Saul Martínez Terrazaz
Expediente 1521/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Saul Martínez Terrazaz
Actuaciones
- Principal
I. Agrega oficio. Agréguese el oficio signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, mediante el cual informa que no se interpuso recurso de reclamación contra la determinación que desechó el recurso de queja presentado por la parte promovente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio ***** del actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad, mediante el cual informa que se desechó el recurso de queja registrado con el número 81/2023 del índice administrativo de ese órgano jurisdiccional, interpuesto contra el acuerdo de desechamiento dictado en este expediente. Notifíquese.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Durango, Durango, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de demanda de amparo promovido por, en contra de actos atribuidos a la Primera Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango y otra autoridad. Anótese en el libro de gobierno y regístrese bajo el juicio de amparo Luego, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" La suscrita juzgadora advierte que se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la ley de la materia, conforme las cuales el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, en sentido inverso, si lo controvertido no lesiona tal clase de prerrogativas, surge la improcedencia del juicio biinstancial. Sobre el particular, a partir de la ley de la materia publicada el dos de abril de dos mil trece (aplicable a este contencioso), el Máximo Tribunal del País en diversos criterios ha sido consistente en señalar que la referida imposible reparación deriva del hecho de que el acto reclamado produzca una afectación material a los indicados derechos sustantivos o impida en forma actual su ejercicio (a manera de ejemplo pueden citarse la vida, la integridad personal o la libertad en sus diversas manifestaciones). Entre los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, orientados en el sentido acabado de indicar, se trae a colación la de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" Por tanto, se excluye de tutela en la vía de amparo indirecta a los actos de naturaleza formal, adjetiva o procesal. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala responsable en el toca 555CU/2022, mediante la cual, se modificó el proveído de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio especial hipotecario 142/2022 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con sede en Santiago Papasquiaro, Durango, así como sus consecuencias. Luego, de la lectura integral de la demanda de amparo y de su anexo, consistente en original de la cédula de notificación de la citada determinación, se advierte que el sentido de la modificación de la resolución combatida, fue únicamente para tener al quejoso desahogando la vista que se le dio en diligencia de tres de junio del año en curos y teniéndose por hechas las manifestaciones vertidas en la misma, pero dejando firme la determinación del acuerdo recurrido de admitir prueba superveniente. Sin embargo, dicha actuación, no afecta derechos sustantivos (vida, la integridad personal o la libertad) ni impide su ejercicio, sino en todo caso, únicamente transgrede prerrogativas adjetivas o procesales, en la medida que se relaciona con cuestiones meramente probatorias y, por ende, procedimentales. De ahí, que la afectación que genera puede ser reparable en caso de obtenerse sentencia favorable en el procedimiento de origen o puede ser reclamable en amparo directo; lo que actualiza la inviabilidad en cuestión y, que como consecuencia necesaria, se hace extensiva a consecuencias que se le atribuyen, esto, por no combatirse por vicios propios. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.- El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto" En tales condiciones, se desecha de plano la demanda por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Téngase como domicilio de la promovente para recibir notificaciones el que indica y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a los primeros profesionistas que refiere y, únicamente para recibir notificaciones a la última citada por no encontrarse registrada su calidad de licenciada en derecho en el sistema correspondiente. Finalmente, el presente expediente se podrá integrar con los acuerdos y determinaciones firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, toda vez que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Notifíquese personalmente. Así acordó y firma la licenciada , Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ante el licenciado , secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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