Saúl Ortíz Valencia

Expediente 1105/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 31 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1105/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Saúl Ortíz Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del cuaderno de suspensión; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado. Por lo que ve al tomo de pruebas que se formó con motivo de las copias certificadas del expediente ********************, devuélvasele al Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad, por ser innecesarias. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número V-1105/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, recibido ese mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, el cual fue turnado esa propia data a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, ... por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y actos mencionados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "El acto reclamado lo hago consistir en los ACUERDOS, de fecha 22 veintidós del mes de Octubre del año 2021, así como en el acuerdo de fecha 20 del mes de Septiembre del presente ario 2021, dos mil veintiuno, los cuales hasta la fecha NO se me han notificado, dictados por el H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, dentro del Juicio de Prescripción Adquisitiva de Derechos Agrarios número de expediente: 02/2010, que promoví en contra de ESPERANZA MAGAÑA MONTAÑEZ.". SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento a prevención decretada en autos, por proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente de su publicación, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la citada Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis aislada P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad. a) Los acuerdos de veinte de septiembre y veintidós de octubre, ambos de dos mil veintiuno, dentro del juicio de prescripción adquisitiva de derechos agrarios 02/2010, del índice de la autoridad responsable, mediante los cuales, se le dijo que respecto a la ejecución de la sentencia, se estuviera a lo proveído por auto de doce de abril de dos mil veintiuno. b) La omisión de notificar dichos acuerdos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado al momento de rendir su informe justificado, asimismo, de las constancias que obran en autos se advierte la inexistencia del mismo al momento de la presentación de la demanda, como se verá más adelante. Y, para tales fines, la autoridad en comento negó la existencia de los actos omisivos que se le atribuyen, virtud que mediante instructivo de notificación de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el actuario adscrito al Tribunal Agrario responsable, notificó el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de prescripción adquisitiva de derechos agrarios número 02/2010, y, manifestó que, una vez cerciorado de ser el domicilio correcto, por ser la nomenclatura de la casa y el nombre de la calle, y, previas visitas en diversos días y en distintas ocasiones, encontrando cerrado y sin responder nadie a su llamado en el domicilio señalado para tal efecto, a saber: Calle de Puente Rio Mayo, número 55, esquina con la calle puente del Márquez, Fraccionamiento Tres Puentes, tal y como se advierte de autos (foja 413 del tomo de pruebas); con fundamento en los artículos 173 de la Ley Agraria y 309, 310 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, procedió a notificarle dicho auto por medio de instructivo (foja 447 del tomo de pruebas). De igual forma, negó la existencia de la omisión reclamada consistente en la notificación del acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior, en razón a que dicha notificación le fue practicada por lista, la cual fue listada en lo conducente de su fecha (foja 446 del tomo de pruebas). Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 párrafo segundo de la Ley de Amparo, por tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, los preceptos 1, fracción I, 63, fracción IV, 75, primer párrafo y, 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo conducente, disponen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.] Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]" Así, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo procede por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos, refiriéndose a los actos autoritarios concretos, existentes a la fecha en que se presente la demanda de amparo; disposición que es congruente con lo establecido por el diverso 75 de la referida ley, al señalar que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando se demuestre que no existe el acto reclamado, o cuando no se acredite su existencia en la audiencia Constitucional. Corolario de lo anterior, es menester establecer que en el caso concreto, son inexistentes los actos omisivos reclamado a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, de los actos reclamados referidos en el considerando anterior, virtud a que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, transcrito párrafos precedentes. Así, el acto consistente en la omisión de dichas autoridades de notificar los acuerdos de fecha veinte de septiembre y veintidós de octubre, ambos de dos mil veintiuno, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, fueron notificadas mediante instructivo fijado en la puerta del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en veinte de octubre de dos mi veintiuno, así como por medio de lista de su fecha, es decir de veintidós de octubre del año en cita, por tanto, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -dieciséis de noviembre de dos mil veintidós-, son inexistentes; por las razones previamente apuntadas, sin que la parte quejosa con prueba apta para tales fines haya desvirtuado dicha circunstancia, o sí quiera haya hecho una