. Incluso, se publicó a en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de los Tribunales Colegiados de Circuito en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes trece, de aplicación obligatoria a partir del dieciséis, ambos de mayo del dos mil veintidós, en el cual se precisó que el margen de punición establecido en el artículo 204, fracciones I, III y VIII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, es proporcional entre la naturaleza y la gravedad de delito el bien jurídico tutelado y por consideraciones de política criminal, razón por la cual no se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Mexicana, apoyándose en la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2/2022, emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito del rubro y texto siguiente: "EXTORSIÓN AGRAVADA. LA PENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 204 BIS, FRACCIONES I, III Y VIII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ES PROPORCIONAL CONFORME AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si la pena de treinta a setenta años de prisión prevista para el delito de extorsión en sus modalidades agravadas a que alude el artículo 204 Bis, fracciones I, III y VIII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, es violatoria o no del principio constitucional de proporcionalidad de las penas. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que el margen de punición establecido en el artículo 204 Bis, fracciones I, III y VIII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, es proporcional entre la naturaleza y la gravedad del delito, el bien jurídico afectado y por consideraciones de política criminal, razón por la cual no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: En el principio de proporcionalidad de las penas regularmente se analiza una regla (el tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad de determinar si la pena es acorde o no con el bien jurídico afectado. Para examinar la proporcionalidad de las penas, este Pleno de Circuito utiliza, en un primer momento, la metodología denominada tertium comparationis, en la cual se contrasta la pena correspondiente al delito de extorsión agravada, con las penalidades previstas en el Código Penal del Estado de Chihuahua para los tipos de los delitos que también atentan contra la libre determinación del individuo o la paz, tranquilidad o seguridad de la víctima y el patrimonio de las personas; una vez realizado ese ejercicio comparativo, se advierte, prima facie, que la penalidad relativa a las modalidades agravadas del delito de extorsión se aparta considerablemente de tipos penales similares; sin embargo, el argumento determinante en el caso, para negar que dicho margen de punición es desproporcionado, obedece a que el Poder Legislativo del Estado, en uso de su facultad de instrumentar la política criminal local, orientó su medida de agravar la sanción para la extorsión en tres de sus modalidades, en la búsqueda de un objetivo legítimamente constituido, que se traduce en desincentivar particularmente la comisión de esos hechos que transgreden en modo evidente el bienestar social local; esa justificación encuentra asidero en la medida de que el merecimiento de una sanción mayor a la prevista para el tipo básico se funda en el incremento en el desvalor de la acción, considerando que las agravantes invocadas vulneran diversos bienes jurídicos tanto de las víctimas directas como de la sociedad en general." Ahora bien, asistió razón a la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional, pues en su momento, hizo énfasis, a los tres supuestos jurídicos que prevén las normas antes citadas y dijo: ". 1. Que corresponda aplicar una ley más benigna. Lo que no ocurre en el particular el artículo conforme 204 bis del Código Penal Chihuahuense, conforme al que se le impusieron 30 años de prisión, hasta el momento de emitir la resolución la conducta por la que fueron sentenciado ********************, no ha sido materia de configuración típica punible más benigna por el Poder legislativo estatal. 2. Corresponda aplicar amnistía. Hasta hoy, no se ha emitido ninguna ley federal o estatal de amnistía en favor de las personas que han sido condenadas por los delitos de extorsión, menos bajo el supuesto del 204 bis antes citado. 3. Se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al condenado. Caso que no se actualiza porque no hay jurisprudencia que declare inconstitucional el referido artículo 204 bis". Luego, también argumentó en su momento que el Más Alto Tribunal, haya determinado en el amparo directo en revisión ********************el uno de junio de dos mil veintidós, que dicho numeral viola el principio de proporcionalidad de las penas, ello no implicó un cambio en la ley o en la jurisprudencia. Y que tampoco le irrogaba algún beneficio, el hecho de que, con motivo de dicho asunto, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, haya sido publicada la tesis aislada 1a. IX/2023 (11a.), emitida por el Más Alto Tribunal, del siguiente contenido: "EXTORSIÓN AGRAVADA. EL ARTÍCULO 204 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE PREVÉ LA PENA PARA ESTE DELITO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. Hechos: Tres personas fueron sentenciadas por el delito de extorsión agravada, se les impuso la pena mínima de treinta años de prisión que prevé para ese delito el artículo 204 Bis, párrafo segundo, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, resolución que fue confirmada en apelación. En contra de esta sentencia, se promovió amparo directo en el que se planteó la inconstitucionalidad de dicho precepto al violar el artículo 22 constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento desestimó el argumento de inconstitucionalidad y negó el amparo. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la pena de treinta a setenta años de prisión establecida para el delito de extorsión agravada, prevista en el artículo 204 Bis, párrafo segundo, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, no es proporcional con la lógica de niveles ordinales del grupo de delitos al que pertenece y, por ende, transgrede el principio de proporcionalidad de las penas a que se refiere el artículo 22 constitucional. Justificación: Esta Primera Sala ha precisado que el legislador en materia penal tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal. Esto es, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo. Sin embargo, al configurar las leyes penales, debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad de las penas. Por esa razón, las y los jueces constitucionales al examinar la validez de las leyes penales deben analizar que exista proporción suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido. Esta Primera Sala ya ha destacado las bondades de llevar a cabo un método comparativo en términos ordinales con el fin de verificar la proporcionalidad de las penas. Este tipo de examen consiste en realizar un contraste del delito y la pena cuya proporcionalidad se analiza con las penas previstas por el propio legislador para otros delitos encaminados a proteger los mismos bienes jurídicos. Ahora bien, la punibilidad de treinta a setenta años de prisión se establece en el artículo 204 Bis, segundo párrafo, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual se ubica en el Título Décimo Segundo denominado "Delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio". Así, al realizar una comparación con las punibilidades de los delitos regulados en dicho título, se concluye que el delito de extorsión agravada es el que tiene mayor penalidad al contemplar de treinta a setenta años de prisión. Todos los demás delitos y/o sus agravantes cuentan con penas notoriamente inferiores a la impugnada. El delito que tiene la punibilidad más elevada después del delito de extorsión agravada es el de extorsión simple, el cual contempla de cinco a treinta años de prisión. Esto es, una sexta parte en su mínimo y cuarenta años menos de la pena máxima prevista para el delito de extorsión agravada. En ese sentido, se advierte una falta de proporcionalidad entre la punibilidad del delito de extorsión agravada con relación al resto que también persiguen la protección de bienes jurídicos iguales: la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio. Pues, aunque dicho criterio aislado -dado su órgano emisor- es eminentemente orientador, no es obligatorio, pues no fue aprobado por mayoría de cuatro votos, sino que fue autorizado por únicamente tres: los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Asimismo, no se debe pasar por alto el hecho de que, aunque se haya abordado en tal asunto el estudio de la pena de prisión de treinta a sesenta años de prisión prevista para el delito de extorsión agravada regulado en el párrafo segundo, fracción I, del artículo 204 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, donde se declaró inconstitucional dicho precepto legal, la pena impugnada no conllevaba a que se dejara de sancionar el delito de extorsión agravada". Asimismo, resaltó la autoridad responsable, que en este Decimoséptimo Circuito, existe jurisprudencia por contradicción de criterios (antes, por contradicción de tesis) PC.XVII. J/4 P (11a.); en la que, medularmente, el Pleno de este circuito, determinó que el margen de punición establecido en el artículo 204 Bis, fracciones I, III y VIII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, es proporcional entre la naturaleza y la gravedad del delito, el bien jurídico afectado y por consideraciones de política criminal, razón por la cual, consideró que no era violatorio del principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia a la que se encontraba obligada a observar, al corresponder a criterio jurisprudencial emitido en este circuito. La Magistrada responsable estimó que esos tópicos no se actualizaban, y destacó que en el caso, se apreciaba que los sentenciados se referían al recurso de revisión 6089/2021, emitido en sesión del primero de junio de dos mil veintidós, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, no constituía un cambio en la ley o en la Jurisprudencia que favoreciera a los peticionarios, como se estableció en el recepto 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al mecanismo jurídico extraordinario de anulación de sentencia. Incluso, se publicó a en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de los Tribunales Colegiados de Circuito