Saul Pantoja Reyes

Expediente 1054/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1054/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
12/01/2016

Partes del expediente

  • Saul Pantoja Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el que este Juzgado desechó la demanda promovida por *********, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que exhibió en original anexo a su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta, por el cual el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, devuelve sin diligenciar el exhorto 701/2015 del índice de este Juzgado, que se le envió para notificar a la parte quejosa el proveído de nueve de los actuales. Atendiendo a las razones expuestas en la constancia actuarial anexa, es decir, que en la calle indicada no existe el número de inmueble identificado con el número 13, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele dicho acuerdo, el presente auto y los proveídos subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados.

  3. Principal

    A sus autos el telegrama que remite el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual acusa recibo del exhorto 701/2015, que se giró para que en auxilio de las labores de este Juzgado realizara la notificación a la parte quejosa del proveído de nueve de los corrientes. En tal virtud, estese a la espera de que la oficiante remita las constancias relativas, una vez que cuente con el resultado de la diligencia encomendada.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MDIANTE PROVEÍDO DE TREINTA DE DICIMBRE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA SAÚL PANTOJA REYES, EL ACUERDO DE NUEVE DE LOS CORRIENTES, POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, SÍNTESIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, al que anexó: 1.- Demanda de amparo signada por Saúl Pantoja Reyes; 2.- Seis copias de dicho ocurso 3.- Original y copia de citatorio de nueve de octubre de dos mil quince Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que *********** reclama el emplazamiento efectuado dentro del juicio mercantil M82/2015 de la estadística del Juzgado Sétimo Civil de Partido en León, Guanajuato, en el domicilio ubicado en ***, de Moroleón, Guanajuato; señalando como autoridades responsables ejecutoras al Juez Único de Partido y al Actuario adscrito, ambos de Moroleón, Guanajuato En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, y 35 de la Ley de Amparo este Juzgado Federal acepta la competencia planteada y se aboca al conocimiento de la demanda de amparo; fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 1054/2015. De la precisión hecha con anterioridad, así como de los antecedentes que esgrime el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, se desprende que los actos reclamados derivan de la tramitación de un juicio mercantil, que aun no concluye, de ahí que sea importante destacar que del numeral 107, fracción V, de la Ley de la Materia, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, debe decirse que el hecho de que en una demanda de amparo se reclamen actos dictados dentro de juicio y que éstos sean de imposible reparación, ello no exime al quejoso de cumplir con el principio de definitividad, es decir, no lo exenta de promover los recursos o medios de defensa ordinarios que procedan en contra del acto o actos reclamados y mediante los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, de conformidad con la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley Reglamentaria. Sirve de apoyo, la jurisprudencia tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, de julio de dos mil doce, Tomo 1, materia común, página setecientos veintinueve, registro 2001155, intitulada: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." De ahí que cuando quien siendo parte en el juicio natural considere que no ha sido emplazado en forma legal al mismo, se entera de dicha circunstancia previo al dictado de la sentencia definitiva, está obligada a promover los recursos ordinarios o medios de defensa en contra de dicha actuación, como podría ser la nulidad de actuaciones o la apelación en contra de la sentencia definitiva, según el caso, previo a la presentación del juicio de amparo. En esa tesitura, solamente cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de dictada la sentencia en el juicio de origen, procede acudir directamente al juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII y 114, en sus fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, pues en esas condiciones resulta claro que está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios. Sirve de apoyo, en lo conducente y por analogia, la jurisprudencia 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 58, de octubre de mil novecientos noventa y dos, página diecisiete, que enseguida se reproduce: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." Sin que pase inadvertido que el criterio citado fue parcialemente interrumpido toda vez que ello fue unicamente respecto a la exigencia de que para la procedencia del amparo indirecto contra el emplazamiento en juicio era necesario no sólo que se hubiere dictado la sentencia sino tambien que hubiera causado ejecutoria, como se desprende de la jurisprudenica P./J. 1/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, de marzo de dos mil doce, tomo 1, materia común, página cinco, registro 2000348, que establece: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." En ese orden de ideas, cuando -como en el caso- se presenta una demanda de amparo, en la que se reclama el ilegal emplazamiento a un juicio mercantil, y de la demanda se desprende que el quejoso se enteró antes del dictado de la sentencia definitiva, es patente que está