Saúl Morales Suasti
Expediente 1118/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/11/2021
Partes del expediente
- Saúl Morales Suasti
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de ocho de noviembre dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archivo y destino del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo , así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. No existen documentos originales Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.
- Principal
Se recibe escrito Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte promovente .............., por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de de veinticinco de octubre de dos mi veintiuno, en el sentido de aclarar los actos reclamados en su demanda de amparo, para lo cual especifica que a través del presente medio de control constitucional pretende combatir el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio familiar ..............del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, así como las constancias actuariales de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, uno y ocho de octubre del mismo año. II. Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora bien, del escrito signado por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Precisión del acto reclamado. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa en cumplimiento el requerimiento que se le formuló en autos precisó como actos reclamados los siguientes: "(.) 1.- Se precisa que el acto reclamado de la autoridad responsable lo es el auto de fecha de 9 de septiembre de 2021, donde consta la orden del juez para que el actuario adscrito a este H. Juzgado acuda al domicilio de depósito de los menores acompañado del suscrito en 3 ocasiones en los días y horarios establecidos para las convivencias con el suscrito, siendo que la autoridad en este acuerdo NO IMPONE NI MENCIONA LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS CONVIVENCIAS, es decir, omite prevenir a la madre de mis hijos para que deje ir a los menores, para que esperen en el domicilio en los horarios de inicio de convivencias, siendo que dicha omisión es lo que se reclama, pues la pasividad del juez es la responsable de que mis hijos no puedan convivir conmigo, ya que no sólo es un derecho mío SINO EL DERECHO QUE DEBE ESTAR VIGILADO Y TUTELADO POR LA AUTORIDAD TANTO FAMILIAR COMO FEDERAL ES IMPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL GOCE Y FUSFRUTE DE LOS DERECHOS DE MIS MENORES HIJOS. Esta pasividad del Juez se ve reflejada en las constancias del actuario levantadas en las 3 ocasiones que me llegó a acompañar al domicilio de depósito de mis hijos (constancias de fecha de 24 de septiembre, 1, y 8 de octubre todas de 2021), donde consta que la madre de ellos NO ABRE LA PUERTA, NO ESPERA EN EL DOMICILIO, A LA HORA DESIGNADA PARA CONVIVENCIAS y esta negativa no tiene consecuencias legales, ya que la autoridad responsable NO ESTABLECIÓ las medidas necesarias para su cabal cumplimiento (.) (.) No es mi deseo señalar o ampliar mi demanda de amparo en contra del actuario adscrito al Juzgado Quinto Familiar, pues como ya manifesté líneas arriba, el acto reclamado por el suscrito es la pasividad de falta de medidas de apremio decretadas por el Juez Familiar para que se lleven de facto las convivencias decretadas, todo ello en pro del derecho de mis menores hijos. (.) 3. Preciso que las constancias que reclamo del Juez Quinto Familiar lo son: auto de fecha 9 de septiembre de 2021, constancia de fecha 24 de septiembre de 2021, constancia de fecha 1 de octubre de 2021 y constancia de fecha 8 de octubre de 2021." IV. Antecedentes del acto reclamado. Que la parte promovente es parte dentro del expediente .............. radicado ante el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de esta ciudad. Que el acto que reclama es el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio familiar .............. del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, por medio del cual, se ordenó al personal actuante de su juzgado se constituyera en el domicilio de depósito de sus menores hijos y verificara su entrega por parte de su madre para la realización de las convivencias ordenadas entre el quejoso y dichos infantes; así como las constancias actuariales de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, uno y ocho de octubre del mismo año, emitidas en cumplimiento a dicho proveído. V. Desechamiento. Bajo ese contexto, respecto del mencionado acto reclamado, se estima que en el presente asunto la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" En suma, bajo el cuadro legal antes expuesto se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contado de la forma que estatuye el artículo 17 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En seguimiento a lo anterior se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La jurisprudencia que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se intenta no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De esta guisa, el consentimiento tácito implica la falta de impugnación de un acto determinado, dentro de los términos prejudiciales establecidos por el numeral 17 de la propia ley, que es el aplicable al caso concreto, de ahí que dada la naturaleza del acto reclamado, el plazo prejudicial aplicable es el genérico, de