en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes trece, de aplicación obligatoria a partir del dieciséis, ambos de mayo del dos mil veintidós, en el cual se precisó que el margen de punición establecido en el artículo 204, fracciones I, III y VIII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, es proporcional entre la naturaleza y la gravedad de delito el bien jurídico fedatado y por consideraciones de política criminal, razón por la cual no se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Mexicana, apoyándose en la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2/2022, emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito del rubro y texto siguiente: "EXTORSIÓN AGRAVADA. LA PENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 204 BIS, FRACCIONES I, III Y VIII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ES PROPORCIONAL CONFORME AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL." Luego, el suscrito juzgador de este Órgano de Control Constitucional, estima que la determinación aquí reclamada, fue acertada en la fecha en que se emitió, sin que se hayan vulnerado derechos fundamentales del aquí quejoso. Sin embargo, al emitir esta determinación, obró un cambio dado que el artículo 204 bis, por el cual se le dictó sentencia condenatoria ya fue derogado, como se verá. El peticionario del amparo, alude en esencia que las autoridades al no conceder la traslación del tipo y desecharles el recurso, sin anular su sentencia, pasaron por alto lo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que la pena de treinta a sesenta años de prisión establecida en el Código Penal para el Estado de Chihuahua, para castigar el delito de extorsión agravada es inconstitucional. No obstante lo argumentado por la Magistrada de la Sala responsable, lo cual en su momento fue correcto, en este asunto se desprende que el motivo de disenso, actualmente, ya resulta fundado suplido en su deficiencia en términos del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya invocado. En efecto, hasta el dictado de esta sentencia de amparo, asiste razón a la parte quejosa en suplencia de los motivos de disenso planteados, dado que la Legislatura del Estado de Chihuahua, publicó el decreto mediante el cual se adiciona el Título Trigésimo Primero denominado delitos pluriofensivos, con un capítulo I, denominado Extorsión, y los artículos 375 y 376; y DEROGÓ del Título Décimo Segundo, el Capítulo II, su artículo 204 bis, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de junio del dos mil veintitrés, en los siguientes términos: "CAPÍTULO II EXTORSIÓN [Capítulo derogado mediante Decreto No. LXVII/RFCOD/0572/2023 II P.O. con su artículo 204 Bis publicado en el P.O.E. No. 47 del 14 de junio de 2023] Artículo 204 Bis. Se deroga." "CAPÍTULO I EXTORSIÓN [Capítulo adicionado con sus artículo 375 y 376 mediante Decreto No. LXVII/RFCOD/0572/2023 II P.O publicado en el P.O.E. No. 47 del 14 de junio de 2023]. "Artículo 375. A quien por cualquier conducto, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o de algún tercero, se le impondrá de cinco a treinta años de prisión y de cien a ochocientos días multa. Se incrementará la pena de diez a treinta años, cuando en la comisión del delito se presente alguna de las siguientes circunstancias: I. Se cometa en contra de persona con discapacidad, migrante, menor de edad, adulto mayor de setenta años, indígena o mujer embarazada. II. Se logre que el sujeto pasivo o un tercero, entregue o deposite al activo o a otra persona que actúe en representación de este, en lugar determinado por estos, alguna cantidad de dinero o bienes, por concepto de cuota de cualquier índole. En el entendido de que por cuotas debe entenderse, el requerimiento de pago o entrega de bienes que indebidamente una persona haga a otra con el fin de que la primera no cause algún daño a la requerida o a las personas con quien esta mantenga vínculos que la determinen a protegerlas; a los bienes de cualquiera de estas; o, a las personas morales que se vinculen con cualquiera de ellas. "Artículo 376. Se incrementará la pena de quince a cuarenta años, cuando concurran los siguientes supuestos: I. Intervengan dos o más personas como sujetos activos del delito, bajo cualquiera de las modalidades de autoría o participación previstas en este Código. II. El activo se ostente, por cualquier medio, como integrante de una asociación delictuosa o grupo criminal, real o ficticio. III. Se emplee violencia física, en contra de la víctima o alguna de las personas con quien tuviera lazos de cualquier orden, que lo determinen a protegerla, o se utilice cualquier tipo de arma o instrumento que suponga peligro. IV. Porte vestimentas o instrumentos de identificación, de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública. V. Tenga una relación de confianza, laboral, de parentesco o negocios con el pasivo, o con quien este último esté ligado por algún vínculo. VI. Participen trabajadores de instituciones públicas o privadas que tengan acceso a bancos de datos personales y que los utilicen o los sustraigan para sí o para terceros, con el objeto de cometer el delito en cualquiera de sus modalidades. VII. Si el sujeto pasivo o un tercero, entrega al activo o a otra persona que actúe en