Saul Rodriguez Ayala
Expediente 556/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Saul Rodriguez Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable Encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al fallo protector; sin que hayan realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia emitida el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, por este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable jueza de control del Juzgado de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Irapuato realizara lo siguiente: "-Deje insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés; y, - En su lugar y con libertad de jurisdicción, emita otra en la que subsane la deficiencia formal destacada, en relación a la falta de exhaustividad al emitir la determinación reclamada, esto es, analice la totalidad de los argumentos hechos valer por el quejoso al interponer el recurso de revocación y, de ser el caso, fije hora y fecha para la audiencia de tutela de derechos solicitada". Resolución que causó ejecutoria el catorce de agosto de este año; por ello se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector. Por lo que en acuerdo de dieciocho de agosto de este año, se recibió el oficio registrado con el progresivo 10120/2023, el Encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por el que hizo del conocimiento que por proveído de dieciséis de agosto de este año, dentro del cuadernillo penal ***** del índice de ese juzgado, se dejó insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, y se procedería a emitir una nueva resolución en los términos precisados en la sentencia de amparo. Luego mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por oficio con número de registro 10277/2023, remite una nueva resolución, en la que acatando los lineamientos de la sentencia de amparo, es decir al estudiar exhaustivamente los agravios del quejoso, fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de tutela de derechos. Por ende, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es CONSERVABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos. En el presente no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido; así como los diversos 17, fracción III, incisos a) y 20 fracción III, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). SE SOLICITA NO ACUSAR RECIBO Se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este juzgado le remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA CON CONSTANCIAS En tales condiciones, considerando los efectos para los que se concedió el fallo protector, se ordena dar vista a la parte quejosa con copia autorizada del oficio con numero de registro 10120/2023 así como del oficio de cuenta, los cuales fueron remitidos por la autoridad responsable oficiante; para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que dicha autoridad informó; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. GESTIONES DE CUMPLIMIENTO Téngase por recibido el oficio signado por el Encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por el que informa las gestiones que ha realizado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y hace del conocimiento que por proveído de dieciséis de agosto de este año, dentro del cuadernillo penal ***** del índice de ese juzgado, se dejó insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, y se procederá a emitir una nueva resolución en los términos precisados en la sentencia de amparo. De lo anterior, se toma conocimiento y se está a la espera del cabal cumplimiento de la sentencia, en el entendido que, subsiste el apercibimiento decretado en auto de catorce de los presente. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, catorce de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. SE SOLICITA CUMPLIMIENTO Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que la jueza de control del Juzgado de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Irapuato, realice lo siguiente: "- Deje insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés; y, - En su lugar y con libertad de jurisdicción, emita otra en la que subsane la deficiencia formal destacada, en relación a la falta de exhaustividad al emitir la determinación reclamada, esto es, analice la totalidad de los argumentos hechos valer por el quejoso al interponer el recurso de revocación y, de ser el caso, fije hora y fecha para la audiencia de tutela de derechos solicitada". En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la jueza de control del Juzgado de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Irapuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, la jueza de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola2. Se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito.
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