Saul Orlando Vargas Narvaez
Expediente 282/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Saul Orlando Vargas Narvaez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el juez responsable acusa recibo del oficio número ****, por medio de cual se le remitieron los documentos que envió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo. En diverso aspecto, glósese el original del incidente de suspensión, el cual en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, debe DEPURARSE, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo. Es de señalarse que de acuerdo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo. Agréguese copia autorizada de este acuerdo al duplicado del incidente de suspensión. En diverso aspecto, se ordena devolver al Juez responsable los documentos enviados en apoyo a su informe justificado, en virtud de que ya no son necesarios en el presente asunto; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Se tiene por hecha la constancia de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar al tercero interesado, por los motivos que expone y como se advierte de la certificación secretarial, que dicho tercero interesado no dio cumplimiento a lo solicitado por auto de admisión, en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena notificar por medio de lista a dicha parte la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, así como el presente proveído, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, y por medio de lista al tercero interesado. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DICTADA E EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE DICE: "Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 282/2021, promovido por Saúl Orlando Vargas Narváez, por derecho propio, contra actos de la Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes del Juzgado Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, Saúl Orlando Vargas Narváez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios en su perjuicio de las garantías y derechos otorgados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales y que precisó de la manera siguiente: "IV. EL ACTO RECLAMADO: Reclamo la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, publicada el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del incidente de liquidación de intereses contenido en el expediente número 1026/2017, promovido por Antonio Vallejo Díaz, en contra de Saúl Orlando Vargas Narváez, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ." SEGUNDO. Incompetencia de Tribunal Colegiado y remisión de la demanda. La demanda de que se trata fue remitida al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo presidente la registró con el número de expediente D.C. 155/2021 y en proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, declaró que el órgano colegiado que presidía carecía de competencia legal para conocer de la misma, en atención a que el acto reclamado no constituía una resolución definitiva para efectos del juicio de amparo en la vía directa, por lo que ordenó su envío a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que por su conducto se turnara al Juez de Distrito que correspondiera. TERCERO. Admisión y trámite del amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda referida a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual la registró con el número de expediente 282/2021 y, previa su aclaración, por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió el informe con justificación a la autoridad responsable, se tuvo como tercero interesado a Antonio Vallejo Díaz, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver del presente asunto de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 Constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse en amparo indirecto actos dictados por una autoridad judicial en materia civil, cuya ejecución tendrá lugar en el ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS."2 Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo antes detallada, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa, y resolver de forma congruente y completa la litis, se advierte que reclama: La sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, en el incidente de liquidación de intereses derivado del juicio ejecutivo mercantil promovido por Antonio Vallejo Díaz, en contra del 1 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)". 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, página 32. aquí quejoso, expediente 1026/2017, mediante la que se condenó al demandado al pago de $344,139.11 (trescientos cuarenta y cuatro mil treinta y nueve pesos 11/100 m.n.), por concepto de intereses moratorios generados del veinticinco de diciembre de dos mil quince al dos de julio de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación, por lo que se tiene plenamente probado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 749, consultable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia(s): Común, Quinta Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 1002815, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con las constancias que acompañó la citada autoridad, relativas al expediente 1026/2017, las que constituyen documento público y tienen eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. La conclusión adoptada se robustece con la jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena". CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. 1. En sentencia de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo mercantil promovido por Antonio Vallejo Díaz, en contra de Saúl Orlando Vargas Narváez, expediente 1026/2017, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil intentada, en la que la parte actora acreditó los extremos de su acción y el demandado Vargas Narváez Saúl Orlando, se constituyó en rebeldía. SEGUNDO. Se condena a Vargas Narváez Saúl Orlando, pagar a la parte actora, o a quien legalmente represente sus derechos, la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, lo que deberá cubrir dentro del término de cinco días contados a partir de que esta sentencia sea legalmente ejecutable, apercibido que de no hacerlo se procederá al trance y remate de los bienes embargados y con su producto pago al acreedor. TERCERO. Se condena a Vargas Narváez Saúl Orlando, al pago por concepto de los intereses moratorios en los términos precisados en el considerando III de este fallo. CUARTO. No se hace especial condena en costas por los motivos expuestos en el considerando IV de esta resolución. QUINTO. Notifíquese." (fojas 43 a 54, tomo I). 2. En la etapa de ejecución de sentencia, por escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, el actor formuló incidente de liquidación de intereses por el periodo del veinticinco de diciembre de dos mil quince al dos de julio de dos mil dieciocho (fojas 1 a 4, tomo II), el cual se admitió en proveído del día veinte siguiente (fojas 5 y 6, tomo II). 