manifestación al respecto para controvertir lo expuesto por la responsable, en el sentido de que dichas notificaciones fueron efectuadas en las fechas y de las formas previamente descritas. Sin que obste lo anterior el hecho que el presente fallo no le irroga perjuicio a las pretensiones de la parte quejosa, es así, derivado de que por auto emitido el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se le dio vista con el informe con justificación y constancias adjuntas rendido por la el Tribunal Agrario responsable, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya hecho pronunciamiento al respecto. Resulta ilustrativa, por analogía al anterior criterio, la tesis aislada l.3º.C.401C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1601, Tomo XXX, octubre 2009, del Semanario del Poder Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. PIERDE TAL CARÁCTER QUIEN ES NOTIFICADO DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE LO VINCULA. Para efectos del juicio de garantías, se entiende por persona extraña: a) Aquella que no figura ni está vinculada al juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; b) Quien interviene en el proceso como un tercero que auxilia al tribunal en la averiguación de la verdad al exhibir documentos o cosas que tiene en su poder o informa datos relevantes para el juicio, pues su intervención está limitada a una actividad de apoyo al órgano jurisdiccional, y solamente estaría legitimado para cumplir con el requerimiento respectivo, oponerse al mismo o manifestar las causas por las que no pueda hacerlo, sin tener un interés distinto para incorporarse al juicio por el solo hecho de ser requerido, ya que no tiene datos objetivos que le permitan advertir que se esté controvirtiendo un derecho que está en su patrimonio o hay una resolución que se ejecutará en su contra, pues esa intervención no le da certeza de que está ligado al proceso y que el auxilio solicitado le afecte en su esfera jurídica, c) La parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, ya que se equipara a un tercero extraño; sin embargo, con la salvedad anterior, tal carácter se pierde cuando existe una resolución judicial dirigida contra una persona determinada, en la cual se le identifica nominalmente, porque al quedar notificada se incorpora a esa persona a la relación jurídico-procesal, y la participación le resulta del contenido del mandamiento judicial. Consiguientemente, al dejar de ser ajena al juicio de origen, su acción de garantías para reclamar la resolución enderezada en su contra y que afirma le causa perjuicio, queda supeditada a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes." De igual forma, sirve de orientación a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 227634, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En consecuencia, es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, virtud a que, atento a lo expuesto previamente, se pone de manifiesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de noviembre de dos mil veintidós), no existía la omisión reclamada a las autoridades responsables. Por tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en la fracción IV, del artículo 63 del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio Constitucional. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en esta ciudad; lo anterior, debido a que no obstante estar debidamente notificado, fue omiso en rendir su informe justificado respecto al acto reclamado sintetizado en el inciso, a), es decir, en lo relativo a los acuerdos de fecha veinte de septiembre y veintidós de octubre, ambos de dos mil veintiuno, por lo tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tienen por ciertos. Lo que además se corrobora de las constancias anexas a su informe de ley, a los que previamente se les otorgó pleno valor probatorio. QUINTO. Causas de improcedencia. Con independencia de lo anterior, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]." La disposición legal transcrita permite establecer que el juicio Constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos, como se observa de la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, localizable en la página 12, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Del referido criterio se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, cuando se promueve contra actos que no son sino una consecuencia legal de otro, que la ley reputa como consentido, es decir, que entre el acto reclamado y el cual se consintió, exista una relación de causa y efecto, o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. De ese modo, el consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad, es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley o, en su caso, del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquéllos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o nulificarlos; y, por tanto, solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Por tanto, la justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la Constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el quejoso mediante un recurso ordinario o, en su caso, el propio juicio de amparo; sostener lo contrario, implicaría dejar al quejoso la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma frente al primer acto. En ese contexto, cabe destacar que el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad, identificado bajo el inciso a), en el considerando segundo, lo constituyen los autos de veinte de septiembre y de veintidós de octubre, ambos de dos mil veintiuno, dictados en los autos que integran el juicio agrario 02/2010, de su índice, a través del cual, en esencia, declaró que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, pues, con independencia de sus manifestaciones, debe estarse a lo determinado por proveído de doce de abril de dos mi veintiuno, en el