Saul Morales Díaz
Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Saul Morales Díaz
Actuaciones
- Principal
Se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 642/2020 y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, ********, por conducto de su apoderada ********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la autoridad precisada en su escrito de demanda. "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. - JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS IV.- ACTO RECLAMADO. - Lo constituye la omisión de la responsable por no dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral, y notificarlo a las partes dentro de los términos y plazos que establece de conformidad con lo establecido en el artículo 838, 885 al 890, de la Ley Federal del Trabajo". SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 642/2020, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son aquéllos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para tales efectos, se analiza en su integridad la demanda de garantías y constancias de autos. Así, conforme a las reglas de interpretación de la demanda de amparo, se tiene que, en esencia, la parte quejosa se duele de lo siguiente: La omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral **********, y notificarlo a las partes, en los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Si bien la autoridad responsable señala que es cierto el acto reclamado, este debe tenerse por inexistente, pues de las constancias allegadas relativas al juicio laboral **********, se evidencia que a la fecha de presentación de la demanda no existía la omisión reclamada. Documentales a la cuales se les asigna pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En efecto, de dicho expediente se advierte el auto de cinco de octubre de dos mil veinte, en el cual la Junta declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para el proyecto de resolución de laudo. Dicha actuación pone de manifiesto la inexistencia de la omisión reclamada, puesto que, al momento de la presentación de la demanda de amparo -veintiséis de agosto de dos mil veinte-, en el juicio laboral *********, se encontraba pendiente que la autoridad certificara que en el juicio no quedaba prueba pendiente que desahogar y así determinar el cierre de instrucción, por lo que de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, aun no empezaba a correr el término que tiene la Junta responsable para formular el proyecto de laudo. Cobra relevancia el criterio contenido en la tesis aislada 1a.XXIV/98 de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." De la tesis transcrita se desprende que para que se actualice la omisión que se reclama de una autoridad, es necesario que exista la obligación jurídica de actuar en la forma en que la parte quejosa indica, por lo que, independientemente de lo afirmado por el impetrante y de lo manifestado por la propia autoridad, debe acudirse a las normas legales que regulan la actuación de ésta a fin de verificar si en realidad se encuentra constreñida a realizar determinada conducta. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había declarado el cierre de instrucción en el juicio natural, por lo que la Junta responsable no estaba obligada a emitir el laudo respectivo; lo anterior de conformidad con el criterio contenido en la tesis transcrita con anterioridad. Dicha circunstancia se desprende de lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa determina que una vez que el secretario certifica que ya no quedan pruebas por desahogar, debe darse vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación; transcurrido ese plazo -salvo que existan pruebas pendientes de desahogo- se declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto de laudo. De igual modo, dicho artículo establece que la autoridad de trabajo tiene un término de diez días, contados a partir del cierre de la instrucción, para elaborar por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, apreciándose que dicho plazo deberá contarse en forma inmediata, pues establece que tendrá que hacerse a partir del día siguiente al que se declare cerrada la instrucción. Por su parte, el artículo 886 del citado código obrero, fija un plazo de cinco días hábiles a los miembros de las Juntas, contados a partir del siguiente al en que se les haya entregado la copia del proyecto del laudo, a fin de solicitar que se practiquen diligencias para mejor proveer, mismas que deberán desahogarse en un período de ocho días. El diverso ordinal 887 de la ley en consulta, fija un término de diez días, para la discusión y aprobación del proyecto del laudo, mismo que empezará a correr a la conclusión del plazo fijado para el desahogo de las diligencias a que se refiere el artículo anterior. Así las cosas, tomando en cuenta que el cinco de octubre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo a las partes por desistidas de los medios probatorios que quedaran pendientes por desahogar, declaró el cierre de instrucción y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de resolución; es a partir del día siguiente a tal cierre de instrucción, que corre el término de diez días, para elaborar por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En efecto, tal como se precisó en párrafos que anteceden el acto reclamado era inexistente en la fecha de presentación de la demanda de garantías -veintiséis de agosto de dos mil veinte-, en tales condiciones, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por su sentido la jurisprudencia número 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 12, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del rubro y tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.- La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Consecuentemente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Finalmente, no se inadvierte que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional no hayan transcurrido los ocho días para que las partes, principalmente la parte quejosa, se impusiera del informe justificado rendido por la responsable, como lo dispone el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso estimen convenientes para desvirtuar éstos; sin embargo en el caso, aun cuando se difiriera la audiencia constitucional a fin de que la parte quejosa se impusiera del contenido del citado informe, en modo alguno variaría lo resuelto en este juicio, pues de las constancias del juicio se advierte la inexistencia del acto reclamado. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 119, 124 y 217 la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en este juicio de garantías promovido por ********, respecto de los actos señalados en el considerando segundo, por lo que ve a la autoridad responsable y motivos precisados en el último considerando. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable: - Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y en representación del pleno de la misma, con sede en esta ciudad. En el cual se señala que es cierto el acto reclamado. Con dicho informe y anexo que acompaña, dése vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónense en la audiencia constitucional. Prueba documental Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las documentales que anexa en copia certificada, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrá proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con el informe y anexo de cuenta. Domicilio y delegados Asimismo, en términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos. Diversos juicios de amparo En otro aspecto, se tiene a la oficiante informando de la existencia de los juicios de amparo ******* del índice de éste órgano de control constitucional, los cuales podrán tomarse en consideración en el momento procesal oportuno. Personalidad acreditada. Finalmente, se tiene por allegada la constancia de la que se advierte la personalidad de la promovente del amparo *********, como apoderada legal de la parte quejosa, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de la materia, se le reconoce el carácter con que se ostentó al asunto que nos ocupa (foja 5 del informe justificado). Notifíquese.
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