Saúl Noriega Flores
Expediente 510/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Saúl Noriega Flores
Actuaciones
- Principal
TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA PUBLICADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil, Unidad de Hospitalización Punta Diamante, dependiente de la Secretaría de Salud, con domicilio en esta ciudad, y de otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno con el número 510/2023, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. El quejoso, en esencia, señala como acto reclamado: a) La prohibición de ingreso a su centro de labores y de trabajo como profesional en trabajo social en el Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil. Ahora bien, de los hechos que constituyen los antecedentes, los cuales narró el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, se obtiene que: 1) El peticionario del amparo, es trabajador adscrito a la Unidad de Hospitalización Punta Diamante del Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil, en esta ciudad, en el que se desempeña como trabajador social. 2) Que el día veintiocho de abril del año en curso, fue citado de manera verbal por la Directora de la Unidad de Hospitalización Punta Diamante del Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil, quien junto con la Delegada Sindical y dos personas más quienes dijeron que venían de relaciones laborales, le informaron que tenían una queja en su contra realizada por dos pacientes y que se elaboraría un acta de hechos, que el asunto estaba difícil por lo que le indicaron que firmara su renuncia la cual ya se encontraba elaborada junto con un cheque de finiquito, a lo que se negó rotundamente, acompañándolo los dos últimos a su oficina para que tomara sus objetos personales, posteriormente lo llevaron a las Oficinas de Conciliación de Trabajo donde le pidieron que plasmara sus huellas en un documento a lo que también se negó, indicándole que como no había firmado a partir de ese momento ya no podía presentarse a laborar. 3) Que el dos de mayo del presente año se presentó a su unidad de trabajo y que al tratar de ingresar a laborar, en la entrada le negaron el ingreso. De lo anterior, se advierte que entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables existe una relación laboral, por lo cual el juicio de amparo que se intenta respecto del acto reclamado es improcedente debido a que el acto reclamado no puede concebirse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, por las razones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del primero de los dispositivos transcritos, se advierte que la Ley de Amparo prevé una hipótesis de improcedencia que no se limita a las veintidós fracciones que establece en forma específica dicho numeral, sino que es aplicable cuando la improcedencia del juicio resulte con motivo de la aplicación de diversa disposición de la propia ley o de la Constitución. Por su parte el tercero de los numerales prevé que, con independencia de su naturaleza formal es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse producirías estas situaciones; asimismo, la fracción II, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen "actos equivalentes a los de autoridad", que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte de este precepto, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo. Sin embargo, si destacó como nota distintiva que dicho juicio procede contra actos de autoridades, de tal suerte que, de no ubicarse el acto reclamado en alguna de las hipótesis ahí previstas daría lugar, a que resulte improcedente el juicio por no colmarse el requisito básico de existencia de acto de autoridad. Dicha causa de improcedencia encuentra plena justificación, en razón de que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, fue creado para que los tribunales federales verifiquen, a instancia de parte, la conformidad de los actos de autoridad (ahora llevados a cabo por particulares o autoridades en sentido material), con los parámetros y lineamientos establecidos en la Constitución Federal, siendo materia de los juicios ordinarios, las controversias que se susciten entre particulares, o bien, entre éstos y organismos públicos que actúan en un plano de igualdad. Por ello, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal dispone que el juicio de amparo procede solo contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se puede decir que tendrá el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente de hecho o de derecho, que con apoyo en una norma jurídica emita actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que inciden la esfera jurídica del gobernado, dentro de una relación de supra a subordinación. Precisado lo anterior, el acto reclamado en el presente asunto no encuadra en dicho supuesto, puesto que aquél en caso de existir se ha dado (como ya se adelantó) entre el patrón y el trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el primero actuara con la potestad que le otorga la ley, ya que se puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. De ahí que, el acto que reclama el quejoso, no puede ubicarse dentro de los parámetros a que se refieren los numerales invocados, habida cuenta que las autoridades responsables pertenecientes a la Unidad de Hospitalización Punta Diamante del Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil, no ajustaron su actuación como acto propio fuera de sus atributos de patrón, es decir, no lo hacen dotadas de facultades y atribuciones por las normas legales, ni mucho menos su cumplimiento crearía, extinguiría o modificaría situación jurídica alguna en forma unilateral u obligatoria en perjuicio del solicitante del amparo, es decir, como un acto de autoridad particular y gobernado, sino que la prohibición de ingresar a su centro de trabajo, deriva de la relación de trabajo existente entre ellos. En ese sentido, se concluye que teniendo en cuenta que, el acto reclamado no reúne las características de un acto de autoridad, sino que se trata únicamente de la orden de un superior jerárquico hacia un subordinado, derivada de la relación laboral existente entre ambos, no obstante que los citados superiores resulten ser funcionarios de una dependencia del Estado, pues en estas condiciones no actúan en funciones de autoridad, sino como una persona moral oficial de derecho privado, dado que al actuar en su calidad de patrón, quedan también sometidos a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, de donde resulta claro que dichas determinaciones no pueden considerarse como actos de autoridad, sino que deben, en todo caso, dirimirse ante las autoridades laborales correspondientes. En tal virtud, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************por no cumplir con el requisito anterior. DATOS DE CONTACTO De igual forma, téngase como datos de contacto de su parte únicamente para comunicaciones no procesales los correos electrónicos que proporciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
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