Saúl Ramos Ramírez
Expediente 441/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ma. Margarita Medina Becerra
- Saúl Ramos Ramírez
- Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentre en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo principal. Es innecesario analizar las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada y los argumentos que en vía de conceptos de violación formula en su contra el quejoso, toda vez que este Órgano de Control Constitucional, advierte oficiosamente la actualización de una causa de inejercitabilidad de la acción de amparo, misma que por ser de orden público, con independencia de que la aleguen o no las partes, es preferente al estudio del fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia. En efecto, en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que se refiere a la improcedencia del litigio constitucional contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio para la tutela de derechos dentro los términos que señala el diverso numeral 17 de la propia legislación. En relación con lo anterior, debe destacarse que los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las normas antes transcritas, se desprende en lo que al caso interesa, que el legislador estableció tres hipótesis para computar el término de quince días para la promoción del juicio de amparo, que son: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame; o 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. De igual forma, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la disyunción "o", que "indica exclusión, alternativa o contraposición"; de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos se excluyen entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, es inconcuso que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En congruencia con lo expuesto, es importante mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2015, estableció que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se sigue que el plazo para promover la demanda de derechos cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Supuestos que, desde luego, deben quedar plenamente acreditados en el expediente respectivo. La tesis derivada de la contradicción de tesis antes aludida, corresponde a la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), la cual es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En esa tesitura, en los casos en los que por virtud de la notificación que el Tribunal Colegiado de Circuito practica al quejoso del auto por el que se le da vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, cuando en la diligencia respectiva se le corre traslado con la copia del fallo respectivo, ha de estimarse que ese conocimiento material del acto reclamado se subsume al de la notificación, conforme a lo cual, el término de quince días para la presentación de una nueva demanda de amparo, no deberá esperar al día siguiente al en que surta efectos dicha notificación, conforme a la ley del acto, sino que iniciará inmediatamente a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento pleno de la resolución reclamada. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia I.16o.T. J/4 (10a.) emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Primer Circuito, la cual se comparte y se inserta a continuación: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. OPORTUNIDAD PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO SE SUBSUME AL DE LA NOTIFICACIÓN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PRACTICÓ AL QUEJOSO DEL AUTO POR EL QUE LE DIO VISTA CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda relativa se computa a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, su notificación al quejoso o a aquel en que lo haya conocido o se ostente sabedor del acto o de su ejecución, salvo el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En este sentido, en los casos en los que por virtud de la notificación que el Tribunal Colegiado de Circuito practica al quejoso del auto por el que se le da vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, cuando en la diligencia respectiva se le corre traslado con la copia de la resolución, se estima que ese conocimiento material del acto reclamado, aunque se subsume en la diligencia de la notificación, no permite esperar para que inicie el cómputo del término de 15 días para la presentación de una nueva demanda de amparo, hasta el día siguiente al en que surta efectos dicha notificación, conforme a la ley del acto, ni en términos de la Ley de Amparo, sino que, por el contrario, obliga a que dicho cómputo inicie inmediatamente a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento pleno de la resolución reclamada, esto es, en que materialmente recibe copia íntegra de la sentencia con la que se le hubiere corrido traslado." En el caso en concreto, la sentencia reclamada de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fue pronunciada por la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Zacatecas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de ocho de julio de dos mil veintiuno, emitida en el amparo directo 91/2021, promovido por el aquí quejoso Saúl Ramos Ramírez, en contra del fallo de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio contencioso administrativo 388/19-23-01-7, expediente de amparo que se tiene a la vista al momento de resolver el presente asunto por ser del índice del este órgano colegiado. De los autos del citado expediente 91/2021, se observa que en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 23-1-1-1187/22, a través del cual el magistrado presidente de la Sala responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo referida, y para ello, remitió la sentencia de diecinueve de ese mismo mes y año, dictada en el expediente 388/19-23-01-7, por lo que este tribunal colegiado ordenó dar vista a las partes, a las cuales debía hacerse entrega de copia completa y legible de dicha sentencia, para que dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha en que surtiera efectos la notificación de tal proveído, expresaran lo que a su interés conviniera, lo cual se ordenó notificar personalmente a las partes. El mencionado auto de vista fue notificado personalmente al ahora quejoso Saúl Ramos Ramírez, por conducto de su autorizado en amplios términos licenciado Rafael Flores Muñoz, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en cuya razón actuarial que obra agregada a foja cuatrocientos sesenta y cuatro del expediente de amparo 91/2021), se hizo constar que el prenombrado recibió copia del acuerdo materia de la notificación y de la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Sala responsable. En atención de la citada vista, el hoy impetrante de amparo, por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo 91/2021, en los que medularmente sostuvo que la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto al cumplimentar ese fallo protector, todo lo cual constituyen hechos notorios para este órgano jurisdiccional federal. Encuentra aplicación, la jurisprudencia 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señala: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De lo anterior, se arriba a la convicción que el aquí peticionario de derechos, se sitúa en la segunda de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, pues para efectos de establecer la oportunidad de la demanda, debe decirse que conoció de la sentencia que ahora reclama por virtud de la notificación realizada a su autorizado en amplios términos el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la que le notificaron el acuerdo del veinticinco de mayo anterior, y se le proporcionó copia de la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo 388/19-23-01-7. Por tanto, si el quejoso Saúl Ramos Ramírez, tuvo conocimiento en esa data, por conducto de su autorizado en amplios términos licenciado Rafael Flores Muñoz, es evidente que el término de quince días para promover el presente juicio constitucional debe computarse a partir del día siguiente, esto es, del veintiocho de mayo de dos mil veintidós, y que dicho plazo concluyó el diecisiete de junio de ese mismo año, descontando de ese lapso los días cuatro, cinco, once y doce e del mes y anualidad citados, por haber sido inhábiles en términos de lo que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo. Cómputo que se corrobora con el siguiente cuadro MAYO - JUNIO 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 23 24 25 26 27 Conocimiento completo del acto reclamado 28 29 30 (1) Inicia plazo 31 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) 4 5 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 12 13 (11) 14 (12) 15 (13) 16 (14) 17 (15) Vence plazo 18 19 Luego, si el escrito de demanda se presentó ante la autoridad responsable hasta el veintidós de junio de dos mil veintidós, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido fuera del plazo de quince días que para tal efecto establece el ordinal 17 de la propia ley. De ahí que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de acuerdo a lo previsto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La anterior determinación encuentra apoyo en la jurisprudencia número 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." No es óbice a lo antes expuesto, el hecho de que el quejoso refiera en su demanda que la sentencia reclamada fue publicada a través de boletín jurisdiccional el treinta de mayo de dos mil veintidós, lo que concuerda con las constancias que integran el juicio de nulidad de origen; pues como se evidenció en los párrafos precedentes, debe tenerse en cuenta que la fecha previa en que el peticionario de derechos tuvo conocimiento del acto reclamado con motivo del auto de vista notificado por este Tribunal y, para efectos del cómputo de la oportunidad en este juicio debe estarse a esa fecha, acorde a la aludida jurisprudencia P./J. 40/2015 del Pleno del Alto Tribunal del país, pues constituye el momento en el que propiamente tuvo conocimiento por primera vez del acto reclamado, conforme al segundo supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Tampoco es obstáculo para determinar la improcedencia del juicio de amparo que, por auto de presidencia de veinte de julio de dos mil veintidós, se haya admitido el presente juicio uniinstancial, pues se trata de un acuerdo que no causa estado ni vincula al pleno de este tribunal; el que, por tanto, puede válidamente reexaminar la procedencia del amparo y sobreseerlo, si resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que al respecto señala: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto". Decisión. En relatadas condiciones, tal como se precisó, el presente juicio de derechos es improcedente de acuerdo a la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
- Amparo en revisión
Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual acusa recibo del similar, por el que se remitió testimonio de la ejecutoria y los autos de origen. Visto el estado que guardan los presentes autos y que mediante ejecutoria de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto, se confirmó la sentencia recurrida y se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y electrónico, respectivamente. ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.
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