cual, en esencia determinó que la sentencia del juicio agrario natural se encuentra totalmente cumplida. Ahora, de los autos del juicio agrario 02/2010, del índice de la autoridad responsable en cita, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Mediante sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil once, dictada dentro de los autos que integran el juicio agrario de prescripción adquisitiva 02/2010, del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en esta ciudad, entre otros puntos, se resolvió que operó en favor de Saúl Ortiz Valencia dicha acción y se ordenó al Registro Agrario Nacional para que realizara la cancelación del certificado de derechos agrarios número 2514962 que correspondió a Ramón Ortiz Gómez, así como la cancelación del certificado que se le haya expedido a Esperanza Magaña Montañez, y expida el correspondiente en favor del accionante, aquí quejoso. (Fojas 301 a 318 del tomo de pruebas). 2. Inconforme, Esperanza Magaña Montañez, tercero interesada en el presente sumario Constitucional, presentó demanda de amparo directo en contra de la resolución descrita en el párrafo que antecede, a lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, el treinta y uno de mayo de dos mil doce, resolvió negar la protección de la Justicia Federal por haber resultado ineficaces los conceptos de violación hechos valer en esa instancia. (Fojas 374 a 391 del tomo de pruebas) 3. Así, por auto de ocho de junio de dos mil doce, el Magistrado responsable, tuvo por recibida la testimonio de la ejecutoria precitada; causó ejecutoria por ministerio de ley la aludida sentencia; y, requirió el cumplimiento de la misma al Delegado del Registro Agrario. (Foja 392 del tomo de pruebas). 4. Luego, en atención al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, por Saul Ortiz Valencia, mediante auto de doce de abril de dos mil veintiuno, la responsable proveyó que no ha lugar a admitir a trámite el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que dicho incidente no se encuentra regulado por la ley agraria, además que la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil once, constituyen una declarativa y constitutiva, que resolvió en su favor la prescripción adquisitiva de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a Ramón Ortiz González y posteriormente a Esperanza Mañana Montañez, por lo que se ordenó al Registro Agrario Nacional, procediera a cancelar los certificados a nombre de la demandada Magaña Montañez y generara otro en favor del quejoso, por lo que la sentencia definitiva pronunciada el juicio agrario de origen se encuentra totalmente cumplida. (Foja 417). 5. Finalmente, previo ocursos presentados por el quejoso los días quince de julio y veinte de agosto, ambos de dos mi veintiuno, a los que le recayeron los acuerdos de veinte de septiembre y veintidós de octubre, ambos, del año en cita, en los que interesa, la responsable, acordó que el ocursante Saúl Ortiz Valencia, deberá estarse a lo proveído por auto de doce de abril de dos mil veintiuno, previamente descrito. Acuerdos que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, de la síntesis de los antecedentes de los actos reclamados en el presente juicio Constitucional, es evidente que los autos de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos que integran el juicio agrario 02/2010, del índice del Magistrado Agrario responsable, son una consecuencia del diverso acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, a través de los cuales, en esencia, declaró que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, pues, con independencia de sus manifestaciones, debe estarse a lo determinado en ese auto, en el cual se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el incidente de inejecución de sentencia, virtud a que la naturaleza de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio de carácter declarativo y constitutivo, así como que la misma se encuentra totalmente cumplida. En suma, la situación jurídica respecto del incidente de inejecución de la sentencia solicitada por el quejoso dentro de los autos que integran el juicio agrario de prescripción adquisitiva 02/2010, del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 17, con sede en esta ciudad, se rige por lo determinado en el diverso proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, Por tanto, desde que se emitió el acuerdo referido, el quejoso, estuvo conforme, dado que en contra de ese auto que decretó que no ha lugar a admitir el incidente de inejecución de sentencia por estar totalmente cumplida dentro de los autos que integran el juicio agrario de origen, no promovió medio de impugnación alguno. Atento a lo antes expuesto, es evidente que la parte quejosa estuvo en posibilidad de inconformarse respecto del auto de referencia, emitido en el expediente mencionado, en donde pudo hacer valer los argumentos relativos a lo correcto o incorrecto de dicha determinación, por no estar de acuerdo con la misma, por lo cual, es inconcuso que la decisión que en realidad le perjudicaba era precisamente la emitida el doce de abril de dos mil veintiuno, reseñada con antelación, la cual consintió, de ahí que los actos reclamados en esta instancia Constitucional, son una consecuencia de aquél proveído, virtud a que desde ese momento se determinó que no ha lugar al incidente de inejecución de sentencia por encontrarse totalmente cumplida. Se cita al respecto la tesis III.1o.A.11 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 582, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En consecuencia, virtud a que los actos reclamados en el presente juicio Constitucional es una consecuencia de diverso acto consentido, en los términos destacados, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si el acto reclamado es inconstitucional, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho, en contra de los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en los considerandos tercero y último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil veintidós en que los permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.-