quince días, mismo que se contará desde el día siguiente al que el quejoso tuvo conocimiento del acto que aquí reclamar. Lo anterior se estima así, ya que de las constancias que remitió el solicitante del amparo junto con su demanda inicial, se obtiene que junto con su escrito inicial de demanda remitió copia simple del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que refiere el quejoso se omitieron decretar medidas de apremio suficientes para que se verificaran las convivencias entre el promovente y sus menores hijos, así como de la diversa constancia actuarial de veinticuatro de septiembre del mismo año, en la cual el personal actuante al juzgado responsable hizo constar que en esa fecha, en cumplimiento al diverso acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se constituyó en compañía del solicitante del amparo ........ en el domicilio de depósito de sus menores hijos con el objeto de verificar la realización de convivencias decretadas en autos, sin obtener respuesta al tocar en dicho inmueble. De lo anterior se obtiene que al menos, desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso tuvo conocimiento del acuerdo de nueve de septiembre anterior, materia de reclamó en el presente juicio de amparo, toda vez que precisamente en observancia a dicho proveído se constituyó en compañía del personal actuante del juzgado responsable en el domicilio de depósito de sus menores hijos, lo cual revela que indudablemente el impetrante conoció el contenido del referido acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno desde que acontecieron los hechos asentados en la constancia actuarial apuntada, es decir, desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Sin que en el caso resulte trascendente que tales documentos se exhibieron en copia simple, en la medida en que en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, una copia, hace fe de la existencia de los documentos originales; lo cual incluso se corrobora con lo manifestado por el propio impetrante en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir versas, en el sentido de que en cumplimiento al acuerdo impugnado se emitieron las constancias actuariales de veinticuatro de septiembre, uno y ocho de octubre de dos mil veintiuno, manifestación que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 de la legislación apuntada Entonces en función a la fecha en que se presentó la demanda, resulta que el término de quince días con el que se contaba para la promoción del juicio de amparo en contra del acto reclamado, ha fenecido. Lo anterior, como ya se dijo, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se advierte que la solicitante de amparo tuvo conocimiento del acto que la presente vía reclama el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; por lo que, tal plazo comenzó a transcurrir a partir del veintisiete de septiembre siguiente, por haber sido inhábiles el veinticinco y veintiséis de septiembre, y feneció el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, sin contar los días dos, tres, nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete de octubre. Para una mejor apreciación del cómputo, se inserta el siguiente cuadro calendario: septiembre de 2021 D L M Mi J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Auto que reclama 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Fecha de conocimiento 25 26 27 Comienza plazo 28 Día 2 29 Día 3 30 Día 4 * Octubre de 2021 D L M Mi J V S 1 Día 5 2 3 4 Día 6 5 Día 7 6 Día 8 7 Día 9 8 Día 10 9 10 11 Día 11 12 Inhábil 13 Día 12 14 Día 13 15 Día 14 16 17 18 Día 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En mérito de ello, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, hasta el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, resulta inconcuso, que en esta última fecha, había fenecido en demasía el término perentorio de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el ejercicio de la acción constitucional, por lo que la parte promovente para los efectos del amparo, consintió tácitamente el acto reclamado, al presentar en forma extemporánea su demanda de amparo, pues como se apuntó con antelación, tuvo conocimiento de tales actuaciones el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, al tenor de las reglas apuntadas, la parte quejosa no lo reclamó con la debida oportunidad, lo que implica que sea extemporánea su impugnación a través de este juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/96, con número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así también, por identidad de razones, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), con número de registro 2009174, sustentada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Mayo de dos mil quince, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Corolario de lo anterior, al haberse actualizado de forma patente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la citada ley. No pasa desapercibido para este juzgador que el solicitante del amparo también señaló como actos reclamados las diversas constancias actuariales de veinticuatro, uno y ocho de octubre de dos mil veintiuno, sin embargo, no reclama su contenido por vicios propios, sino que la inconstitucionalidad de tales actos la hace depender de los vicios que le atribuye al diverso acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, de ahí que si tales actuaciones constituyen meras consecuencias jurídicas del acuerdo impugnado y en el presente juicio de amparo se desechó respecto a tal actuación, a ningún fin práctico llevaría realizar un estudio autónomo respecto a la constitucionalidad de tales constancias, pues se insiste, no se combaten por vicios propios. