Saúl Mora Padilla

Expediente 783/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
783/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Saúl Mora Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Saúl Mora Padilla, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: SAÚL MORA PADILLA. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Saúl Mora Padilla, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número IV-783/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Ahora, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: ? El auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 262/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, que tuvo por efecto la admisión de la prueba pericial en grafoscopía, documentoscopía y caligrafía y fijó fecha para la toma de muestras caligráficas de escritura a cargo del demandado Salvador Quintero Reyes. ? Síntesis de los antecedentes de la demanda de amparo. En efecto, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa promovió en la vía ejecutiva mercantil el ejercicio de la acción cambiaria directa sobre cobro de pesos en contra de Salvador Quintero Reyes, del cual correspondió su conocimiento al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, quien lo radicó bajo el número 262/2018. Así las cosas, seguida la tramitación del juicio se llamó al juicio subyacente al demandado, produjo su contestación y se ordenó la apertura del período probatorio, en el que las partes ofrecieron los medios de convicción que estimaron pertinentes. En ese orden, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho el juez responsable se pronunció sobre la admisión y desahogo de los medios de convicción ofertados por las partes, actuación en la cual admitió la prueba pericial en grafoscopía, documentoscopía y caligrafía y fijó fecha para la toma de muestras caligráficas de escritura a cargo del demandado Salvador Quintero Reyes -siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado-. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Así, respecto al proveído reclamado de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, que admitió la prueba pericial en grafoscopía, documentoscopía y caligrafía y fijó fecha para la toma de muestras caligráficas de escritura a cargo del demandado Salvador Quintero Reyes, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual, de conformidad con el precepto 113 del citado ordenamiento legal, conduce a desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, por las razones de derecho que a continuación se expresan. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso que nos ocupa se estima que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, pues previo a instar la acción constitucional debió agotar el recurso de revocación. Lo anterior se sostiene, en virtud de que de acuerdo a los artículos 1334, 1339 y 13340 del Código de Comercio disponen: "Artículo. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "Artículo. 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Artículo. 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339". En ese orden, el primero de los numerales citados (1334) establece una regla básica al expresar que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En ese orden de ideas, el numeral en comento establece un recurso efectivo mediante el cual si alguna de las partes estima que una actuación del juez -emitida en el trámite del juicio- resulta contraria a derecho o lesiona sus derechos, éste pueda obtener su revocación, modificación o nulidad, con la única condición de que dicha resolución no admita recurso de apelación, ya que en ese supuesto será este último recurso el que deba promover. En tanto que el segundo y tercero de los artículos referidos (1339 y 1340) dispone que las únicas resoluciones irrecurribles son las que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, la cantidad que se actualizará anualmente por la secretaría de economía; cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor. Por lo que, al no contener alguna disposición expresa en relación a que el auto que se reclama en esta vía es apelable, ni que en su contra no quepa recurso alguno, es inconcuso que el medio ordinario idóneo para modificar o anular tal determinación es el de la revocación. Es decir, la interpretación teleológica y funcional de los preceptos normativos invocados establecen en forma genérica, la procedencia del recurso de revocación contra los autos dictados en los juicios ejecutivos en que no proceda el recurso de apelación, partiendo de la regla básica que son inapelables todos aquellos asuntos que se ventilen en juzgados de paz o de cuantía menor, en tratándose de autos de trámite y sentencias definitivas cuando la suerte principal sea inferior a la cantidad de $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que se tomen en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. En ese sentido, se insiste, el recurso de revocación es el medio ordinario de defensa idóneo y pertinente para combatir el acto reclamado, pues a través de tal recurso es susceptible modificar o revocar el acto del cual se queja la inconforme, con lo que se puede obtener su modificación, máxime que se trata de un auto de mero trámite. Por tanto, si en la especie el peticionario de amparo atribuyó al Juez responsable el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 262/2018 de su índice, y contra dicho acto procede el recurso de revocación, medio ordinario de defensa previsto en una ley material y formal, como lo es el Código de Comercio, resulta inconcuso que debió agotarse el principio de definitividad previamente al juicio de amparo. En este orden de ideas, ante la existencia de un medio ordinario de defensa -recurso de revocación- previsto en el citado Código de Comercio contra el auto que constituye el acto reclamado en este asunto, resultaba exigible a la parte quejosa que, previo a intentar el juicio constitucional, agotara dicho recurso de revocación. De ese modo, resulta indudable que conforme a lo dispuesto por los artículos invocados del Código de Comercio, el