3. Seguido el incidente en sus etapas procesales, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se emitió la interlocutoria que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. La tramitación del presente incidente de 'Liquidación de intereses' iniciado por el ejecutante, ha sido procedente, pero la planilla de liquidación de intereses se ajustará a los lineamientos ordenados en la presente resolución. SEGUNDO. Se condena al ejecutado Vargas Narváez Saúl Orlando, pagar al ejecutante o quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de $344,139.00 (trescientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 m.n.), por concepto de intereses moratorios generados en términos del considerando II de este fallo. TERCERO. Notifíquese." La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Procedencia. De constancias de autos no se observa que las partes hicieran valer alguna causa de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, motivo por el cual se procede a examinar el fondo del presente asunto. SEXTO. Conceptos de violación. No existe obligación de realizar una cita literal de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, toda vez que la Ley de Amparo no contiene precepto alguno que así lo exija. Resulta aplicable la tesis la Jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 3 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830. demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación se analizan de manera conjunta, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, y en ellos el quejoso expuso de manera esencial, que se violan en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, debido a que en la cuantificación de los intereses reclamados no se tomaron en consideración los pagos que realizó a través de los billetes de depósito que su empleador ha consignado ante el juzgado de origen, los cuales debían aplicarse al pago de la suerte principal y no a los intereses, por así haberlo aceptado su contraparte. Aunado a lo anterior, el impetrante del amparo se duele del hecho de que el Juez responsable suple la deficiencia de la queja de su contrario quien presentó una planilla inexacta y que, no obstante, el juez realizó operaciones aritméticas respecto de las que omitió los factores que utilizó en tales operaciones. Los argumentos antes citados son infundados en una parte y en otra, inoperantes. Ante todo, debe precisarse que la liquidación de una sentencia definitiva debe realizarse sobre las bases que al respecto se hayan previsto en la misma; y el análisis de su procedencia debe realizarse por el juzgador de manera oficiosa, ya que le corresponde como director del proceso, vigilar la adecuada ejecución de los fallos que constituyen la verdad legal y, por lo mismo, que su liquidación se ajuste a la condena decretada, para lo cual debe atender primordialmente a las bases fijadas en el fallo, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas. Bajo esa temática, debe establecerse que los incidentes de liquidación aun cuando tienen objeto y contenido propios como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no pudieron dilucidarse en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden, como ya se estableció modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, aunado a que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general. En consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación de lo que fue materia del juicio. Razonamientos que se sustentan en la jurisprudencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1229, Tomo V, materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, Novena Época, registro 1013700, de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA". El criterio invocado prevé el respeto a las consecuencias de la cosa juzgada, lo que pone de relieve que el incidente de liquidación tiene como finalidad que el juez cuantifique la condena decretada en sentencia firme. Desde esa perspectiva, es de concluirse que la actividad del juzgador de origen no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. Luego entonces, para resolver sobre la liquidación, ha de tomarse en cuenta el derecho del actor incidentista finalmente dilucidado en ese proceso, ya que la sentencia dictada en el juicio, es la actuación procedimental donde se resuelve una controversia judicial, por eso deberá considerarse para su cuantificación el derecho finalmente reconocido por la vía jurisdiccional. En este asunto, según se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio por tratarse de actuaciones expedidas por funcionario público, en sentencia de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil promovido por Antonio Vallejo Díaz, en contra de Saúl Orlando Vargas Narváez, expediente 1026/2017, se condenó al ahora quejoso, al pago por concepto de los intereses moratorios en los términos precisados en el considerando III de dicho fallo, en cuya parte conducente se establece: ". el suscrito considera que la tasa de interés moratorio del 10% (diez por ciento) mensual, pactada en el pagaré base de la acción es usurera, al acreditarse en el juicio en base al anterior estudio que la parte actora reclama una prestación mensual excesiva en comparación con la usada en los contratos de crédito bancario, pretendiendo obtener un provecho usurario, abusando del patrimonio del demandado; por lo anterior, buscando la equidad para las partes en base a las anteriores operaciones, lo procedente es condenar a Vargas Narváez Saúl Orlando, pagar a la actora o a quien sus derechos legales represente, por concepto de intereses moratorios la tasa del 3.6% (tres punto seis por ciento) mensual, sobre la suerte principal a partir del día en que incurrió en mora; es decir, a partir del veinticinco de diciembre de dos mil quince y hasta la total liquidación del adeudo." De la transcripción realizada deriva que en la sentencia definitiva, se establecieron como base para el pago de los intereses moratorios: i) La tasa del 3.6% (tres punto seis por ciento) mensual; ii) Que esa tasa se calcularía sobre la suerte principal a partir del día en que incurrió en mora, y iii) Que el citado cómputo empezaría a partir del veinticinco de diciembre de dos mil quince y hasta la total liquidación del adeudo; sin que se observe de tales bases que las cantidades consignadas debían aplicarse a la suerte principal, pues en todo caso ello debió deducirse desde esa sentencia definitiva, lo cual no ocurrió. En efecto, el ahora quejoso debió hacer valer su pretensión de que las consignaciones tenían que cuantificarse para la suerte principal y hacer uso de los medios legales y recursos procedentes para lograr que en la sentencia definitiva se efectuara el cómputo correspondiente; de manera que no es posible que en la etapa de ejecución en la que se encuentra el procedimiento de origen sea procedente