representación de este, o deposite en lugar determinado por estas, en dos o más ocasiones, alguna cantidad de dinero o bienes, por concepto de cuota o cualquier índole." En la especie, el quejoso ********************, fue sentenciado a treinta años de prisión, por el delito de extorsión agravada previsto y sancionado en el artículo 204 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua. Asimismo, solicitó la traslación del tipo de conformidad con la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el uno de junio de dos mil veintidós, en la cual se estableció que la pena de treinta a setenta años de prisión establecida en el Código Penal para el Estado de Chihuahua, para castigar el delito de extorsión agravada es inconstitucional, y se apoyó en el contenido de los artículos 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el precepto dispone: "Artículo 487. Anulación de la sentencia La anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes: I. Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia, y II. Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado". Ahora bien, a mayor precisión, los supuestos jurídicos que prevén las normas antes citadas, convergen para sustentar la firmeza, modificación o anulación de la sentencia, en cambios en la ley con la que fue sentenciado el aquí quejoso. En la especie, la anulación de la sentencia ejecutoria procede conforme se actualiza la fracción segunda del artículo 487 del Código Penal del Estado, ya transcrito, porque la ley y el precepto con el cual se les sentenció ya fue derogado. Tiene apoyo a lo razonado la tesis de Jurisprudencia 4/2013 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE. El primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, de la interpretación a contrario sensu de tal precepto, se advierte que otorga el derecho al gobernado de que se le aplique retroactivamente la ley penal cuando sea en su beneficio, por lo que si cometió un delito bajo la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se le sentenció y, posteriormente se promulga una nueva que prevé una pena menor para el mismo delito, o el acto considerado por la ley anterior como delito deja de tener tal carácter o se modifican las circunstancias para su persecución, aquél tiene el derecho protegido constitucionalmente a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y, por ende, a que se le reduzca la pena o se le ponga en libertad. Esto es así, porque si el legislador en un nuevo ordenamiento legal dispone que un determinado hecho ilícito merece sancionarse con una pena menor o que no hay motivos para suponer que, a partir de ese momento, el orden social pueda alterarse con un acto anteriormente considerado como delictivo, es inválido que el poder público insista en exigir la ejecución de la sanción como se había impuesto por un hecho que ya no la amerita o que no la merece en tal proporción. Consecuentemente, la traslación del tipo y la adecuación de la pena constituyen un derecho de todo gobernado, que puede ejercer ante la autoridad correspondiente en vía incidental, para que ésta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, esto es, para que analice los elementos que determinaron la configuración del ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable". En ese contexto, para restituir al quejoso en el goce de los derechos constitucionales conculcados, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad señalada como responsable MAGISTRADO DE LA QUINTA SALA PENAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, residente en la localidad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción dicte otra determinación, tomando en consideración la derogación del artículo 204 bis, del Código Penal del Estado, realizado por el Congreso del Estado, mediante decreto ********************., publicado en el Periódico Oficial del estado de chihuahua el catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023), debiendo adecuar la pena aplicable a la nuevas disposiciones que establece el citado decreto, siempre y cuando sean más benéficas para el sentenciado. Ya que, por la naturaleza del acto reclamado, el asunto no puede dejar de resolverse y por tanto, necesariamente la autoridad debe emitir una nueva determinación, a fin de ponderar la nueva normatividad o lo que estime apegado a derecho, con libertad de jurisdicción, y así, no vulnerar los derechos fundamentales del debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia en favor del sentenciado aquí quejoso. La protección constitucional concedida se hace extensiva respecto de los actos que se reclaman a las autoridades ejecutoras, al no atribuirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 66 del Tomo VI, Quinta Época, del Apéndice de 1995, con el tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTO DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatorio de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo y las Jurisprudencias invocadas, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables en el considerando SEGUNDO, por las razones y para los efectos precisados en el considerando ÚLTIMO de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables.

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