en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones en términos de lo previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al de Comercio, mediante el cual pueden ser revocadas o nulificadas las actuaciones ilegalmente practicadas, y está obligada a agotarlo. Sirve de sustento, por analogía, la tesis identificada como V.1o.C.T.105 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, de julio de dos mil siete, página dos mil seiscientos setenta y cuatro, que reza: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DEL ILEGAL O DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO A JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, NO TIENE ESE CARÁCTER Y, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)" Entonces, al no existir sentencia en el contencioso, el quejoso está obligado a interponer el incidente de nulidad de notificación y actuaciones previo a acudir al juicio de amparo, y, en su caso, los recursos ordinarios que procedan contra las demás actuaciones que surjan en el procedimiento. Resultando de apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/243, del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos cincuenta y uno, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Sin que sea obice que la diligencia de que se trata conlleve el embargo de bienes, puesto que contra de ella tambien procede el incidente de nulidad de actuaciones, tanto del embargo como de la notificación ahí realizada, medio de defensa mediante el cual puede modificarse o anularse de conformidad con lo previsto en los ordinales 1394 y 1395, en relación con los diversos 1357 y 1414, todos del Código de Comercio. Resultando ilustrativa la tesis VI.2o.C.319 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, materia civil, página mil ochenta y uno, registro 184494, que reza: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE INCIDENTE Y NO REVOCACIÓN EN SU CONTRA. La diligencia de embargo practicada en un juicio ejecutivo mercantil debe ser impugnada por vía incidental, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1394 y 1395, en relación con los diversos 1357 y 1414 del Código de Comercio, y al no haberlo hecho así, debe tenerse al quejoso consintiendo dicho acto, no obstante que en contra de éste haya interpuesto el recurso de revocación, pues este medio de impugnación no es el idóneo para combatir la actuación de la diligenciaria responsable." Asimismo, de no resultar favorable la resolución que se dicte en el incidente de nulidad de actuaciones, una vez dictada la sentencia definitiva, está en aptitud de promover el recurso de apelación previsto en los artículos 1336 a 1343 del Código de Comercio, mediante el cual pueden ser revocados o nulificados los actos reclamados, incluido el ilegal emplazamiento de que se duele. Igualmente, de no resultar favorable la resolución que se dicte en el recurso de apelación, ello es materia de impugnación mediante el juicio de amparo directo y no mediante el juicio de amparo en la vía indirecta como en el caso acontece, de conformidad con lo previsto en el numeral 170 fracción I, de la ley reglamentaria, resultando aplicable, por analogía, la jurisprudencia identificada como tesis 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, de febrero de dos mil nueve, página doscientos cincuenta seis, que reza: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." De ahí que en el particular, al reclamarse actuaciones (embargo y emplazamiento) respecto las cuales procede un medio de defensa mediante el cual podrían nulificarse o revocarse, trae como consecuencia, que la demanda planteada resulte improcedente, al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fraccion XVIII del artículo 61, de la Ley de la materia. y conforme lo dispuesto en el numeral 145 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda. Entonces, si existe certeza de que contra la resolución reclamada en el juicio de amparo procede medio de defensa ordinario para lograr su nulidad, modificación o revocación -que vía de consecuencia también se reclaman- dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en la porción normativa en cita, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda en términos del diverso numeral 113 de la propia Ley. Sirve de sustento -dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió-, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, página mil seiscientos sesenta y cinco, registro 175964, titulada: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA." Con fundamento, también, en la jurisprudencia I.13º.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora tomando en consideración que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Primavera, número 13, colonia Los Olivos en la ciudad de León, Guanajuato; gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en León, Guanajuato, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificar al quejoso Saúl Pantoja Reyes, el contenido del presente proveído, debiendo requerirlo, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el cual podrá designar al momento de la diligencia, o bien en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos el emplazamiento de mérito, apercibidos que en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se les harán las notificaciones subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, se le tiene autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso Cornejo Guzmán por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a María del Socorro Torres Padilla y Osvaldo Guevara Servín por no encontrarse en dicho supuesto. Finalmente, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de la quejosa que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos.

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