Saul Mora Padilla
Expediente 849/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Saul Mora Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
...CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADO MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA Y/O SUS AUTORIZADOS..., DEL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la responsable Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta la documental consistente en copias certificadas de dos fojas, relativas a la notificación del oficio 291/2018, dirigido al quejoso - y anexos. De autos se desprende que el impetrante en mención señaló como actos reclamados los siguientes: ". ACTOS RECLAMADOS: La omisión de respuesta a la petición presentada por escrito con fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2018 dos mil dieciocho por el suscrito, consistente en la documentación, constancias e informes siguientes respecto de los siguientes asuntos." Y toda vez que de las constancias aportadas por la responsable oficiante, las cuales adjuntó a su informe justificado, rendido en esta misma fecha, se desprende que el veinticuatro de octubre del presente año, el Director del Periódico Oficial en el Estado, con sede en esta ciudad, dio contestación a la petición presentada el veinticuatro de septiembre pasado, por el quejoso .., en el cual, en lo conducente refiere: ". Atendiendo su solicitud presentada el día 24 de septiembre del año en curso, le INFORMO: Que el día viernes 14 de septiembre del presente año, en el Tomo XLXX, número 77, Sexta sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, se publicó el Decreto Legislativo Número 653, relativo a la autorización concedida al Ejecutivo del Estado que Usted refiere en su solicitud; le anexo copia cotejada de los documentos en base a los cuales se realizó la publicación mencionada, como así lo solicita. Que el día 17 de octubre del presente año, en el Tomo CLXX, número 100, Quinta Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, se publicó el Decreto Legislativo Número 656, relativo a la creación del Registro Público Vehicular; le anexo copia cotejada de los documentos en base a los cuales se realizó la publicación mencionada, como así lo solicita. Luego, para entregarle un ejemplar de dichas publicaciones, le anexo la orden de pago correspondiente para que una vez realizado el mismo, exhibiendo el comprobante respectivo, las recoja en el Departamento de Archivo del Periódico Oficial del Estado." De lo anterior, se desprende que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclamó la omisión del Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, de dar contestación a su escrito presentado el veinticuatro de septiembre del presente año, y si de las constancias aportadas por la propia responsable, se desprende que se emitió el veinticuatro de octubre pasado el oficio 291, por el que se dio contestación a la petición del impetrante, mismo que fue notificado el treinta y uno del presente mes, en el domicilio que proporcionó para tal efecto, por conducto de MIGUEL ANGEL CAMPOS MATA, lo cual acredita con la copia certificada del acta correspondiente; resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo que se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."; LO ANTERIOR, POR NO HABERSE NOTIFICADO DE MANERA ELECTRÓNICA LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la responsable Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta la documental consistente en copias certificadas de dos fojas, relativas a la notificación del oficio 291/2018, dirigido al quejoso - y anexos. De autos se desprende que el impetrante en mención señaló como actos reclamados los siguientes: ". ACTOS RECLAMADOS: La omisión de respuesta a la petición presentada por escrito con fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2018 dos mil dieciocho por el suscrito, consistente en la documentación, constancias e informes siguientes respecto de los siguientes asuntos." Y toda vez que de las constancias aportadas por la responsable oficiante, las cuales adjuntó a su informe justificado, rendido en esta misma fecha, se desprende que el veinticuatro de octubre del presente año, el Director del Periódico Oficial en el Estado, con sede en esta ciudad, dio contestación a la petición presentada el veinticuatro de septiembre pasado, por el quejoso .., en el cual, en lo conducente refiere: ". Atendiendo su solicitud presentada el día 24 de septiembre del año en curso, le INFORMO: Que el día viernes 14 de septiembre del presente año, en el Tomo XLXX, número 77, Sexta sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, se publicó el Decreto Legislativo Número 653, relativo a la autorización concedida al Ejecutivo del Estado que Usted refiere en su solicitud; le anexo copia cotejada de los documentos en base a los cuales se realizó la publicación mencionada, como así lo solicita. Que el día 17 de octubre del presente año, en el Tomo CLXX, número 100, Quinta Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, se publicó el Decreto Legislativo Número 656, relativo a la creación del Registro Público Vehicular; le anexo copia cotejada de los documentos en base a los cuales se realizó la publicación mencionada, como así lo solicita. Luego, para entregarle un ejemplar de dichas publicaciones, le anexo la orden de pago correspondiente para que una vez realizado el mismo, exhibiendo el comprobante respectivo, las recoja en el Departamento de Archivo del Periódico Oficial del Estado." De lo anterior, se desprende que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclamó la omisión del Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, de dar contestación a su escrito presentado el veinticuatro de septiembre del presente año, y si de las constancias aportadas por la propia responsable, se desprende que se emitió el veinticuatro de octubre pasado el oficio 291, por el que se dio contestación a la petición del impetrante, mismo que fue notificado el treinta y uno del presente mes, en el domicilio que proporcionó para tal efecto, por conducto de MIGUEL ANGEL CAMPOS MATA, lo cual acredita con la copia certificada del acta correspondiente; resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo que se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Como de la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos se desprende que no obra la documental requerida a la responsable DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con sede en esta ciudad, misma que le fue solicitada en auto de veintiséis de octubre del presente año; consecuentemente, SE DIFIERE la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL fijada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO que emite el Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; con él dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga; asimismo, con fundamento en el numeral 75 del ordenamiento legal invocado, se tiene por exhibida la documental que adjunta, y será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, toda vez que de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado, no obra la notificación al quejoso de la respuesta que recayó a la petición que dio origen al presente juicio; por tanto, requiérase al citado Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, se sirva remitir copia certificada de la notificación referida; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 236, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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