  3. Principal

    cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número V-1105/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, recibido ese mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, el cual fue turnado esa propia data a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, ... por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y actos mencionados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "El acto reclamado lo hago consistir en los ACUERDOS, de fecha 22 veintidós del mes de Octubre del año 2021, así como en el acuerdo de fecha 20 del mes de Septiembre del presente ario 2021, dos mil veintiuno, los cuales hasta la fecha NO se me han notificado, dictados por el H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, dentro del Juicio de Prescripción Adquisitiva de Derechos Agrarios número de expediente: 02/2010, que promoví en contra de ESPERANZA MAGAÑA MONTAÑEZ.". SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento a prevención decretada en autos, por proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente de su publicación, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la citada Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis aislada P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad. a) Los acuerdos de veinte de septiembre y veintidós de octubre, ambos de dos mil veintiuno, dentro del juicio de prescripción adquisitiva de derechos agrarios 02/2010, del índice de la autoridad responsable, mediante los cuales, se le dijo que respecto a la ejecución de la sentencia, se estuviera a lo proveído por auto de doce de abril de dos mil veintiuno. b) La omisión de notificar dichos acuerdos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado al momento de rendir su informe justificado, asimismo, de las constancias que obran en autos se advierte la inexistencia del mismo al momento de la presentación de la demanda, como se verá más adelante. Y, para tales fines, la autoridad en comento negó la existencia de los actos omisivos que se le atribuyen, virtud que mediante instructivo de notificación de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el actuario adscrito al Tribunal Agrario responsable, notificó el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de prescripción adquisitiva de derechos agrarios número 02/2010, y, manifestó que, una vez cerciorado de ser el domicilio correcto, por ser la nomenclatura de la casa y el nombre de la calle, y, previas visitas en diversos días y en distintas ocasiones, encontrando cerrado y sin responder nadie a su llamado en el domicilio señalado para tal efecto, a saber: Calle de Puente Rio Mayo, número 55, esquina con la calle puente del Márquez, Fraccionamiento Tres Puentes, tal y como se advierte de autos (foja 413 del tomo de pruebas); con fundamento en los artículos 173 de la Ley Agraria y 309, 310 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, procedió a notificarle dicho auto por medio de instructivo (foja 447 del tomo de pruebas). De igual forma, negó la existencia de la omisión reclamada consistente en la notificación del acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior, en razón a que dicha notificación le fue practicada por lista, la cual fue listada en lo conducente de su fecha (foja 446 del tomo de pruebas). Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 párrafo segundo de la Ley de Amparo, por tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, los preceptos 1, fracción I, 63, fracción IV, 75, primer párrafo y, 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo conducente, disponen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.] Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]" Así, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo procede por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos, refiriéndose a los actos autoritarios concretos, existentes a la fecha en que se presente la demanda de amparo; disposición que es congruente con lo establecido por el diverso 75 de la referida ley, al señalar que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando se demuestre que no existe el acto reclamado, o cuando no se acredite su existencia en la audiencia Constitucional. Corolario de lo anterior, es menester establecer que en el caso concreto, son inexistentes los actos omisivos reclamado a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, de los actos reclamados referidos en el considerando anterior, virtud a que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, transcrito párrafos precedentes. Así, el acto consistente en la omisión de dichas autoridades de notificar los acuerdos de fecha veinte de septiembre y veintidós de octubre, ambos de dos mil veintiuno, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, fueron notificadas mediante instructivo fijado en la puerta del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en veinte de octubre de dos mi veintiuno, así como por medio de lista de su fecha, es decir de veintidós de octubre del año en cita, por tanto, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -dieciséis de noviembre de dos mil veintidós-, son inexistentes; por las razones previamente apuntadas, sin que la parte quejosa con prueba apta para tales fines haya desvirtuado dicha circunstancia, o sí quiera haya hecho una manifestación al respecto para controvertir lo expuesto por la responsable, en el sentido de que dichas notificaciones fueron efectuadas en las fechas y de las formas previamente descritas. Sin que obste lo anterior el hecho que el presente fallo no le irroga perjuicio a las pretensiones de la parte