Saul Ordoñez Ceja
Expediente 157/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- Saul Ordoñez Ceja
Actuaciones
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, procedente del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, residente en Tepic, mediante el cual hace referencia que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 157/2019-IX de este índice, promovido por *******, el cual quedó registrado con el número 2911/2019 de su estadística. En consecuencia, al carecer de objeto que continúe en trámite el cuaderno de antecedentes en que se actúa, formado con motivo del envío del aludido juicio de amparo, archívese como asunto concluido; hágase la anotación en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Jorge Salvador Bañales Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.*GLR.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Aspectos Generales (I) Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 157/2019-IX. Genérese el expediente electrónico e impreso. Competencia. Ahora bien, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en El Rincón, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, en atención a las siguientes consideraciones: En principio, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".. De lo anterior se aprecia que dichos impartidores de justicia son competentes para conocer de los asuntos que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal (salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal) y; contra actos que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 constitucional; contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos; o por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. c) Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; y, d) De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Por su parte, los juzgados de distrito especializados en materia administrativa, según lo dispuesto por el numeral 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Los numerales anteriores ponen de manifiesto que es competencia de los juzgados de Distrito en Materia Administrativa conocer, entre otros, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 (de los procedimientos de extradición, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales) y III del diverso 51 de la misma ley (de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo). En ese contexto, el acto que reclama el quejoso consiste en la orden de desalojo del predio agrícola que refiere ser de su propiedad; por tanto, dicho acto no constituye un acto materialmente penal, no afecta la libertad personal del quejoso, ni es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de la Carta Magna. Tampoco se traduce en una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando la acción se funda en la comisión de un delito), ni se equipara a una ley o disposición de observancia general en materia penal; sino que su dictado se funda en normas de naturaleza administrativa que rigen la organización, funcionamiento de una autoridad administrativa, que en el caso lo es la Procuraduría Agraria. Además, es de señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio que para resolver conflictos competenciales por razón de la materia; estableciendo que en aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." (Jurisprudencia P./J.83/98, editada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común). Por todo lo anterior, para establecer la competencia por razón de materia de un Juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso del acto reclamado, de los hechos narrados y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Atento a ese sentido, el promovente reclama: La orden de desalojo del predio agrícola que refiere ser de su propiedad, denominado en La Loma de Los Limones, en el Estado de Nayarit, con una superficie de cuatro hectáreas. Atribuido a las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como: Procuraduría Agraria del Estado de Nayarit. Notificador adscrito a la Procuraduría Agraria del Estado de Nayarit. Bajo esa perspectiva, el acto combatido por el quejoso no es del conocimiento de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, ya que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos dictados dentro de algún proceso instruido en su contra; menos aún, se trata de aquéllos promovidos conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Carta Magna, es decir, emitidos en juicio, fuera de éste o después de concluido, o bien, que perturben a personas extrañas al mismo, de lo que se colige que este órgano de control no tiene competencia legal para conocer del presente juicio constitucional. Para sostener lo anterior, debe considerarse que una actuación es materialmente administrativa cuando proviene de cualquier órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas o por cualquier entidad paraestatal; caracterizándose por su concreción, individualidad y particularidad. En la especie, el conocimiento de la demanda de amparo está reservado para un Juez de Distrito en Materia Administrativa; ya que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de competencia establecida en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que de ninguna manera pueda estimarse que es de naturaleza penal, pues no deriva de un proceso de esa índole que se le instruya al quejoso. Por tanto, en razón de que lo combatido en esta vía reviste carácter administrativo de forma inminente, al igual que la calidad de las autoridades de las que provienen, que son formal y materialmente administrativas, es que se concluye que la competencia para estudiarlos corresponde a un Juez de Distrito en esa materia, en términos del artículo 52, fracción II de dicho ordenamiento legal. Máxime que nada tienen que ver con normas o disposiciones del orden criminal, ni pueden, por ende, ubicarse en alguna de las hipótesis que previene el referido numeral 51. En ese contexto, el acto que reclama el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad de un sujeto, sino de un acto administrativo, imputado a autoridades administrativas. De ahí, que no se advierte que el acto del que se duele el ahora promovente de garantías se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, ni mucho menos de denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, no actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto trascrito, dan competencia a este juzgado para conocer de la demanda, toda vez que se trata de acto eminentemente administrativo, atribuido a autoridades de carácter administrativo. En virtud de lo narrado por la parte quejosa, de ninguna manera puede considerarse que el acto que tilda de inconstitucional sea de naturaleza penal, pues no se observa que provenga de alguna averiguación previa, o proceso penal que se le instruya al peticionario de amparo; sino que su materia se vincula con una cuestión de tipo administrativo, como lo es, la posible orden de desalojo dictado por una autoridad adminsitrativa. En ese sentido, es menester señalar que no se trata de una resolución judicial del orden penal, no afectó la libertad personal del promovente, no importó peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el numeral 22 constitucional. Así, al tratarse de actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos por autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no se realiza como parte de alguna indagatoria penal, por lo que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponde al juzgador de amparo en materia administrativa. En consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de la materia para conocer del presente juicio de amparo. Improcedencia de la suspensión de plano No se soslaya que la parte quejosa, al solicitar la suspensión del acto reclamado, invocó el artículo 126 de Ley de Amparo. Sin embargo, el precepto en cita establece que la suspensión de oficio procederá cuando los actos reclamados descritos en el párrafo primero del artículo 22 Constitucional, se están llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por dicho precepto constitucional; por tanto, no procede decretar la suspensión de plano; tampoco nos encontramos en el supuesto del último párrafo del mencionado precepto de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíense los autos del expediente en que se actúa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Tepic, Nayarit, para que por su conducto los haga llegar al Juzgado de dicha especialización, en turno, solicitándole a éste el acuse de recibo y la comunicación de lo que determine al respecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alejandro Barradas Morales, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, encargado del despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6890/2019, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Rosalío Aguilar Cañedo, Secretario que autoriza y da fe.
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