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Se recibe escrito Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte promovente .............., por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de de veinticinco de octubre de dos mi veintiuno, en el sentido de aclarar los actos reclamados en su demanda de amparo, para lo cual especifica que a través del presente medio de control constitucional pretende combatir el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio familiar ..............del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, así como las constancias actuariales de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, uno y ocho de octubre del mismo año. II. Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora bien, del escrito signado por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Precisión del acto reclamado. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa en cumplimiento el requerimiento que se le formuló en autos precisó como actos reclamados los siguientes: "(.) 1.- Se precisa que el acto reclamado de la autoridad responsable lo es el auto de fecha de 9 de septiembre de 2021, donde consta la orden del juez para que el actuario adscrito a este H. Juzgado acuda al domicilio de depósito de los menores acompañado del suscrito en 3 ocasiones en los días y horarios establecidos para las convivencias con el suscrito, siendo que la autoridad en este acuerdo NO IMPONE NI MENCIONA LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS CONVIVENCIAS, es decir, omite prevenir a la madre de mis hijos para que deje ir a los menores, para que esperen en el domicilio en los horarios de inicio de convivencias, siendo que dicha omisión es lo que se reclama, pues la pasividad del juez es la responsable de que mis hijos no puedan convivir conmigo, ya que no sólo es un derecho mío SINO EL DERECHO QUE DEBE ESTAR VIGILADO Y TUTELADO POR LA AUTORIDAD TANTO FAMILIAR COMO FEDERAL ES IMPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL GOCE Y FUSFRUTE DE LOS DERECHOS DE MIS MENORES HIJOS. Esta pasividad del Juez se ve reflejada en las constancias del actuario levantadas en las 3 ocasiones que me llegó a acompañar al domicilio de depósito de mis hijos (constancias de fecha de 24 de septiembre, 1, y 8 de octubre todas de 2021), donde consta que la madre de ellos NO ABRE LA PUERTA, NO ESPERA EN EL DOMICILIO, A LA HORA DESIGNADA PARA CONVIVENCIAS y esta negativa no tiene consecuencias legales, ya que la autoridad responsable NO ESTABLECIÓ las medidas necesarias para su cabal cumplimiento (.) (.) No es mi deseo señalar o ampliar mi demanda de amparo en contra del actuario adscrito al Juzgado Quinto Familiar, pues como ya manifesté líneas arriba, el acto reclamado por el suscrito es la pasividad de falta de medidas de apremio decretadas por el Juez Familiar para que se lleven de facto las convivencias decretadas, todo ello en pro del derecho de mis menores hijos. (.) 3. Preciso que las constancias que reclamo del Juez Quinto Familiar lo son: auto de fecha 9 de septiembre de 2021, constancia de fecha 24 de septiembre de 2021, constancia de fecha 1 de octubre de 2021 y constancia de fecha 8 de octubre de 2021." IV. Antecedentes del acto reclamado. Que la parte promovente es parte dentro del expediente .............. radicado ante el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de esta ciudad. Que el acto que reclama es el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio familiar .............. del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, por medio del cual, se ordenó al personal actuante de su juzgado se constituyera en el domicilio de depósito de sus menores hijos y verificara su entrega por parte de su madre para la realización de las convivencias ordenadas entre el quejoso y dichos infantes; así como las constancias actuariales de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, uno y ocho de octubre del mismo año, emitidas en cumplimiento a dicho proveído. V. Desechamiento. Bajo ese contexto, respecto del mencionado acto reclamado, se estima que en el presente asunto la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" En suma, bajo el cuadro legal antes expuesto se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contado de la forma que estatuye el artículo 17 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En seguimiento a lo anterior se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La jurisprudencia que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se intenta no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De esta guisa, el consentimiento tácito implica la falta de impugnación de un acto determinado, dentro de los términos prejudiciales establecidos por el numeral 17 de la propia ley, que es el aplicable al caso concreto, de ahí que dada la naturaleza del acto reclamado, el plazo prejudicial aplicable es el genérico, de quince días, mismo que se contará desde el día siguiente al que el quejoso tuvo conocimiento del acto que aquí reclamar. Lo anterior se estima así, ya que de las constancias que remitió el solicitante del amparo junto con su demanda inicial, se obtiene que junto con su escrito inicial de demanda remitió copia simple del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que refiere el quejoso se omitieron decretar medidas de apremio suficientes para que se verificaran las convivencias entre el promovente y sus menores hijos, así como de la diversa constancia actuarial de veinticuatro de septiembre del mismo año, en la cual el personal actuante al juzgado responsable hizo constar que en esa fecha, en cumplimiento al diverso acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se constituyó en compañía del solicitante del amparo ........ en el domicilio de depósito de sus menores hijos con el objeto de verificar la realización de convivencias decretadas en autos, sin obtener respuesta al tocar en dicho inmueble. De lo anterior se obtiene que al menos, desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso tuvo conocimiento del acuerdo de nueve de septiembre anterior, materia de reclamó en el presente juicio de amparo, toda vez que precisamente en observancia a dicho proveído se constituyó en compañía del personal actuante del juzgado responsable en el domicilio de depósito de sus menores hijos, lo cual revela que indudablemente el impetrante conoció el contenido del referido acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno desde que acontecieron los hechos asentados en la constancia actuarial apuntada, es decir, desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Sin que en el caso resulte trascendente que tales documentos se exhibieron en copia simple, en la medida en que en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, una copia, hace fe de la existencia de los documentos originales; lo cual incluso se corrobora con lo manifestado por el propio impetrante en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir versas, en el sentido de que en cumplimiento al acuerdo impugnado se emitieron las constancias actuariales de veinticuatro de septiembre, uno y ocho de octubre de dos mil veintiuno, manifestación que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 de la legislación apuntada Entonces en función a la fecha en que se presentó la demanda, resulta que el término de quince días con el que se contaba para la promoción del juicio de amparo en contra del acto reclamado, ha fenecido. Lo anterior, como ya se dijo, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se advierte que la solicitante de amparo tuvo conocimiento del acto que la presente vía reclama el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; por lo que, tal plazo comenzó a transcurrir a partir del veintisiete de septiembre siguiente, por haber sido inhábiles el veinticinco y veintiséis de septiembre, y feneció el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, sin contar los días dos, tres, nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete de octubre. Para una mejor apreciación del cómputo, se inserta el siguiente cuadro calendario: septiembre de 2021 D L M Mi J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Auto que reclama 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Fecha de conocimiento 25 26 27 Comienza plazo 28 Día 2 29 Día 3 30 Día 4 * Octubre de 2021 D L M Mi J V S 1 Día 5 2 3 4 Día 6 5 Día 7 6 Día 8 7 Día 9 8 Día 10 9 10 11 Día 11 12 Inhábil 13 Día 12 14 Día 13 15 Día 14 16 17 18 Día 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En mérito de ello, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, hasta el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, resulta inconcuso, que en esta última fecha, había fenecido en demasía el término perentorio de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el ejercicio de la acción constitucional, por lo que la parte promovente para los efectos del amparo, consintió tácitamente el acto reclamado, al presentar en forma extemporánea su demanda de amparo, pues como se apuntó con antelación, tuvo conocimiento de tales actuaciones el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, al tenor de las reglas apuntadas, la parte quejosa no lo reclamó con la debida oportunidad, lo que implica que sea extemporánea su impugnación a través de este juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/96, con número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así también, por identidad de razones, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), con número de registro 2009174, sustentada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Mayo de dos mil quince, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Corolario de lo anterior, al haberse actualizado de forma patente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la citada ley. No pasa desapercibido para este juzgador que el solicitante del amparo también señaló como actos reclamados las diversas constancias actuariales de veinticuatro, uno y ocho de octubre de dos mil veintiuno, sin embargo, no reclama su contenido por vicios propios, sino que la inconstitucionalidad de tales actos la hace depender de los vicios que le atribuye al diverso acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, de ahí que si tales actuaciones constituyen meras consecuencias jurídicas del acuerdo impugnado y en el presente juicio de amparo se desechó respecto a tal actuación, a ningún fin práctico llevaría realizar un estudio autónomo respecto a la constitucionalidad de tales constancias, pues se insiste, no se combaten por vicios propios. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ...................,por propio derecho y en representación de los menores de iniciales.............contra actos del Juez Quinto en Materia Familiar en el Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1118/2021, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Datos de los menores. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio están involucrados menores, con el objeto de brindar la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del procedimiento, en los casos en que deba hacerse referencia a éstos, hágase a través de las iniciales de su nombre y apellidos.............; ello de conformidad con los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal, 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los puntos 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). IV. Prevención. Ahora, previo a proveer lo que a derecho corresponda respecto a la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Con fundamento en los requisitos que prevén los artículos 108, fracción IV y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, aclare el acto o actos que reclama en específico de la autoridad responsable Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, Querétaro, y manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al actuario adscrito a dicha autoridad judicial, así como los actos que en específico le pretende atribuir. La prevención apuntada, obedece a que de su escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclamó del juez familiar responsable las siguientes actuaciones: "Auto de fecha de 8 de octubre de 2021, así como el auto de fecha de 9 de septiembre de 2021 donde consta la negativa que asentó el actuario para que se llevaran a cabo las convivencias entre mis hijos menores y el suscrito en base al régimen de convivencias decretado" De lo anterior, se advierte que el solicitante del amparo le atribuyó a dicha autoridad judicial la emisión de dos acuerdos, uno con fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno y otro de data nueve de septiembre del mismo año, sin embargo, precisó también que en dichas actuaciones se hizo constar la negativa del actuario para que se llevaran a cabo las convivencias entre el quejoso y sus menores hijos, lo que hace suponer que también pretende reclamar el contenido de una actuación emitida por el personal actuante de dicho juzgado, lo cual se corrobora con el hecho de que a su escrito inicial de demanda el quejoso anexó copia simple de un acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno emitido por el juez familiar referido como autoridad responsable y una diversa constancia actuarial de ocho de octubre de dos mil veintiuno signada por el actuario adscrito a dicho juzgado. De ahí que es necesario que la promovente del amparo señale expresamente cuáles son los actuaciones que en específico pretende reclamar al Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, Querétaro, y si es su deseo introducir a la litis constitucional la diversa constancia actuarial de ocho de octubre de dos mil veintiuno. Hágase del conocimiento de la promovente que el escrito aclaratorio que eventualmente presente la parte quejosa, se encuentra está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió, por lo que, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Sobre el tema, es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871 del Tomo del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados, debido a que aquél entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, inherentes a la accionante. Ilustra la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". SEGUNDO. Exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, a fin de correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." V. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. VI. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el diverso 37/2020 que amplió su vigencia, previa cita correspondiente. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VIII. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "............... Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se tienen como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ................ en tanto que se encontraron registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a .............., por no haberse demostrado su calidad de licenciado en derecho por no contar con registro alguno en el sistema de consulta apuntado. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. IX. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. X. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XI. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. otifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Saúl González Olivares1030/2014
- Saúl Isidro Martínez2571/2015
- Saúl Issac Rubio Covarrubias1066/2017
- Saúl López Ordaz1246/2016
- Saúl Martínez Hernández1197/2019
- Saúl Monroy Vega544/2016
- SaùL Moreno MartìNez227/2022
- Saúl Pacheco Aguilar7/2020
- Saúl Pitaya Hernández787/2023
- Saul Soberanes Colín1606/2018
- Saúl Urrutia Ramírez1514/2019
- Sayra Itzet Moreno Rojas1079/2022