Saúl Pérez López
Expediente 680/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Saúl Pérez López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerados como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este Juzgado de las constancias que el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente 1744/2021, devuélvanse a su lugar de origen; asimismo, comuníquese a dicha autoridad el auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, por virtud del cual remite el juicio de amparo directo 250/2022 de su índice, al declararse legalmente incompetente para conocer de dicho asunto por las razones que expone. En tal virtud, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto, por lo que acúsese el recibo de estilo correspondiente. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 680/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento Ahora, del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, respecto al citado acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. En ese contexto, la parte quejosa reclama la ejecución de las medidas de apremio dictadas en el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, emitido por la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, dentro del expediente 1744/2021 de su índice. Lo anterior, dado que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 1.360 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se estima que el auto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de apelación, pues el artículo citado establece: "Artículo 2.360.- Son apelables, sin efecto suspensivo, las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, los quejosos debieron agotar el recurso de apelación contra el acto que en esta vía constitucional se reclama, pues el artículo 1.360 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México dispone que el recurso de apelación tiene lugar contra las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2355, por lo que, resulta evidente que debió interponer el recurso de referencia, circunstancia que no aconteció. Ello, ya que el acto reclamado en esta vía constitucional deriva de un auto que puede ser modificado, revocado o confirmado a través del medio de impugnación previsto en el artículo 1.360 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Tal apreciación evidencia que el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha la demanda de que se trata por lo motivos antes expuestos.
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