Saúl Peñaloza Allende
Expediente 1900/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1900/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2017
Partes del expediente
- Saúl Peñaloza Allende
Actuaciones
- Principal
VIII. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual comunica la aceptación de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso Saúl Peñalosa Allende. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia incidental para resolver el incidente por exceso o defecto en cumplimiento a la suspensión definitiva, admitido a trámite en auto de dos de agosto de dos mil dieciséis (fija 471), se encuentra señalada para celebrarse a las doce horas de hoy, tal como se determinó en auto de veintiocho de noviembre pasado (foja 670). Sin embargo, el veintitrés de los cursantes (foja 662), se fijaron las once horas del dos de enero de dos mil diecisiete para la continuación del desahogo de la inspección ocular del predio conocido como "El Portesuelo", ubicado en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, ofertada por la parte quejosa, y se giró oficio al Director de Seguridad Pública Municipal de Ocoyoacac, Estado de México, para que en auxilio de este órgano federal, proporcione elementos necesarios de la corporación a su cargo al actuario adscrito a este juzgado a fin de llevar a cabo la inspección aludida; en consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar, se fijan las nueve horas con cinco minutos del veintitrés de diciembre dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VIII. Se hace efectivo el aperbimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de catorce de diciembre del presente año, el cual es del tenor siguiente: "Presentación de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Saúl Peñaloza Allende en su carácter de representante de los Bienes Comunales de Ocuilan de Arteaga, municipio de Ocluían de Arteaga, Estado de México, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito con residencia en la Ciudad de Toluca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1900/2016-VIII. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, se desprende que el promovente reclama esencialmente lo siguiente: "De la Autoridad que señalo como Responsable, se reclama el infundado acuerdo dictado en fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, en el expediente número J 235/20 16, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito, con residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de México, mediante el cual inadmite mi escrito inicial de demanda, en virtud de solicitarle a la responsable se pronuncie respecto de los documentos que amparan su posesión de tierras el poblado de San Juan Atzingo, Municipio de Ocuilan de Arteaga Estado de México, de donde se desprende que sin fundar ni motivar su actuar de una forma tajante desecha la demanda." Incompetencia. En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, respecto del acto reclamado, este juzgador establece que la misma sólo puede ser combatida a través del juicio de amparo directo. Lo anterior se afirma, en razón de que los efectos que produce el acto reclamado son de aquéllos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo del juicio lo dan por terminado, esto en razón de que a través del auto reclamado por el cual se desechó la demanda intentada en el expediente agrario 1235/2016, promovido por el aquí quejoso Saúl Peñaloza Allende, del índice estadístico del Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito, con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México; de lo que se advierte que los efectos del acto reclamado sean de aquéllos que ponen fin al juicio. En abundamiento, se afirma que la competencia del presente asunto es en la vía uni-intancial, dado que el auto por el cual se desechó tuvo por no presentada la demanda de amparo y se ordenó su archivo, encuadra dentro de las hipótesis previstas en los párrafos primero y segundo del artículo 170 de la Ley de Amparo, puesto que se trata de una resolución que decide el juicio en lo principal y lo da por concluido; por lo que compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 485, tomo II, Segunda parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1988, octava época, con número de registro 230494, es aplicable: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, CONCEPTO DE. CASO EN QUE NO SE SURTE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Carta Magna, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por lo que atañe a esta última categoría, el precepto 46 de la Ley de Amparo las define como aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto del cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Consecuentemente, para determinar cuándo se está en presencia de una "resolución que haya puesto fin al juicio" debe advertirse que el acto reclamado: a) No haya decidido el juicio en lo principal; b) Que lo dé por concluido; y c) Que contra dicho acto no proceda ningún recurso o medio de defensa legal. Ahora bien, cuando se trata de establecer la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos en que se reclama una resolución a la que se le atribuye esa naturaleza, debe atenderse a los dos primeros requisitos señalados, como cuestión previa, porque el tercero de ellos vendrá a determinar no la competencia del órgano sino la procedencia de la acción constitucional. Luego, como los requisitos en cuestión se delimitan por el término "juicio", resulta imprescindible referirse a éste. Por procedimiento se entiende una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un acto de autoridad, un conflicto sometido a su decisión. Dicho procedimiento debe siempre examinarse desde un punto de vista configurativo; la simple secuencia de actos no constituyen un proceso sino un procedimiento y que éste da inicio o se activa, precisamente, por medio de la presentación de la demanda que viene a ser el escrito inicial del procedimiento. A diferencia del procedimiento, el juicio es aquella controversia que ha de dirimir el órgano juzgador y se inicia propiamente cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor, lo que generará un virtual conflicto de intereses de tal forma que el juicio será el litigio dentro del proceso, cuya finalidad será la decisión de la controversia mediante la aplicación del derecho a través de un fallo que adquirirá, en lo futuro, la calidad de cosa juzgada; que el juicio como tal no da comienzo, concomitantemente, con el momento en que es admitida la demanda, pues pudiera darse el caso de que verificado esto no se corriera traslado de la misma al demandado y, sustanciado todo el procedimiento, se dictase ilegalmente una sentencia dirimiendo un conflicto que en la realidad no tuvo existencia jurídica; y que, cuando un órgano juzgador desecha una demanda pone fin al procedimiento iniciado, precisamente, con la presentación de ese documento y no al juicio porque este se verificaría cuando, después de notificada a la demandada la pretensión del actor, sobreviniese cualquier resolución que le pusiera fin, sin decidir en lo principal la cuestión planteada, hipótesis ésta en la que se dará lugar a la impugnación del acto mediante el juicio de amparo directo. (Amparo en revisión 1763/88, promovido por la sucesión de David Torres Bravo, fallado el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho). Conforme a estos principios el "juicio" sólo se inicia cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor. Por lo consiguiente, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo directo lo constituye una resolución de tribunal Judicial, Administrativo o del Trabajo, que desecha la demanda o, en su caso, confirma ese desechamiento, no se surte la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del asunto porque tal acto no puede ser considerado como una resolución que haya puesto fin al juicio, en la medida en que éste no llegó a configurarse, sino que tal desechamiento constituye un acto, que, fuera de juicio, puso fin al procedimiento. Por lo tanto, si se reclama mediante el juicio de garantías una resolución que se traduce en el desechamiento de la demanda, como escrito inicial del procedimiento, la competencia para conocer de ese asunto recae en los Juzgados de Distrito según lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 65/98, página 346, con número de registro 195616, Tomo VIII, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1998, Novena Época, que establece: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa." En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 1900/2016-VIII, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Tribunal Colegiado correspondiente y conozca del acto reclamado en estudio. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese a la superioridad el acuse de recibo. Autorizados. Por otra parte, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere el quejoso en su escrito inicial de demanda. Domicilio. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aun las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente."
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