quejosa, es así, derivado de que por auto emitido el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se le dio vista con el informe con justificación y constancias adjuntas rendido por la el Tribunal Agrario responsable, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya hecho pronunciamiento al respecto. Resulta ilustrativa, por analogía al anterior criterio, la tesis aislada l.3º.C.401C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1601, Tomo XXX, octubre 2009, del Semanario del Poder Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. PIERDE TAL CARÁCTER QUIEN ES NOTIFICADO DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE LO VINCULA. Para efectos del juicio de garantías, se entiende por persona extraña: a) Aquella que no figura ni está vinculada al juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; b) Quien interviene en el proceso como un tercero que auxilia al tribunal en la averiguación de la verdad al exhibir documentos o cosas que tiene en su poder o informa datos relevantes para el juicio, pues su intervención está limitada a una actividad de apoyo al órgano jurisdiccional, y solamente estaría legitimado para cumplir con el requerimiento respectivo, oponerse al mismo o manifestar las causas por las que no pueda hacerlo, sin tener un interés distinto para incorporarse al juicio por el solo hecho de ser requerido, ya que no tiene datos objetivos que le permitan advertir que se esté controvirtiendo un derecho que está en su patrimonio o hay una resolución que se ejecutará en su contra, pues esa intervención no le da certeza de que está ligado al proceso y que el auxilio solicitado le afecte en su esfera jurídica, c) La parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, ya que se equipara a un tercero extraño; sin embargo, con la salvedad anterior, tal carácter se pierde cuando existe una resolución judicial dirigida contra una persona determinada, en la cual se le identifica nominalmente, porque al quedar notificada se incorpora a esa persona a la relación jurídico-procesal, y la participación le resulta del contenido del mandamiento judicial. Consiguientemente, al dejar de ser ajena al juicio de origen, su acción de garantías para reclamar la resolución enderezada en su contra y que afirma le causa perjuicio, queda supeditada a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes." De igual forma, sirve de orientación a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 227634, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En consecuencia, es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, virtud a que, atento a lo expuesto previamente, se pone de manifiesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de noviembre de dos mil veintidós), no existía la omisión reclamada a las autoridades responsables. Por tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en la fracción IV, del artículo 63 del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio Constitucional. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en esta ciudad; lo anterior, debido a que no obstante estar debidamente notificado, fue omiso en rendir su informe justificado respecto al acto reclamado sintetizado en el inciso, a), es decir, en lo relativo a los acuerdos de fecha veinte de septiembre y veintidós de octubre, ambos de dos mil veintiuno, por lo tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tienen por ciertos. Lo que además se corrobora de las constancias anexas a su informe de ley, a los que previamente se les otorgó pleno valor probatorio. QUINTO. Causas de improcedencia. Con independencia de lo anterior, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]." La disposición legal transcrita permite establecer que el juicio Constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos, como se observa de la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, localizable en la página 12, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Del referido criterio se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, cuando se promueve contra actos que no son sino una consecuencia legal de otro, que la ley reputa como consentido, es decir, que entre el acto reclamado y el cual se consintió, exista una relación de causa y efecto, o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. De ese modo, el consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad, es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley o, en su caso, del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquéllos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o nulificarlos; y, por tanto, solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Por tanto, la justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la Constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el quejoso mediante un recurso ordinario o, en su caso, el propio juicio de amparo; sostener lo contrario, implicaría dejar al quejoso la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma frente al primer acto. En ese contexto, cabe destacar que el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad, identificado bajo el inciso a), en el considerando segundo, lo constituyen los autos de veinte de septiembre y de veintidós de octubre, ambos de dos mil veintiuno, dictados en los autos que integran el juicio agrario 02/2010, de su índice, a través del cual, en esencia, declaró que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, pues, con independencia de sus manifestaciones, debe estarse a lo determinado por proveído de doce de abril de dos mi veintiuno, en el cual, en esencia determinó que la sentencia del juicio agrario natural se encuentra totalmente cumplida. Ahora, de los autos del juicio agrario 02/2010, del índice de la autoridad responsable en cita, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Mediante sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil once, dictada dentro de los autos que integran el juicio agrario de prescripción adquisitiva 02/2010, del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en esta ciudad, entre otros puntos, se resolvió que operó en favor de Saúl Ortiz Valencia dicha acción y se ordenó al Registro Agrario Nacional para que realizara la cancelación del certificado de derechos agrarios número 2514962 que correspondió a Ramón Ortiz Gómez, así como la cancelación del certificado que se le haya expedido a Esperanza Magaña Montañez, y expida el correspondiente en favor del accionante, aquí quejoso. (Fojas 301 a 318 del tomo de pruebas). 