Saúl Martínez Figueroa
Expediente 1365/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Saúl Martínez Figueroa
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con quince minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/5546/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente, Feliciano Humberto Santos Rojas con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1365/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto de siete de diciembre del año en curso, donde se admite la demanda de amparo, y (iii) el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar las pruebas ofrecidas por la quejosa con su demanda de amparo, así como las de la autoridad responsable, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; no habiendo más que constar, se cierra este período para pasar al de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que las partes no los formularon; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1365/2022, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de actos del Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ANTECEDENTES De los antecedentes proporcionados en el escrito inicial de demanda, se advierte que el peticionario del amparo ********************, presentó dos escritos el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. A la fecha de la presentación de la demanda de amparo (5 de diciembre del año en curso), la autoridad señalada como responsables había sido omisa en dar respuesta a la petición formulada por el quejoso ********************. (Omisiones que constituyen el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, presentó un escrito el cinco de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que más adelante se precisará. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados el contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la que mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite y se registró bajo el número 1365/2022; se solicitó a la autoridad señalada como responsables su informe justificado; se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el peticionario del amparo ********************, reclama lo siguiente: Del Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. La omisión de acordar sus escritos presentados ante dicha responsable el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós y su notificación. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión atribuida; sin embargo, de la constancia que acompañó como complemento del mismo, se aprecia que la omisión reclamada por la quejosa de mérito existía al momento de la presentación de la demanda, así lo revela con la copia certificada de los oficios ********************y******************** de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dirigido al aquí impetrante, por el que la responsable dio contestación a sus peticiones, así como el instructivo de notificación de veintitrés de julio siguiente, el cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Pues no fue, sino hasta el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, es decir, once días posteriores a la presentación de la demanda que le hizo del conocimiento la contestación a la solicitud de la justiciable, motivo por el cual dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Esa porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta pertinente destacar que de la documental que la autoridad responsable aportó al presente juicio de amparo, la cual fue valorada en el apartado que antecede, se advierte que efectivamente el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la parte promovente del amparo presentó ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dos escrito en el que solicitó copias certificadas de diversas documentales. Por su parte la responsable, durante la tramitación de este sumario hizo del conocimiento su contestación mediante oficio ********************y******************** de veinticinco de noviembre, dirigido al quejoso, respuesta que fue favorable a sus intereses puesto que le fue autorizada la copia certificada solicitada, mismas que fue notifica por conducto de su autorizado para tal efecto. Se destaca también que dicha contestación se notificó en dieciséis de diciembre del año en curso a ********************, persona a quien la parte quejosa autorizó en el escrito de petición. En consecuencia, resulta evidente que la conducta omisiva que la ahora parte quejosa atribuye a la autoridad responsable ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad se pronunció en relación a sus escritos presentados ante su potestad el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós y le notificó dicha respuesta el dieciséis de diciembre siguiente por conducto de su autorizado. Aunado a lo anterior, se toma en cuenta que derivado del trámite del presente juicio de amparo, por auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y las pruebas documentales que anexo, con lo cual, se estima que en este momento ya tiene conocimiento de la contestación recaída a sus petición. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la omisión reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó demanda de amparo el cinco de diciembre de dos mil veintidós, según se aprecia de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que la respuesta a su solicitud se le notificó el dieciséis de diciembre del año en curso, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la omisión reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de la diversa que invoca la autoridad responsable en su informe justificado, porque aun cuando operaran las que señala sería irrelevante, dado que no cambiaría el sentido de esta resolución. La determinación anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J. 205/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, novena época, materia común, página seiscientos cinco y 2a./J. 54/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, página cuatrocientos catorce, que indican: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." VI. DECISIÓN Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, por los motivos expuestos en el apartado V de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta; asimismo, se tiene a la autoridad responsable por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; en consecuencia, con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1365/2022. Admisión. Con fundamento en lo estatuido por los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, inciso d), 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo presentada por *********************, quien aduce comparecer a esta instancia constitucional en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Santa María Colotepec, Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, contra actos del Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibida de que de no hacerlo así, a la omisa, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización , al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con el proceso de origen. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Resérvese a emplazar a juicio a quien le resulte el carácter de tercero interesado hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Pruebas.- Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa la documental que anexa a su escrito inicial de demanda, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, quien cuenta con cédula profesional ******************** registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos con las prerrogativas restringidas previstas por el numeral 24, segundo párrafo, de la citada legislación a las personas restantes, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el mencionado sistema ni acreditaron que ejerzan la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al impetrante del amparo vía electrónica, con el usuario ********************. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario "********************" a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado y se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas. Exhortación para el señalamiento de Exhortación para el señalamiento de correo electrónico. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las partes para que proporcionen un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos dato será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese vía electrónica.
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