Saúl Mandujano Barrera

Expediente 1221/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 38 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1221/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Saúl Mandujano Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase al Juez Trigésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante el oficio 23189/2022. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia con engrose al veintiocho de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Glósense al juicio de amparo en que se actúa los cuadernos de suspensión respectivos y realícense las anotaciones conducentes. Finalmente, devuélvase a la Juez interina Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado integradas en el tomo I de pruebas; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el ordinal 237, fracción I, de la legislación de amparo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1221/2021-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ***********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO. En proveído del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este Órgano Jurisdiccional, radicó la demanda de trato, se admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Y por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se tuvo por emplazado a juicio al tercero interesado **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. TERCERO. Por auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa por diverso de ocho de agosto del año en curso, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la autoridad señalada en dicho acuerdo, sin que lo hubiera hecho y se continuó con el trámite del mismo, en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en virtud que la ejecución de los actos reclamados se materializó dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó; Del Juez Trigésimo Primero Civil de la Ciudad de México: La orden de emplazamiento de veintisiete de marzo de dos mil ocho, emitida en el juicio especial hipotecario número 301/2008 de su índice. De la Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo: La diligencia de emplazamiento practicada a la parte quejosa al juicio especial hipotecario bajo el expediente 301/2008, del índice del Juzgado Trigésimo Primero Civil de la Ciudad de México, con fecha nueve de junio de dos mil nueve. De la Juez y Notificadora, adscritas al Juzgado Cuarto Civil de Ecatepec, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México: La diligencia de emplazamiento de veintiocho de octubre de dos mil ocho, al juicio especial hipotecario bajo el expediente 301/2008, del índice del Juzgado Trigésimo Primero Civil de la Ciudad de México. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a la Juez y Notificadora, adscritas al Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, puesto que, no obstante haber reconocido como ciertos los mismo al rendir sus informes con justificación, del examen de las constancias que obran en el presente asunto no se desprende que éstas hayan sido quienes llevaron a cabo la práctica del emplazamiento tildado de inconstitucional, puesto que si bien es cierto manifiestan la existencia del exhorto número 1383/2014, que le fue remitido por el Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, deducido del expediente 301/2008, relativo al juicio especial hipotecario promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, en contra de Saúl Mandujano Barrera, también lo es, que del análisis de las constancias remitidas por ambas autoridades, es posible apreciar que dicho exhorto fue girado en atención al proveído emitid en autos del sumario de origen con fecha ocho de julio del año dos mil catorce, en cual se ordenó a la exhortada para que en auxiliar a las funciones del juzgado ordenador, se sirviera mandar publicar los edictos correspondientes de la diligencia de remate, en los estrados del juzgado exhortado, en el periódico local de dicho municipio y en los lugares de costumbre, por lo que el reclamo debe estimarse inexistente, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Efectivamente, del numeral invocado se evidencia la actualización de la causa de sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que no exista el acto reclamado o cuando no se probare la existencia de su constitucionalidad. Aunado a lo anterior, una interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, y 117 de la Ley de Amparo, indica que ni la presunción de certeza de los actos reclamados ni la afirmación de ésta por parte de las responsables son determinantes de su existencia, toda vez que lo contrario puede ser demostrado a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos; máxime que la jurisprudencia reconoce que la parte quejosa debe demostrar la existencia de los eventos violatorios de derechos constitucionales. CUARTO. La Juez Interina adscrita al Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, manifestó como ciertos los actos que se le reclaman, tal como se advierte de su correspondiente informe justificado, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 748 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.-" Certeza que se robustece de las constancias exhibidas en copias certificadas de diversas que integra el Juicio Especial Hipotecario número 301/2008, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; que copiados a la letra, dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Del contenido de los preceptos trascritos, se advierte que uno de los requisitos esenciales de la demanda de amparo, lo constituye el señalamiento de la o las autoridades responsables, pues la indicación por parte de la quejosa de quiénes tienen ese carácter (de autoridades responsables), constituye un presupuesto sine qua non, a fin de estar en aptitud de llamarlas a juicio con esa calidad, para que estén en condiciones de defender el acto que de ellas se reclama y, de esa manera, se integre correctamente la litis constitucional, para analizar válidamente la cuestión planteada. Cabe destacar, que autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclaman, hayan sido ordenados o ejecutados por autoridades distintas a las señaladas como responsables, puesto que no podría analizarse la constitucionalidad de actos de quien no fue parte en la controversia constitucional. Al respecto, es pertinente destacar que si durante el juicio se advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable, el Juez debe prevenir al quejoso para darle la oportunidad de regularizarla y aclarar o ampliar su demanda, pues de lo contrario el tribunal revisor deberá reponer el procedimiento. Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, con registro 160116 de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Es por ello que, este órgano jurisdiccional en proveído de ocho de agosto del año en curso, requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Estado de Quintana Roo, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, se resolvería únicamente conforme a las autoridades y actos reclamados señalados en su escrito inicial de demanda; notificación que se realizó el nueve de agosto de dos mil veintidós; cuestión que soslayó, al vencer el termino el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Luego, en acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós se hizo efectivo el apercibimiento decretado al ahora quejoso, y se tuvo por no señalada como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Estado de Quintana Roo. Con motivo de lo anterior, el acto reclamado consistente en el ilegal emplazamiento a juicio practicado por la Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Estado de Quintana Roo, en el Juicio Especial Hipotecario número 301/2008, no pueden ser analizadas por este órgano constitucional, pues la referida autoridad no fue señalada con el carácter de autoridad responsable. Luego, al no poder analizarse el ilegal emplazamiento a juicio practicado por la Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Estado de Quintana Roo, en el Juicio Especial Hipotecario número 301/2008, reclamado, ante la omisión del promovente en señalarla como autoridad responsable es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues como se apuntó, no es posible realizar el estudio de actuaciones de autoridades que no fueron señaladas con el carácter de responsables; no es dable suplir la deficiencia de la queja prevista por el artículo 79 del ordenamiento legal en cita, pues ésta no autoriza a cambiar los sujetos de la relación procesal, por lo que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendentes a demostrar la violación a derechos humanos con el acto que por este medio constitucional controvierte. En ese contexto, lo procedente es sobreseer este juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el diverso 61 fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, del propio ordenamiento legal. En esa medida, al tomar en consideración que dicha autoridad no fue señalada como responsable, procedería decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción II y 108, fracción III, de la propia legislación. Al respecto, tiene aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, del rubro y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Por lo que, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa con relación a la inconstitucionalidad que se aduce del acto combatido; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ************, por las autoridades citadas en el considerando segundo y por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese mediante lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta el día de hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe. JAGS.

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