analizar tal cuestión, lo cual implicaría contrariar el principio de cosa juzgada generándose derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme. Orienta a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable n la página 589, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 168959, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Aunado a lo anterior no se encuentra impugnada la consideración vertida en el sentido de que en términos del segundo párrafo del numeral 364 del Código de Comercio, "las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago de intereses por orden de vencimientos, y después al del capital", y que al tratarse de cincuenta y seis billetes de depósito por diversas parcialidades, era inconcuso que se trataba de entregas que debían seguir el orden de aplicación que estatuye el precepto citado. Lo referido robustece el hecho de que la liquidación no puede ir más allá de lo establecido en la sentencia definitiva ni generar derechos diversos a los ahí establecidos, de ahí lo infundado de sus argumentos. Por otra parte, también es infundado lo alegado en cuanto a que Juez responsable suplió las pretensiones de su contraparte quien presentó una planilla inexacta. Lo infundado de los planteamientos citados radica en el hecho de que fue correcta la determinación del juzgador al modificar los términos en los que fue propuesta la planilla del actor, y así aprobarla, puesto que del análisis que emprendió concluyó que el accionante dejó de considerar los pagos hechos vía consignación por el empleador del ejecutado y ello lo condujo a ejercer su facultad oficiosa de velar que la planilla de liquidación presentada por la parte actora se ajuste a la condena decretada en la sentencia definitiva, sin modificar, anular o rebasar las bases ahí establecidas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, de invariabilidad de la litis una vez fijada, el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, visible en la página 126, que a la letra dice: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada." Luego, como se dijo, la liquidación debe realizarse acatando las bases que al respecto se hayan establecido en la sentencia definitiva, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, entendiendo dicha incidencia de ejecución como una extensión de la sentencia dictada en el juicio, pues proviene y tiene una íntima vinculación con ella, porque los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión, la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXXVIII/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 580, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su existencia, sino que además debe determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios." En ese sentido, no es posible concluir, como lo pretende el impetrante del amparo, que se haya suplido alguna pretensión del actor incidentista, sino que, de acuerdo con lo expuesto, el Juez responsable, estaba en aptitud de realizar tal análisis oficioso, para cumplir los citados principios de la cosa juzgada. Finalmente, el impetrante del amparo refiere de manera categórica que además se realizaron operaciones aritméticas respecto de las que se omitieron los factores utilizados, esos argumentos son inoperantes. Cabe precisar, que uno de los principios rectores del juicio de amparo en materia civil, tratándose de asuntos como el de la especie, es el de estricto derecho, el cual consiste en que la autoridad de amparo debe concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación, de manera que debe limitarse a establecer si los conceptos de violación (o los agravios tratándose de amparo en revisión), son o no fundados y, por tanto, a declarar si se acreditó o no la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora, es verdad que para que proceda el estudio de los conceptos de violación, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir; sin embargo, en esa expresión el quejoso debe exponer argumentos que tengan como fin último demostrar la forma en la que la infracción destacada viola sus derechos fundamentales, por lo que las afirmaciones sin sustento no pueden analizarse por el juzgador de amparo, ya que corresponde a la agraviada (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estima inconstitucional la resolución que reclama. En la especie, a través de los conceptos de violación, el solicitante del amparo debía justificar que las consideraciones de la autoridad responsable infringieron sus derechos fundamentales, evidenciando la forma en la que, a su parecer, el acto no se emitió con apego a derecho, y que la cuantificación llevada a cabo por la autoridad responsable rebasaba lo decidido en la sentencia definitiva, lo cual no está demostrado en los motivos de disenso referidos, sino que en ellos se limitan a verter manifestaciones relacionadas con que se realizaron operaciones aritméticas respecto de las que se omitieron los factores utilizados, sin demostrar con datos diversos la transgresión que consideró en su perjuicio, ni desvirtuar los cálculos que efectuó el Juez responsable, ya que únicamente expuso afirmaciones categóricas carentes de todo sustento. En consecuencia, es evidente que tales planteamientos no controvierten las consideraciones de la autoridad responsable, ni el quejoso expone en ellos justificadamente, por qué estima inconstitucional el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, tomo XVI, diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así, al no cumplir con la carga de demostrar sus afirmaciones, es patente entonces que las manifestaciones referidas son inoperantes, ante la carencia argumentativa, las consideraciones que sustentan la determinación reclamada en ese sentido deben quedar incólumes. En conclusión, no está demostrada la transgresión a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales invocados, ni se observa la contravención a algún derecho humano reconocido en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, así como tampoco se surte alguna de las hipótesis previstas en el numeral 79 de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente a su favor; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Saúl Orlando Vargas Narváez, contra el acto que reclamó del Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, que se precisaron en el considerando segundo, en los términos especificados en el último punto considerativo de esta resolución. Notifíquese, y personalmente a las partes."
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ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a***, contra el acto que reclamó del Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, que se precisaron en el considerando segundo, en los términos especificados en el último punto considerativo de esta resolución. Notifíquese, y personalmente a las partes.
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