acto reclamado es impugnable mediante el recurso de revocación, pues el quejoso puede obtener la reparabilidad de sus derechos a través de dicho medio ordinario de defensa. Ahora, como ha quedado precisado líneas atrás, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1334 del Código de Comercio, contra el acuerdo que que admitió la prueba pericial en grafoscopía, documentoscopía y caligrafía y fijó fecha para la toma de muestras caligráficas de escritura a cargo del demandado Salvador Quintero Reyes procede un medio de defensa ordinario por virtud del cual podía ser revocada dicha determinación, a saber, el recurso de revocación. Por añadidura, se precisa que el principio de definitividad tiene excepciones, las cuales se especificaron en el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a)", "b)", "c)"y "d)", de la ley en la materia, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza civil y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b). Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio le reviste el carácter de demandada dentro del juicio subyacente, la cual fue legalmente llamada al juicio subyacente, lo cual la excluye de la hipótesis a que se contrae el inciso c), pues ésta está en posibilidades de agotar los medios ordinarios establecidos por el ordenamiento mercantil respectivo, de conformidad con su artículo 1334 . Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis IV.2º.C.3K (10ª.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución.". En la especie, la determinación que nos ocupa consiste en un auto emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, que admitió la prueba pericial en grafoscopía, documentoscopía y caligrafía y fijó fecha para la toma de muestras caligráficas de escritura a cargo del demandado Salvador Quintero Reyes durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil número 262/2018, el cual no puede ser apelable ya que éste constituye un acto emitido durante el procedimiento, el cual la ley no establece expresamente que sea apelable, ni existe disposición en la norma que refiera que en su contra no quepa recurso alguno, por ende se trata de un auto que al no ser apelable por no tratarse de un asunto en el que la cuantía de la suerte principal reclamada exceda la cantidad de $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) de las que establecen los citados preceptos legales 1339 y 13340 de la invocada legislación mercantil, empero, puede ser impugnado a través del recurso de revocación. En esa tesitura, si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo debe estimarse que el promovente de amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Así las cosas, antes de acudir al amparo la parte quejosa tenía que agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, conforme la cual puede lograr que se modifique, revoque o anule el auto reclamado. En tales condiciones, tomando en consideración que respecto del acto reclamado la ley ordinaria concede vía para inconformarse, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, sin que haya sido previamente agotado, lo conducente es desechar la demanda de garantías que se provee. Idéntico criterio sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Jurisprudencia 1a./J. 59/2010 , de rubro y contenido: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Asimismo, se invoca la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Adicionalmente a lo antes expuesto, es importante indicar que aun cuando el quejoso hubiera agotado el recurso de revocación, el juicio de amparo que intenta vía amparo indirecto, igualmente resultaría improcedente, debido a que en ese supuesto se hubiera actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracciones II y XII, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.]. III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]. XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Dispositivos, que tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Ahora respecto de los actos reclamados por los quejosos vía del amparo indirecto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos al promovente del amparo, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del ciudadano, como son la vida, la propiedad, la salud, la libertad, etc., sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, es decir, aquellas que tienen una naturaleza adjetiva o procesal, como ocurre cuando se admiten pruebas y se ordena el desahogo de estas en forma distinta a la prevenida por la ley. Lo anterior es así, toda vez que en ese supuesto el legislador considero que si el acto reclamado no afectaba derechos sustantivos, podría esperar para su estudio y análisis hasta que se promoviera el amparo directo en el que se analizaran cuestiones procedimentales en que se alegara violaciones, como las que se encuentran tazadas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, por lo que inconcuso resulta que el legislador previo dicha circunstancia a efecto de no entorpecer el juicio de donde deriven las violaciones reclamadas y no atentar con pronta y expedita administración de justicia, partiendo de la idea de que aun y cuando dichas violaciones se pudieran actualizar, el fallo debería serle adverso a la parte que hubiera afectado dicha actuación, ya que de no ser así resultaría ocioso su análisis en el juicio de amparo directo. De ahí que respecto del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho que reclama el quejoso, también se hubiera actualizado la causal de improcedencia antes invocada. Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Séptima Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". ? Domicilio procesal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y por autorizada en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José de Jesús Martínez Sarabia toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ? Habilitación de días y horas inhábiles; publicación de datos personales; capturas y anotaciones en el expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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