Saúl Montoya Puebla
Expediente 1589/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1589/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Saúl Montoya Puebla
Actuaciones
- Principal
El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el diecisiete del mes y año en curso, compareció la autorizada de la parte quejosa licenciada Sonia Iveth Flores Rayas, a recibir el cheque número 006772 de veintisiete de febrero del año en curso, valioso por la cantidad de $7,788.41 (siete mil setecientos ochenta y ocho pesos 41/100 moneda nacional) a nombre de Tiendas Extra, Sociedad Anónima de Capital Variable y con cargo a la institución bancaria Banorte; documento que fue remitido por la Tesorera Municipal de General Enrique Estrada, Zacatecas, por concepto de devolución de Derecho de Alumbrado Público; por tanto, remítase a la citada autoridad responsable, la póliza original del documento mercantil que exhibió (con firma de recibo); así como copia simple de la cédula de la profesionista señalada en líneas precedentes. En consecuencia, devuélvase al archivo el presente expediente NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO REMÍTASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PRECISADA EN EL PRESENTE PROVEÍDO LA PÓLIZA DE MÉRITO. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. °°María del Carmen.
- Principal
CUENTA. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Escrito de demanda de amparo suscrita por Saúl Montoya Puebla, registrado con el folio 17980 y cinco copias que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Miguel Sánchez González y Aldo Ibar Guadiana Cuevas, cuentan con cédulas profesionales 4115147 y 7241532 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Sonia Yesenia Hernández Quiroz. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida Saúl Montoya Puebla, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1589/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. Secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. Actos reclamados: Auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ordinario reivindicatorio 243/2017, radicado ante la autoridad responsable, respecto de la cual se resuelve no acordar de conformidad, toda vez que las pruebas ofertadas por la parte quejosa no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado de Zacatecas. Auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, de cuyo contenido se advierte no se acordó de conformidad admitir como prueba superviniente la documental ofrecida por el quejoso. DESECHAMIENTO Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario, de los cuales, el primero textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, como se precisó, los actos reclamados en esta instancia constitucional lo constituyen los autos dictados dentro del juicio reivindicatorio 243/2017, radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, de catorce y veintiocho de agosto del presente año, en los cuales no se acordaron de conformidad los medios de prueba ofrecidos por el quejoso. En esa línea, los acuerdos reclamados, por sí solos, únicamente tienen efectos procesales, toda vez que dichas determinaciones no constituyen actos de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, toda vez que no producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasionan una lesión jurídica formal o adjetiva, que de trascender al resultado del fallo de donde emanan los actos que aquí se reclaman, estarán en aptitud de impugnarlas vía amparo directo. A la luz de los anterior, este juzgador sostiene que los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que no se pueden considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de determinaciones autónomas al procedimiento, toda vez que se presentan dentro de éste, esto es, que únicamente involucra el derecho de defensa de las partes en el juicio de origen. En síntesis, las multicitadas determinaciones constitutivas de los actos reclamados no tienen en el solicitante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte la sentencia respectiva. Apoya lo anterior la tesis aislada, de la Octava Época, con número de registro 210712, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, materia Común, tesis: XX. 281 K, página 473: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO CONSISTENTES EN QUE AL QUEJOSO NO SE LE RECIBAN LAS PRUEBAS QUE LEGALMENTE HAYA OFRECIDO, O CUANDO NO SE LE RECIBEN CONFORME A LA LEY. DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO AL PROMOVERSE LA DEMANDA CONTRA LA SENTENCIA QUE PONGA FIN AL JUICIO, LAS. Si bien es cierto que el artículo 158 de la Ley de Amparo, dispone entre otras cosas que el juicio de garantías en la vía directa procede contra violaciones al procedimiento, y que la fracción III del numeral 159 del propio ordenamiento legal invocado, establece que tal violación se actualiza cuando no se le reciban al quejoso las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; también lo es, que pasa por alto que en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo en comento, tal violación sólo puede reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia que ponga fin al juicio, y no en el amparo indirecto o biinstancial. Bajo esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues los autos reclamados no afectan los derechos fundamentales que a favor del quejoso tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Miguel Sánchez González y Aldo Ibar Guadiana Cuevas, toda vez que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Sonia Yesenia Hernández Quiroz, por no contar con éste requisito; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle de la mantequilla, número cinco, interior cinco (5-5), zona Centro, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Karla
- Principal
El once de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 18248, 18283 (con anexos) y 18292. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta con registro 18248, signado por Ramón Augusto Vázquez López, delegado de la autoridad responsable presidenta Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual en relación a la vista ordenada en auto de tres de septiembre del año en curso, objeta el dictamen emitido por el perito Manuel Alejandro Jiménez Salinas; por tanto, téngasele realizando las manifestaciones que vierte en el oficio de cuenta, las cuales se tendrán en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, téngase por recibido el escrito con registro 18283, firmado por el perito Horacio Solís Rodríguez, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de septiembre del año en curso, y al efecto remite la cotización del monto al que ascienden sus honorarios, para la elaboración del peritaje en materia de topografía. En consecuencia, remítase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Asuntos Periciales y de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la ciudad de México, la referida cotización, así como la documentación necesaria para gestionar el pago de honorarios del aludido peritaje en materia de topografía. Por último, agréguese a los autos el oficio suscrito por el perito Josué Borja García, mediante el cual, manifiesta que en relación a las fechas y horas propuestas por la subgerente de lo Contencioso del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (I.N.I.F.E.D), a fin de llevarlo y darle acceso al área en la que se llevara a cabo la prueba pericial en materia de valuación, se encuentra en posibilidad de acudir a este Juzgado Federal como punto de reunión el día trece de septiembre del año en curso a las diez horas; por tanto, hágase del conocimiento de la aludida autoridad responsable, a efecto de que en la fecha descrita en líneas que anteceden ubique al perito Josué Borja García, en la escuela secundaria técnica, número veintisiete (27), Moisés Sáenz Garza, ubicada en Lago la Encantada número trescientos dos (302), zona A, Lomas del Lago, código postal 98085, Zacatecas, Zacatecas. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere al Director de la aludida escuela secundaria técnica, número veintisiete (27), Moisés Sáenz Garza", ubicada en Lago la Encantada número trescientos dos (302), zona A, Lomas del Lago, código postal 98085, Zacatecas, Zacatecas, para que permita el acceso del perito Josué Borja García, a efecto de que desahogue el peritaje para el que fue propuesto, para lo cual se le remite copia simple de los puntos a desahogar. Bajo el apercibimiento que de no permitirle el acceso a dicho inmueble, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
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