2. Inconforme, Esperanza Magaña Montañez, tercero interesada en el presente sumario Constitucional, presentó demanda de amparo directo en contra de la resolución descrita en el párrafo que antecede, a lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, el treinta y uno de mayo de dos mil doce, resolvió negar la protección de la Justicia Federal por haber resultado ineficaces los conceptos de violación hechos valer en esa instancia. (Fojas 374 a 391 del tomo de pruebas) 3. Así, por auto de ocho de junio de dos mil doce, el Magistrado responsable, tuvo por recibida la testimonio de la ejecutoria precitada; causó ejecutoria por ministerio de ley la aludida sentencia; y, requirió el cumplimiento de la misma al Delegado del Registro Agrario. (Foja 392 del tomo de pruebas). 4. Luego, en atención al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, por Saul Ortiz Valencia, mediante auto de doce de abril de dos mil veintiuno, la responsable proveyó que no ha lugar a admitir a trámite el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que dicho incidente no se encuentra regulado por la ley agraria, además que la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil once, constituyen una declarativa y constitutiva, que resolvió en su favor la prescripción adquisitiva de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a Ramón Ortiz González y posteriormente a Esperanza Mañana Montañez, por lo que se ordenó al Registro Agrario Nacional, procediera a cancelar los certificados a nombre de la demandada Magaña Montañez y generara otro en favor del quejoso, por lo que la sentencia definitiva pronunciada el juicio agrario de origen se encuentra totalmente cumplida. (Foja 417). 5. Finalmente, previo ocursos presentados por el quejoso los días quince de julio y veinte de agosto, ambos de dos mi veintiuno, a los que le recayeron los acuerdos de veinte de septiembre y veintidós de octubre, ambos, del año en cita, en los que interesa, la responsable, acordó que el ocursante Saúl Ortiz Valencia, deberá estarse a lo proveído por auto de doce de abril de dos mil veintiuno, previamente descrito. Acuerdos que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, de la síntesis de los antecedentes de los actos reclamados en el presente juicio Constitucional, es evidente que los autos de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos que integran el juicio agrario 02/2010, del índice del Magistrado Agrario responsable, son una consecuencia del diverso acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, a través de los cuales, en esencia, declaró que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, pues, con independencia de sus manifestaciones, debe estarse a lo determinado en ese auto, en el cual se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el incidente de inejecución de sentencia, virtud a que la naturaleza de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio de carácter declarativo y constitutivo, así como que la misma se encuentra totalmente cumplida. En suma, la situación jurídica respecto del incidente de inejecución de la sentencia solicitada por el quejoso dentro de los autos que integran el juicio agrario de prescripción adquisitiva 02/2010, del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 17, con sede en esta ciudad, se rige por lo determinado en el diverso proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, Por tanto, desde que se emitió el acuerdo referido, el quejoso, estuvo conforme, dado que en contra de ese auto que decretó que no ha lugar a admitir el incidente de inejecución de sentencia por estar totalmente cumplida dentro de los autos que integran el juicio agrario de origen, no promovió medio de impugnación alguno. Atento a lo antes expuesto, es evidente que la parte quejosa estuvo en posibilidad de inconformarse respecto del auto de referencia, emitido en el expediente mencionado, en donde pudo hacer valer los argumentos relativos a lo correcto o incorrecto de dicha determinación, por no estar de acuerdo con la misma, por lo cual, es inconcuso que la decisión que en realidad le perjudicaba era precisamente la emitida el doce de abril de dos mil veintiuno, reseñada con antelación, la cual consintió, de ahí que los actos reclamados en esta instancia Constitucional, son una consecuencia de aquél proveído, virtud a que desde ese momento se determinó que no ha lugar al incidente de inejecución de sentencia por encontrarse totalmente cumplida. Se cita al respecto la tesis III.1o.A.11 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 582, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En consecuencia, virtud a que los actos reclamados en el presente juicio Constitucional es una consecuencia de diverso acto consentido, en los términos destacados, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si el acto reclamado es inconstitucional, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho, en contra de los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en los considerandos tercero y último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil veintidós en que los permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.-

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